domingo, 28 de noviembre de 2010

Fernández Mañueco

Me dicen que es menos querido en Valladolid que en el Madrid donde pastorean Mariano Rajoy y otros próceres del Partido Popular.

Si bien se mira, la cosa tiene su lógica. Fernández Mañueco preside el Comité de Derechos y Garantías del PP, una especie de órgano disciplinario cuya composición la aprobó el último Congreso Nacional del partido. Así que hasta el próximo evento congresual no hay quien le tosa.

Lo de Valladolid es diferente. La capital oficiosa de la región vive ahora la soterrada efervescencia política de los partidos en su periódica confección de listas electorales. O sea: cabildeos, zancadillas, alianzas y traiciones sin cuento. Luego, a la hora de la foto, todos sonrientes como si jamás hubiesen roto un plato.

En medio de todo este fregado se halla nuestro hombre. Todo, porque tiene sus esperanzas —y sus posibilidades— de seguir prosperando en su fecunda carrera política que, desde un puesto de concejal, le ha llevado a ser consejero de la Junta y secretario regional del PP.

Ante el que se presume será el último mandato de Juan Vicente Herrera como presidente de Castilla y León, sus posibles sucesores buscan estar bien situados en la línea de salida, lo mismo que hacen en la F-1 Wettel, Alonso, Webber y compañía. Según una de mis fuentes, Mañueco podría ser un buen candidato a esa sucesión: “Posee un carácter afable, es trabajador, conoce perfectamente el partido y goza de apoyos en la calle Génova” —sede nacional del PP—. En su contra tiene el no pertenecer a ninguna del las facciones del partido, que las hay, su carácter un tanto retraído —dicen— y el no prestar demasiada atención a algunos interlocutores, justo lo contrario de lo que hacen los políticos de raza, como González Pons o Rubalcaba, que se ponen al teléfono con el primer periodista.

En cualquier caso, para quitarlo de en medio, sus adversarios andan postulándolo para alcalde de Salamanca, en lugar de un Julián Lanzarote que ya dan por amortizado.

Como se ve, se trata de una manera fina, y hasta elegante, de decir adiós a un posible contrincante y despejar así el camino de quienes aspiran a presidir la Junta.

Uno, en su ignorancia, supone que el cargo de alcalde no lo desdeñaría Mañueco como premio de jubilación, digámoslo así, al igual que le sucedió a Juan Carlos Aparicio en Burgos una vez que Aznar lo defenestró del Ministerio de Trabajo. Pero a estas alturas de la película, por el contrario, Alfonso Fernández Mañueco aún tiene mucha carrera por delante como para que le saquen de la pole position a la primera de cambio.

jueves, 25 de noviembre de 2010

¿Qué hacer con Canal Nou?

A la pregunta de qué hacer con Canal Nou, la respuesta es simple y demoledora: nada. Nada de nada.

Ahora, el presidente del ente, Emilio Fernández, puesto ahí por el PP, habla de “privatizar todas las cadenas autonómicas”, eso sí, “menos los servicios informativos”. ¿Es que acaso éstos son mejores que los de Antena 3 o Telecinco, por poner por caso?

Lo que sucede es que la decisión de privatizar los canales públicos, de llegar a imponerse, se hace con retraso. Hace un par de años, un amigo, propietario de un periódico provincial, me decía: “Cuando salió la convocatoria de la TDT me presenté para tener una emisora de televisión, porque parecía lo más lógico, y cogí un cabreo de órdago cuando la Administración denegó mi solicitud. No sabes, en cambio, lo contento que estoy ahora, porque podía haber perdido hasta la camisa e incluso poner en peligro mi periódico”.

Ésa es la cuestión: el crecimiento desordenado y desorbitado del sector audiovisual coincidiendo con una crisis económica —y por ende publicitaria— ha convertido en deficitarias a todas las cadenas. En Estados Unidos, por ejemplo, con un mercado de 308 millones de individuos, sólo existen cuatro canales generalistas a escala nacional; seis, si incluimos la CNN y la televisión pública —PBS, con una mínima audiencia, inferior al 2%—. En España, en cambio, para 45 millones de habitantes hay al menos nueve canales generales y otra treintena más en el mando de los televisores.

Dado este panorama, ¿quién sería el guapo interesado en comprar Canal Nou? ¿Qué vale una cadena con cuantiosas pérdidas y 1.100 millones de deuda acumulada? ¿Quién sufragaría los 128 euros anuales, vía impuestos, que nos cuesta a cada ciudadano de la Comunidad, seamos o no espectadores de Canal Nou?

Por eso, el PSOE siempre se ha opuesto a la privatización de la TV pública, al contrario que el partido de Mariano Rajoy, el cual acaba de presentar una propuesta parlamentaria que abriría esa posibilidad legal que ya anticipó para Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal y, sobre todo, Esperanza Aguirre en el caso de Tele Madrid.

