La invisibilidad de Jorge Alarte

Por si aún no lo conocen, Jorge Alarte es aquel señor arrebujado con una bufanda que figuraba en un segundo plano en las fotos de la llegada oficial del AVE a Valencia.

Él mismo se queja de ser invisible por culpa del sistemático boicot que padece en Canal Nou. No le falta razón, ya que la televisión autonómica en época de Pedro García, y más aun con López Jaraba, se ha convertido en un instrumento de propaganda del partido de Francisco Camps. Claro que la misma obsecuencia con el respectivo poder regional lo practican todas las televisiones autonómicas aunque, eso sí, con menos desenfado que la valenciana.

Para contrarrestar esa invisibilidad manifiesta —en una reciente encuesta solo uno de cada cinco ciudadanos de la Comunidad afirma saber quién es—, Alarte ha utilizado todos los medios posibles: aparición en otros medios públicos, como en Los desayunos de TVE que presenta Ana Pastor, anuncios en los autobuses urbanos con su imagen ligada al AVE, creación de la página web www.alarte.org, más folletos presumiendo del tren de alta velocidad como cosa suya, etcétera etcétera.

En la misma línea de búsqueda de notoriedad puede interpretarse la destitución de Ricardo Peralta como delegado del Gobierno en Valencia, una vez desaparecida su valedora, María Teresa Fernández de la Vega. Peralta, a diferencia de su inane predecesor, Antoni Bernabé, se había convertido en la imagen oficial de un PSOE fustigador incansable del Consell. Ahora, Alarte ya no tendrá quien le haga sombra, al haberse nombrado para el cargo a una discreta persona de su confianza, Ana Botella, cuyo mayor renombre proviene de su homonimia con la mujer de José María Aznar.

La razón principal del desconocimiento ciudadano de Jorge Alarte radica, sin embargo, en que tanto él como su antecesor en el cargo, Joan Ignasi Pla, han tenido que dedicarse a lidiar dentro del partido con las distintas familias y apaciguar en lo posible a las gentes de Joan Lerma y Ximo Puig, quienes no ostentan cargo pero sí mandan dentro del PSPV-PSOE. Por ello, y por no tener la condición de diputado, el secretario general socialista carece de la presencia en los medios de que dispone su portavoz parlamentario, Ángel Luna, aunque en este caso ya le viene bien que sea otro quien reciba los palos que le atiza el PP.

Por fas o por nefas, el espacio público del que dispone Alarte resulta muy limitado. En cuatro días, hasta el candidato socialista a la alcaldía de Valencia, Joan Calabuig, ha logrado más titulares que él al dar un revolcón a la política del partido sobre los derribos en El Cabanyal, las obras de Mestalla, el parque Ferrari…

¿Tendrá tiempo el líder del PSPV-PSOE para conseguir la notoriedad necesaria y, como él decía anteayer mismo, que los ciudadanos voten “no más Camps” el próximo 22 de mayo?

Resulta más que improbable, pese al resistente suelo electoral del PSOE, como reconoce el experto demoscópico Jorge Feo, ya que, entre otros males que aquejan al partido socialista, el descrédito de Rodríguez Zapatero es tan mayúsculo, que bastante mérito tendría Jorge Alarte si, Virgencita, Virgencita, se quedase como está.

Bienvenida sea la sociedad civil

Hasta ahora, las entidades sociales y económicas de la Comunidad habían dejado la conducción de la cosa pública en manos de los políticos mientras ellas se dedicaban a sus quehaceres: en el caso de los empresarios, a ganar dinero, que para eso han sido unos años de bonanza en los que dichas entidades hacían el rendibú sucesivamente a Eduardo Zaplana y a Francisco Camps sin un solo atisbo de crítica.

Ahora que las cosas vienen mal dadas, se han despertado de su apacible letargo y elevan su voz para opinar, criticar y orientar sobre lo que tiene que hacer la Administración Pública. Bienvenida sea, pues, esa sociedad civil sin cuya participación no existe una democracia avanzada.

Y lo que dicen ahora esas entidades es dramático. Lo hizo el pasado lunes el presidente del AVE, Francisco Pons, en un repaso inmisericorde a las carencias de la Generalitat, exigiendo recortar costes, parar su creciente endeudamiento, privatizar entes públicos deficitarios y hasta profesionalizar los cargos del Consell.

Al día siguiente le tocó el turno a Leopoldo Pons, presidente de los economistas valencianos, quien presentó los resultados de una encuesta en la que sus colegiados suspenden a la economía valenciana con un 3,32 sobre 10 y efectúan unas previsiones “no muy alentadoras”, para decirlo finamente.

En eso apenas difieren del barómetro de la Fundación Ortega-Marañón, en el que los empresarios españoles puntúan con un 2,8 la situación económica del país mientras que el 79 por ciento de ellos afirma que su empresa ha sufrido “mucho o bastante” la crisis económica.

La imagen que se ofrece no puede ser más desalentadora. Pero volvamos a la Comunidad, donde el presidente de la Cámara de Comercio de Castellón, Salvador Martí, acaba de afirmar que "no siempre se ha hecho una gestión responsable de las arcas públicas porque no se pensó que llegarían las vacas". Más claro, agua.

¿Cómo ha respondido a todas estas consideraciones el poder político? Francisco Camps, inveterado optimista, ha reconocido por primera vez la existencia de algunas deficiencias en su gestión, pero no ha cogido realmente el toro por los cuernos, por usar la metáfora que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, aplicó a las reformas de Rodríguez Zapatero.

Camps admitió que hay que “cambiar aquellas dinámicas de otros tiempos y apostar ahora por un modelo más acorde” con la situación actual. Lamentablemente, se escudó en seguida en que “la Administración valenciana es la más barata” de todas, a pesar de ser “la peor financiada” por el Estado.

Si todas las comparaciones resultan odiosas, según el dicho popular, tampoco resuelven por sí mismas los problemas de retraso en el pago a proveedores, disminución de prestaciones sociales, encarecimiento de la deuda pública y mayor devengo de intereses, etcétera, etcétera. Pensemos, por ejemplo, que el Consell gasta más en hacer frente a su deuda que en bienestar social, según le ha recriminado el diputado socialista Antonio Torres.

Los problemas pendientes siguen pues ahí: frondoso parque de coches públicos mientras que en Gran Bretaña hay ministros que viajan en metro, familiares y amigos recolocados como asesores inútiles y prescindibles, ruinosas empresas públicas usadas para desviar el déficit presupuestario…

Todo esto no es patrimonio exclusivo de nuestra Comunidad, por supuesto. Pero hay que corregirlo. Para ayudar a poner las cosas en su sitio habrá que contar con la aparentemente renacida sociedad civil. Bienvenida sea, pues, y a dar el callo.

¿A quién representa la CEOE?

Nuestros representantes políticos, sindicales, empresariales... cada vez están más alejados de sus bases sociales. En ese contexto, ¿la CEOE representa de verdad a los empresarios españoles?

La organización patronal, subsidiada por los presupuestos del Estado al igual que partidos y sindicatos, suele comer en la mano de quien le paga. Unas veces pone a su frente a algún funcionario sin empresa, como José María Cuevas; otras, a un empresario con problemas económicos y judiciales, como Díaz Ferrán. Y, siempre, en pugna con unas Cámaras de Comercio politizadas, con las que ha venido compitiendo en actividades y duplicando funciones. ¡Menudo panorama!

Por si ello no bastara, las grandes empresas del país suelen estar condicionadas por los contratos y por las actuaciones del Gobierno de turno —véanse, si no, las filtraciones de Wikileaks, para salir de dudas—, mientras que a las pequeñas todo son dificultades para ponerse a andar y facilidades para que echen el cierre.

Así no hay sociedad civil que valga, a diferencia de la Europa más desarrollada, donde la opinión de los emprendedores tiene más peso que la de la mayoría de los ministros.

Sería un milagro deseable que las cosas cambiasen ahora con Juan Rosell —autor, en su juventud, de un impertinente librito sobre el capitalismo anarquista o algo así—, pero su actividad oficialista al frente del Foment catalán no induce al optimismo.

Habrá que aguardar, pues, a una auténtica revolución moral, social y cívica frente a las instituciones aparentemente representativas para tener así una auténtica esperanza de mejora.

Los planes (probables) de Zapatero

Rodríguez Zapatero negaba la crisis no hace mucho. Entonces las encuestas le eran favorables, nuestro hombre estaba en plena faena de transformar el país de arriba abajo, en un demoledor ejercicio de adanismo político, y probablemente pensaba eternizarse en el poder a falta de ninguna limitación constitucional al respecto.

Ése era el idílico escenario hasta que un día del mes de mayo vio abrirse el abismo económico bajo sus pies.

Ahora, cuando le vienen mal dadas, acaba de suscitar la cuestión sucesoria la víspera misma, como quien dice, de reconocer que “necesitaremos cinco años para corregir los desequilibrios estructurales de esta economía”. Y él, claro, no está para esa ingrata labor.

Para ella, y dado que los sondeos electorales le son adversos, ya estará Mariano Rajoy, quien arrostraría ese quinquenio —cuatrienio, más bien— de impopularidad conseguida merced a las brutales reformas que se avecinan. Tampoco, por supuesto, sería él quien se quemase presentándose para perder ante el PP unas elecciones que truncarían su carrera política. Eso que lo hagan Chacón, Blanco, Pérez Rubalcaba o quien sea. Él se retiraría a tiempo, con el haber de la Memoria Histórica, la Alianza de Civilizaciones y otras zarandajas por el estilo, y a ver demomento los toros desde la barrera.

Luego, cuando la realidad empitone a diestra y a siniestra, tanto a los políticos del PP como a los del PSOE, emergerá él de nuevo, como renovado Mesías salvador que administraría los subsiguientes años de bonanza, una vez haya pasado el tsunami económico.

Esto, claro está, sólo es una hipótesis. Pero, conociendo el sutil maquiavelismo de nuestro presidente, resulta una hipótesis inquietante, sí, pero también más que verosímil.

La Comunidad Valenciana y la corrupción

Hace solamente dos o tres años, cuando uno viajaba fuera de la Comunidad todo era oír elogios de nuestro cap i casal, de la espectacularidad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Santiago Calatrava y de lo bien que lo estaba haciendo la alcaldesa, Rita Barberá.

Ya no es así. Y no sólo por la sorpresa de muchos visitantes ante el abandono de la dársena que albergó la Copa América, que también. En los últimos meses he debido hacer frecuentes viajes a Cataluña, Galicia, el País Vasco y la Meseta y el común denominador de todas las interlocuciones es la corrupción política.

Llama la atención la cantidad y calidad de implicados en la Comunidad, desde Carlos Fabra en Castellón hasta Joaquín Ripoll, en Alicante, pasando por el presidente Francisco Camps.

