No aprendemos.
En plena fusión para mejorar su eficacia financiera, Caja Duero pasa de los 120 consejeros generales en la actualidad a 160, para equipararse así a su partenaire, Caja España. O sea, que durante los dos próximos años 320 consejeros de la entidad resultante cobrarán dietas como si nada.
Es un ejemplo más del derroche que no cesa.
¿Y qué decir de los 8.115 municipios españoles que tienen 74.211 cargos públicos y 655.000 empleados? Eso, hasta sería legítimo. Pero es que luego los políticos electos designan a dedo a un número indeterminado de amigos, colegas y paniaguados con el pomposo nombre de asesores y sueldos sin control público.
En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de las tres capitales provinciales dan ocupación, además de a 178 cargos electos, a otros 294 asesores que no han pasado prueba de selección alguna y que cuestan 12,2 millones anuales a las arcas públicas.
Otra de las singularidades de nuestro sistema institucional es el de los liberados sindicales, es decir, de aquellos empleados que dedican su tiempo no a trabajar, sino a velar por los derechos de sus compañeros, cobrando, eso sí, de la empresa en que están contratados. Las opacas cifras de esa actividad alcanzarían a 57.000 profesionales sindicales con un coste anual de 1.600 millones.
Ya ven que así no hay manera de aumentar la productividad dichosa. Es lo mismo que la vigente subvención a la minería del carbón: nos saldría más barato cerrar las minas y mantener a los mineros mano sobre mano a mesa y mantel.
Lo dicho: mucha crisis, pero seguimos sin aprender nada de nada.
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