El modelo lingüístico de EEUU

En Estados Unidos, país paradigma de las libertades civiles, cualquiera tiene derecho a ser educado en su lengua materna, por peculiar, exótica y extraña que ésta sea. Ello no obsta para que luego todo el mundo se exprese normalmente en inglés, vehículo habitual de las relaciones interpersonales, aunque en el país no exista idioma oficial alguno.

Esto viene a cuento de los constantes rifirrafes que se producen aquí al tratar de imponer unas lenguas vernáculas sobre el castellano, como si eso fuese algo positivo en sí mismo y no un torpe atentado a la libertad individual.

Pues ya ven: sin necesidad de subvenciones oficiales, inmersión lingüística y demás medidas coercitivas, en EEUU no sólo pervive el minoritario idioma español, sino que aquél es ya el segundo país del mundo en número de hispanohablantes, por encima de la propia España.

Y es que la gente habla la lengua que le interesa. Por eso, los mejores defensores de cualquier idioma son quienes lo practican y no las disposiciones obligatorias de las leyes respectivas.

No opinan lo mismo quienes en España —el Estado español, dicen ellos— tratan de imponer por la brava los idiomas autonómicos cooficiales en detrimento del castellano. Su máximo sinsentido es la babel lingüística de nuestro Senado, en cuyas sesiones plenarias se hablan cinco idiomas y se gasta un dinero público en intérpretes entre gentes que todas ellas conocen perfectamente el castellano.

Cuando, por el contrario, alguien con sentido común intenta no privilegiar una lengua sobre otra, en seguida se le lanzan al cuello los talibanes de las lenguas oprimidas. Le ha pasado a Núñez Feijóo, al quitar la preeminencia del gallego y equipararlo en la escuela al español y al inglés. Lo mismo ocurre en Valencia, donde la izquierda califica de “ataque a nuestra lengua” una medida similar a la de Galicia.

Pero, ¿es que estudiar en idiomas como el castellano y el inglés supone un ataque al valenciano o a cualquier otra lengua?

Para algunos parece ser que sí. En Estados Unidos, en cambio, sin necesidad de leyes, el personal tiene perfectamente claras sus prioridades. Hace años, algunos intelectuales progres pidieron que se subvencionase el argot del ghetto negro de Oakland. Fracasaron porque dirigentes afroamericanos como la poetisa Maya Angelou y el reverendo Jesse Jackson salieron al paso: “Después de luchar tantos años por la igualdad racial —dijeron—, no permitiremos que nos intente segregar una nueva jerga”.

Y es que en los idiomas, como en todo, no hay mejor pauta que respetar la libertad individual.

El debate de los monólogos

No sé por qué le llaman debate a la obligada discusión anual sobre el estado de la nación. Más que una enriquecedora controversia, se produce una serie de monólogos sucesivos, sin nada que ver con lo que han dicho los demás. Tampoco se puede calificar al espectáculo de Club de la Comedia, ya que su resultado suele ser más penoso que divertido.

No quiero pasarme de criticismo, como si estuviese escribiendo esto desde una acampada de indignados, pero es que a veces da la impresión de que sus señorías llegan a la tribuna de oradores directamente desde el bar del Congreso, sin haber escuchado antes a sus adversarios. Y, claro, al acabar se produce esa habitual sensación de vacío, de tiempo derrochado en machacar al contrario en vez de intentar construir el futuro de todos, que es de lo que se trata.

En esta ocasión, además, estamos en tiempo de descuento. A los ciudadanos nos parece irrelevante lo que pueda decir Rodríguez Zapatero pues se halla al borde de la jubilación anticipada y los pensionistas, ya se sabe, están más pendientes de los viajes del Imserso que de las cuentas de la empresa en la que dejan de trabajar.

Dado, pues, el singular contexto en el que se producen, uno puede prescindir perfectamente de los monólogos de esta semana en la carrera de San Jerónimo. El personal está mucho más pendiente de lo que pueda suceder en el partido de vuelta entre Mariano Rajoy y Pérez Rubalcaba, no porque tras las próximas elecciones generales vayamos a vivir mejor, sino para saber de cuál de los dos males vamos a morir.