Aquí, en cambio, todo es silencio, salvo una escueta declaración de la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, hace dos meses, de que los argumentos a favor de una televisión pública “siguen plenamente vigentes”.

La única persona de la Comunidad que en su día se atrevió a hablar de “externalizar” hasta los informativos de Canal Nou fue el visionario Eduardo Zaplana. Claro que, como suelen hacer todos los políticos, el suyo fue un brindis al sol, ya que ni siquiera había cobertura legal para semejante hipótesis, como en seguida le recordaron los tribunales de justicia.

En fin, dado que no se puede ni se quiere hacer nada, los dos próximos años van a ser dramáticos para el sector audiovisual, público y privado, con fusiones y desapariciones de emisoras y de cadenas.

¿Qué pasará con Canal Nou? Me temo que, injustamente, acabarán pagando el pato los magníficos profesionales de la cadena. Con una plantilla fija de, al menos, 1.700 personas en todo el ente público, un durísimo ERE parece inevitable. O sea, que como siempre, pagarán justos por pecadores.

martes, 23 de noviembre de 2010

Falta de transparencia

La Administración de la Comunidad Valenciana es la segunda menos transparente de España, sólo superada por la cántabra de Miguel Ángel Revilla, el de las anchoas, para entendernos.

Esto lo acaba de decir la ONG Transparencia Internacional. Claro que uno puede creer en sus informes o mostrarse tan escéptico como Santo Tomás respecto a la resurrección de Cristo. Pero ahí están. En el caso español, los dirige alguien tan poco sospechoso como el profesor Jesús Lizcano, catedrático de la UAM, y los avala una persona del prestigio de Antonio Garrigues.

En ese incómodo ranking, la Comunidad queda empatada con las Baleares, cuya Administración ha sufrido el devastador paso por ella de gentes como Jaume Matas y María Antonia Munar, con la evaporación de decenas de millones y la inculpación penal de la mitad de la clase política de las islas. Eso no quiere decir nada en sí mismo, aunque nos hubiese venido mejor habernos emparejado con Andalucía y Galicia, las más transparentes del listado.

El informe de Transparencia, además, no se refiere para nada a la corrupción. Ese índice lo establece sólo a nivel internacional, donde nuestro país queda en un discreto 30º lugar, muy lejos de Somalia, Myanmar y Afganistán, los más corruptos, pero también más alejado que en ocasiones anteriores de la cabeza, donde se hallan Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur.

De lo que sí habla el informe es de desinformación, algo por otra parte obvio en la Comunidad Valenciana desde que el pasado 26 de julio el Tribunal Constitucional falló que las Corts que preside Milagrosa Martínez habían vulnerado “los derechos fundamentales de los diputados” al no haber admitido 30 iniciativas con preguntas al Consell de las parlamentarias Mónica Oltra, Mireia Mollá y sus compañeros de Compromís.

Ésa es una práctica, por otra parte, que les parece lógica a muchos políticos. No hace mucho que el vicepresidente Gerardo Camps, al ser preguntado por los sobrecostes de la obra de Santiago Calatrava en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se negó a responder alegando que se trataba “asuntos confidenciales” y de “exclusivo uso interno”.

No nos extrañe luego que la buena imagen que tenía la Comunidad Valenciana fuera de ella haya descendido como el agua en la bajamar. Lo recordaba no hace mucho el director de El Mundo en Valencia, Rafael Navarro, y puede refrendarlo cualquiera de los empresarios que viaje con frecuencia a Madrid.

Pero el descrédito que producen ciertas actuaciones políticas —aunque ello no nos sirva de consuelo— no es exclusivo de la Comunidad Valenciana. Los gestores mejor valorados suelen ser, curiosamente, quienes resultan más críticos con su propio partido, como el peneuvista Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, la ciudad más transparente del ranking municipal en el que Castellón, con Alberto Fabra, queda en el puesto 44, Alicante, con Sonia Castedo, en el 78, y Valencia, con Rita Barberá, en el 100, sobre 110 clasificados.

Lo que suele suceder, y no me refiero a nadie en concreto, es que nuestros políticos olvidan que están a nuestro servicio y no al revés. Lo recordaba el catalán Albert Rivera en el último programa de TV Tinc una pregunta per vosté: “Ustedes son mis jefes, que me pagan el sueldo con sus impuestos —decía, refiriéndose a los ciudadanos—, y los políticos somos sus empleados”.

Por olvidar con frecuencia esta sencilla máxima, acaba por producirse una malsana opacidad que es el caldo de cultivo donde crecen y se multiplican los Correa, El Bigotes y otros especimenes de la corrupción.

domingo, 21 de noviembre de 2010

Derechos humanos

La actuación de Marruecos en el Sahara ha despertado una inusitada y desbordante preocupación por los derechos humanos.

