lunes, 31 de octubre de 2011

Fdez. Mañueco y la sensatez

Ser alcalde en tiempos de crisis no es un chollo. Y en ésas está el salmantino Fernández Mañueco.


Cuando uno dice que, a pesar de la negra coyuntura, el hombre no lo está haciendo nada mal, siempre surge algún aguafiestas: “Claro, pero es que si se compara su gestión con la de su nefasto antecesor, cualquiera parece hasta más guapo de lo que es”.


Por supuesto que Julián Lanzarote nunca fue un dechado de simpatía y que su última deriva en el cargo estuvo plagada de mayúsculos desatinos, aunque debo decir en su descargo que los barrios de Salamanca no tienen nada que ver hoy día, por fortuna, con cómo estaban antes de su mandato municipal.


Pero hablaba de Fernández Mañueco, quien en cuatro meses ha dado la vuelta como a un calcetín a los errores de su predecesor: desde devolver a los ciudadanos el IBI injustamente cobrado, hasta restaurar el doble sentido del tráfico en María Auxiliadora; desde darle juego en el Ayuntamiento a la menguada oposición socialista, hasta participar activamente en la Casa Lis.


Si no estuviese tan gastado —y desprestigiado, por culpa de Rodríguez Zapatero— el término “talante”, uno diría que lo mejor del nuevo alcalde es precisamente su talante, su actitud, su estilo de hacer las cosas, sin estridencias ni imposiciones, sin prepotencia ni malos modos.


Claro que, todo hay que decirlo, su rival político, Enrique Cabero, es persona de similares prendas, por lo que el diálogo municipal resulta constructivo, muy alejado de las estériles broncas a que nos tenían acostumbrados quienes les precedieron.


En la política, como en la vida, está visto que lo mejor para caer bien al personal es hacer lo contrario de lo que se venía realizando hasta la fecha. Eso sucede, por ejemplo, en Valencia, donde Alberto Fabra practica la austeridad frente a los estrambóticos dispendios de Francisco Camps y la transparencia informativa frente al la sistemática ocultación por parte de éste.


Con similar hoja de ruta, Fernández Mañueco va a lograr que los cuidadanos colaboremos con él en los tiempos difíciles que tenemos encima. Y si algo lamento, y lo digo con sinceridad, es que alguien de su valía haya dejado la Junta regional, donde menudean los insensatos, visto lo visto en el funesto desenlace de nuestra caja de ahorros y por otras ocurrencias.

Claro que, por suerte, nuestro alcalde tiene mano con Mariano Rajoy y, aunque sea desde la distancia, será beneficioso ese predicamento ya que, si algo necesita también el próximo Gobierno de España, son grandes dosis de sensatez.

sábado, 29 de octubre de 2011

Los terceros partidos

Hace un par de semanas estuvo mitineando en Valencia la presidenta de UPyD, Rosa Díez, sin que los distintos medios de comunicación anunciasen el evento.

Así no hay manera de que los pequeños partidos salgan del ostracismo político. Máxime, cuando en las anteriores elecciones generales fueron precisos 78.000 votos para obtener un diputado nacional por la circunscripción de Valencia.

Es éste el esquema que aquí y en toda España propicia el bipartidismo imperfecto, es decir, el reparto de poder entre PP y PSOE matizado en las llamadas comunidades históricas por el peso desproporcionado de los partidos nacionalistas.

¿Qué perspectivas tienen, por consiguiente, los considerados como terceros partidos en nuestra Comunidad?

Su previsible crecimiento, a tenor de las encuestas, sólo será posible a costa de un PSOE tan desprestigiado por el errático rumbo político de Rodríguez Zapatero que hasta los artistas de la ceja han abandonado la candidatura de Pérez Rubalcaba por la del comunista Gaspar Llamazares. A escala de la Comunidad, ésa es la posibilidad de que aumente sensiblemente el número de votos de la lista que encabeza Ricardo Sixto, aunque no el de escaños.

El gran beneficiado de un descalabro socialista sería sin duda Compromís, esa inteligente mixtura de nacionalismo, izquierdismo y ecologismo fraguada por el hábil líder del Bloc, Enric Morera. Si no a más —que es posible que sí—, al menos llevará a Las Cortes al ex alcalde de Sueca, Joan Baldobí.

Pero el fenómeno del Bloc y de Compromís merece punto y aparte.