Lo cierto es que la situación es tan grave y depende de tantas variables que se nos escapan que nada bueno va a salir de los previsibles monólogos del Congreso. Lo único que hay que pedir es que no mosqueen demasiado a la UE, al FMI, a Angela Merkel, a las agencias de rating… O sea, a todos los que de verdad tienen en sus manos nuestro futuro

De Camps a De Cospedal

Todos los presidentes autonómicos acaban de iniciar sus mandatos hablando de austeridad y anunciando recortes varios. Lo tienen más fácil aquéllos que, como el balear José Ramón Bauzá, sustituyen a gobernantes derrochones, como el socialista Francesc Antich al frente de su caótico pentapartito.

Francisco Camps, en cambio, se sucede a sí mismo, con lo que resulta menos explicable el porqué no ahorró antes los 1.150 millones que ahora nos promete. Pero es que, además, ¿resulta factible semejante economía con las medidas enunciadas en su discurso de investidura?

El propio presidente reconoció en el citado discurso que ocho de cada diez euros de la Generalitat se destinan a las intocables partidas de sanidad, educación y políticas sociales. Poco margen, pues, para ese plan de reducción de gastos que José Vicente González, presidente de los empresarios valencianos, pide que “permita liberar fondos para ayudar al sistema productivo”.

Más en concreto, el presidente de la CEV solicita “cribar la lista de fundaciones y empresas públicas”, más que frondosa en nuestra Comunidad.

No se trata de algo descabellado o irrealizable. Es lo que acaba de hacer la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, la antiCamps, como la denominan algunos en la sede nacional del Partido Popular.

La concepción política de la secretaria general del PP es antagónica de la del presidente valenciano no sólo en cuanto al gasto público, sino en su aceptación en las listas electorales de imputados por corrupción, en el tratamiento del caso Gürtel y en el mismo futuro del propio Paco Camps.

De ese antagonismo da fe el reciente e interesante libro de Antonio Martín Beaumont, La reina de la Torre de Marfil, donde desmenuza las interioridades de la cúpula del PP y la creciente frialdad de Mariano Rajoy con quien llegó a ser el barón más poderoso del partido, hoy caído en desgracia.

En la toma de posesión de su nuevo cargo, De Cospedal ha anunciado la supresión de organismos que parecían intocables, como el Defensor del pueblo o el Consejo Económico y Social, y la privatización de la televisión pública autonómica.

Si esto último se hiciera aquí con Canal Nou, como reconocía el inteligente empresario Manuel Palma en una tertulia televisiva, “se ahorrarían de golpe más de los 1.150 millones que pretende el presidente Camps”.

Bien es verdad que la opinión sobre las televisiones públicas dentro del PP no es unánime. Mientras Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón aluden esporádicamente a su privatización, al menos de boquilla, Javier Arenas, quien ya se ve como presidente de Andalucía dentro de unos meses, pretende mantener Canal Sur como herramienta de propaganda y adoctrinamiento, solo que cambiando, claro, su orientación política.

Camps, por supuesto, está más en la línea de Arenas que en la de la presidenta de Castilla-La Mancha. El nombramiento de Lola Johnson, última directora de Canal Nou, como portavoz del Consell confirma la existencia de un hilo conductor nada tenue entre la utilización de la televisión y la propaganda política.

En la Comunidad se proponen, pues, recortes mínimos frente a drásticas reducciones en otros pagos. Lo corrobora la preocupada reflexión de José Vicente González de que “no se puede seguir haciendo todos los grandes eventos”, la cual ha quedado ahogada este domingo, una vez más, por el incesante estrépito de los bólidos de la F-1.

Vivir mal o vivir peor

Hace unos veinte años, cuando aún no había crisis económica ni se la esperaba, algunos sociólogos norteamericanos anticiparon ya que los hijos de aquella generación iban a vivir peor que sus padres. Razones: pérdida de los valores de esfuerzo, mérito, competitividad y sacrificio.

Lo que no imaginaban ni de lejos es que, para más coña, los padres se iban a gastar los futuros ingresos de sus hijos, dejándoles hipotecados hasta las cachas.

Por eso, tanto las manifestaciones griegas como las protestas de los indignados españoles contra los recortes del estado de bienestar del que disfrutan resultan inútiles, por desgracia, ya que dicho estado ha dejado de existir.