No es extraña esta preocupación, dado que la corrupción se ha convertido en un gravísimo problema para los ciudadanos del ancho mundo, como acaba de poner en evidencia la ONG Transparencia Internacional, que representa en España Garrigues Walker. También para los españoles la clase política es el tercer problema del país, según el barómetro del CIS del mes de noviembre.

Con todo, me sorprende que a los catalanes –un 85% de ellos cree que la corrupción política esta “muy” o “bastante extendida”, según otra encuesta– les inquieten más los escándalos de nuestra Comunidad que el caso Pretoria, el saqueo del Palau por Félix Millet, o que el partido de Artur Mas haya sido el beneficiario de la mordida del 3% que denunció Maragall y de la que nadie ha vuelto a hablar.

A otra escala, algo similar me ha ocurrido en Castilla y León, donde el caso Gürtel se ha llevado por delante a políticos como Jesús Merino –que fue vicepresidente de la Junta– y a empresarios como José Luis Ulibarri y que salpica ahora al presidente de Las Cortes regionales, Fernández Santiago. Pues bien: las conversaciones no se centran en ellos, sino en los políticos valencianos, como se pudo apreciar entre bastidores, el pasado jueves, durante el cónclave del PP en Segovia con Mariano Rajoy.

No sé muy bien a qué se debe el que sean siempre los mismos los que se llevan la fama cuando en todas partes cuecen habas, por fundir aquí dos refranes que hacen al caso. Lo cierto es que, a falta de otros asuntos, otros argumentos y otros motivos de notoriedad, la corrupción política viene siendo el tema de conversación en lo que a la Comunidad Valenciana se refiere. Ahí creo yo que está la madre del cordero: en la ausencia de otras referencias políticas, económicas, culturales... que sitúen a nuestra Comunidad donde merece estar.

Por ejemplo: en el ámbito político han desaparecido de la primera línea personajes de un valencianismo más que discutible, como Fernández de la Vega, Pedro Solbes o Bernat Soria, pero que estaban allí. Ahora sólo nos quedan González Pons y Leire Pajín, contestada esta última hasta en sus propias filas. Poco balance, pues, del que presumir. ¿Y qué decir del mundo empresarial, cuando apenas si Juan Roig se presenta como único modelo a imitar?

Es necesario, por consiguiente, que la sociedad civil despierte y que los empresarios tomen el relevo de los políticos para ofrecer la mejor imagen de nuestra Comunidad. Es la hora en que los Rafael Ferrando, José Vicente González, Francisco Pons, Vicente Boluda, José Vicente Morata y bastantes más den un paso adelante y exhiban las bondades de nuestra región en un momento en que la administración pública no está, precisamente, para tirar cohetes.

Más fieles, pero menos competentes

La reflexión no es mía, sino del socialista Joaquín Leguina: la mayor cualidad que exigen los líderes políticos a sus parlamentarios es la obediencia, mucho antes que la competencia. Con otras palabras ha venido a ratificarlo el presidente del Congreso, José Bono: para figurar en las listas –ha dicho– resulta “más eficaz ser amigo de Soraya Sáenz de Santamaría o de José Blanco” que de los ciudadanos a los que tienen que representar.

En esa tesitura de confeccionar las listas electorales autonómicas andan metidos ahora los partidos políticos de nuestra Comunidad.

Las de algunos, como el Bloc, pueden resultar irrelevantes si, como anticipan las encuestas, queda fuera de Las Corts. “El radicalismo de Mónica Oltra y Mireia Mollá, las figuras más visibles del Compromís en esta legislatura –me explica un analista–, ha perjudicado enormemente al nacionalismo más moderado de Enric Morera”.

Lo importante es lo que pueda pasar en el PP y el PSPV-PSOE, los dos grandes partidos de la Comunidad. En el primero, lo holgado de su representación, permitirá que Francisco Camps premie la fidelidad de un grupo al que Rafael Blasco ha controlado con mano de hierro y que, según su portavoz, ha demostrado tener “una gran agenda de actuaciones” y ha elaborado “muchas iniciativas” parlamentarias.

Aun así, habrá margen para nuevas incorporaciones, no sólo por el mayor número de escaños que le vaticinan los sondeos electorales, sino por la desaparición de algunos desafectos, como Gema Amor –“alguien que ni siquiera aplaude a su presidente”, como le reprocha una compañera de bancada– o el imprudente Vicente Parra, y del amortizado Luis Díez Alperi, quien sería sustituido por la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. También dejarían un hueco en Las Corts Salvador Cortés y Rafael Ferraro, por el único delito de tener 66 años el primero y 68 el segundo.

Estas bajas harían sitio, probablemente, para algunos consellers que cesarían y que según las quinielas serían Trini Miró, Belén Juste y Mario Flores. Como se puede apreciar con todo esto, no se trata de elegir a los mejores, sino de rehacer las listas según fidelidades y afinidades con el líder del partido.

Tal estrategia aún resulta más evidente en el caso del PSPV-PSOE, donde las malas previsiones electorales reducirían su margen de maniobra.

El secretario general del partido, Jorge Alarte, se encuentra ante el dilema de colocar en Las Corts a personas afines, como Carmen Martínez, y a él mismo, y “no dejar a nadie en la estacada”, como ha anunciado en público y en privado. Semejante cuadratura del círculo resulta complicada, pues, a pesar del hermetismo con que maneja el asunto –“este es uno de los secretos mejor guardados del partido”, me dicen en el entorno de Alarte–, se sabe que piensa mantener a gente de su cuerda, como Ángel Luna, Francisco Signes, Carmen Ninet, Clara Tirado y Marisa Lloret. Por otra parte, es rehén de los pactos con Joan Lerma y Ximo Puig, por lo que al final sólo quedarían fuera del hemiciclo “quienes no hagan los deberes”, así como el anterior secretario general, Joan Ignasi Pla, para quien se busca un puesto en el Consell Consultiú, imposible a fecha de hoy por la oposición del PP a todo tipo de acuerdo.

Como se aprecia en este somero repaso, al que seguirán otros análisis más precisos sobre la idoneidad o no de los candidatos, en el momento de confeccionarse las listas de diputados prima con claridad la conveniencia partidista sobre los intereses generales de los ciudadanos.

Federar España con Argentina

Miles de jóvenes españoles, magníficamente cualificados, están marchando a Argentina porque aquí no encuentran trabajos acordes con su preparación.

Así, como quien no quiere la cosa, llevamos siglo y medio de tráfago de uno a otro lado del Atlántico. En el siglo XIX fue la emigración a ultramar, como se decía entonces, de gallegos y otros paisanos en busca de algo que llevarse a la boca. Lo recogían aquellos versos de la gran Rosalía de Castro: “Con malenconía/ miran para o mar/ os que noutras terras/ tén que buscar pan”.

Tras la guerra civil, la emigración fue más selectiva, aunque igual de forzosa, de intelectuales afectos a la República: Pérez de Ayala, Sánchez Albornoz, Miguel de Molina, Eduardo Zamacois y varias docenas más.

Luego el camino se hizo en sentido inverso: argentinos que huían de su país tras el cruento golpe militar de 1976 y la posterior represión brutal de Jorge R. Videla y sus conmilitones. Más tarde, una nueva escapada masiva: esta vez de la subsiguiente miseria al corralito financiero que hundió a la clase media argentina. Ahora, a lo que se ve, son nuestros jóvenes los que buscan de nuevo “hacer las Américas”, en tardía imitación de sus bisabuelos.

No es que la historia se repita, sino que se caricaturiza, como decía Carlos Marx, y perdón por la cita. Lo cierto es que si uno pasea por el cuidado barrio bonaerense de Belgrano, por los jardines de La Recoleta o por la bulliciosa calle Florida uno cree encontrarse en Madrid, tal es la semejanza del paisaje y del paisanaje. Además, con tantas idas y venidas, ¿quién no tiene un primo, aunque sea lejano, en la patria de Borges y Cortázar?

Por eso propongo que, mientras España se va despedazando lenta pero ineluctablemente —véase, si no, el resultado electoral en Cataluña, con la elección de Joan Laporta incluida—, lo que quede de nuestro país se federe con Argentina, donde seguro encontraremos más receptividad a la idea que en el nacionalista vasco Joseba Egibar, quien despotrica hasta contra la selección española de fútbol. En cambio, Portugal —“la autonomía que menos problemas nos causa”, como ironiza siempre mi brillante amigo Javier Paniagua, rector de la UNED en Valencia— presentó una fallida candidatura conjunta con España para el Mundial de Fútbol de 2018.

Así que, con compañeros de viaje que nos quieran como portugueses y argentinos, a lo mejor tendríamos mejor futuro colectivo que con algunos enemigos interiores dispuestos a dinamitar nuestra convivencia en cuanto se les dé la más mínima oportunidad de hacerlo.

Un funámbulo en La Moncloa

No sé si Rodríguez Zapatero representa una “izquierda trasnochada y romántica”, como opinan los Estados Unidos, según los documentos filtrados por Wikileaks. Me consta, en cambio, que sí es un transformista ejecutando equilibrios sobre el alambre del oportunismo político.

Cuando conviene, nuestro hombre se transmuta, pasando de ser el amigo europeo de Hugo Chávez, Evo Morales y otros autócratas, al paladín de las reformas económicas liberales. Todo, con tal de mantenerse en el poder. Es decir, lo mismo que hace el funámbulo asido a su pértiga para no caer al vacío.

Semejante transformismo político, semejante falta de criterio y de proyecto, se está convirtiendo en paradigma del socialismo español. Le ocurrió a José Montilla, trasmutándose de ministro del Gobierno de España en adalid del nacionalismo catalán más exacerbado y dogmático. Luego, a la hora de las elecciones, intenta escudarse sin éxito tras el españolismo de Felipe González.

¿Y qué decir del socialismo valenciano? A pesar del caso Gürtel, sus propias encuestas le sitúan 26 puntos por debajo del PP. Ante tal desastre, y espoleados por José Blanco, ahora dicen digo donde antes decían diego en asuntos como el campo de Mestalla, el barrio del Cabañal, el parque de Ferrari y otros temas que jaleaban como intocables e irreversibles.

Vivimos, pues, en un escenario político donde las convicciones han sido sustituidas por las conveniencias. El maestro de este género político es el equilibrista que habita La Moncloa. Algunos, incluso, creen que además de funámbulo es sonámbulo.

Entonces, sí, entonces su batacazo político estaría más que garantizado.

Fernández Mañueco

Me dicen que es menos querido en Valladolid que en el Madrid donde pastorean Mariano Rajoy y otros próceres del Partido Popular.

Si bien se mira, la cosa tiene su lógica. Fernández Mañueco preside el Comité de Derechos y Garantías del PP, una especie de órgano disciplinario cuya composición la aprobó el último Congreso Nacional del partido. Así que hasta el próximo evento congresual no hay quien le tosa.