Desaparecidos los vestigios del otrora poderoso regionalismo de la Unio Valenciana de González Lizondo, todo el espacio del valencianismo político lo ocupa ahora el Bloc, estructurado cada vez más al modo y manera de su homónimo gallego, el cual en la época de Anxo Quintana llegó al Gobierno de aquella región y casi arrebató a los socialistas la hegemonía de la izquierda.

Aquí, aparte de reforzar ese flanco merced a las batalladoras diputadas autonómicas de Iniciativa del Poble Valencià Mónica Oltra y Mireia Mollà, abarca mucho más espacio político. Según el analista electoral Jorge Feo —uno de los asesores políticos más brillantes de nuestro entorno—, “Compromís ha logrado capitalizar en nuestra Comunidad el descontento ciudadano del 15-M que en otros sitios beneficia a Izquierda Unida y a UPyD, razón por la que el partido de Rosa Díez apenas si tiene posibilidades entre nosotros”.

Habría que añadir a ese handicap el ya indicado de la escasa visibilidad mediática de UPyD. Salvo El Mundo y Televisión Popular del Mediterráneo, casi nadie se hace eco de sus mensajes.

En su favor tiene la elección del conocido actor Toni Cantó como cabeza de cartel por Valencia. El aspirante a diputado lidió esta semana con fortuna, por cierto, en el programa de Xavier Carrau, La Tertulia, en Canal Nou, ahora que hay más pluralismo en la televisión pública tras el relevo en el Palau de la Generalitat de Paco Camps por Alberto Fabra.

Aun así, insisto, las posibilidades del candidato de UPyD son escasas.

Harían mal, sin embargo Jorge Alarte y el PSPV-PSOE en creer que su único rival electoral es el PP. Si se descuida, entre la bajada de votos propios y la probable ascensión de los terceros partidos, corre el riesgo de no ser ya en un futuro la alternativa política en la Comunidad, sino de depender de otros —como el Bloc— que pueden acabar por quedarse a la vez con el santo y la limosna.

viernes, 28 de octubre de 2011

¡Jobar con Halloween!

Cada día que pasa hay menos trabajo pero más fiesta.

Ahora le toca el turno a Halloween, festejo que no tiene nada que ver con nuestra tradición, que muchos ignoran de qué va y que hasta hace pocos años ni siquiera sabían que existía.


Eso no obsta para que ahora los colegios interrumpan su jornada lectiva y que niños y no tan niños compitan con disfraces a cuál más extravagante.


Es que no dejamos pasar ni una sola fiesta. Y, por si no hubiera bastantes, seguimos inventándolas. Ya ven: la Tomatina de Buñol es un jolgorio colectivo que apenas si cuenta con 50 años de historia y ya se ha convertido en todo un clásico, con más tradición que muchas de las antañonas romerías populares.


Puestos a inventar, la localidad alpujarreña de Bérchules celebra el fin de año en pleno mes de agosto y concita a juerguistas de todas partes que están a la que salta, sea donde fuere.


Hay quien piensa que esta propensión española a la fiesta está impresa en nuestro ADN, como ahora se dice. Así se explicaría que, pese a tantas hipócritas normas contra el maltrato de los animales, continúen los toros embolados y demás festejos bárbaros y primitivos que jalonan nuestro país.


Lo peor de todo es que no hay quien le ponga el cascabel a ese gato, ni siquiera en estos tiempos de crisis económica. Porque mucho quejarnos de los posibles recortes sociales, sí, pero si se redujese drásticamente el presupuesto de las fiestas patronales es cuando la gente se lanzaría a la calle en una estruendosa protesta.


Al menos, en favor de Halloween, hay que decir que no le cuesta un duro a las arcas públicas. Algo es algo.

domingo, 23 de octubre de 2011

El padre de Steve Jobs

Se han publicado estos días varios reportajes sobre el desconocido padre biológico de Steve Jobs, tras el fallecimiento del fundador de Apple.


Más allá de la rocambolesca peripecia vital de John Jandali, que así se llama el aludido, lo que me ha llamado la atención es que el hombre sigue en activo a los 80 años: es director general de un casino en Reno y ¡con 78 años! fue ascendido a ese puesto desde el de jefe de recepción.