Me parece muy bien. Hasta gente muy selectiva en sus querencias, como los cineastas de izquierdas, se han mostrado decepcionados con el deliberado quietismo de Rodríguez Zapatero en este asunto: "El decir que la relación diplomática está por encima de la defensa de los derechos humanos debería avergonzar al presidente, a todo el Gobierno", ha dicho un indignado Javier Bardem.

Pero no debemos caer en el engaño: esta movilización y este despertar de conciencia resulta esporádico y concreto. Es lo mismo que la acogida temporal de familias españolas a menores saharauis para que se despiojen en verano y disfruten de las piscinas municipales. ¿Y por qué no se hace igual con los niños-soldado de Sierra Leona o los mutilados por las minas anti-persona en Camboya?

Resulta que los mismos a los que escandaliza la actitud de Mohamed VI luego les ríen las gracias a Fidel y Raúl Castro. Y quienes apoyaron el boicot a la Sudáfrica del apartheid protestan ahora por el tímido bloqueo al represor régimen cubano. ¿Por qué callan, además, ante el horror de la Corea de Kim Jon-il, la dictadura de Mugabe en Zimbabwe o la terrible situación de las mujeres en tantos y tantos países islámicos?

Es que, para algunos, los derechos humanos son estrictamente selectivos. Incluso, desde su cómodo parnaso izquierdista, olvidan lo más próximo: esos miles de parados vergonzosamente mendicantes a los que sólo atienden Caritas y otras organizaciones confesionales a las que ellos precisamente desdeñan.

sábado, 20 de noviembre de 2010

Ferrari y otras fantasías

A lo mejor tiene razón la periodista especializada Izaskun García Azcárraga y un parque temático de Ferrari en Valencia podría resultar rentable. En una época en que muchas empresas pasan apuros o se ven obligadas a echar el cierre, tal hipótesis sería como una bendición.

Quizá por ello la patronal, o sea, Rafael Ferrando, le prestó en seguida su apoyo. Eso, claro, siempre y cuando lleguen inversores extranjeros, como apostilló en Las Corts Gerardo Camps. Porque aquí, ya se sabe, no queda un duro y si alguien lo tiene no es para semejantes fantasías.

El personal, por otra parte, ya está escarmentado de ver muchas promesas incumplidas. ¿Se acuerdan de cuando Joan Lerma iba a traernos Eurodisney y Euronews? Acabaron por irse a otra parte. ¿Y cuando Eduardo Zaplana auguró desde Seattle que la Boeing iba a instalarse entre nosotros? Nada de nada.

El último compromiso roto es el del parque castellonense de Mundo Ilusión, para monumental cabreo de un Carlos Fabra que ha vuelto a montarla por lo exiguo de los presupuestos para 2011. El fiasco de Mundo Ilusión se ha producido a pesar de que en los últimos años ya fueron unos cuantos millones los enterrados en un proyecto sin retorno.

Pero hablábamos de Ferrari. El parque previsto no es un simple museo como el de BMW en Munich, que es lo que corresponde, ya que se trata de una empresa alemana. No. Aquí, el equivalente sería un modesto museo de la Ford, por lo de la planta de Almussafes, ya que la única vinculación española con Ferrari la aportan Fernando Alonso y Emilio Botín, y eso mientras dure su relación con la marca italiana.

Además, se trata de un proyecto elefantiásico, como el realizado en Abu Dhabi, que ha costado el doble de lo invertido en Terra Mítica. Claro que a los Emiratos Árabes les sobra la pasta obtenida del petróleo. Ahí tenemos, si no, a su vecino Dubai, que ha inaugurado el rascacielos más alto del mundo con 192 plantas y acaba de crear los fastuosos cayos artificiales de Isla Palmera y World Island. ¿Acaso podemos compararnos con ellos?

Aquí llevamos enterrado demasiado dinero público como para no ser prudentes. Unas veces se ha hecho directamente, como en la siempre deficitaria Terra Mítica, y otras indirectamente, como en el fantasmagórico estadio del Nuevo Mestalla, herencia megalómana de Juan Soler.

Supongo que esa misma contención, obligada por las circunstancias, es la que le ha llevado esta vez a Rita Barberá —compañera de viaje, como siempre, de Francisco Camps— a rebajar las expectativas del proyecto. Recién escaldada por la marcha de la America´s Cup a San Francisco y con el balance de una sombría e inhóspita dársena degradándose día a día, no le ha parecido oportuno echar las campanas al vuelo.

Seguramente, a ella le pasa lo mismo que a los articulistas, en particular, y a los ciudadanos, en general. Lo digo porque el común denominador de la tinta y de las palabras gastadas estos días sobre el parque de Ferrari es el de la desconfianza. Tras tantas promesas vulneradas y tantas primeras piedras sin continuidad, los electores estamos profundamente decepcionados de unos políticos —todos— que no cumplen ni la mitad de lo que presumen.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Presupuestos y vacaciones

Tantas ganas tiene Francisco Camps en perder de vista al portavoz socialista, Ángel Luna, que acabó la última sesión de control parlamentario afirmando que “la fase lunar toca a su fin”.