Lo de Valladolid es diferente. La capital oficiosa de la región vive ahora la soterrada efervescencia política de los partidos en su periódica confección de listas electorales. O sea: cabildeos, zancadillas, alianzas y traiciones sin cuento. Luego, a la hora de la foto, todos sonrientes como si jamás hubiesen roto un plato.

En medio de todo este fregado se halla nuestro hombre. Todo, porque tiene sus esperanzas —y sus posibilidades— de seguir prosperando en su fecunda carrera política que, desde un puesto de concejal, le ha llevado a ser consejero de la Junta y secretario regional del PP.

Ante el que se presume será el último mandato de Juan Vicente Herrera como presidente de Castilla y León, sus posibles sucesores buscan estar bien situados en la línea de salida, lo mismo que hacen en la F-1 Wettel, Alonso, Webber y compañía. Según una de mis fuentes, Mañueco podría ser un buen candidato a esa sucesión: “Posee un carácter afable, es trabajador, conoce perfectamente el partido y goza de apoyos en la calle Génova” —sede nacional del PP—. En su contra tiene el no pertenecer a ninguna del las facciones del partido, que las hay, su carácter un tanto retraído —dicen— y el no prestar demasiada atención a algunos interlocutores, justo lo contrario de lo que hacen los políticos de raza, como González Pons o Rubalcaba, que se ponen al teléfono con el primer periodista.

En cualquier caso, para quitarlo de en medio, sus adversarios andan postulándolo para alcalde de Salamanca, en lugar de un Julián Lanzarote que ya dan por amortizado.

Como se ve, se trata de una manera fina, y hasta elegante, de decir adiós a un posible contrincante y despejar así el camino de quienes aspiran a presidir la Junta.

Uno, en su ignorancia, supone que el cargo de alcalde no lo desdeñaría Mañueco como premio de jubilación, digámoslo así, al igual que le sucedió a Juan Carlos Aparicio en Burgos una vez que Aznar lo defenestró del Ministerio de Trabajo. Pero a estas alturas de la película, por el contrario, Alfonso Fernández Mañueco aún tiene mucha carrera por delante como para que le saquen de la pole position a la primera de cambio.

¿Qué hacer con Canal Nou?

A la pregunta de qué hacer con Canal Nou, la respuesta es simple y demoledora: nada. Nada de nada.

Ahora, el presidente del ente, Emilio Fernández, puesto ahí por el PP, habla de “privatizar todas las cadenas autonómicas”, eso sí, “menos los servicios informativos”. ¿Es que acaso éstos son mejores que los de Antena 3 o Telecinco, por poner por caso?

Lo que sucede es que la decisión de privatizar los canales públicos, de llegar a imponerse, se hace con retraso. Hace un par de años, un amigo, propietario de un periódico provincial, me decía: “Cuando salió la convocatoria de la TDT me presenté para tener una emisora de televisión, porque parecía lo más lógico, y cogí un cabreo de órdago cuando la Administración denegó mi solicitud. No sabes, en cambio, lo contento que estoy ahora, porque podía haber perdido hasta la camisa e incluso poner en peligro mi periódico”.

Ésa es la cuestión: el crecimiento desordenado y desorbitado del sector audiovisual coincidiendo con una crisis económica —y por ende publicitaria— ha convertido en deficitarias a todas las cadenas. En Estados Unidos, por ejemplo, con un mercado de 308 millones de individuos, sólo existen cuatro canales generalistas a escala nacional; seis, si incluimos la CNN y la televisión pública —PBS, con una mínima audiencia, inferior al 2%—. En España, en cambio, para 45 millones de habitantes hay al menos nueve canales generales y otra treintena más en el mando de los televisores.

Dado este panorama, ¿quién sería el guapo interesado en comprar Canal Nou? ¿Qué vale una cadena con cuantiosas pérdidas y 1.100 millones de deuda acumulada? ¿Quién sufragaría los 128 euros anuales, vía impuestos, que nos cuesta a cada ciudadano de la Comunidad, seamos o no espectadores de Canal Nou?

Por eso, el PSOE siempre se ha opuesto a la privatización de la TV pública, al contrario que el partido de Mariano Rajoy, el cual acaba de presentar una propuesta parlamentaria que abriría esa posibilidad legal que ya anticipó para Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal y, sobre todo, Esperanza Aguirre en el caso de Tele Madrid.

Aquí, en cambio, todo es silencio, salvo una escueta declaración de la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, hace dos meses, de que los argumentos a favor de una televisión pública “siguen plenamente vigentes”.

La única persona de la Comunidad que en su día se atrevió a hablar de “externalizar” hasta los informativos de Canal Nou fue el visionario Eduardo Zaplana. Claro que, como suelen hacer todos los políticos, el suyo fue un brindis al sol, ya que ni siquiera había cobertura legal para semejante hipótesis, como en seguida le recordaron los tribunales de justicia.

En fin, dado que no se puede ni se quiere hacer nada, los dos próximos años van a ser dramáticos para el sector audiovisual, público y privado, con fusiones y desapariciones de emisoras y de cadenas.

¿Qué pasará con Canal Nou? Me temo que, injustamente, acabarán pagando el pato los magníficos profesionales de la cadena. Con una plantilla fija de, al menos, 1.700 personas en todo el ente público, un durísimo ERE parece inevitable. O sea, que como siempre, pagarán justos por pecadores.

Falta de transparencia

La Administración de la Comunidad Valenciana es la segunda menos transparente de España, sólo superada por la cántabra de Miguel Ángel Revilla, el de las anchoas, para entendernos.

Esto lo acaba de decir la ONG Transparencia Internacional. Claro que uno puede creer en sus informes o mostrarse tan escéptico como Santo Tomás respecto a la resurrección de Cristo. Pero ahí están. En el caso español, los dirige alguien tan poco sospechoso como el profesor Jesús Lizcano, catedrático de la UAM, y los avala una persona del prestigio de Antonio Garrigues.

En ese incómodo ranking, la Comunidad queda empatada con las Baleares, cuya Administración ha sufrido el devastador paso por ella de gentes como Jaume Matas y María Antonia Munar, con la evaporación de decenas de millones y la inculpación penal de la mitad de la clase política de las islas. Eso no quiere decir nada en sí mismo, aunque nos hubiese venido mejor habernos emparejado con Andalucía y Galicia, las más transparentes del listado.

El informe de Transparencia, además, no se refiere para nada a la corrupción. Ese índice lo establece sólo a nivel internacional, donde nuestro país queda en un discreto 30º lugar, muy lejos de Somalia, Myanmar y Afganistán, los más corruptos, pero también más alejado que en ocasiones anteriores de la cabeza, donde se hallan Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur.

De lo que sí habla el informe es de desinformación, algo por otra parte obvio en la Comunidad Valenciana desde que el pasado 26 de julio el Tribunal Constitucional falló que las Corts que preside Milagrosa Martínez habían vulnerado “los derechos fundamentales de los diputados” al no haber admitido 30 iniciativas con preguntas al Consell de las parlamentarias Mónica Oltra, Mireia Mollá y sus compañeros de Compromís.

Ésa es una práctica, por otra parte, que les parece lógica a muchos políticos. No hace mucho que el vicepresidente Gerardo Camps, al ser preguntado por los sobrecostes de la obra de Santiago Calatrava en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se negó a responder alegando que se trataba “asuntos confidenciales” y de “exclusivo uso interno”.

No nos extrañe luego que la buena imagen que tenía la Comunidad Valenciana fuera de ella haya descendido como el agua en la bajamar. Lo recordaba no hace mucho el director de El Mundo en Valencia, Rafael Navarro, y puede refrendarlo cualquiera de los empresarios que viaje con frecuencia a Madrid.

Pero el descrédito que producen ciertas actuaciones políticas —aunque ello no nos sirva de consuelo— no es exclusivo de la Comunidad Valenciana. Los gestores mejor valorados suelen ser, curiosamente, quienes resultan más críticos con su propio partido, como el peneuvista Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, la ciudad más transparente del ranking municipal en el que Castellón, con Alberto Fabra, queda en el puesto 44, Alicante, con Sonia Castedo, en el 78, y Valencia, con Rita Barberá, en el 100, sobre 110 clasificados.

Lo que suele suceder, y no me refiero a nadie en concreto, es que nuestros políticos olvidan que están a nuestro servicio y no al revés. Lo recordaba el catalán Albert Rivera en el último programa de TV Tinc una pregunta per vosté: “Ustedes son mis jefes, que me pagan el sueldo con sus impuestos —decía, refiriéndose a los ciudadanos—, y los políticos somos sus empleados”.

Por olvidar con frecuencia esta sencilla máxima, acaba por producirse una malsana opacidad que es el caldo de cultivo donde crecen y se multiplican los Correa, El Bigotes y otros especimenes de la corrupción.

Derechos humanos

La actuación de Marruecos en el Sahara ha despertado una inusitada y desbordante preocupación por los derechos humanos.

Me parece muy bien. Hasta gente muy selectiva en sus querencias, como los cineastas de izquierdas, se han mostrado decepcionados con el deliberado quietismo de Rodríguez Zapatero en este asunto: "El decir que la relación diplomática está por encima de la defensa de los derechos humanos debería avergonzar al presidente, a todo el Gobierno", ha dicho un indignado Javier Bardem.

Pero no debemos caer en el engaño: esta movilización y este despertar de conciencia resulta esporádico y concreto. Es lo mismo que la acogida temporal de familias españolas a menores saharauis para que se despiojen en verano y disfruten de las piscinas municipales. ¿Y por qué no se hace igual con los niños-soldado de Sierra Leona o los mutilados por las minas anti-persona en Camboya?

Resulta que los mismos a los que escandaliza la actitud de Mohamed VI luego les ríen las gracias a Fidel y Raúl Castro. Y quienes apoyaron el boicot a la Sudáfrica del apartheid protestan ahora por el tímido bloqueo al represor régimen cubano. ¿Por qué callan, además, ante el horror de la Corea de Kim Jon-il, la dictadura de Mugabe en Zimbabwe o la terrible situación de las mujeres en tantos y tantos países islámicos?

Es que, para algunos, los derechos humanos son estrictamente selectivos. Incluso, desde su cómodo parnaso izquierdista, olvidan lo más próximo: esos miles de parados vergonzosamente mendicantes a los que sólo atienden Caritas y otras organizaciones confesionales a las que ellos precisamente desdeñan.

Ferrari y otras fantasías

A lo mejor tiene razón la periodista especializada Izaskun García Azcárraga y un parque temático de Ferrari en Valencia podría resultar rentable. En una época en que muchas empresas pasan apuros o se ven obligadas a echar el cierre, tal hipótesis sería como una bendición.

Quizá por ello la patronal, o sea, Rafael Ferrando, le prestó en seguida su apoyo. Eso, claro, siempre y cuando lleguen inversores extranjeros, como apostilló en Las Corts Gerardo Camps. Porque aquí, ya se sabe, no queda un duro y si alguien lo tiene no es para semejantes fantasías.