¿Cómo se justifica, si no, la reciente bonanza de Islandia, un gélido país del tamaño de Andalucía y con los mismos habitantes que Badalona? ¿O que los irlandeses, históricamente pobres de solemnidad, dispusiesen de la renta per capita más alta de Europa? ¿O que en España todo el mundo tuviese una segunda residencia, dos coches y el AVE a la puerta de su casa?

Simplemente, porque todo ha sido ficticio, porque ese bienestar se logró gastando lo que sus beneficiarios no habían producido.

Lo dramático, pues, es que nadie pretende reducir los derechos de nadie. Lo que discuten la UE, el FMI, las agencias de rating… es cómo conseguir que solo se viva mal durante una temporada, mientras se sale lo antes posible de la crisis.
La alternativa, lo siento, no es seguir viviendo bien, sino hacerlo incluso peor (¿o es que nadie se acuerda del crack del 29?). Y eso no lo quieren ni los denostados mercados financieros, tan perjudicados como el que más ante tal hipótesis.

"Yo también fui joven"

Los micrófonos arracimados ayer en torno a Francisco Camps recogieron de su boca que “yo también fui joven”.

Con tan insólita reflexión, el presidente pretendía explicar su comprensión de los indignados, antes de aconsejarles que creen un partido político o se integren en alguno de los existentes: “Hoy día ya hay de todo, hasta esa coalición de Compromís y el Bloc”.

Aclaró que con 20 años “yo también quería cambiar las cosas; por eso me afilié a las juventudes de Alianza Popular”. Supongo que semejante declaración habrá dejado atónitos a los indignados, dada la precoz osadía revolucionaría del futuro presidente.

Ya lo saben, pues, esos “jóvenes que tienen mejor preparación” que los de antes, dicho en el discurso de toma de posesión: si no tienen trabajo ni expectativas de tenerlo, que se afilien al PP; o al PSOE, o a IU, si llega el caso.

No era ésta la intención de las palabras de Paco Camps, seguro, pero tal como están las cosas hay que tener un exquisito cuidado con lo que se dice.

Todo está permitido

Nuestros políticos llevan demasiado tiempo injuriándose unos a otros, colapsando los juzgados con inútiles querellas intestinas y manipulando las instituciones —desde el Tribunal Constitucional hasta la Academia de la Historia— según sus intereses partidistas.

Al final, todo esto se les ha ido de las manos, propiciando con su mal ejemplo que gentes incontroladas copien lo peor de sus modales y los superen con creces mediante la bajeza moral y la acción directa.

Además, ocupados sobre todo en mantener sus cargos y prebendas, buscan la impunidad siendo permisivos y tolerantes con muchos desmanes callejeros.

Se entiende así el que la abundancia de leyes en este país quede compensada con su sistemático incumplimiento. Porque, ¿qué repercusión penal tiene el que se destroce mobiliario urbano, se amedrente a pacíficos ciudadanos y se agreda a agentes de la autoridad? Ninguna.

Resulta sintomático que mientras presuntos indignados asediaban el Parlamento catalán, Rodríguez Zapatero reprochase en Madrid a Rajoy que con sus opiniones económicas esté minando la confianza internacional en España. ¿No lo hacen muchísimo más las imágenes de energúmenos increpando y acosando a nuestros legítimos representantes?

Pues no debe parecérselo así a nuestros gobernantes, que se desentienden siempre de lo que ocurre en la calle, desde la actuación de simples gorrillas o la venta ambulante ilegal hasta la ocupación violenta del espacio público o el acoso a Ruiz-Gallardón al sacar de paseo a su perro.

Y es que en este país cualquier tropelía está permitida mientras no le perjudique al que manda.

La Comunidad Valenciana según Camps

Me gustaría vivir en la misma Comunidad Valenciana que Francisco Camps. Sí, la que él calificó como “una de las regiones más competitivas de Europa” en el debate de investidura, debido a que —lo remachó— “hemos hecho mucho y lo hemos hecho bien”.

Lo siento, pero lo suyo me ha hecho recordar aquella nostálgica canción de la italiana Mina: Parole, parole, parole...