Semejante declaración pone en evidencia tres cosas. La primera, que Luna ha cumplido con creces la advertencia que le espetó al presidente durante su primera intervención en el hemiciclo, hace tres años: “No he venido a hacerle placentera su estancia en la Cámara”. Y tanto. Lo que nos lleva a la segunda consecuencia: que la mitad de esta legislatura se ha desperdiciado en una serie de inútiles mandobles dialécticos sobre el caso Gürtel y otras presuntas corrupciones, en vez de intentar solucionar los problemas de los ciudadanos, colmando de hastío con ello no sólo a los electores sino a los propios diputados. Y llegamos a la tercera y más pintoresca conclusión: la de que ya no habrá más plenos ordinarios de Las Corts hasta dentro de tres meses. Casi nada.


Claro que ahora vamos a estar un mes metidos hasta el cuello en el debate sobre los presupuestos del Consell.


Bueno: lo de debate solo es una mera presunción retórica, ya que la mayoría absoluta de que dispone el Partido Popular predetermina el resultado de la votación. Por mucha habilidad dialéctica que lleguen a utilizar los distintos intervinientes, sus argumentos acaban por ofrecer la misma tibia emoción que un partido de fútbol en diferido. Así es que los presupuestos elaborados por el vicepresidente Gerardo Camps saldrán de Las Corts casi tan impolutos como entraron.

Existe otra razón añadida para el exiguo margen de cabildeo presupuestario. Y es que la mayor parte de los ingresos, así como la asignación de los gastos autonómicos, vienen determinados por los presupuestos nacionales que presentó al Congreso la ministra Elena Salgado. Para mayor inri, en plena crisis económica, con el crónico endeudamiento de nuestra Comunidad y dado que Madrid ignora sistemáticamente la existencia de un millón de valencianos a la hora de fijar las transferencias de dinero, nuestras cuentas resultan tan utópicas e improbables de cumplir como las que confecciona Rodríguez Zapatero con más voluntarismo que acierto.

Por ello, tanto el Consell como el partido de Jorge Alarte saben que la discusión presupuestaria en curso es un trámite de obligado cumplimiento pero nada esclarecedor para los contribuyentes. Por eso, también, la atención de nuestros diputados está puesta sobre todo en el próximo febrero, cuando se reanudará la actividad parlamentaria tras el largo y anhelado mes y medio de vacaciones de que disfrutan en Las Corts.

Reconocerán ustedes que todos estos datos acumulados ofrecen una imagen más que mejorable del poder legislativo autonómico. Con pesadumbre y con su habitual franqueza, bastante inusual en la clase política, por otra parte, lo admitía el otro día el socialista Ximo Puig: “El papel de Las Corts está bastante devaluado”.

En efecto. A tenor de todas las encuestas, la valoración que los ciudadanos hacen de ellas —y de todos nuestros políticos, en general— cada vez es más deprimente. Y los interesados lo saben. Pero, en vez de tratar de corregirlo con una mejor preparación intelectual, las biografías profesionales de nuestros diputados resultan tan escuálidas como la de la ministra Leire Pajín. Se entiende así que muchos de ellos, a falta de mejores alternativas laborales, se aferren a su cargo público, aunque lamentablemente no suelan dar la talla en sus escasas intervenciones parlamentarias.

domingo, 14 de noviembre de 2010

Se acabó el bienestar

Europa occidental lleva más de medio siglo disfrutando de un espléndido y envidiable estado de bienestar, sin parangón en beneficios sociales con ningún otro período de la historia y con ningún otro país del mundo de hoy día.

Lo malo es que, por la evolución demográfica y por el envejecimiento de su población, esa plácida prosperidad vigente ha podido mantenerse durante los últimos años a costa del bienestar futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.

Si eso de por sí ya es grave, peor es lo que nos ha ocurrido a los últimos países llegados a ese estado de prosperidad económica y social —Grecia, España, Irlanda y Portugal—: que nos pusimos a gastar como locos para alcanzar a toda prisa el nivel de los demás y que hemos acabado hipotecados hasta las cachas. Ahora, claro, llega el llanto y crujir de dientes al no poder mantener ese tren de vida.

A la gente, el que nos quiten cosas a las que creíamos tener derecho y que pensábamos que nos salían gratis nos cabrea. Por ello resulta lógico que haya huelgas violentas en Grecia, manifestaciones contra Nicolas Sarkozy en Francia y ahora en Gran Bretaña contra los duros recortes que David Cameron calculadamente evitó mencionar en su programa electoral.