¿Alguien se imagina algo semejante en España? Imposible. Aquí se considera amortizable al personal de poco más de 50 años y, hasta hace dos días, como quien dice, nuestras autoridades han estado propiciando su prejubilación, eso sí, con el dinero de todos los españoles.


Sin llegar, por supuesto, a las indecentes retribuciones de López Abad, José Luis Pego y demás caraduras que han malversado los fondos de nuestras cajas de ahorros, el estar manteniendo ociosas a personas con plena capacidad productiva supone un brutal despilfarro que así nos ha llevado al precipicio.


Eso no sucede en Estados Unidos, como hemos visto, por lo que su productividad es más alta que la nuestra, su mercado de trabajo resulta más adaptable y la salida de la crisis económica se produce con más rapidez.


Aquí, en cambio, nos hemos instalado en un lamentable “estado de derroche”, como decía el empresario Juan Roig esta misma semana. Según el dinámico presidente de Mercadona, es preciso que pasemos inmediatamente de la “cultura del maná a la del esfuerzo y del trabajo”.


Si no lo hacemos, nos quedaremos en el hoyo cuando otros países remonten el vuelo.

¿Sobran políticos?

Mariano Rajoy está ponderando, según propia confesión, el reducir de 350 a 300 el número de diputados de las Cortes Generales.

El suyo es un reconocimiento implícito de que en esta hora de obligada austeridad sobran políticos en ejercicio. Si eso es así, ¿qué decir de los 1.218 miembros que toman asiento en los 17 parlamentos autonómicos españoles? Eso, sin contar con los 48 concejales de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En la Comunidad Valenciana vamos contra corriente, pues la última modificación estatutaria no fue para aminorar la cantidad de diputados en el Palacio de Benicarló, sino para pasar su número de 89 a 99. Claro que no somos los únicos que remamos en esa dirección: así, la Asamblea de la comunidad que preside Esperanza Aguirre ha pasado de 120 a 129 integrantes tras las últimas elecciones.

El asunto no resultaría tan grave si ésos fuesen los únicos políticos en nómina. Pero hay que añadir a decenas de miles más, desde concejales hasta miembros de los distintos ejecutivos regionales, desde asesores de libre designación hasta cargos consultivos institucionales, desde consejeros de empresas públicas hasta representantes en organismos de variadísimo pelaje.

Pero es que, además de ser tantos, apenas si sabemos nada de los políticos a quienes pagamos con nuestros impuestos. Por no conocerlos, hasta ignoramos los nombres de aquéllos a quienes hemos elegido nosotros mismos. Si no, ¿cuántos diputados somos capaces de recordar de la lista que votamos en las lecciones del 22 de mayo pasado?

Dada esa invisibilidad de la mayoría de los representantes públicos, es de agradecer la publicación esta semana por parte de Esteban González Pons de su libro Camisa blanca. En él, el diputado nacional del PP, si no llega a realizar un streep-tease integral de su personalidad, sí que se exhibe en un ceñido tanga biográfico e intelectual para que sus posibles electores le juzguen, le critiquen o, al menos, sepan a qué atenerse.

¿Cuántos políticos, del signo que sea, se atreverían a mostrarse de esa guisa frente a los ciudadanos?

Esto, que en los países latinos parece una excentricidad cuando no un ejercicio de exhibicionismo, resulta algo habitual en los países anglosajones.

Cuando hace cuatro años se convirtió al catolicismo Tony Blair, leí en The Times un artículo de Matheu Parris titulado ¿Creen en Dios nuestros líderes? Deberíamos saberlo. El periodista argumentaba que, ante la cantidad de importantes decisiones morales que toman cada día, desde la manipulación genética hasta el envío de tropas al exterior, los ciudadanos tenemos derecho a conocer cada pliegue de su conciencia.

Claro que eso resulta trascendente en aquellos países de sistema electoral mayoritario, en que cada parlamentario es elegido por sí mismo y debe responder personalmente ante sus electores.

Aquí, con nuestra sistema de listas cerradas y bloqueadas, es irrelevante en qué cree cada diputado, pues éstos votan disciplinada y anónimamente lo que les manda el partido. Así que da lo mismo que elijamos a menganito o perenganito.

Esta irrelevancia se acentúa con las mayorías absolutas, como la del PP en Las Corts, que hace innecesaria la presencia de un evaporado Francisco Camps, para reproche del síndico de Compromís, Enric Morera, en cada sesión parlamentaria.