Y es que, por desgracia, existe otra Comunidad en la que vivimos los demás mortales y donde un 24% de la población está en paro, se da el mayor nivel de fracaso escolar y la Generalitat tarda año y medio en pagar a algunos proveedores. Por ejemplo.

Se trata de dos caras de la misma moneda, aunque para el Presidente todos los éxitos son atribuibles a su gobierno y, por supuesto, los fracasos solo al de Rodríguez Zapatero.

Pero, ¿por qué, si la Comunidad, como dice, se ha hecho “más atractiva que nunca al mundo”, cuenta con “sectores productivos líderes” y se está convirtiendo “en la plataforma logística del Sur de Europa”, tiene que proponer 67 medidas para salir del atolladero, como si en vez de haber gobernado hasta ahora hubiese estado en la oposición?

Eso se debe a que nuestra Comunidad ha gastado lo que no tenía —la deuda pública alcanza el 17,4% del PIB, el porcentaje más elevado de toda España— y encara un futuro problemático. El que se haya aminorado el crecimiento de la deuda durante el último trimestre no es ningún consuelo, pues de haber continuado a la velocidad anterior ya nos habríamos salido de la tabla y, aun así, todavía nos estamos endeudando al doble del ritmo permitido.

La consellera Sánchez de León argumentó el pasado viernes que la deuda de la Generalitat se ha empleado en inversiones sociales que ahí quedan. Por supuesto. ¡Sólo habría faltado que se hubiese dilapidado en viajes de placer por el Caribe!

Pero lo peor de todo no es lo que ha pasado, porque a lo hecho pecho. Y si el bisoño Jorge Alarte no fue capaz de poner contra las cuerdas en el debate de investidura a un exultante Paco Camps, peor para él, ya que para los valencianos lo más dramático viene ahora, con unas arcas públicas exangües y con la capacidad de crédito esquilmada por los bonos patrióticos, lo que dificulta aún más el acceso de las empresas privadas a la financiación exterior.

El último baluarte de la confianza de Camps en el futuro se llama Mariano Rajoy y por eso “ya nos estamos preparando para el día después de que el Partido Popular gobierne en España”.

Pues que no se llame a engaño. Los dos mantras de Rajoy en un eventual Gobierno serán austeridad y transparencia, justo las dos virtudes ausentes en la gestión de la Generalitat. Por eso, aunque se logre una mejor financiación autonómica al contabilizarse el millón de valencianos que no computan en las transferencias económicas, tendremos que apretarnos el cinturón.

Pero, eso sí, con su inveterado optimismo, Francisco Camps seguirá diciendo que esto es como la Arcadia. Dios le oiga.

Enloquecidos por las hijas

El desprestigio de José María Aznar y de su partido se iniciaron no cuando el 11-M, y mucho menos por la guerra de Irak o el Prestige, sino por la fastuosa boda de su hija con Alejandro Agag. Aquel día se hundió para siempre su trabajada imagen de político sobrio y austero.

Curiosamente, la fotografía más reproducida de aquel evento ha acabado siendo, años después, la de un peripuesto Francisco Correa, urdidor de la corrupta trama del caso Gürtel, cruzando con arrogancia la explanada del Monasterio de El Escorial. Visto ahora con perspectiva, aquello debió ser toda una premonición.

Y es que el ostentoso derroche de muchos hombres públicos en las celebraciones de sus hijas no conoce la mesura. No se trata, en estos casos, de una cuestión de ideología sino de carácter, pues le ha sucedido también a hombres de izquierda, como José Bono, cuando el matrimonio de su hija Amelia con el vástago de Natalia Figueroa y Raphael.

Otro que parece haber enloquecido con la dispendiosa puesta de largo de su hija —¿no se trataba de obsoletos ceremoniales de la derecha más rancia y trasnochada?— es el otrora secretario general de las Juventudes Socialistas Javier de Paz. Solo el ágape celebrado en el palacio de los Duques de Pastrana para 150 invitados le ha costado al hombre, según las crónicas de sociedad, unos 25.000 euros.

Claro que eso, para el asesor y amigo de Rodríguez Zapatero, que gana 1,4 millones al año en Telefónica, debe ser pecata minuta. Pero también, y aunque no lo crea, supone una colosal afrenta a millones de ciudadanos que hoy día no tienen trabajo ni expectativas de lograrlo.