El personal, por otra parte, ya está escarmentado de ver muchas promesas incumplidas. ¿Se acuerdan de cuando Joan Lerma iba a traernos Eurodisney y Euronews? Acabaron por irse a otra parte. ¿Y cuando Eduardo Zaplana auguró desde Seattle que la Boeing iba a instalarse entre nosotros? Nada de nada.

El último compromiso roto es el del parque castellonense de Mundo Ilusión, para monumental cabreo de un Carlos Fabra que ha vuelto a montarla por lo exiguo de los presupuestos para 2011. El fiasco de Mundo Ilusión se ha producido a pesar de que en los últimos años ya fueron unos cuantos millones los enterrados en un proyecto sin retorno.

Pero hablábamos de Ferrari. El parque previsto no es un simple museo como el de BMW en Munich, que es lo que corresponde, ya que se trata de una empresa alemana. No. Aquí, el equivalente sería un modesto museo de la Ford, por lo de la planta de Almussafes, ya que la única vinculación española con Ferrari la aportan Fernando Alonso y Emilio Botín, y eso mientras dure su relación con la marca italiana.

Además, se trata de un proyecto elefantiásico, como el realizado en Abu Dhabi, que ha costado el doble de lo invertido en Terra Mítica. Claro que a los Emiratos Árabes les sobra la pasta obtenida del petróleo. Ahí tenemos, si no, a su vecino Dubai, que ha inaugurado el rascacielos más alto del mundo con 192 plantas y acaba de crear los fastuosos cayos artificiales de Isla Palmera y World Island. ¿Acaso podemos compararnos con ellos?

Aquí llevamos enterrado demasiado dinero público como para no ser prudentes. Unas veces se ha hecho directamente, como en la siempre deficitaria Terra Mítica, y otras indirectamente, como en el fantasmagórico estadio del Nuevo Mestalla, herencia megalómana de Juan Soler.

Supongo que esa misma contención, obligada por las circunstancias, es la que le ha llevado esta vez a Rita Barberá —compañera de viaje, como siempre, de Francisco Camps— a rebajar las expectativas del proyecto. Recién escaldada por la marcha de la America´s Cup a San Francisco y con el balance de una sombría e inhóspita dársena degradándose día a día, no le ha parecido oportuno echar las campanas al vuelo.

Seguramente, a ella le pasa lo mismo que a los articulistas, en particular, y a los ciudadanos, en general. Lo digo porque el común denominador de la tinta y de las palabras gastadas estos días sobre el parque de Ferrari es el de la desconfianza. Tras tantas promesas vulneradas y tantas primeras piedras sin continuidad, los electores estamos profundamente decepcionados de unos políticos —todos— que no cumplen ni la mitad de lo que presumen.

Presupuestos y vacaciones

Tantas ganas tiene Francisco Camps en perder de vista al portavoz socialista, Ángel Luna, que acabó la última sesión de control parlamentario afirmando que “la fase lunar toca a su fin”.

Semejante declaración pone en evidencia tres cosas. La primera, que Luna ha cumplido con creces la advertencia que le espetó al presidente durante su primera intervención en el hemiciclo, hace tres años: “No he venido a hacerle placentera su estancia en la Cámara”. Y tanto. Lo que nos lleva a la segunda consecuencia: que la mitad de esta legislatura se ha desperdiciado en una serie de inútiles mandobles dialécticos sobre el caso Gürtel y otras presuntas corrupciones, en vez de intentar solucionar los problemas de los ciudadanos, colmando de hastío con ello no sólo a los electores sino a los propios diputados. Y llegamos a la tercera y más pintoresca conclusión: la de que ya no habrá más plenos ordinarios de Las Corts hasta dentro de tres meses. Casi nada.

Claro que ahora vamos a estar un mes metidos hasta el cuello en el debate sobre los presupuestos del Consell.

Bueno: lo de debate solo es una mera presunción retórica, ya que la mayoría absoluta de que dispone el Partido Popular predetermina el resultado de la votación. Por mucha habilidad dialéctica que lleguen a utilizar los distintos intervinientes, sus argumentos acaban por ofrecer la misma tibia emoción que un partido de fútbol en diferido. Así es que los presupuestos elaborados por el vicepresidente Gerardo Camps saldrán de Las Corts casi tan impolutos como entraron.

Existe otra razón añadida para el exiguo margen de cabildeo presupuestario. Y es que la mayor parte de los ingresos, así como la asignación de los gastos autonómicos, vienen determinados por los presupuestos nacionales que presentó al Congreso la ministra Elena Salgado. Para mayor inri, en plena crisis económica, con el crónico endeudamiento de nuestra Comunidad y dado que Madrid ignora sistemáticamente la existencia de un millón de valencianos a la hora de fijar las transferencias de dinero, nuestras cuentas resultan tan utópicas e improbables de cumplir como las que confecciona Rodríguez Zapatero con más voluntarismo que acierto.

Por ello, tanto el Consell como el partido de Jorge Alarte saben que la discusión presupuestaria en curso es un trámite de obligado cumplimiento pero nada esclarecedor para los contribuyentes. Por eso, también, la atención de nuestros diputados está puesta sobre todo en el próximo febrero, cuando se reanudará la actividad parlamentaria tras el largo y anhelado mes y medio de vacaciones de que disfrutan en Las Corts.

Reconocerán ustedes que todos estos datos acumulados ofrecen una imagen más que mejorable del poder legislativo autonómico. Con pesadumbre y con su habitual franqueza, bastante inusual en la clase política, por otra parte, lo admitía el otro día el socialista Ximo Puig: “El papel de Las Corts está bastante devaluado”.

En efecto. A tenor de todas las encuestas, la valoración que los ciudadanos hacen de ellas —y de todos nuestros políticos, en general— cada vez es más deprimente. Y los interesados lo saben. Pero, en vez de tratar de corregirlo con una mejor preparación intelectual, las biografías profesionales de nuestros diputados resultan tan escuálidas como la de la ministra Leire Pajín. Se entiende así que muchos de ellos, a falta de mejores alternativas laborales, se aferren a su cargo público, aunque lamentablemente no suelan dar la talla en sus escasas intervenciones parlamentarias.

Se acabó el bienestar

Europa occidental lleva más de medio siglo disfrutando de un espléndido y envidiable estado de bienestar, sin parangón en beneficios sociales con ningún otro período de la historia y con ningún otro país del mundo de hoy día.

Lo malo es que, por la evolución demográfica y por el envejecimiento de su población, esa plácida prosperidad vigente ha podido mantenerse durante los últimos años a costa del bienestar futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.

Si eso de por sí ya es grave, peor es lo que nos ha ocurrido a los últimos países llegados a ese estado de prosperidad económica y social —Grecia, España, Irlanda y Portugal—: que nos pusimos a gastar como locos para alcanzar a toda prisa el nivel de los demás y que hemos acabado hipotecados hasta las cachas. Ahora, claro, llega el llanto y crujir de dientes al no poder mantener ese tren de vida.

A la gente, el que nos quiten cosas a las que creíamos tener derecho y que pensábamos que nos salían gratis nos cabrea. Por ello resulta lógico que haya huelgas violentas en Grecia, manifestaciones contra Nicolas Sarkozy en Francia y ahora en Gran Bretaña contra los duros recortes que David Cameron calculadamente evitó mencionar en su programa electoral.

Pero el único método que existe para que nuestros hijos puedan conservar cierto nivel de vida es reducir drásticamente el nuestro. Y eso lo sabe hasta Mariano Rajoy, que cuando critica los tímidos ajustes de Rodríguez Zapatero lo que hace es un simple ejercicio de hipocresía.

Y es que, creámoslo o no, y aunque nadie lo desee, se acabó lo que se daba.

Luis García Berlanga: erotómano aficionado

El director de cine español Luis García Berlanga acaba de fallecer. Esta mínima semblanza, esta instantánea, fue publicada en el desaparecido periódico El Correo Catalán, de Barcelona, el ya lejano 16 de febrero de 1978, y se recopiló más tarde con otros 109 personajes célebres en el libro Personajes de toda la vida (2007).- ENRIQUE ARIAS VEGA.- Centro Francisco Tomás y Valiente.- UNED.- Alzira, Valencia.- 108 páginas.- 2007.- 9 euros

Es de tamaño natural. Con un anarquismo aristócrata y estetizante. Dicen. En su rizosa y blanca cabellera revolotean mil fantasías eróticas que buscan desesperadas el celuloide. “Soy un simple aficionado al género; no soy un erotómano practicante”, explica, con sonrisa de monaguillo travieso.

Quienes le rodean fabulan sobre sus fantasías perversas. “Sólo son leyendas —cabecea con modestia—, como eso de que soy hombre rico. Si acaso, lo que me gusta es no hacer nada... Bueno, una película cada tres años”.

Tiene una mirada limpia y clara que empequeñecen sus párpados cuando sonríe. Sus labios, carnosos y redondos, parecen amasados por la conversación de mil tertulias. “Con quien no he conseguido hablar nunca es con la muñeca hinchable de mi película. El guionista del filme, Rafael Azcona, opinaba que la relación con ella conllevaría el monólogo de su propietario. Le demostré fehacientemente que no”.

Lo suyo fue un silencio de tamaño natural.

Apellidos y arbitrariedad

Si a mí me diesen la oportunidad de cambiar de apellidos, tal como ahora se lleva, preferiría ponerme Botín, Rothschild, Gates u otro igual de prestigioso y de rentable.

Pero a lo mejor es que no he entendido bien la nueva ley y tampoco la cosa es para tanto. Hay un señor que se apellida Álvarez y con ese prosaico apelativo, ya ven, es el dueño de El Corte Inglés, una bagatela, como quien dice.

Lo cierto es que la posibilidad de optar entre los apellidos de uno u otro de los cónyuges ha creado un lío de órdago: por si no hubiese ya suficientes motivos de fricción entre las parejas, va el Gobierno y les ofrece gratuitamente otro más. La pera.

Yo, en esto, mírese por dónde, no creo en la igualdad. Es como en lo de los partos: por muy progre que sea el varón, la que siempre se lleva el marrón de nueve meses de embarazo es la mujer. Eso no ha logrado evitarlo ni la voluntariosa Bibiana Aído en sus dos años de esperpéntico ministerio.

Por eso abogo por hacer aquí como en Portugal, donde el apellido que se transmite es el de la madre. No sé si por un sentido práctico o por un natural escepticismo sobre la condición humana, nuestros vecinos aceptan que el único progenitor indiscutible es el femenino; el otro resulta presumible, pero dudoso mientras no se realice la prueba del ADN.

También entre nosotros muchos se pasan el apellido del padre por el forro y se hacen llamar Zapatero, en vez de Rodríguez, o Rubalcaba, en lugar de Pérez, sin necesidad de ley alguna que lo ampare.