Pero, paradójicamente, el de Camps es un magnífico ejemplo de su prescindibilidad y de que, efectivamente, sobran bastantes más políticos de los que creemos.


domingo, 16 de octubre de 2011

Salteadores de bancos (y de sus clientes)

Escandalizada por los sueldos estratosféricos de nuestros financieros, me pregunta una amiga: “¿Por qué los pequeños accionistas les damos cada año el voto a los consejeros de los bancos a cambio de un paraguas o de una toalla de mal gusto?”.


No se refiere solo a los millones que se han llevado Modesto Crespo, José Luis Pego, López Abad y otros saqueadores de las cajas de ahorro. Su protesta incluye también las cuantiosas retribuciones de nuestros principales banqueros: Emilio Botín, Alfredo Sáez, Paco González y compañía.


Todos esos sueldos son legales, por supuesto, y los pequeños accionistas, como mi amiga, ni pinchan ni cortan porque esas corporaciones financieras las controla un puñado de individuos que funcionan como un sindicato de intereses.


Lo peor es que sus indecentes emolumentos no salen ya de un tradicional beneficio financiero venido a menos por la concentración de riesgos, la falta de liquidez, la dificultad del crédito, el límite a los intereses de los depósitos y la competencia de las instituciones públicas (con sus bonos patrióticos) a la hora de captar dinero.


Así que ya lo vemos: para que ese puñado de individuos puedan llevárselo crudo, nos suben el coste de las tarjetas de crédito, se inventan comisiones por operaciones de chichinabo y hasta nos cobran por transferir dinero entre cuentas de la propia entidad bancaria.


De seguir así, acabaremos pagando por el mero hecho de entrar en un banco y tendremos que hacer las operaciones nosotros mismos por falta de personal mientras que consejeros y ex consejeros vivirán como marajás en la más absoluta impunidad.

sábado, 15 de octubre de 2011

Compartir y no competir

Hasta hace dos días, como quien dice, la moda era segregar municipios. Concretamente, los barrios residenciales de algunas localidades exigían tener ayuntamiento propio, hartos de pagar más que el resto y no recibir, en cambio, las mismas prestaciones que sus vecinos.

Ahora es al revés: unos ayuntamientos buscan apoyarse en otros para así ahorrar costes y evitar la quiebra.

Movimiento significativo en esa dirección ha sido la reciente reunión del alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí (del PP), con su homólogo de Burjassot, Jordi Sebastià (de Compromís), munícipes, ambos, de los dos ayuntamientos más endeudados de la Comunidad (10 millones en conjunto), según el demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas que preside Vicente Queralt.

Como por algún sitio hay que empezar, éste podría ser la utilización conjunta de un mini ecoparque, así como del sistema de bicicletas municipales de alquiler.

En el mismo sentido se han manifestado los alcaldes de Alzira (Elena Bastidas), Carcaixent (Lola Botella) y Algemesí (Vicent García), con el punto de mira puesto en el ahorro compartido de luz y de basura.

Muy poca cosa parece, todavía, ante la magnitud del agujero económico de algunos ayuntamientos, que no podrán cumplir sus compromisos de pago de aquí a fin de año. Es más: 22 municipios de la Comunidad no han presentado ni siquiera la liquidación de sus presupuestos de 2010, por lo que la ministra Elena Salgado ya les ha dicho que hasta que no lo hagan les retendrá el dinero de los impuestos correspondientes al mes de octubre.

Todo un problemón, éste, ya que no se trata solo de pequeñas poblaciones, sino que el impago afecta a localidades como Cullera, Sueca o Xirivella.

O sea, que de una u otra manera hay que ahorrar, compartiendo servicios en vez de compitiendo por ver quién tiene el polideportivo más grande o gasta más en las fiestas patronales.

Sin embargo, nadie se atreve a ponerle de verdad el cascabel al gato, como sí ha tenido que hacer Grecia, obligada por ley a cerrar dos tercios de sus ayuntamientos. Aquí, la única promesa electoral de Mariano Rajoy es la de fusionar o disolver aquellos consistorios con menos de 1.000 habitantes (en nuestra Comunidad eso afectaría a 217 de los 542 existentes), y la de Pérez Rubalcaba, de sustituir las diputaciones provinciales por consejos de alcaldes.