Pero el único método que existe para que nuestros hijos puedan conservar cierto nivel de vida es reducir drásticamente el nuestro. Y eso lo sabe hasta Mariano Rajoy, que cuando critica los tímidos ajustes de Rodríguez Zapatero lo que hace es un simple ejercicio de hipocresía.

Y es que, creámoslo o no, y aunque nadie lo desee, se acabó lo que se daba.

sábado, 13 de noviembre de 2010

Luis García Berlanga: erotómano aficionado

El director de cine español Luis García Berlanga acaba de fallecer. Esta mínima semblanza, esta instantánea, fue publicada en el desaparecido periódico El Correo Catalán, de Barcelona, el ya lejano 16 de febrero de 1978, y se recopiló más tarde con otros 109 personajes célebres en el libro Personajes de toda la vida (2007).- ENRIQUE ARIAS VEGA.- Centro Francisco Tomás y Valiente.- UNED.- Alzira, Valencia.- 108 páginas.- 2007.- 9 euros



Es de tamaño natural. Con un anarquismo aristócrata y estetizante. Dicen. En su rizosa y blanca cabellera revolotean mil fantasías eróticas que buscan desesperadas el celuloide. “Soy un simple aficionado al género; no soy un erotómano practicante”, explica, con sonrisa de monaguillo travieso.

Quienes le rodean fabulan sobre sus fantasías perversas. “Sólo son leyendas —cabecea con modestia—, como eso de que soy hombre rico. Si acaso, lo que me gusta es no hacer nada... Bueno, una película cada tres años”.

Tiene una mirada limpia y clara que empequeñecen sus párpados cuando sonríe. Sus labios, carnosos y redondos, parecen amasados por la conversación de mil tertulias. “Con quien no he conseguido hablar nunca es con la muñeca hinchable de mi película. El guionista del filme, Rafael Azcona, opinaba que la relación con ella conllevaría el monólogo de su propietario. Le demostré fehacientemente que no”.

Lo suyo fue un silencio de tamaño natural.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Apellidos y arbitrariedad

Si a mí me diesen la oportunidad de cambiar de apellidos, tal como ahora se lleva, preferiría ponerme Botín, Rothschild, Gates u otro igual de prestigioso y de rentable.

Pero a lo mejor es que no he entendido bien la nueva ley y tampoco la cosa es para tanto. Hay un señor que se apellida Álvarez y con ese prosaico apelativo, ya ven, es el dueño de El Corte Inglés, una bagatela, como quien dice.

Lo cierto es que la posibilidad de optar entre los apellidos de uno u otro de los cónyuges ha creado un lío de órdago: por si no hubiese ya suficientes motivos de fricción entre las parejas, va el Gobierno y les ofrece gratuitamente otro más. La pera.

Yo, en esto, mírese por dónde, no creo en la igualdad. Es como en lo de los partos: por muy progre que sea el varón, la que siempre se lleva el marrón de nueve meses de embarazo es la mujer. Eso no ha logrado evitarlo ni la voluntariosa Bibiana Aído en sus dos años de esperpéntico ministerio.

Por eso abogo por hacer aquí como en Portugal, donde el apellido que se transmite es el de la madre. No sé si por un sentido práctico o por un natural escepticismo sobre la condición humana, nuestros vecinos aceptan que el único progenitor indiscutible es el femenino; el otro resulta presumible, pero dudoso mientras no se realice la prueba del ADN.

También entre nosotros muchos se pasan el apellido del padre por el forro y se hacen llamar Zapatero, en vez de Rodríguez, o Rubalcaba, en lugar de Pérez, sin necesidad de ley alguna que lo ampare.

Quizá debido a que uno es un clásico, o un inseguro, no lo sé, lo de variar los apellidos me pone nervioso. Ahora, por ejemplo, tras la posibilidad de vasquizarlos o galleguizarlos, hasta en mi misma familia existen hermanos que han acabado por apellidarse de distinta manera. Un lío, digo. Es como esa funesta manía anglosajona de que la mujer adquiera el apellido de su nuevo marido en los sucesivos matrimonios. Ocurrió con la gran tenista Chris Evert, que luego se llamó Chris Lloyd y que acabé perdiendo de vista cuando se casó con un tan Andy Mill.

Hace siglos todo era más sencillo. Como la gente que se apellidaba Madrid, Salamanca, Valencia,… porque en principio carecía de padres conocidos. Con el tiempo, las cosas evolucionaron y ahora hay Navarro que nunca ha estado en esa tierra o Gallego que jamás ha salido de Andalucía.