Quizá debido a que uno es un clásico, o un inseguro, no lo sé, lo de variar los apellidos me pone nervioso. Ahora, por ejemplo, tras la posibilidad de vasquizarlos o galleguizarlos, hasta en mi misma familia existen hermanos que han acabado por apellidarse de distinta manera. Un lío, digo. Es como esa funesta manía anglosajona de que la mujer adquiera el apellido de su nuevo marido en los sucesivos matrimonios. Ocurrió con la gran tenista Chris Evert, que luego se llamó Chris Lloyd y que acabé perdiendo de vista cuando se casó con un tan Andy Mill.

Hace siglos todo era más sencillo. Como la gente que se apellidaba Madrid, Salamanca, Valencia,… porque en principio carecía de padres conocidos. Con el tiempo, las cosas evolucionaron y ahora hay Navarro que nunca ha estado en esa tierra o Gallego que jamás ha salido de Andalucía.

Por lo mismo, gracias a la fecundación in vitro y a otros inventos de la genética, de aplicar la nueva ley a pies juntillas muchos niños acabarían por apellidarse Probeta, Alquiler y otros nombres a cuál más estrafalario.

Hacia una nueva economía

Entiendo la preocupación de mi admirado Manuel Palma, presidente del sector de la automoción, por la estrepitosa caída de un 50% en la matriculación de vehículos en octubre. Pero a mí esa situación no me conturba demasiado porque creo que la industria del automóvil representa la vituperada vieja economía que el propio Rodríguez Zapatero prevé sustituir por otra más sostenible y eficiente, aunque el hombre, por desgracia, no sepa explicarnos en qué consistirá.

En cualquier caso, los coches son contaminantes, consumen un combustible escaso y de importación —el petróleo— en vez de energías renovables, fomentan el individualismo frente a un transporte público más solidario, suponen una sangría constante y costosa de vidas humanas y obligan a inversiones viarias siempre insuficientes. De ahí, entre otras cosas, deduzco que proviene el clamoroso éxito del servicio de bicis montado en Valencia por Rita Barberá.

Éste es sólo un ejemplo, menor si se quiere, de que las cosas tienen que cambiar muy mucho. Hace quince años, con Eduardo Zaplana —pero también antes, en cierto modo, con Joan Lerma—, se pensó que la valenciana iba a ser una sociedad de servicios, con un elefantiásico sector de la construcción y grandes eventos a gogó.

El invento no fue mal del todo mientras no se desinfló, pero la crisis económica vino a ratificar que el futuro va por otro camino. Es el que han seguido los países BRIC —Brasil, Rusia, India y China—, con un crecimiento del PIB al 10% anual. Su común denominador: la innovación industrial y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

En España, en general, y en la Comunidad Valenciana, en particular, los políticos han menospreciado la inversión a largo plazo en I+D+i frente a otras preocupaciones electorales más perentorias. Sólo Euskadi se ha dedicado a invertir en tecnología e innovación, sacando así varios cuerpos de ventaja en eficiencia y competitividad al resto de España. Curiosamente, ése es un mérito oculto del Gobierno de Juan José Ibarretxe, quien en público se dedicaba mientras tanto a perorar sobre su famoso plan soberanista. Resultado: que el País Vasco a fecha de hoy tiene sólo un 10% de paro frente al 23,4% de nuestra Comunidad.

Ahora —y más vale tarde que nunca— nuestros agentes sociales han llegado a un acuerdo en impulsar la alicaída industria valenciana —que ha perdido nueve puntos del PIB regional en sólo una década—, primando a la investigación, a los nuevos sectores y al trabajo más eficiente. Para solemnizar ese nuevo rumbo, Rafael Ferrando, de Cierval, y los sindicalistas Conrado Hernández y Francisco Molina rubricaron junto al vicepresidente Vicente Rambla la Estrategia de Política Industrial a la que la Generalitat destinará 1.100 millones hasta 2015 bajo la atenta vigilancia del presidente Francisco Camps.

Poco tiene que ver la tradicional rutina de nuestro envejecido tejido empresarial con los nuevos proyectos en telemedicina, nanotecnologías, biomateriales, domótica, personalización de productos… Ése es el camino que nos han señalado los países emergentes y a ellos no les ha ido nada mal. Si los dineros que ponga la Administración fomentan a su vez la inversión empresarial, la investigación y las exportaciones se habrán cumplido con creces sus objetivos.

Pero —y siempre hay un pero— el riesgo radica en que los presupuestos públicos se queden sin fondos para dotar a un plan tan urgente como tardío o en que, como teme Paco Molina, el ICO y las demás entidades de crédito continúen sin financiar debidamente a las pequeñas empresas. De ser así, tan buenas intenciones podrían quedar, una vez más, en agua de borrajas.

Cuando ya no crezca el paro...

No entiendo que el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, esté contento con el último crecimiento del paro. Su inefable argumento es que estamos llegando al límite de la destrucción de empleo.

Pues claro. Si con más de cuatro millones de parados —un 20% de la población activa— siguiese creciendo indefinidamente el desempleo, habría que declarar a España zona catastrófica y ponerla en cuarentena.

Lo peor de la crisis de este país, a diferencia del resto de Europa, es su secuela de gente sin trabajo ni posibilidades de obtenerlo. Si llegase la recuperación económica manteniendo a una quinta parte de nuestros conciudadanos fuera del mercado laboral, nos hallaríamos ante una tragedia humana inconmensurable.

Además, con semejante lastre, no estaríamos sólo ante una enorme injusticia sino abocados al estancamiento económico: menos crecimiento, por un lado, y más personas dependientes —jubilados y desempleados—, por otro. La catástrofe, aunque eso no parezca inmutar a nuestro ministro.

Mientras ese drama se incuba ante nuestros impertérritos ojos, disminuye la dotación presupuestaria en I+D+i —lo que permitiría mejorar la cualificación del mercado de trabajo—, ya que ese dinero se necesita para perpetuar las prestaciones al desempleo.

No resulta extraño, por consiguiente, que los mejores universitarios emigren a otros países y que nuestra población pierda preparación laboral. Hasta mi médico de cabecera, libanés, está pensando en regresar a su país porque “la situación económica de allí es cada día mejor”.

Ya ven: y Rodríguez Zapatero y su ministro sindicalista sin enterarse…

A vueltas con los símbolos

Haber pretendido —y logrado— a estas alturas que Las Corts aprueben, con carácter de urgencia, una proposición “sobre los símbolos y la identidad de la Comunidad Valenciana” parece una vuelta al pasado cuando no un obvio intento de distracción sobre otros asuntos más perentorios.

Lo cierto es que esto fue lo que hizo el pasado miércoles, no exento de solemnidad y de contundencia, el vicesecretario del PP, David Serra. La oportunidad la ofreció, una vez más, la torpeza de algunos políticos del Principado con su recurrente y tediosa alusión a los Països Catalans. Su consecuencia inmediata: un guiño del Partido Popular a los sectores valencianistas como diciéndoles que aquí el único que los defiende es él y que, en cambio, el Bloc de Enric Morera sólo representa un izquierdismo antañón y folklórico.

Todo esto sucede en el momento en que Mariano Rajoy está abogando por el adelgazamiento de las tres Administraciones del Estado —por ejemplo, y debido a dispendiosos gastos previos, diez comunidades autónomas necesitan ahora imperiosamente 30.000 millones con los que hacer frente a sus acreedores—. En este grave contexto, el que la gente de Francisco Camps exhuma cuestiones identitarias no debe ser, precisamente, lo que haga más feliz al líder nacional del PP.

Otro caso del mismo tenor, y que minimiza con eficacia la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, es el de una posible modificación estatutaria mediante la famosa cláusula Camps. Con ese asunto se amaga en ocasiones aunque sus protagonistas saben bien que no va en serio. Sin embargo, algunos consellers, como Serafín Castellano, lo defienden a capa y espada: “Tenemos que blindar la financiación en proporción a nuestro número de habitantes”. ¿Pero no ha recurrido el PP ese tipo de disposiciones en otros estatutos precisamente por ser inconstitucionales? “Sí, pero aunque lo sean, si Cataluña y Andalucía tienen artículos similares, nosotros no podemos ser menos”. Pues qué bien.

En esa carrera hacia ninguna parte todo el mundo participa. Otro ejemplo: el de la expo de Shanghai recién clausurada. Bien está el que el Gobierno español se haya gastado una pasta y que el ninot de Isabel Coixet haya constituido un reclamo excelente de nuestro país, nuestra tecnología y nuestras empresas. Pero, ¿por qué han viajado hasta allí de gorra, a cuenta de nuestros impuestos, casi todos los presidentes autonómicos, centenares de cargos públicos, asesores, concejales, periodistas y paniaguados varios?

Se supone que muchos de ellos han ido a vender la imagen de su respectiva comunidad, coadyuvando así a un lío de símbolos que, en vez de reforzar la marca comercial de España, contribuyen al guirigay creado por embajadas autonómicas y entes exportadores regionales que acaban por contradecirse unos a otros.

Por eso, el discutir a estas alturas sobre señas identitarias parece más una pérdida de tiempo que un avance esclarecedor. Algo de eso le pasó a Jorge Alarte en el congreso en el que salió elegido y donde, a su pesar, su partido siguió ufanándose de ser del País Valencià. En vez de hacer de ello un casus belli, el secretario del PSPV-PSOE se limita desde entonces a mencionar el término de Comunidad Valenciana siempre que puede. Así, muerto el perro, se acabó la rabia.

La deuda de la Generalitat

Vender edificios públicos para obtener dinero, como pretende la Generalitat, no es algo políticamente reprochable. Más duro es subir impuestos y lo ha hecho el Gobierno de Rodríguez Zapatero sin pestañear. Además, hay una larga tradición de la Administración central al respecto y que alcanzó su cenit con la venta de cuarteles cuando Federico Trillo era ministro de Defensa. La otra posibilidad que propone Jorge Alarte, de reducir a la mitad los entes públicos, resulta necesaria, sí, pero insuficiente, porque no existen empresas autonómicas que encuentren a alguien dispuesto a cargar con ellas.

Lo malo, pues, no es la idea, sino el momento de llevarla a cabo, en pleno desplome inmobiliario. Dado que todavía siguen ahí, sin haberse podido colocar, los terrenos de Mestalla con los que se comprometió Juan Bautista Soler, poco dinero se va a sacar de los solares e inmuebles de la Generalitat. La operación debería haberse realizado hace tres años, en vísperas de la crisis inmobiliaria, cuando Emilio Botín vendió espléndidamente su ciudad financiera de Boadilla del Monte para instalarse en oficinas de alquiler.

Ahora no habrá otra que continuar endeudándose para poder pagar así los gastos corrientes y también para devolver las deudas anteriores ya vencidas.