¿Por qué tanta timidez a la hora de suprimir organismos, coordinar esfuerzos y conseguir el ahorro necesario? Pues porque todos esos entes, así como las mancomunidades, confederaciones hidrográficas, áreas metropolitanas y demás— son plataformas de poder que los partidos políticos no quieren perder sin más ni más.

Para comprobarlo, tenemos el caso de las diputaciones, de las que ahora el PSOE está dispuesto a prescindir porque ya no pastorea casi ninguna de ellas.

Justo lo contrario que el PP. Por eso, cuando Rafael Blasco, portavoz de este partido en Les Corts, abogó hace un año por suprimirlas, nadie quiso recoger el guante. Al revés: ahora, con Alfonso Rus a la cabeza, todo el partido se deshace en ponderar el magnífico papel que cumplen esas instituciones y las defiende con uñas y dientes.

Como se ve, las buenas intenciones de austeridad y de salir de la crisis chocan una vez más con intereses partidistas ajenos al interés general.

Estamos aún muy lejos de sucedido en Grecia, por supuesto, pero también allí vieron venir el lobo desde hace tiempo y no hicieron nada hasta que ya fue demasiado tarde.

viernes, 14 de octubre de 2011

Tontos de caja

Hay muchas clases de tontos, según el repertorio popular: tonto de capirote, de baba, del culo,… sin necesidad de acudir a aquel “tontos de los cojones”, como calificaba el alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, a los votantes del PP.


Ahora habría que añadir una nueva categoría, “tonto de caja”, por la manera tan estúpida como han malversado el caudal de las cajas de ahorros sus últimos gestores.


Claro que si vemos cómo se lo han llevado crudo los directores generales de Caixanova, José Luis Pego, y de la CAM, María Dolores Amorós, más que tontos son unos listos del carajo de la vela.


Éste no es el caso del último presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, por supuesto. Pero la pasiva actitud con la que asistió a los estertores de la antigua caja salmantina le han convertido, si no en un paria, sí en un ejemplo de pésima gestión.


La culpa no fue suya, sin embargo. Quien forzó la unión contra natura —y contra la opinión de todos los expertos— de Caja Duero y Caja España fue el vicepresidente de la Junta Tomás Villanueva, que no debe ser tan listo como él se cree.


Su objetivo era crear una poderosa entidad financiera al servicio del poder político y, como al aprendiz de brujo, le salió el tiro por la culata: el monstruo económico que parió la absurda coyunda ha acabado en manos de Unicaja para poder subsistir. O sea, que nuestra entidad ahora es andaluza y socialista. ¡Toma ya!


Otro que tal es el gallego Núñez Feijóo. En su empeño en tener una potente caja en sus manos forzó la fusión de la viable Novacaixa con la infectada Caixa Galicia, con lo que ésta ha contagiado a la primera, yendo ambas a parar a la UVI.


Estas cosas ocurren por no dejar hacer los políticos a aquéllos que sí saben lo que se traen entre manos. Aquí sucedió con el añorado Sebastián Battaner. Anticipándose muchos años a la jugada, propuso en su día una alianza transversal de Caja Duero, de sur a norte, con Unicaja, Ibercaja y Cajastur, justamente tres de las entidades más saneadas de España, como se ha visto a posteriori.


Si tal operación se hubiese realizado, Caja Duero seguiría existiendo y siendo rentable y salmantina. Claro que a los políticos, cegados por su afán de protagonismo y de constante intromisión en la sociedad civil en beneficio propio, nada de eso les importa.


Y es que, a lo mejor, además del nuevo término “tonto de caja”, habría que añadir otro más: el de “tonto político”, que viene como anillo al dedo a todo lo que ahora está pasando.

domingo, 9 de octubre de 2011

¿Por qué nadie se fía de España?

Con este provocador título, los periodistas Gilles Tremlett (The Economist) y Raphael Minder (The New York Times) iniciaron este fin de semana en Salamanca unas jornadas internacionales sobre la crisis económica.


La conclusión es que España ofrece muchas estadísticas, pero contradictorias, según cuál sea la fuente, y sobre todo, opacas, en cuanto a sus conceptos y a su metodología. “Lo peor es la falta de transparencia”, dijo Tremlett, quien recordó la doble promesa incumplida de Rodríguez Zapatero de aprobar una ley que la garantizase: “España es uno de los tres o cuatro países europeos que carecen de esa ley”.