Por lo mismo, gracias a la fecundación in vitro y a otros inventos de la genética, de aplicar la nueva ley a pies juntillas muchos niños acabarían por apellidarse Probeta, Alquiler y otros nombres a cuál más estrafalario.

martes, 9 de noviembre de 2010

Hacia una nueva economía

Entiendo la preocupación de mi admirado Manuel Palma, presidente del sector de la automoción, por la estrepitosa caída de un 50% en la matriculación de vehículos en octubre. Pero a mí esa situación no me conturba demasiado porque creo que la industria del automóvil representa la vituperada vieja economía que el propio Rodríguez Zapatero prevé sustituir por otra más sostenible y eficiente, aunque el hombre, por desgracia, no sepa explicarnos en qué consistirá.

En cualquier caso, los coches son contaminantes, consumen un combustible escaso y de importación —el petróleo— en vez de energías renovables, fomentan el individualismo frente a un transporte público más solidario, suponen una sangría constante y costosa de vidas humanas y obligan a inversiones viarias siempre insuficientes. De ahí, entre otras cosas, deduzco que proviene el clamoroso éxito del servicio de bicis montado en Valencia por Rita Barberá.

Éste es sólo un ejemplo, menor si se quiere, de que las cosas tienen que cambiar muy mucho. Hace quince años, con Eduardo Zaplana —pero también antes, en cierto modo, con Joan Lerma—, se pensó que la valenciana iba a ser una sociedad de servicios, con un elefantiásico sector de la construcción y grandes eventos a gogó.

El invento no fue mal del todo mientras no se desinfló, pero la crisis económica vino a ratificar que el futuro va por otro camino. Es el que han seguido los países BRIC —Brasil, Rusia, India y China—, con un crecimiento del PIB al 10% anual. Su común denominador: la innovación industrial y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

En España, en general, y en la Comunidad Valenciana, en particular, los políticos han menospreciado la inversión a largo plazo en I+D+i frente a otras preocupaciones electorales más perentorias. Sólo Euskadi se ha dedicado a invertir en tecnología e innovación, sacando así varios cuerpos de ventaja en eficiencia y competitividad al resto de España. Curiosamente, ése es un mérito oculto del Gobierno de Juan José Ibarretxe, quien en público se dedicaba mientras tanto a perorar sobre su famoso plan soberanista. Resultado: que el País Vasco a fecha de hoy tiene sólo un 10% de paro frente al 23,4% de nuestra Comunidad.

Ahora —y más vale tarde que nunca— nuestros agentes sociales han llegado a un acuerdo en impulsar la alicaída industria valenciana —que ha perdido nueve puntos del PIB regional en sólo una década—, primando a la investigación, a los nuevos sectores y al trabajo más eficiente. Para solemnizar ese nuevo rumbo, Rafael Ferrando, de Cierval, y los sindicalistas Conrado Hernández y Francisco Molina rubricaron junto al vicepresidente Vicente Rambla la Estrategia de Política Industrial a la que la Generalitat destinará 1.100 millones hasta 2015 bajo la atenta vigilancia del presidente Francisco Camps.

Poco tiene que ver la tradicional rutina de nuestro envejecido tejido empresarial con los nuevos proyectos en telemedicina, nanotecnologías, biomateriales, domótica, personalización de productos… Ése es el camino que nos han señalado los países emergentes y a ellos no les ha ido nada mal. Si los dineros que ponga la Administración fomentan a su vez la inversión empresarial, la investigación y las exportaciones se habrán cumplido con creces sus objetivos.

Pero —y siempre hay un pero— el riesgo radica en que los presupuestos públicos se queden sin fondos para dotar a un plan tan urgente como tardío o en que, como teme Paco Molina, el ICO y las demás entidades de crédito continúen sin financiar debidamente a las pequeñas empresas. De ser así, tan buenas intenciones podrían quedar, una vez más, en agua de borrajas.

domingo, 7 de noviembre de 2010

Cuando ya no crezca el paro...

No entiendo que el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, esté contento con el último crecimiento del paro. Su inefable argumento es que estamos llegando al límite de la destrucción de empleo.
Pues claro. Si con más de cuatro millones de parados —un 20% de la población activa— siguiese creciendo indefinidamente el desempleo, habría que declarar a España zona catastrófica y ponerla en cuarentena.
Lo peor de la crisis de este país, a diferencia del resto de Europa, es su secuela de gente sin trabajo ni posibilidades de obtenerlo. Si llegase la recuperación económica manteniendo a una quinta parte de nuestros conciudadanos fuera del mercado laboral, nos hallaríamos ante una tragedia humana inconmensurable.
Además, con semejante lastre, no estaríamos sólo ante una enorme injusticia sino abocados al estancamiento económico: menos crecimiento, por un lado, y más personas dependientes —jubilados y desempleados—, por otro. La catástrofe, aunque eso no parezca inmutar a nuestro ministro.
Mientras ese drama se incuba ante nuestros impertérritos ojos, disminuye la dotación presupuestaria en I+D+i —lo que permitiría mejorar la cualificación del mercado de trabajo—, ya que ese dinero se necesita para perpetuar las prestaciones al desempleo.
No resulta extraño, por consiguiente, que los mejores universitarios emigren a otros países y que nuestra población pierda preparación laboral. Hasta mi médico de cabecera, libanés, está pensando en regresar a su país porque “la situación económica de allí es cada día mejor”.
Ya ven: y Rodríguez Zapatero y su ministro sindicalista sin enterarse…

viernes, 5 de noviembre de 2010

A vueltas con los símbolos

Haber pretendido —y logrado— a estas alturas que Las Corts aprueben, con carácter de urgencia, una proposición “sobre los símbolos y la identidad de la Comunidad Valenciana” parece una vuelta al pasado cuando no un obvio intento de distracción sobre otros asuntos más perentorios.