Si vender patrimonio es insuficiente, pedir crédito resulta más caro. Las agencias de rating cada día nos califican un peldaño por debajo del anterior y sólo Cataluña tiene peor consideración financiera que nosotros. Si no es con el aval del Estado, no hay manera de acceder al crédito exterior, ya que nuestra deuda alcanza el 16% del PIB y es la segunda más alta de todas las comunidades autónomas.

No es que el déficit público de las autonomías —previsión de un 2,4% del PIB en 2010 frente al 9,3% de España— sea escandaloso, pero sí “falto de transparencia” y “difícilmente controlable”, como dice el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez. Para que el déficit español baje al 6% en 2011, como exige la UE, el de las autonomías debería descender al 1,3%. ¿Es esto posible con el creciente ritmo de endeudamiento?

Lo cierto es que para obtener el dinero que necesita la depauperada Cataluña de Montilla ha acudido a colocar bonos patrióticos entre los ciudadanos al 4,75%, lo que rompe el techo del mercado, y pagando a los intermediarios financieros otro 3%, con lo que el invento le sale más caro que cualquier otra emisión.

En esa estela va el Consell de Paco Camps, según anunció el vicepresidente Gerardo Camps. Ya ha apelado a las cuatro cajas de la Comunidad —Bancaixa, CAM, Ontinyent y Ruralcaja— para que asuman una deuda de mil millones que, con los 1.400 ya colocados este año, aún están dentro del margen de 4.500 que le autorizó el Gobierno.

Lo que sucede es que con ese dinero se taparán algunos agujeros —como hacen las familias en su economía doméstica—, se pagarán créditos ya vencidos y poco más. Y es que nuestra Administración, por la crisis, por la injusta financiación que recibe del Gobierno respecto a nuestra población y por el reintegro de lo ingresado a cuenta en 2008 continúa siendo un moroso empedernido, con retrasos de hasta 15 meses en algunos pagos.

Se acabó, pues, el vivir por encima de nuestras posibilidades, con grandes fastos e incontrolados dispendios. Eso sucede aquí y también en la Francia de Sarkozy. “No queremos vivir peor que nuestros padres”, ponía la pancarta de una joven manifestante en París. Pues lo siento por ella y por nuestros hijos ya que, por culpa de nuestros pasados derroches ese triste panorama resulta inevitable.

Un aeropuerto en cada esquina

A todos nos gustaría, claro, tener autopistas a tiro de piedra de nuestro domicilio, una estación del AVE a poder ser a la vuelta de la esquina y un aeropuerto a cinco minutos de casa.


Si, además de todo ello, nos tocase la loto, ya sería la repera.


Pero las cosas no suelen ser así. Ni pueden ser así. Si no lo fueron en la alocada e irrecuperable época de vacas gordas que acabamos de vivir, menos lo serán en ese futuro más que imperfecto que nos aguarda.


Digo todo esto a raíz del recurrente rifirrafe político en Las Cortes de Castilla y León sobre las inversiones en los cuatro aeropuertos de esa Comunidad y la sempiterna postergación de Matacán respecto a los otros centros regionales. ¿Pero qué nos habíamos creído? Si no se cumplieron en su día los proyectos del Plan Oeste para Salamanca, si las infraestructuras aeroportuarias previstas se pospusieron o se llevaron a otra parte, ¿a qué viene quejarse ahora de ello?


En España hemos vivido, en general, como ricos si haber llegado a serlo. Ahora, no sólo no lo somos sino que además tenemos que pagar las deudas contraídas. Por eso, mal que nos pese, no podemos ser ese país que tenga más autopistas, más aeropuertos y más líneas de AVE que nadie, todo al mismo tiempo.


Pero, erre que erre, en una suicida política de campanario, cada pueblo pretende ganarle la partida a su vecino. Resulta que 39 de los 48 aeropuertos españoles —han leído bien: prácticamente tantos como provincias— han tenido pérdidas el año pasado, con un déficit global de 300 millones. Pues ya ven: siendo deficitario el de Valencia, Castellón pronto va a tener otro en el que la Generalitat ha enterrado 200 millones que aún debe, mientras retrasa pagos a proveedores, se endeuda más que nadie y saca a la venta las sedes de las propias consejerías.


Un dislate, sí, como el de Ciudad Real, cuyo fantasmagórico aeropuerto con capacidad para 2,5 millones de pasajeros y pistas para que pueda aterrizar el gigantesco Airbus A380, sólo tiene tres vuelos semanales de Ryanair, subvencionada por la Junta de Castilla-La Mancha. Y eso, después de llevar a la quiebra a la caja de ahorros regional con un agujero de 500 millones.

De la Riva, Sinde y otras hipocresías

León de la Riva, el displicente alcalde de Valladolid, sólo es uno de esos chuletas “tabernarios” —en palabras de Pérez Rubalcaba— que tanto abundan en este país. Ni más ni menos.

En cambio, Fidel y Raúl Castro, por poner un ejemplo bien sencillo, llevan sojuzgando a su país 60 años, lo que es mucho peor. Pero seguro que a ellos no les negaría el saludo la ministra González Sinde, como sí ha sucedido con el zafio alcalde pucelano.

De hecho, por nuestro país han pasado dictadores sanguinarios, como el guineano Teodoro Obiang, por poner otro ejemplo, que sí han sido recibidos con todos los honores por nuestro obsequioso Gobierno.

Y no les cuento cuando primeras damas occidentales, como Carla Bruni, o mismamente la princesa Letizia —sin necesidad de descender más peldaños en el recuerdo— han visitado países islámicos. En un momento u otro, todas han tenido que cubrir su cabeza con un velo para no desairar así a los misóginos intérpretes del Corán. Ante ese hecho, ni a ellas, ni a las miembras de nuestro Gobierno, que diría Bibiana Aído, se les ha ocurrido rasgarse las vestiduras, nunca mejor dicho.

Lo de González Sinde y compañía, convirtiendo en paradigma de indignidad la solemne metedura de pata de León de la Riva mientras que se humillan sin rechistar ante los déspotas de medio mundo, tiene un nombre: el de hipocresía; y un adjetivo: el de oportunista. Si no, con el mismo empeño habrían denunciado mucho antes los innumerables casos de machismo en otros partidos y en el suyo propio.

Pero los partidos políticos no están para eso, sino para meter el dedo en el ojo ajeno y regodearse con ello.

De Rafael Blasco a Rubalcaba

Cuando vienen mal dadas, los políticos, como cualquier hijo de vecino, echan mano del chamán, del demiurgo, del salvador, en suma, que demonice a sus enemigos y, en cambio, los preserve a ellos de todo mal. Lo acaba de hacer ahora Rodríguez Zapatero con Pérez Rubalcaba, el político español más hábil de las dos últimas generaciones, quien se ha estrenado como portavoz siendo capaz de poner en la diana a una amodorrada oposición en vez de al maltrecho Gobierno del PSOE.

Antes que él, ese recurso ya lo utilizó Francisco Camps, cuando arreció el caso Gürtel, nombrando portavoz en Las Corts al incombustible Rafael Blasco, el equivalente en talento político y en habilidad a escala valenciana al polifacético Rubalcaba.

Desde que nuestro conseller de Solidaritat i Ciutadania se hizo cargo de la sindicatura parlamentaria del PP, cada ataque a Camps de Ángel Luna lo ha convertido en un boomerang, obligando al portavoz del PSPV a demostrar su honorabilidad en sus pasados negocios con el constructor alicantino Enrique Ortiz y a defenderse judicialmente por haber exhibido en público documentos sometidos a secreto de sumario.

No es de extrañar, entonces, que Pérez Rubalcaba sea la bicha para un PP que empieza a exhumar dudosas actuaciones policiales bajo su mando y hasta su pasado como portavoz de Felipe González cuando el asunto de los GAL. Lo mismo, cambiando de bando, le sucede a Rafa Blasco, contra quien los socialistas valencianos lanzan todo tipo de municiones con tal de desprestigiarle.

En esas vidas paralelas, como aquéllas que describió el griego Plutarco, ambos protagonistas asumen encantados su papel de pararrayos protector de sus respectivos líderes políticos, que es de lo que se trata.

Pero en su afán de desviar la atención pública sobre el desastre de su gestión económica, Zapatero ha ido más allá. No sólo no ha rejuvenecido el Gobierno —incluyendo en él a gloriosos sesentones como Ramón Jáuregui— sino que se ha pasado por el forro la norma no escrita sobre cuotas territoriales —que enseguida le han reprochado los nacionalistas catalanes— y, sobre todo, ha mandado deliberadamente a hacer gárgaras su prédica sobre la paridad política, quedando su Gabinete con dos ministras menos: una de ellas la propia Bibiana Aído, adalid de la igualdad de género. Pero, ¿qué mejor para él que se discuta sobre esto que no sobre el paro, la reforma laboral y las pensiones?

A nuestro nivel doméstico, algo de esto podría hacer Paco Camps: no sólo saltarse el equívoco equilibrio territorial de consellerias, que obliga a veces a prescindir de los mejores, sino acabar con la absurda manía de la paridad: y que nadie me acuse de ser como León de la Riva, porque allá donde he podido elegir mi sucesor laboral éste siempre ha sido una mujer.

Me refiero a la necesaria reforma del Consell —habrá que esperar ya a las próximas elecciones— en la que, salvando la innegable capacidad de la portavoz Paula Sánchez de León, hay quinielas por saber qué tres conselleras sobrarían entre Trinidad Miró, Maritina Hernández, Angelica Such y Belén Juste.

Seguro que se trata de una maldad y, además, interesada. Pero es que en la política actual, además de maldades e intereses, ya me dirán qué otras cosas quedan.

¿Para qué sirve Canal Nou?

Un amigo, con malévola mordacidad, me dice que “Francisco Camps debería estar en la plantilla de Canal Nou, pues aparece en pantalla más que cualquier presentador de la tele autonómica”.

Ignoro si eso es cierto, pues no dispongo de ningún minutaje que lo corrobore. Menos aún puedo establecer comparación alguna con TV-3, Euskal Telebista o TVG, pero supongo que tanto Montilla como Patxi López o Núñez Feijóo también disfrutan de un buen rato de exposición mediática. Y eso, claro, con el dinero de los contribuyentes, porque todas las televisiones públicas de este país son generosamente deficitarias.

La única autonomía importante que no tiene un canal público en sentido estricto es Castilla y León. Allí, su presidente acordó con los dos mayores empresarios regionales de la comunicación, Méndez Pozo y José Luis Ulíbarri —ninguno de ellos unos angelitos, a tenor de sus respectivas biografías— que uniesen sus emisoras privadas en un único canal autonómico, con un contrato programa con la Junta. La televisión resultante no deja, por eso, de resultar oficiosa, pero al menos les sale más barata a los ciudadanos y ofrece una mayor imparcialidad frente al poder político.