A partir de ahí, las autoridades —y las empresas y todo quisque— consideran la información como un patrimonio propio, que no deben compartir con el común de los ciudadanos. Doy fe personal de esa contradicción con la mayoría de países democráticos porque siendo corresponsal en Nueva York obtuve allí facilísimamente informaciones que en España no habría conseguido ni con fórceps.


Pero no nos creen solo los de fuera, sino que nosotros mismos consideramos viciada cualquier información según cuál sea su procedencia. Minder aludió a que aquí no se valora una opinión por sí misma, sino por el medio de comunicación que la recoge: “Ésa es la ventaja de los corresponsales extranjeros —dijo—, que todo el mundo puede citarnos sin que resultemos sospechosos”.


Habrá que concluir, pues, que, si ni siquiera nos fiamos de nosotros mismos, ¿cómo van a hacerlo los demás? Como dijo Luis Garicano, moderador del debate: “Ni hay conjura contra España, ni leyenda negra ni otras envidias”.

sábado, 8 de octubre de 2011

El sonrojo de las listas

“Yo soy simpatizante del PP y votaría encantada a González Pons en las elecciones generales, pero “¿por qué mi voto tiene que ir asimismo a Nacho Uriarte, dado que éste también figura en la lista del partido por Valencia?”.

Es la pregunta que me hace una amiga, indignada con el ex presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, que fue inculpado hace un año de un delito contra la seguridad vial por conducir ebrio. “¿Por qué voy a dejar que me represente en Las Cortes un borracho?”, sigue erre que erre mi amiga.

Ésta es una de las muchas cuestiones que incomodan a los partidos cuando confeccionan las listas electorales. “Uriarte dimitió como vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso”, me explica, como exculpándolo, un alto cargo nacional del partido, “aunque yo también creo que no debería figurar como candidato a diputado”.

Cada vez son más los ciudadanos que miran más allá de las meras siglas partidistas para ver quiénes aspiran a representarlos. “Si yo viviese en Alicante —sigue diciendo mi peleona amiga— tampoco me gustaría tener que votar a Federico Trillo, que sólo aparece por allí durante las elecciones”.

La aparición de cuneros, es decir, de candidatos caídos como paracaidistas en provincias ajenas a su trayectoria política, no es patrimonio exclusivo de ningún partido. Al PSPV-PSOE le pasó con la ya olvidada María Teresa Fernández de la Vega y ha estado a punto de repetirlo con el ministro Ángel Gabilondo, ante un disciplinado y aquiescente Jorge Alarte.

La confección de las listas electorales no responde, pues, al interés de los ciudadanos que las votan, sino al de los partidos que las elaboran. De ahí el servilismo de los aspirantes a un puesto de salida y su sometimiento a cualquier dictado del partido.

“Es que, como me reconocía en privado un dirigente del PP, ‘el funcionamiento de mi partido resulta estalinista’”. La frase no es mía, por supuesto, sino que se la oí este jueves en Salamanca a Raphael Minder, el corresponsal de The New York Times, en unas jornadas sobre la crisis económica internacional.

Se comprende, entonces, la arbitrariedad de los partidos al confeccionar las listas de candidatos.

Por ejemplo: el PP decide que, en principio, ningún alcalde puede simultanear su cargo con el de diputado, por lo que no van al Congreso políticos de la talla de Rita Barberá, Lorenzo Agustí o Adela Pedrosa. En cambio, permite a María Dolores de Cospedal compaginar dos cargos tan incompatibles como el de secretaria general del partido y presidenta de una comunidad autónoma.

Si el PSOE no critica esta contradicción es porque fue el primero en ponerla en práctica, colocando al presidente aragonés Marcelino Iglesias al frente del partido.

La otra característica sonrojante de las listas, más allá de los intentos infructuosos de Carlos Fabra de poner a su hija Andrea por delante de Manuel Cervera en Castellón, es su utilización como alternativa a otros cargos institucionales o partidistas.

Así, por ejemplo, Alarte manda a Madrid a Ximo Puig, su rival en el último Congreso del partido, y Fabra agradece con un puesto de diputada la dedicación de Ascensió Figueres a la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

¿Qué tienen que ver todas estas movidas con los intereses de los ciudadanos?

Muy poco, por supuesto. ¿Pero es que alguien aún cree a estas alturas que el sistema de listas cerradas y circunscripciones amplias garantiza el funcionamiento democrático?

