La austeridad consiste, según nuestros políticos, en apretar el cinturón de los demás.
Por eso, los primeros recortes de Rodríguez Zapatero han provenido de congelar las pensiones, rebajar el salario de los funcionarios, reducir el gasto farmacéutico y recortar prestaciones de la Ley de Dependencia. Luego, para asear la faena —dicho sea en términos taurinos— los altos cargos de la Administración también se han bajado el sueldo.
“Esa reducción de deuda pública está muy bien”, le han dicho sus colegas europeos a nuestra vicepresidente económica, Elena Salgado, “pero a los 11.000 millones de ahorro hay que añadir otros 8.000 más”. ¿De dónde sacarlos?: de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Los números no engañan. De ser cierto el recorte —que está por ver—, a la Comunidad Valenciana le corresponderían unos 550 millones. En un brillante juego de prestidigitación, Gerardo Camps anunció que rebañaría 305 millones de los presupuestos de 2010 por diversos conceptos. ¿Es creíble la promesa? Al menos, resulta de difícil cumplimiento en un Consell que durante el primer trimestre de este año ha incrementado su deuda un 16,2 por ciento, hasta llegar al 15,1% del PIB, y que considera secretos cuantiosos gastos públicos, incluido lo cobrado de CACSA por Santiago Calatrava.
Luego, al menos sobre el papel, las cuentas acaban siempre por cuadrar gracias a hábiles artificios contables que no cuestiona la Sindicatura de Cuentas. En este mundo cruel, ningún organismo fiscalizador pone en duda nada de nada. Así se pudieron camuflar los déficits de Grecia y Hungría, lo mismo que Arthur Andersen dijo que Enron iba como una moto días antes de su quiebra y que Price Waterhouse dio por bueno el balance de Banesto la misma víspera de su intervención por el Banco de España.
O sea, que no debemos fiarnos.
Pero, ¿existen o no existen sitios de dónde ahorrar?
De creer a algunos estudios rigurosos, sólo con eliminar la duplicidad administrativa que conlleva el Estado de las autonomías se ahorrarían 24.000 millones; es decir, el 2,4% del PIB nacional: más del doble de lo prometido por Zapatero a la UE.
A la modesta escala de nuestra Comunidad, tenemos 37 empresas públicas en los presupuestos —y probablemente otro centenar fuera de ellos—, onerosas y prescindibles en la mayoría de los casos. ¿Es admisible, por ejemplo, el coste de Canal Nou, tan disparado como el de cualquiera de las otras 25 televisiones públicas existentes en España? Sólo Castilla y León no tiene un canal de titularidad pública, con el ahorro que ello supone.
Pero hay más. ¿Resulta lógico que los ayuntamientos de las tres capitales provinciales y sus respectivas diputaciones empleen 294 asesores con un coste de 12,2 millones anuales? ¿Tan poco preparados están los políticos electos? ¿Tan incompetentes se muestran los miles de funcionarios que han tenido que superar una oposición? Sólo con prescindir de los contratados a dedo —políticos sin oficio ni beneficio, familiares y paniaguados— nos evitaríamos tener que sacar ese dinero de otro sitio.
Hablando de diputaciones, ¿son imprescindibles éstas en la organización administrativa de hoy día? Los grandes municipios no las necesitan, y los pequeños, si se agrupasen y compartieran servicios —como propone el conseller Rafael Blasco—, también podrían prescindir de ellos y del derroche que conllevan.
Ya ven, pues, que hay mucha tela que cortar y que, dado lo exiguo de este espacio, habrá que seguir haciéndolo otro día.
Por eso, los primeros recortes de Rodríguez Zapatero han provenido de congelar las pensiones, rebajar el salario de los funcionarios, reducir el gasto farmacéutico y recortar prestaciones de la Ley de Dependencia. Luego, para asear la faena —dicho sea en términos taurinos— los altos cargos de la Administración también se han bajado el sueldo.
“Esa reducción de deuda pública está muy bien”, le han dicho sus colegas europeos a nuestra vicepresidente económica, Elena Salgado, “pero a los 11.000 millones de ahorro hay que añadir otros 8.000 más”. ¿De dónde sacarlos?: de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Los números no engañan. De ser cierto el recorte —que está por ver—, a la Comunidad Valenciana le corresponderían unos 550 millones. En un brillante juego de prestidigitación, Gerardo Camps anunció que rebañaría 305 millones de los presupuestos de 2010 por diversos conceptos. ¿Es creíble la promesa? Al menos, resulta de difícil cumplimiento en un Consell que durante el primer trimestre de este año ha incrementado su deuda un 16,2 por ciento, hasta llegar al 15,1% del PIB, y que considera secretos cuantiosos gastos públicos, incluido lo cobrado de CACSA por Santiago Calatrava.
Luego, al menos sobre el papel, las cuentas acaban siempre por cuadrar gracias a hábiles artificios contables que no cuestiona la Sindicatura de Cuentas. En este mundo cruel, ningún organismo fiscalizador pone en duda nada de nada. Así se pudieron camuflar los déficits de Grecia y Hungría, lo mismo que Arthur Andersen dijo que Enron iba como una moto días antes de su quiebra y que Price Waterhouse dio por bueno el balance de Banesto la misma víspera de su intervención por el Banco de España.
O sea, que no debemos fiarnos.
Pero, ¿existen o no existen sitios de dónde ahorrar?
De creer a algunos estudios rigurosos, sólo con eliminar la duplicidad administrativa que conlleva el Estado de las autonomías se ahorrarían 24.000 millones; es decir, el 2,4% del PIB nacional: más del doble de lo prometido por Zapatero a la UE.
A la modesta escala de nuestra Comunidad, tenemos 37 empresas públicas en los presupuestos —y probablemente otro centenar fuera de ellos—, onerosas y prescindibles en la mayoría de los casos. ¿Es admisible, por ejemplo, el coste de Canal Nou, tan disparado como el de cualquiera de las otras 25 televisiones públicas existentes en España? Sólo Castilla y León no tiene un canal de titularidad pública, con el ahorro que ello supone.
Pero hay más. ¿Resulta lógico que los ayuntamientos de las tres capitales provinciales y sus respectivas diputaciones empleen 294 asesores con un coste de 12,2 millones anuales? ¿Tan poco preparados están los políticos electos? ¿Tan incompetentes se muestran los miles de funcionarios que han tenido que superar una oposición? Sólo con prescindir de los contratados a dedo —políticos sin oficio ni beneficio, familiares y paniaguados— nos evitaríamos tener que sacar ese dinero de otro sitio.
Hablando de diputaciones, ¿son imprescindibles éstas en la organización administrativa de hoy día? Los grandes municipios no las necesitan, y los pequeños, si se agrupasen y compartieran servicios —como propone el conseller Rafael Blasco—, también podrían prescindir de ellos y del derroche que conllevan.
Ya ven, pues, que hay mucha tela que cortar y que, dado lo exiguo de este espacio, habrá que seguir haciéndolo otro día.
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