La marca "España"

¡Menuda la ha armado el pobre pepino almeriense! Mejor dicho, menuda la ha organizado Alemania al atribuirle falsamente el origen de la bacteria asesina E.coli.

Con lo mucho que cuesta labrar el prestigio de un país, basta un rumor infundado para echarlo por los suelos. Resulta que el triunfo del Barça en la Champions había robustecido la imagen de España en Europa hace pocos días. Pues bien: la siniestra historia de nuestra inocente hortaliza acaba de hacerla polvo, según una última encuesta.

Tampoco es que la marca España esté muy bien posicionada en el mercado, como ahora se dice. Muchos de nuestros exportadores de aceite, por ejemplo, etiquetan sus botellas como made in Italy, a fin de colocarlas mejor por el ancho mundo.

Y es que la mayor notoriedad internacional de nuestra nación procede sobre todo de las gestas deportivas de Nadal, Alonso, Gasol, Contador, Iniesta y compañía. Y el éxito del deporte español, no lo olvidemos, se ha labrado en los últimos años a golpe de talonario. ¡Si se hubiese dedicado a I+D+i solo la mitad de lo invertido en deporte, a estas horas seríamos una potencia mundial en investigación, pisando los talones a Estados Unidos!

Pero no. En otras actividades de la vida, nuestra visibilidad como país es escasa. Aún hace pocos años, España era la octava potencia mundial, a su presidente, Aznar, se le abrían todas las puertas y un selecto grupo de compatriotas —Solana, Rato, Mayor Zaragoza...— ejercían importantes puestos de responsabilidad en el mundo.

Ahora, ya ven: según algunos estudios, somos conocidos como una nación de permisividad sexual y de costumbres, de facilidad para la residencia irregular, el aborto, los matrimonios gays y otras actitudes sociales de vanguardia. Y conste que no lo critico, pero para ese viaje no hacían falta tantas alforjas.

Fíjense si resulta frívolo el conocimiento de nuestra realidad, que muchos clientes en el mundo de Zara, Mango, BBVA y otras empresas multinacionales ignoran que son españolas. ¿Pero es que hay alguien por ahí que se encargue de potenciar la marca España?

Haberlo, haylo: escaso y contradictorio, ya que hasta el ICEX —dedicado a impulsar nuestras exportaciones— sufre la competencia de las embajadas de las Comunidades Autónomas, las cuales gastan 500 millones anuales en sedes en el extranjero para presumir de que “we are not Spain”.Ya ven, pues, si la cosa está o no jodida. En cuanto Rafa Nadal se haga mayor y empiecen a quebrar nuestros clubes de fútbol, poca gente se va a acordar por ahí de que aún existe España.

Camps y Rajoy

“El mayor obstáculo de Mariano Rajoy para llegar a La Moncloa no se llama Pérez Rubalcaba, sino Paco Camps”.

Ése es el pensamiento de algunos dirigentes del PP nacional, quienes consideran que el candidato del PSOE representa un pasado nada atractivo para los ciudadanos, dada su implicación en los Gobiernos de Felipe González y Zapatero, mientras que la eventualidad de que en plena campaña electoral se siente en el banquillo de los acusados el presidente valenciano les pone los pelos de punta.

Claro que se trata solo de una hipótesis. Pero los analistas de la madrileña calle Génova tienen que sopesarla, al igual que hacen con otras que podrían beneficiar a sus rivales: 1) el temor del electorado a un país demasiado de derechas, tras el mayúsculo varapalo socialista en las elecciones autonómicas y municipales; 2) la propaganda de que la situación económica empieza a mejorar, aunque no sea cierto; 3) algún nuevo paso de ETA que parezca justificar las tesis negociadoras del PSOE y 4) la aproximación de Rubalcaba a nacionalistas vascos y catalanes con quienes cerrar acuerdos.

Como ven, en política nunca faltan motivos de preocupación, aunque las encuestas den 15 puntos de ventaja a un eufórico PP.

La más reciente inquietud radica en el comportamiento de las Comunidades Autónomas, y más en concreto de la valenciana, ante las dos principales promesas electorales de Rajoy: transparencia y austeridad.