A eso se le llama ser iluso.


martes, 4 de octubre de 2011

Los saqueadores de las Cajas

Muchas de las extintas cajas de ahorros han sido saqueadas por sus gestores con la misma determinación que ponía en sus atracos el difunto bandolero Luis Candelas.

¿Cómo se justifica, entonces, la aparente impunidad de quienes han malversado los ahorros de millones de impositores y llevado esas entidades financieras a la ruina?

La explicación más plausible radica en la utilización partidista de las cajas, donde han metido baza muchos políticos que, por impericia, ambición o intereses espurios, han producido en ellas un descalabro económico colosal.

Hay responsables directos de todo esto, claro. El presidente de la primera caja fallida, la de Castilla-La Mancha, era Juan Pedro Hernández Moltó, quien fuera portavoz del partido socialista en el Congreso de Diputados. Otro de los gestores más desastrosos ha sido, en Catalunya Caixa, Narcís Serra, aquel ex vicepresidente de Felipe González que hubo de salir del Gobierno por la puerta de atrás a cuenta del escándalo de las escuchas ilegales del CIS.

No resulta difícil adivinar, en estos casos y en otros parecidos, la connivencia con intereses políticos, dispuestos siempre a echar un capote a los implicados.

Pero tampoco es una cuestión de simple ideología, no vayamos a creerlo, pues en el desvalijamiento de las cajas han participado todo tipo de personajes. El responsable de la quiebra de Caja Sur, por ejemplo ha sido en cabildo catedralicio de Córdoba. Tanto era el poder de su penúltimo presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, que la sola mención de El Cura, como se le conocía popularmente, hacía temblar a la correosa alcaldesa de entonces, Rosa Aguilar, como pude comprobar en persona.

Responsable indirecto de todo este desastre económico, aunque tan culpable como el que más, ha sido el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, por negar hasta el último minuto la evidencia de la sangría patrimonial de las cajas que él conocía por los informes de sus inspectores.

Pero hay más responsables, como el presidente gallego, Núñez Feijóo, tan empeñado en tener una caja regional a su servicio que forzó la unión de la desahuciada Caixa Galicia con Caixa Nova, provocando la quiebra del monstruo económico resultante.

No tan lastimosa, pero igual de paradójica, ha sido la forzada unión de Caja España y Caja Duero, a mayor gloria del gobierno popular de Castilla y León. La entidad resultante ha sido tan ruinosa que ha caído finalmente en manos de la malagueña Unicaja, presidida por el socialista Braulio Medel, para mayor inri.

¿Se imaginan qué habría pasado aquí de haberse consumado la fusión de la CAM y Bancaixa, como pretendían tanto Eduardo Zaplana como Paco Camps?

Por fortuna no llegó a realizarse, aunque tanto uno como otro son corresponsables históricos del debilitamiento económico de ambas entidades por forzarlas a hacer inversiones contra natura y permitir el expolio continuado de algunos de sus directivos. Bancaixa tuvo la suerte de que apareciese en su camino Rodrigo Rato con su proyecto bancario y que la rescatase del hondo pozo de la insolvencia.

¿Será posible que, pese a todo este entramado de intereses políticos y financieros, se haga justicia con quienes han malversado miles de millones y perjudicado irreversiblemente a nuestro país?

No parece muy probable. De momento, salvo poner en la picota de la opinión pública a personajes como María Dolores Amorós, nada se ha hecho al respecto para escándalo de la ciudadanía.

domingo, 2 de octubre de 2011

¿Por qué han de cobrar los políticos?

No creo que los políticos cobren demasiado. Lo que sí creo que hay demasiados políticos que cobran. Por ejemplo, ¿por qué han de tener dedicación exclusiva alcaldes de municipios que no llegan a 5.000 habitantes?


En nuestro país existe demasiada gente que se dedica a la política. Y no como acto de servicio, que sería lo loable, sino como oficio y beneficio con exclusión de cualquier otro.

Veamos. Desde eurodiputados a concejales, pasando por senadores, parlamentarios nacionales y autonómicos, diputados y otros cargos en entes menores son varios miles los ciudadanos que han hecho de la política una profesión retribuida, y a veces única, con derecho incluso a la jubilación. ¿Hay razón alguna para ello?