La verdad es que no se entiende la proliferación de canales públicos en este país, como no sea para la exaltación del partido gobernante de turno. La ley que los implantó en 1983 exigía de ellos “respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico” de cada Comunidad, todo lo cual se viene conculcando de forma sistemática. Si, además, las televisiones autonómicas nacieron para proteger las lenguas vernáculas, ¿a qué viene que existan también en Canarias, Extremadura o Murcia? Y, en el caso de Canal Nou, ¿cómo se compadece la defensa del valenciano con debates políticos realizados por periodistas venidos ex profeso desde Madrid a gastos pagados?

Lo cierto es que no sólo nuestra TV autonómica, sino todas, cuestan al erario un pastón anual superior a la congelación de las pensiones, por ejemplo. ¿Pero a alguien se le ocurre su posible privatización? Ni de coña. Los recurrentes amagos en ese sentido de Esperanza Aguirre o Ruiz-Gallardón no son más que cortinas de humo. Lo mismo sucedió en su día cuando Eduardo Zaplana prometió adjudicar a terceros los servicios informativos: todo quedó en agua de borrajas.

He estado recientemente en Frankfurt con otros compañeros de la Fundación Coso, visitando la televisión pública ZDF. Y ya ven: en el país de Europa con el mayor sector público audiovisual, no existe ni por asomo algo tan deficitario como nuestros canales autonómicos; tres horas de desconexión diaria valen para que los ciudadanos de cada länder se sientan informados de sobra sobre lo que pasa en su región. Y eso que Alemania es un Estado federal que muchos de nuestros nacionalistas proponen como panacea.

Aquí, en Canal Nou, no es sólo que el caso Gürtel haya tenido menos tratamiento informativo que algunas jornadas gastronómicas, o que se hayan cortado emisiones en directo por la aparición de pancartas hostiles al Consell. Lo peor es que su deuda alcanza ya los 1.100 millones, que a cada valenciano las televisiones públicas nos cuestan 220 euros al año, que RTVV tarda en pagar a sus proveedores más de 15 meses y que las pérdidas del último ejercicio fueron de 278 millones.

¡Qué lástima, para acabar por hoy, que teniendo tan magníficos profesionales —de lo mejorcito que hay en la Comunidad—, por tantas cuestiones ajenas a ellos estén tan desaprovechados! De eso, y de otras cosas, habrá que seguir hablando más adelante.

¡Quién fuera Zapatero!

Reconozco mi estupefacta admiración por nuestro presidente de Gobierno.

Y no lo digo porque el tipo sea un ganador nato, ya que Rodríguez Zapatero no ha perdido hasta ahora ninguna elección interna ni externa, a diferencia de sus muy distintos predecesores, Felipe González y José María Aznar. Se impuso en el PSOE, contra pronóstico, a José Bono, y en unas generales, contra las encuestas, a Mariano Rajoy. Y dejará la política, pienso, sin haber sido derrotado, ya que ante esa eventualidad alguien con su ego tan a flor de piel preferiría retirarse antes que perder.

Mi admiración por Zapatero se debe a su impavidez ante la realidad. A otros, en su lugar, la adversidad nos pasaría factura. A él, por lo que se ve, le sucede justo lo contrario: si aquélla le es adversa, simplemente, la cambia. ¿Quién se habrá creído que es la realidad para llevarle la contraria?

Por eso, y no por otra cosa, estuvo negando la crisis económica hasta que nos llegó a todos a la cintura. Ahora, en cambio, arguye que nos encontramos ante “la crisis más grave en 60 años” para así hacer justo lo contrario de lo que prometió hasta misma la víspera. Ese aplomo, cuando no desenvuelta osadía, sólo está al alcance de los iluminados, los imperturbables o los cínicos.

¿Se imaginan lo bien que nos iría a todos en la vida con semejante desparpajo? Su mudanza de criterio, falta de principios y oportunismo a todo trance le permiten sortear escollos, rehacer alianzas, traicionar acuerdos y superar su propio descrédito personal. A él le da igual que el país se derrumbe porque, con eso y todo, él sigue ahí.

¡No me digan, pues, que el tipo no resulta envidiable!

La "guerra" de la corrupción

Parto de que todos los políticos son honorables mientras no se pruebe lo contrario.

Claro que ellos son los primeros en hacer cosas tan raras que nos llevan al desconcierto. Por ejemplo: ¿desde cuándo se le da un homenaje a un político al volver a su trabajo tras una intervención quirúrgica? Pues eso, que ha sucedido este sábado en Castellón con Carlos Fabra, no se habría producido de no estar el dirigente provincial del PP imputado en varias causas judiciales.

Semejante práctica es igual que la manía de acompañar al juzgado a nuestros líderes para arroparles ante la justicia. Eso, que no le ocurre a ningún ciudadano del común, es lo que antaño se les criticaba a Ibarretxe y a otros dirigentes nacionalistas vascos. Pues bien, hace año y medio al presidente Francisco Camps le sucedió lo propio cuando fue a declarar ante el magistrado José Flors, instructor del caso Gürtel, y resulta que los críticos de antes ese día aplaudieron.

Por si no bastase con este tipo de exhibiciones, Partido Popular y PSOE han entrado ahora en una guerra de imputaciones, dossiers y descalificaciones cuyo común denominador nada edificante es el de “tan corrupto eres tú como yo”.

Veamos. Ante el contumaz y sistemático ataque de Ángel Luna a la honorabilidad de Camps, un día sí y otro también, el PP ha exhumado favores recibidos hace once años por el hoy portavoz parlamentario socialista cuando trabajaba para Enrique Ortiz, constructor imputado por el caso Brugal.

Al margen de la veracidad de las acusaciones y de lo dudoso y hasta antiestético de la acción de Luna, lo cierto es que lo sucedido pertenece a la esfera privada de su actividad mercantil, que no política, y que nadie le ha imputado hasta el presente delito alguno.

No importa. En el subsiguiente movimiento de ficha, le toca recibir los palos socialistas al conseller Rafael Blasco por la presunta desviación de fondos públicos de su destino original. ¡Ah!, pero entonces es Alicia de Miguel la que se revuelve de nuevo contra Luna por haber mostrado en sede parlamentaria documentos del caso Gürtel sometidos a secreto de sumario.

Me temo, sin embargo, que ese secreto obliga a los partícipes en el proceso penal y no a terceros. En mi modesta experiencia profesional, siendo director de El Periódico de Cataluña publicamos en 1986 el sumario del caso Banca Catalana, para insigne cabreo del principal imputado, Jordi Pujol. Pero ni a mí ni a Mercé Conesa, brillante autora de la exclusiva, nadie nos acusó de nada.

Se equivocan, pues, de medio a medio los políticos si creen que echándose barro unos a otros va a salir ganando alguno de ellos cuando en realidad pierden todos. Con actitudes como éstas, son ellos mismos quienes extienden la sombra de corrupción, probablemente injusta, que daña a nuestra democracia y que nos ha llevado a considerar a la clase política como el tercer problema más grave de este país.

De ser cierto la mitad lo que se reprochan unos a otros, que no se sorprendan luego de que la ciudadanía acabe por darles la espalda y que, en consecuencia, el partido más votado sea el de la abstención.

Los planes de Jorge Alarte

Dice el refrán que quien no se consuela es porque no quiere. Algo de eso le sucede al líder socialista, Jorge Alarte, ante las encuestas que pronostican una severa derrota del PSPV-PSOE en las próximas elecciones autonómicas. Su lenitivo es que sólo un uno por ciento más de valencianos (40%) prefiere como presidente de la Generalitat a Francisco Camps que a él (39%).

Magro consuelo para alguien quien, a sus 37 años —los cumple el próximo martes, día 19—, aún no ha perdido ninguna elección, ni a la alcaldía de Alaquàs ni a la secretaría general de su partido.

Por esa adversidad constante de los sondeos, por su falta de presencia en Les Corts —Joan Ignasi Pla no le incluyó deliberadamente en las listas de diputados autonómicos en 2007— y por resultar aún un perfecto desconocido —sólo sabe quién es el 22% de los electores—, tuvo muy claro desde su elección como secretario general del PSPV-PSOE hace dos años que su horizonte eran las elecciones autonómicas de 2015.

Y es que la política —que se lo pregunten a Mariano Rajoy— es un proceso lento y sostenido, cuyos frutos se obtienen a medio plazo.

En este caminar concienzudo, sosegado y perseverante —durante el que aprovechó para poner orden en su díscolo partido, que falta hacía— se cruzó de improviso en su camino el caso Gürtel, que salpicó al PP con su presidente al frente, y le hizo precipitarse en su estrategia. Craso error: todas las diatribas que desde entonces, semana tras semana, lanza el portavoz socialista, Ángel Luna, desde la tribuna de Les Corts rebotan en una opinión pública anestesiada ante los escándalos.

Si elegir este monotema de oposición es un fallo atribuible al líder del PSPV, peor ha sido la zancadilla ajena, la causada por el derrumbe de la credibilidad de Rodríguez Zapatero quien, al decir de alguno de sus próximos, “últimamente, cada vez que abre la boca mete la pata”.

Por eso, cuando el pasado mes de mayo Jorge Alarte se las prometía muy felices —el día 11 presentó un ambicioso plan para regenerar la economía valenciana y el día 12 el Tribunal Supremo mandó reabrir el caso de los trajes de Camps—, resulta que el día 13 Zapatero presentó una brutal panoplia de recortes a funcionarios, pensionistas e inversiones públicas. La debacle.

A partir de entonces, lo mejor que se les ocurre a muchos barones socialistas, con el manchego José María Barreda al frente, es distanciarse lo más posible del desprestigiado ZP.

En eso está, más por convicción que por conveniencia, Jorge Alarte, con un programa valencianista propio, reivindicativo ante el Gobierno central en temas de financiación, trasvase Tajo-Segura, Estatuto castellano-manchego,… que, al margen de su mayor o menor bondad, encuentra amplias dificultades de divulgación dada la sistemática hostilidad, cuando no el ominoso silenciamiento, de algunos medios de comunicación, con Canal Nou a la cabeza. Si eso se producía ya de manera sistemática en tiempos de Pedro García, con su sucesor, López Jaraba, esa política ha alcanzado niveles de virtuosismo.

Dados los deméritos propios y las trabas ajenas, incluido el aludido descrédito de Zapatero, parece descartada una victoria del PSPV el próximo mayo. Algo parecido le ocurrirá probablemente al PSOE en la mayoría de comunidades autónomas. Si los resultados del PSPV son peores que la media del socialismo en el resto de España, adiós al proyecto Alarte. Si, en cambio, quedasen por encima —contando, además, con los temas judiciales aún pendientes—, el asalto de Jorge Alarte al Palau de la Generalitat en 2015 no sería ninguna quimera.