En cuanto a la primera, nuestro Tribunal Superior de Justicia acaba de obligar al Consell a dar los documentos sobre contratos de la trama Gürtel infructuosamente solicitados por el grupo Compromís. La sentencia viene precedida por otras cinco del Constitucional contra la negativa de Las Corts a tramitar las preguntas de la oposición al respecto.

Tal actitud obstruccionista concuerda con la del vicepresidente Gerardo Camps al argumentar reiteradamente que los sobrecostes de Calatrava en la Ciutat de les Arts son “asuntos confidenciales”, aunque hayan sido pagados con el dinero de todos los valencianos.

¿Es ése el ejemplo de transparencia que ofrecerá Rajoy?

Pero lo que más preocupa al presidente nacional del PP son las cuentas de la Generalitat, con una deuda pública de 17.600 millones, la segunda más alta de España en términos absolutos y la mayor de todas en porcentaje del PIB, alcanzando un 17,2%.

Tan delicada es la situación, que el Consell se las ha visto para colocar en el mercado el último tramo de bonos patrióticos, pese a su suculento interés. Hay más: el abultado volumen de deuda es como una pescadilla que se muerde la cola, al crecer de forma exponencial los intereses a pagar y forzar, en consecuencia, a nuevos endeudamientos. En esa espiral, los gastos financieros de la Comunidad durante el primer trimestre de este año han sido de 246,4 millones, muy de largo los más elevados de España, por encima incluso de los de Cataluña.

Se comprende, por consiguiente, que haya quienes piensen en el PP que con Camps en la Generalitat no solamente existe un riesgo penal evidente, sino otro de financiero. Demasiado, pues, hasta para alguien tan templado como Rajoy.

Una jornada premonitoria

Porrazos, policías, contusiones, detenidos… han marcado la apertura de una legislatura diferente.

Mientras eso sucedía fuera de Las Corts, dentro del recinto el ágape institucional ha sido el más desangelado de su historia —“en mi época esto no pasaba”, decía con asombro la ex presidenta parlamentaria Marcela Miró—, debido a la ausencia como protesta de los partidos menores y con una mínima presencia empresarial: Vicente Boluda, José Luis Olivas, Rafael Aznar…

Para que el personal tuviese temas de qué hablar ha habido de todo: un polémico crucifijo de Juan Cotino, juramento-promesa “por imperativo legal” del joven nacionalista Fran Ferri y la militante y emocionada alusión a “la clase trabajadora” de Marga Sanz y su tropa de Esquerra Unida.

“Si todo esto sucede en la etapa prólogo, qué no ocurrirá en las de montaña de este Tour político”, he oído decir a alguien, relamiéndose por anticipado. Pero que nadie se anime demasiado: volverá a ganar Paco Camps, el Alberto Contador de estas movidas, gracias a su desigual y ventajosa aritmética parlamentaria.

Claro que lo verdaderamente importante para la Comunidad en el inquietante futuro que se avecina lo decidirá, por desgracia, el eje Berlín-Bruselas-Madrid. Pero aquí, al menos, viviremos una legislatura apasionante, con un Jorge Alarte obligado a mostrar cuál es su talla real y una Mónica Oltra y otros epígonos dispuestos a saltar a la yugular del PP en cuanto se descuide.

Los deshonestos (por fin) pagan

La dimisión de Strauss-Kahn de su puesto en el FMI tras la presunta violación de una muchacha es el síntoma de que algo muy importante está cambiando. Hasta ahora, los acusados de cualquier delito se aferraban a sus cargos como posesos.

Tampoco la corrupción política pasaba factura. El Parlamento francés de la época de Mitterrand dictó dos amnistías generales a la financiación ilícita de los partidos. Recientemente, en cambio, la ministra Alliot-Marie hubo de dimitir por haber recibido agasajos del sátrapa tunecino Ben Alí. Hasta al italiano Berlusconi sus variados y repetidos desmanes acaban de costarle un varapalo en las urnas.

En España todo esto aún no sucede: el ex jefe de personal de Canal Nou, Vicente Sanz, denunciado por acoso sexual, ha conseguido jubilarse como si nada. Tampoco el caso Gürtel ha conmocionado a los electores, aunque Camps y Esperanza Aguirre se hayan dejado unos cuantos votos en la gatera.

