jueves, 27 de febrero de 2014

Qué energía queremos



Estamos hasta las narices, y con razón, del elevado precio de la energía. Pero no parecemos dispuestos a racionalizar ni su producción ni su consumo.
Queremos mucha energía y, además, barata, para seguir con el aire acondicionado a tope, con todos los electrodomésticos puestos a la vez y dejando encendida la luz en habitaciones en las que ya no estamos.
Todo esto se debe, seguramente, a nuestra dichosa manera de ser, a nuestra idiosincrasia, que se decía antes, propia de gente amante de sus derechos pero reacia a cumplir obligación alguna.
Por eso mismo, porque creemos en los derechos medioambientales y defendemos la salud colectiva, somos contrarios a las centrales nucleares, a diferencia de otros países que carecen, como nosotros, de reservas de hidrocarburos.
También nos oponemos, con la mejor intención, a la fracturación hidráulica o fracking, con la que extraer agresivamente gas y petróleo del subsuelo. Incluso nos negamos siquiera a saber si hay dichos combustibles en la costa mediterránea, a fin de no perjudicar así a sus playas, a sus turistas y a su fauna marina.
Esa actitud conservacionista está requetebién. Tanto, que para mantenerla hemos subvencionado una minería de carbón obsoleta y unas energías renovables que han costado más de lo que producían.
Fíjense que no estoy contra nada de todo esto. Al contrario; sólo pretendo que seamos conscientes del coste de semejante actitud o de que, si no, reduzcamos drásticamente el consumo energético y no malgastemos nuestros escasos recursos como niños malcriados.     
 Esto, al final, se traduce en que haya un debate nacional sobre qué energía queremos, a qué coste y de qué estamos dispuestos a prescindir para lograrlo. Todo lo demás es continuar mareando la perdiz, pagando, además, un riñón por tan inútil mareo.

jueves, 20 de febrero de 2014

Dinero en Suiza



El senador Francisco Granados ha admitido que tenía dinero en Suiza, aunque obtenido al margen de la política y antes de dedicarse a ella. Quizás sea así, pero yo no conozco personalmente a nadie que, como él, como Luis Bárcenas y como algunos otros, lleve sus presuntos ahorros a Zürich o Ginebra, en vez de guardarlos en el banco del barrio.
No hace mucho, el informático Hervé Falciani pirateó los archivos de la entidad financiera HSBC y descubrió que 659 españoles —entre ellos, el padre de Artur Mas y varios miembros de la familia de Emilio Botín—tenían depósitos ocultos en aquel banco suizo. Todo se saldó felizmente para ellos con el pago atrasado de su fraude a Hacienda y aquí paz y después gloria.
Como se ve, la gente de posibles, que se decía antes, esconde parte de su fortuna allende nuestras fronteras para sustraerlas al Fisco y que seamos quienes no tenemos un duro ni cuentas secretas suizas donde guardarlo, quienes paguemos los impuestos y mantengamos lo que queda del maltrecho estado de bienestar.
Y es que, a lo que se ve, nuestros ricos ni son solidarios ni les importa un comino nuestro país.
Un ejemplo reciente de este desinterés lo acaba de proporcionar el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, molesto, a lo que se ve, por la nueva regulación tarifaria de la electricidad, al afirmar que su compañía es ya más británica, americana o mexicana que española. En consecuencia, ha decidido no invertir más dinero aquí y seguir haciéndolo fuera.
Luego hablamos de los sacrificios que hay que hacer para salir de la crisis. Lo que está visto es que quienes tienen dinero en Suiza, al margen de que lo hayan ganado honradamente o no, prefieren que seamos los demás quienes nos sacrifiquemos. 

jueves, 13 de febrero de 2014

¿Justicia? universal



Sí que sería bueno, sí, que todos los hijos de puta de este mundo fuesen juzgados y condenados por los tribunales de Justicia, aunque éstos sean españoles, a falta de otros más cualificados y competentes.
Pero ya me dirán cómo. Nuestros magistrados no dan abasto para juzgar los delitos y crímenes de este país, con sumarios cuya instrucción se dilata años y años y con encausados que deben ser puestos en libertad al acabarse su período de prisión preventiva.
¡Cuántos casos prescriben y cuántos imputados se libran así del brazo de la ley! A fecha de hoy, por ejemplo, tenemos clamando justicia a decenas de miles de afectados por las obligaciones preferentes, mientras que los culpables andan por ahí tan ricamente, nunca mejor dicho.
¿Y qué decir de la corrupción política, de la que apenas si se han entrevisto algunos pliegues de la trama? Ahora, para nuestra vergüenza, empiezan a investigarse casos de hace una decena de años, con algunos culpables fallecidos y otros al margen ya de cualquier responsabilidad penal.
En este contexto, ¿parece de recibo juzgar al ex presidente chino Jiang Zemin y otros líderes mundiales? En la obvia imposibilidad que tal cosa llegue a suceder, parece que los partidos políticos que la promueven lo hagan más por quedar bien e incomodar al Gobierno español de turno, poniéndolo internacionalmente en ridículo, que para hacer justicia.
Ya existen, en Europa y en el mundo, tribunales internacionales de Justicia. Si queremos hacerlos más eficaces y que no queden impunes los malvados del ancho mundo, lo adecuado sería dotarlos de más medios materiales y humanos, que España ofreciese más recursos económicos y de personal para juzgar a todo quisque. ¡Pero que lo intenten hacer los tribunales nacionales, estancados como están en dar satisfacción a sus propios ciudadanos…!
Una vez más, está visto que una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.


jueves, 6 de febrero de 2014

La maldición del valenciano



Hace quince años Eduardo Zaplana creó la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) para sustraer el debate lingüístico de la gresca callejera y de la confrontación política. Tras un pacto con el socialista Joan Ignasi Pla, encerró en ella a lingüistas de uno y otro signo, los pagó con largueza y tiró la llave para que estuviesen un tiempo sin molestar.
El tiempo ha pasado y la publicación del primer diccionario normativo del valenciano ha levantado polémica al definir ese idioma como una “lengua románica” que hablada fuera de la Comunidad Valenciana “recibe el nombre de catalán”.
Esa mera constatación lingüística, realizada dentro de las estrictas competencias de la AVL, ha llevado al PP regional a considerarla como una agresión al idioma y hasta como una traición a la Comunidad, cuyo Estatuto de Autonomía recoge que “la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano”. ¡Como si no fuesen absolutamente compatibles una definición y la otra!
Afortunadamente, la controversia ha perdido la virulencia de antaño, cuando catalanistas y valencianistas andaban casi a cristazos, no tanto por cuestiones filológicas, claro, sino por el tufo político pancatalanista o anexionista de quienes preconizaban la unidad lingüística.
Un amigo mío de Denia, ya jubilado, atribuye todo el problema a la propia denominación del idioma: “Si la lengua que hablamos desde el Alguer a Guardamar del Segura se llamase occitano, por ejemplo, todos aceptaríamos que se trata del mismo idioma. Pero, si hay que llamarla catalán surge el lío político”.
Es lo que acaba de hacer el Consell de la Generalitat que preside Alberto Fabra, al no aceptar la competencia idiomática de la AVL. ¿Se imaginan, por ejemplo, que el Gobierno de Panamá, en conflicto ahora con la constructora Sacyr, afirmase que la lengua de su país no es el español sino un idioma propio y diferenciado llamado panameño?
Más allá de las peculiaridades léxicas y fonéticas locales, el cachondeo ante semejante decisión política sería de órdago.