Padres e hijos, a tortas

No me refiero a las tortas físicas, que también se suelen dar. Hablo de los culebrones económicos por el poder empresarial en muchas familias con pasta. El más reciente, el despido del peluquero Lluís Llongueras de la empresa que él fundó, efectuado por su hija Esther.

Pero hay muchísimos más. Los más sonoros entre los últimos son la lucha de David Álvarez, creador de la firma Eulen, para evitar el expolio empresarial por parte de sus rebeldes vástagos y la de María Teresa Rodríguez, viuda de José Manuel Gullón, por conservar la compañía que pretenden arrebatarle sus propios hijos.

Como se ve, no son historias ejemplares, al contrario que en el mundo de la política, donde no sólo los Kennedy se pasan el poder de unos a otros. Aquí, líos como la destitución del concejal Julio García-Luengo por parte del alcalde, o sea, de su retoño, son la excepción y no la regla. Lo habitual es que las sagas familiares traspasen todas las épocas y regímenes políticos, como la del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cuyo cargo han ocupado con anterioridad todos sus ancestros y cuya hija Andrea está ya de diputada en Madrid. Hay familias, incluso, como los Sotelo, que en un alarde de prudencia política han tenido miembros en todos los partidos del espectro ideológico. Por si acaso.

Pero hablaba del mundo empresarial, donde se materializa el drama español del individualismo. Cuando realicé mi tesis sobre la industrial textil, comprobé que los descendientes de los emprendedores fabriles trocearon su herencia.

Así no hay manera de mantener la productividad ni la eficiencia ni se puede competir con las grandes multinacionales.

El impresentable Willy Toledo

Como ustedes saben, Willy (Guillermo) Toledo es actor, y no malo, precisamente. En los interludios, en vez de jugar a la petanca o al Monopoly, como otros, se dedica al activismo político. La última vez éste le ha llevado al Sahara, con 16 compatriotas más, para armársela al régimen marroquí ocupante de aquel territorio. Al parecer, y según su testimonio, la policía de Mohamed VI les ha zurrado la badana aunque, por suerte, sin dejarles tirados en ninguna lóbrega mazmorra. ¡Qué menos les podía pasar sabiendo cómo se las monta el sultán!

Lo bueno del caso, es que el actor de marras a quien echa la culpa es al Gobierno español, por no haber enviado un par de F-16 a buscarles. ¡La leche!

Resulta que mientras el Estado ahorra hasta en las pensiones de los pobres jubilados y reduce el sueldo a los funcionarios habría tenido que gastarse un pastón a cuenta del turismo revolucionario del señor Toledo y sus cuates. Y eso que ellos van de progres, presumiendo de igualitarismo y demás gárgaras. Claro que, acostumbrados a vivir de las subvenciones públicas, principal fuente de ingresos del mundo de la farándula de este país, volar en un carísimo caza supersónico debe parecerles una bagatela.

Hemos perdido los papeles. No sólo porque hay que rescatar con nuestros impuestos a temerarios escaladores del Anapurna o a turistas perdidos en el desierto, sino porque el Gobierno suele pagar cuantiosos rescates a piratas somalíes o a quienes secuestran a imprudentes cooperantes que acaban por confraternizar con sus captores. O sea, que el Estado nos lo solucione todo, hasta lo causado por nuestra osadía, insensatez o descuido.

Lo bueno del caso es que el señor Toledo protagonizó hace poco una cerrada defensa del régimen de Cuba, justificando que la dictadura castrista dejase morir en su huelga de hambre al disidente Orlando Zapata, “delincuente”, según nuestro actor.

Me gustaría que Willy Toledo fuese coherente consigo mismo y sus presuntas causas solidarias yendo a la isla caribeña para visitar a los presos políticos de aquel régimen y montase un show público exigiendo la libertad de todos los detenidos por delitos de opinión. Tras la reacción policial consiguiente, seguro que echaría de menos la actitud de las autoridades marroquíes. Además, no podría pedir la llegada de F-16 para llevarlo de vuelta a casa porque de las cárceles cubanas no se sale así como así.

Claro que eso jamás se le ocurriría hacerlo a nuestro actor porque, además de sectario, que lo es, y mucho, lo que no parece es que sea idiota.

Paga el paro, no la corrupción

Este Nou d’Octubre se ha visto un Francisco Camps más relajado que hace un año y hasta exultante en ocasiones. Acudió al acto institucional y al copetín posterior magníficamente arropado por sendos sondeos de opinión que le otorgan una mayoría absoluta más abrumadora que en las pasadas elecciones.

¿Qué más se puede pedir? ¿Qué importa, entonces, que por aquí no hayan aparecido para darle calor Esteban González Pons ni Federico Trillo, dirigentes nacionales de las listas valencianas? Para remate, la cuidada lista de invitados de la sociedad civil le proporcionaba un entorno cómodo y amable, donde pudo departir uno a uno con casi todos los asistentes.

En ese escenario, los políticos socialistas —Jorge Alarte, Ximo Puig, Joan Calabuig, Toni Such,…— se agrupaban casi a la defensiva en un fondo del patio de la Generalitat. “¿Qué es esto?, ¿el tendido de sombra?”, preguntó con ingenuidad el periodista al corrillo. “Quienes acabarán a la sombra son los del otro lado”, contestó rápidamente y con malévola ironía uno de los interpelados, aludiendo, obviamente, al caso Gürtel.

Ni por ésas. Los ciudadanos están ya tan anestesiados con la repetitiva cantinela sobre la presunta corrupción que pasan de ella mientras que, en cambio, les preocupa muy mucho su economía familiar y el futuro laboral, tanto personal como colectivo.

Por eso, y pese a que Camps habló de “renunciar a nuestras diferencias” en su discurso institucional del sábado, no son éstos tiempos proclives al pacto. No ayuda a ello el derrumbe estrepitoso del PSOE en las encuestas —ayer mismo, dos de ellas le daban al PP una ventaja demoscópica entre 13 y 14 puntos— y el creciente descrédito de Rodríguez Zapatero, quien ha pasado en sólo un año de ser el político español mejor valorado a hundirse en el fondo de la tabla clasificatoria.

Así, insisto, ¿para qué pactar? Se acabó la época en que Eduardo Zaplana y Joan Ignasi Pla acordaban a dúo la Acadèmia Valenciana de la Llengua y aquella otra en que los citados Camps y Pla presentaban al alimón un Estatuto de Autonomía perfectamente consensuado.

Ahora ya no hay actitudes transversales ni integradoras. Hoy día todo son descalificaciones y querellas. Y no sólo por aquellos casos que ya se ventilan en los tribunales —Carlos Fabra, José Joaquín Ripoll,…—, sino por las arremetidas contra personajes colaterales como Ángel Luna y Rafael Blasco, portavoces parlamentarios respectivos del PSPV-PSOE y del PP.

En este ambiente, mañana puede pasar cualquier cosa a la llegada a Valencia de José Blanco en el viaje de prueba del AVE. En la última semana, el ministro de Fomento lleva ya dos broncas con políticos del PP: el miércoles, en Valladolid, se las tuvo con el alcalde, León de la Riva, durante la inauguración de un túnel, y el viernes aprovechó la puesta en marcha de dos tramos de la A-8 para reprender públicamente a un consejero de la Xunta de Galicia.

¿Qué nos deparará mañana el estado de nervios de Blanco? ¡Quien lo sabe! Lo único evidente es que, pese a los esfuerzos del PSOE por obtener réditos electorales de las fechorías de Francisco Correa, lo que sí pasa factura política es el paro y no la corrupción.

Un nuevo Estatuto, ¿para qué?

Para nada, podríamos decir, y con esto dar por acabado el artículo.


Todo arranca del pasado verano, en que el conseller Serafín Castellano habló de poner en funcionamiento la famosa cláusula Camps recogida en el viejo Estatut ¡de 2006! Sí, la misma que dice que “cualquier modificación que implique una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunidad Valenciana”.


La pretensión venía a cuento al decir Rodríguez Zapatero que él trataría de sortear la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. El conseller de Gobernació manifestó entonces que "todo lo declarado en ese fallo será constitucional para todos los españoles y por tanto también para la Comunitat”.


Ahora es el vicepresidente Gerardo Camps quien vuelve a la carga y precisa el contenido de la reforma estatutaria: garantizar que la inversión del Estado sea equivalente al peso demográfico de la Comunidad dentro de España. O sea: lo mismo que ha venido impugnando el Partido Popular con el argumento de que ese tipo de barreras atentan a la equidad y solidaridad entre españoles.


“No creo que Camps haya planteado en serio este asunto —arguye el portavoz parlamentario del PSPV, Ángel Luna— porque, si no, Francisco Camps lo habría sacado el día anterior, en que tuvo lugar el debate sobre política general, donde se presentan estas cosas”. También lo entiende así algún miembro de la dirección nacional del PP, para quien “ese tema, que desconozco en absoluto, no ha trascendido más allá del límite de Valencia, ¡como para haberle llegado a Mariano Rajoy”!


El proyecto de un nuevo Estatut, si hubiese llegado a la calle Génova, probablemente habría incomodado a la dirección del partido, plácidamente dedicada a hacer de Don Tancredo, viendo cómo el presidente del Gobierno se despeña él sólo, para pánico del castellano-manchego José María Barreda y de otros barones del PSOE.


El único político valenciano en Madrid que se ha pronunciado ha sido el vicepresidente del Congreso Ignacio Gil Lázaro, del PP, pero sólo para escudarse en que no sabe “cuántas reformas estatutarias hay por delante”, con lo que se induce que no queda suficiente tiempo en esta legislatura para una nueva reforma valenciana cuando aún quedan otras en espera.


Y es que el proceso de reforma estatutario tiene un protocolo tan rígido que, por las prisas en querer ser los primeros, obligó a Francisco Camps y a Joan Ignasi Pla a meter la cláusula de marras en una disposición adicional. Pero, para que ahora pueda salir adelante otra modificación, sería preciso una mayoría cualificada en Las Corts con apoyo del PSPV, refrendada luego por el Congreso de Madrid y aprobada finalmente en un referéndum.


Imposible, al menos en esta legislatura. Además, dada la perentoriedad de otros problemas para la gente frente a lo abstracto y tedioso de un nuevo texto legal, ¿se imaginan el escaso interés que suscitaría la reforma? Si en Cataluña sólo votó a favor del Estatut un tercio de los ciudadanos, pese a la polvareda levantada, aquí la abstención podría ser mayúscula.


Con estos datos, ¿por qué plantea ahora el PP valenciano el tema estatutario? No quiero pensar, como Ángel Luna, que sea sólo “una maniobra de distracción de otros asuntos”, pero se le asemeja.


Además, en un momento en que, según el gobernador del Banco de España, “el mayor riesgo —para la contención del déficit— surge de las autonomías”, pedir más competencias autonómicas no parece lo que el país necesita ni tampoco lo que el PP de Madrid quiere.