Cada día que pasa, sin embargo, los partidos políticos se desprenden un poco más de dirigentes pringados por acusaciones delictivas: el senador cacereño González Melitón, por ejemplo, dimite “para poder defenderse” del delito de abuso de menores, y el concejal linense Antonio Torres, del de fraude.

Se trata de un proceso incipiente, claro, pero constante. Si a iniciativa del movimiento de Indignados se logra que las listas electorales no puedan llevar personas imputadas, nos libraremos de un montón de gente dudosa que, si demuestra luego su inocencia, puede volver a la actividad política tan ricamente. Si no, a ganarse la vida como cualquier hijo de vecino.

Hiperpolitización

Mariano Rajoy acaba de ordenar a las Comunidades Autónomas del PP que recorten gastos y se aprieten el cinturón. ¿Es eso creíble?

Dada la manifiesta inutilidad de muchos entes y empresas públicas, su desaparición resultaría posible y hasta deseable, pero la función de dichos organismos nunca ha consistido en mejorar la gestión administrativa, sino en colocar a paniaguados del partido de turno, por un lado, y en disimular los elevados déficits de las consellerías respectivas, por otro. Por eso, los nuevos presidentes autonómicos lo tienen crudo.

¿O es que alguien se imagina que José Ramón Bauzá va a eliminar los enchufados por Francesc Antich en Baleares? ¿O que De Cospedal va a hacer lo propio con los de Barreda en Castilla-La Mancha? Simplemente, dejarán en un pasillo a aquéllos que hayan consolidado derechos y colocarán en su puesto a otros de su confianza política. Tal cual.

Incluso en Comunidades donde no se ha producido cambio de partido, como la nuestra, el número de funcionarios ha aumentado en 65.000 durante la última década. Pero es que un cambio en la cúspide del poder político, con la sustitución de Eduardo Zaplana por Francisco Camps, también ha provocado que los afines al segundo se superpongan a los del primero, incrementando así el gasto público.

Vivimos, pues, en un país donde la función pública se ha politizado hasta en los ujieres de los Juzgados. Eso no sólo sucede en los altos órganos del Estado —donde resulta evidente en las votaciones del Supremo, el TC, el Tribunal de Cuentas, etc., según cuál sea el color político de sus miembros—, sino hasta en los trabajadores de Canal Nou. Así se explica una plantilla de 1.100 empleados para una tarea que podrían realizar perfectamente 400.

En esto, todos los partidos son culpables. En España, desde la Restauración pactada por Cánovas y Sagasta en 1876, a cada cambio de Gobierno se muda de arriba abajo toda la Administración. En Gran Bretaña, en cambio, los civil servats permanecen hasta nivel de subsecretario sea cual fuere el Gobierno de turno. En Francia, los enarcas mantienen el aparato del Estado, y en Estados Unidos Barack Obama hasta heredó a Robert Gates, ministro de su enconado rival George Bush.

Aquí tal cosa resultaría imposible. Aquí sucede todo lo contrario: se crean instituciones solo para colocar a políticos cesantes, como la de nuestro Consell Jurídic Consultiu, el cual aspira a ser presidido, según confesión propia, por el socialista Joan Ignasi Pla.

Con tales precedentes, ¿quién es el guapo que en la Comunidad elimina los varios cientos de asesores prescindibles en consellerías, diputaciones y municipios? Más fácil será reducir los 782 vehículos oficiales existentes o controlar los más de 11.000 teléfonos móviles de la Administración. Pero, ¿las delegaciones del Consell, las oficinas del IVEX, los enchufados en el centenar y pico de empresas y fundaciones públicas…? Muy difícil.

A fecha de hoy, los diputados y senadores valencianos aún viajan todas las semanas en primera clase a Madrid, mientras que el británico David Cameron, en cambio, viene como turista en líneas low cost. Y si no fuese por UPyD, el partido de Rosa Díez, ni siquiera se habría cuestionado semejante dispendio.

Volveremos a hablar, por consiguiente, de cómo reducir el gigantesco déficit de nuestra Comunidad, la cual ya ha gastado durante el último trimestre la mitad de lo que le corresponde a todo este año. Pero mientras no se reforme la ley que regula la hiperpolitizada función pública, dicha pretensión parece más una quimera que una plausible realidad.