Lo cierto es que esto fue lo que hizo el pasado miércoles, no exento de solemnidad y de contundencia, el vicesecretario del PP, David Serra. La oportunidad la ofreció, una vez más, la torpeza de algunos políticos del Principado con su recurrente y tediosa alusión a los Països Catalans. Su consecuencia inmediata: un guiño del Partido Popular a los sectores valencianistas como diciéndoles que aquí el único que los defiende es él y que, en cambio, el Bloc de Enric Morera sólo representa un izquierdismo antañón y folklórico.

Todo esto sucede en el momento en que Mariano Rajoy está abogando por el adelgazamiento de las tres Administraciones del Estado —por ejemplo, y debido a dispendiosos gastos previos, diez comunidades autónomas necesitan ahora imperiosamente 30.000 millones con los que hacer frente a sus acreedores—. En este grave contexto, el que la gente de Francisco Camps exhuma cuestiones identitarias no debe ser, precisamente, lo que haga más feliz al líder nacional del PP.

Otro caso del mismo tenor, y que minimiza con eficacia la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, es el de una posible modificación estatutaria mediante la famosa cláusula Camps. Con ese asunto se amaga en ocasiones aunque sus protagonistas saben bien que no va en serio. Sin embargo, algunos consellers, como Serafín Castellano, lo defienden a capa y espada: “Tenemos que blindar la financiación en proporción a nuestro número de habitantes”. ¿Pero no ha recurrido el PP ese tipo de disposiciones en otros estatutos precisamente por ser inconstitucionales? “Sí, pero aunque lo sean, si Cataluña y Andalucía tienen artículos similares, nosotros no podemos ser menos”. Pues qué bien.

En esa carrera hacia ninguna parte todo el mundo participa. Otro ejemplo: el de la expo de Shanghai recién clausurada. Bien está el que el Gobierno español se haya gastado una pasta y que el ninot de Isabel Coixet haya constituido un reclamo excelente de nuestro país, nuestra tecnología y nuestras empresas. Pero, ¿por qué han viajado hasta allí de gorra, a cuenta de nuestros impuestos, casi todos los presidentes autonómicos, centenares de cargos públicos, asesores, concejales, periodistas y paniaguados varios?

Se supone que muchos de ellos han ido a vender la imagen de su respectiva comunidad, coadyuvando así a un lío de símbolos que, en vez de reforzar la marca comercial de España, contribuyen al guirigay creado por embajadas autonómicas y entes exportadores regionales que acaban por contradecirse unos a otros.

Por eso, el discutir a estas alturas sobre señas identitarias parece más una pérdida de tiempo que un avance esclarecedor. Algo de eso le pasó a Jorge Alarte en el congreso en el que salió elegido y donde, a su pesar, su partido siguió ufanándose de ser del País Valencià. En vez de hacer de ello un casus belli, el secretario del PSPV-PSOE se limita desde entonces a mencionar el término de Comunidad Valenciana siempre que puede. Así, muerto el perro, se acabó la rabia.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

La deuda de la Generalitat

Vender edificios públicos para obtener dinero, como pretende la Generalitat, no es algo políticamente reprochable. Más duro es subir impuestos y lo ha hecho el Gobierno de Rodríguez Zapatero sin pestañear. Además, hay una larga tradición de la Administración central al respecto y que alcanzó su cenit con la venta de cuarteles cuando Federico Trillo era ministro de Defensa. La otra posibilidad que propone Jorge Alarte, de reducir a la mitad los entes públicos, resulta necesaria, sí, pero insuficiente, porque no existen empresas autonómicas que encuentren a alguien dispuesto a cargar con ellas.


Lo malo, pues, no es la idea, sino el momento de llevarla a cabo, en pleno desplome inmobiliario. Dado que todavía siguen ahí, sin haberse podido colocar, los terrenos de Mestalla con los que se comprometió Juan Bautista Soler, poco dinero se va a sacar de los solares e inmuebles de la Generalitat. La operación debería haberse realizado hace tres años, en vísperas de la crisis inmobiliaria, cuando Emilio Botín vendió espléndidamente su ciudad financiera de Boadilla del Monte para instalarse en oficinas de alquiler.


