domingo, 27 de enero de 2013

Suprimir todos los partidos


No pasa ni un día sin que se descubra un nuevo asunto, o dos, de corrupción en la política española y sus aledaños. De Iñaki Urdangarin a Luis Bárcenas, de Jaume Matas a Amy Martin, de los ERE de Andalucía al caso Pallerols, de Félix Millet al caso Campeón,…

Son cientos, si no miles, los delitos de este tipo que se hallan en distintas fases procesales ante los tribunales de Justicia. Y muchos más lo que se han ocultado, condonado, indultado, acogido a fórmulas varias de compromiso entre los implicados o dilatado indefinidamente su instrucción en los Juzgados.

Por su volumen, por la cuantía de lo malversado y por la desfachatez moral de sus autores, nos encontramos, sin exageración, ante un saqueo sistemático de las arcas públicas en perjuicio de todos los españoles.

Algo parecido ocurrió hace veinte años en Italia, donde el escándalo de la tangentópolis barrió a la clase política del país —con algún suicidio incluido—, hizo desaparecer a los partidos tradicionales y obligó a exiliarse en Túnez al ex primer ministro socialista Bettino Craxi.

En analogía con ello, ha llegado la hora de que aquí se larguen en bloque los políticos que nos han conducido a la catástrofe económica, social y moral actual y vayan a la actividad privada, a ver cómo se las arreglan para ganarse la vida honradamente.

Seguro que hay hombres y mujeres capaces y honestos en este país que, bajo  nuevas siglas, pueden representarnos con eficacia y dignidad en las instituciones públicas.

De no hacerse esto con presteza y con prudencia, corremos el riesgo de que la creciente indignación social explote cualquier día e imponga ese cambio sin ningún miramiento y, lo que es peor, sin ningún criterio.         

viernes, 18 de enero de 2013

Ficción de justicia


Cada día es más cara la justicia, como nos recuerda el ministro Ruiz-Gallardón al subirnos las tasas procesales. Lo peor, con todo, no es eso, sino que luego viene un indulto y deja en agua de borrajas todo lo actuado por los tribunales.

Tras casos como el de Alfredo Sáenz y el de los mossos d’Esquadra de Barcelona, acaba de volver a ocurrir con el conductor kamikaze Ramón Jorge Ríos Salgado, quien hace nueve años mató a otro automovilista que circulaba en sentido correcto. Gracias al indulto, sólo ha pasado diez meses en prisión de los trece años de condena.

¿Para qué, pues, los cientos de miles de euros gastados durante todo este tiempo en atestados policiales, trámites judiciales, actuaciones de la fiscalía, secretarios de juzgado, abogados defensores, recursos, jueces, ejecución de sentencia, etcétera, etcétera, si luego en unos pocos minutos el Consejo de Ministros da al traste con todo lo actuado, en una decisión que no necesita justificación alguna ni se puede recurrir?

Ya sé que la figura del indulto existe en todos los países y que en algunos, como Estados Unidos, tampoco está exenta de polémica, como puede apreciarse en la apasionante novela de John Grisham The Broker. En la mayoría de ellos, sin embargo, suele aplicarse tan sólo a penas menores recaídas en jóvenes de fácil rehabilitación.

En España, unos 400 indultos anuales de media son muchos indultos y la sospecha de su aplicación interesada y partidista obliga a una profunda revisión de ese concepto.

De otro modo, entre la lentitud de la justicia, su encarecimiento, el atasco procesal y su uso político, muchos casos de corrupción pendientes acabarán por prescribir o quedarán al albur de un indulto.

 

domingo, 13 de enero de 2013

Por qué roban los políticos


La mayoría de los políticos no roba, por supuesto; pero los partidos a los que pertenecen, sí. Por eso, la financiación ilegal del partido de Duran i Lleida no es más que el último eslabón de una larga cadena que comenzó hace veintitantos años con las extorsiones del PSOE por medio de Filesa, Time Export y otras empresas fantasma.

De esa práctica delictiva no se ha librado casi ningún partido. Ahí están, si no, los casos Gürtel y Brugal, del PP, el de Casinos de Cataluña, de Convergència Democrática, y muchísimos más.

Casi todas las entidades financieras y las grandes empresas de este país han tenido que pagar las mordidas correspondientes, en forma de comisiones, sobornos, créditos sin retorno,… para poder trabajar sin miedo al poder político.

Decir esto es muy fuerte, pero está suficientemente documentado, aunque muchos crímenes hayan prescrito por dilaciones procesales, fallecimiento de sus responsables, acuerdos extrajudiciales, trapicheos políticos y el tácito acuerdo de no tirar de la manta porque “eso nos acabaría afectando a todos”.

La generalización de esta práctica tiene tantas explicaciones como personas implicadas en ella, pero también un común denominador a todas: la impunidad. ¿Cuántos de estos casos han llegado a los tribunales y cuántas sentencias se han dictado al respecto? Prácticamente, ninguna. Y cuando alguien ha sido cogido con las manos en la masa, como el saqueador del Palau, Félix Millet, sigue paseándose por las calles de Barcelona como si nada.

Para colmo, si algún día llega una condena, los corruptos podrán acogerse a acuerdos de conformidad, como en el caso Pallerols, o ser objeto de un indulto, como muchos temen que pueda ocurrir en un futuro con Iñaki Urdangarin.    

domingo, 6 de enero de 2013

¿Cuántos corruptos hay?


Me cuesta creer que sólo sean corruptos los 300 políticos imputados por diversos delitos ante los tribunales de justicia. A tenor de mi dilatada experiencia profesional en el periodismo, la cifra debe ser varias veces superior.

En primer lugar, por esa especie de impunidad heredada desde aquellos ominosos tiempos del franquismo. Resulta que la autoridad es la autoridad y para imputar a sus señorías hay que tenerlos bien puestos. Históricamente, además, nuestra Justicia ha estado pringada en toda clase de corruptelas, encubiertas en otros tiempos por el delito de desacato, aplicable a quien osase criticar a un juez.

Ahora, en todo caso, pervive una judicatura ineficiente, sin medios y de una lentitud indecorosa. Así se explica, por ejemplo, que el político castellonense Carlos Fabra lleve ¡nueve años! imputado de varios delitos sin ser juzgado. Si el hombre resulta inocente, semejante dilación es una crueldad, y si es culpable supone una hiriente burla de la justicia.

Otro síntoma preocupante es la impunidad de los centenares de consejeros que en estos últimos 20 años han saqueado a mansalva las cajas de ahorros. Salvo Rodrigo Rato, José Luis Olivas y pocos más, no han sido llevados a juicio, aun sabiéndose que la mayoría de ellos llegaron al cargo con una mano delante y otra detrás y han salido tan forrados como un príncipe saudí.

Lo peor, sin embargo, es que los partidos políticos, sin excepción, han instaurado la financiación ilegal de sus arcas, sobre la que han corrido ese ominoso velo del “hoy por ti, mañana por mí”.

Por ello, hasta que no haya una financiación de los partidos correcta, transparente y bajo control, la corrupción no será la excepción, sino la norma en nuestra degradada vida política.