No lo parece, ya que ¿para qué están los miles de funcionarios y empleados públicos que hacen marchar la Administración? ¿Y para qué, amén de ellos, se contrata como asesores a familiares y paniaguados? ¿Tan malos son los políticos que necesitan toda esa parafernalia?


En Gran Bretaña o Francia, hay muchísimos menos políticos que cobran del Presupuesto, ya que los altos cargos de la Administración son funcionarios que no cambian según cuál sea el partido en el Gobierno.


Aquí no solo sucede al contrario, sino que los políticos excedentes encuentran acomodo en mil inútiles consejos de empresas públicas, órganos consultivos y de defensa de las causas más peregrinas. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que el dimitido presidente valenciano Camps sea ahora miembro del Consejo Jurídico Consultivo de esa Comunidad?


Y es que en este país sí que hay un oficio vitalicio, sin riesgo alguno de desempleo, que es el de político.

sábado, 1 de octubre de 2011

¿Un futuro para Canal Nou?

La solución probable que está pergeñando en secreto el Consell valenciano para acabar con la hemorragia económica de Canal Nou sería un ERE que pondría en la calle a 800 trabajadores y hacerse cargo la Generalitat de la cuantiosa deuda del ente, para que así éste pueda partir de cero.

Lo siento, pero eso no sería una solución, sino una vuelta a empezar, porque el problema no es de números, sino de un modelo que en pocos años volvería a llevarle a la ciénaga donde chapotea ahora.

Y es que si las televisiones autonómicas pudieron tener algún sentido cuando su creación, en el lejano 1983, en que solo había dos canales de TVE, han perdido su razón de ser en 2011, cuando en España existen 25 televisiones públicas y un montón de cadenas privadas, locales, temáticas, de pago, por cable y por satélite, y se pueden ver hasta 200 canales en cualquier televisor.

Ahora bien: ni por ésas se atreven a ponerles coto las respetivas administraciones autonómicas. En Cataluña, Artur Mas prefiere no pagar a las residencias de ancianos a dejar de hacerlo a la inmersión lingüística, a sus embajadas en el exterior y, por supuesto, a TV-3.

Semejante actitud no es cuestión de ideología. También María Dolores de Cospedal —quien compagina, ¡oh milagro!, su cargo en el PP de Madrid con la presidencia de Castilla-La Mancha en Toledo— antepone nuevos dispendios en la televisión autonómica, con el nombramiento del costoso equipo del periodista Nacho Villa, a pagar a las farmacias de la región. Inaudito y casi delictivo.

¿No están las Comunidades autónomas —y la valenciana tanto como la que más— sin un duro? ¿Y aun así prefieren reducir las prestaciones a la sanidad o a la dependencia, por ejemplo, antes que una televisión prescindible que solo sirve para propaganda de sus gobernantes?

Lo malo es que, llegados a este punto, ya no es posible su venta, dada la situación de un sector audiovisual con graves pérdidas generalizadas. Tampoco parece de aplicación la externalización que propuso en su día Eduardo Zaplana, ya que no impediría la reducción del personal ni el incremento de los costes.

Esa situación singular de empresa privada con contrato-programa con la Administración solo se produce en Castilla y León, donde el Gobierno de Juan Vicente Herrera promovió la fusión de las dos televisiones privadas de ámbito autonómico, ahorrándose así una pasta y un montón de líos.

Pero eso ya no es posible en las televisiones públicas ahora existentes y tampoco parece probable su abrupto cierre, dado el gravísimo problema social que acarrearía.

Ante todo ello, José Miguel Contreras, presidente de la Unión de televisiones privadas —tan perjudicadas como las que más ante la crisis actual—, ha propuesto que las autonómicas se unan en un único canal, con desconexiones regionales horarias tan amplias como ellas quieran.

Eso, claro, ya está en inventado en otros países federales, como Alemania, donde la televisión pública ZDF otorga tres horas diarias de desconexión a los länders para que emitan información de su comunidades respectivas.

Mírese por donde, en semejante situación podría potenciarse la lengua valencia mejor que hoy día, en que su presencia escasea en Canal Nou: de recibirse toda la programación futura de la cadena en castellano, la producción propia podría hacerse íntegramente en valenciano y nadie podría quejarse por ello.

A lo mejor así podría hacerse de la necesidad virtud y sacar provecho de lo que es una limitación.