Ahora no habrá otra que continuar endeudándose para poder pagar así los gastos corrientes y también para devolver las deudas anteriores ya vencidas.


Si vender patrimonio es insuficiente, pedir crédito resulta más caro. Las agencias de rating cada día nos califican un peldaño por debajo del anterior y sólo Cataluña tiene peor consideración financiera que nosotros. Si no es con el aval del Estado, no hay manera de acceder al crédito exterior, ya que nuestra deuda alcanza el 16% del PIB y es la segunda más alta de todas las comunidades autónomas.


No es que el déficit público de las autonomías —previsión de un 2,4% del PIB en 2010 frente al 9,3% de España— sea escandaloso, pero sí “falto de transparencia” y “difícilmente controlable”, como dice el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez. Para que el déficit español baje al 6% en 2011, como exige la UE, el de las autonomías debería descender al 1,3%. ¿Es esto posible con el creciente ritmo de endeudamiento?


Lo cierto es que para obtener el dinero que necesita la depauperada Cataluña de Montilla ha acudido a colocar bonos patrióticos entre los ciudadanos al 4,75%, lo que rompe el techo del mercado, y pagando a los intermediarios financieros otro 3%, con lo que el invento le sale más caro que cualquier otra emisión.


En esa estela va el Consell de Paco Camps, según anunció el vicepresidente Gerardo Camps. Ya ha apelado a las cuatro cajas de la Comunidad —Bancaixa, CAM, Ontinyent y Ruralcaja— para que asuman una deuda de mil millones que, con los 1.400 ya colocados este año, aún están dentro del margen de 4.500 que le autorizó el Gobierno.


Lo que sucede es que con ese dinero se taparán algunos agujeros —como hacen las familias en su economía doméstica—, se pagarán créditos ya vencidos y poco más. Y es que nuestra Administración, por la crisis, por la injusta financiación que recibe del Gobierno respecto a nuestra población y por el reintegro de lo ingresado a cuenta en 2008 continúa siendo un moroso empedernido, con retrasos de hasta 15 meses en algunos pagos.

Se acabó, pues, el vivir por encima de nuestras posibilidades, con grandes fastos e incontrolados dispendios. Eso sucede aquí y también en la Francia de Sarkozy. “No queremos vivir peor que nuestros padres”, ponía la pancarta de una joven manifestante en París. Pues lo siento por ella y por nuestros hijos ya que, por culpa de nuestros pasados derroches ese triste panorama resulta inevitable.

martes, 2 de noviembre de 2010

Un aeropuerto en cada esquina

A todos nos gustaría, claro, tener autopistas a tiro de piedra de nuestro domicilio, una estación del AVE a poder ser a la vuelta de la esquina y un aeropuerto a cinco minutos de casa.


Si, además de todo ello, nos tocase la loto, ya sería la repera.


Pero las cosas no suelen ser así. Ni pueden ser así. Si no lo fueron en la alocada e irrecuperable época de vacas gordas que acabamos de vivir, menos lo serán en ese futuro más que imperfecto que nos aguarda.


Digo todo esto a raíz del recurrente rifirrafe político en Las Cortes de Castilla y León sobre las inversiones en los cuatro aeropuertos de esa Comunidad y la sempiterna postergación de Matacán respecto a los otros centros regionales. ¿Pero qué nos habíamos creído? Si no se cumplieron en su día los proyectos del Plan Oeste para Salamanca, si las infraestructuras aeroportuarias previstas se pospusieron o se llevaron a otra parte, ¿a qué viene quejarse ahora de ello?


En España hemos vivido, en general, como ricos si haber llegado a serlo. Ahora, no sólo no lo somos sino que además tenemos que pagar las deudas contraídas. Por eso, mal que nos pese, no podemos ser ese país que tenga más autopistas, más aeropuertos y más líneas de AVE que nadie, todo al mismo tiempo.


Pero, erre que erre, en una suicida política de campanario, cada pueblo pretende ganarle la partida a su vecino. Resulta que 39 de los 48 aeropuertos españoles —han leído bien: prácticamente tantos como provincias— han tenido pérdidas el año pasado, con un déficit global de 300 millones. Pues ya ven: siendo deficitario el de Valencia, Castellón pronto va a tener otro en el que la Generalitat ha enterrado 200 millones que aún debe, mientras retrasa pagos a proveedores, se endeuda más que nadie y saca a la venta las sedes de las propias consejerías.


Un dislate, sí, como el de Ciudad Real, cuyo fantasmagórico aeropuerto con capacidad para 2,5 millones de pasajeros y pistas para que pueda aterrizar el gigantesco Airbus A380, sólo tiene tres vuelos semanales de Ryanair, subvencionada por la Junta de Castilla-La Mancha. Y eso, después de llevar a la quiebra a la caja de ahorros regional con un agujero de 500 millones.