viernes, 30 de abril de 2010

El pacto de la enseñanza

Uno de los males de nuestra enseñanza es haber troceado su competencia normativa en 17 comunidades autónomas. Así, cada una adopta medidas a cuál más pintoresca, como la valenciana, que imparte Educación para la Ciudadanía en inglés.
La transferencia de competencias educativas se justificaba en aquellas regiones de lengua vernácula propia que requería un aprendizaje diferente. Pero la generalización de la norma ha llevado desde entonces a todo tipo de arbitrariedades. Es lo mismo que sucede con las televisiones autonómicas, concedidas inicialmente sólo para emitir programas en lenguas distintas de la castellana y cuyo exceso desmedido posterior ha llevado a que tengamos una veintena de canales públicos, sin justificación alguna y absolutamente deficitarios.
La dispersión autonómica de la enseñanza, en vez de buscar la excelencia ha optado por la arbitrariedad y por la extravagancia, desde la preterición del castellano a las otras lenguas peninsulares, hasta la enseñanza de cualquier localismo en detrimento de la historia, la geografía y la cultura comunes al conjunto de España. Ya cuando Esperanza Aguirre era ministra de Educación quiso poner coto a semejante desatino, estableciendo un mínimo programa común de Humanidades. Lo mínimo que se dijo de dicho intento en algunos medios académicos era que se trataba de una medida fascista.
Y así estamos. En los sucesivos informes sobre el estado de la educación en los países desarrollados, el puesto de España es de los últimos. Y continuamos descendiendo. No sólo nos hallamos retrasados en ciencias y en matemáticas, sino que el conocimiento de la lengua castellana cada vez resulta más deficiente.
Por todo eso, claro que urge un pacto educativo. Y hasta una revolución, si me apuran. Me temo sin embargo que, como en tantas otras cosas, se trata tan sólo de poner paños calientes a una enfermedad endémica en nuestro sistema de valores y de prioridades en vez de realizar una cirugía que vaya más allá de los intereses egoístas de los políticos de turno. Pero sospecho que eso es algo que no llegarán a ver nuestros ojos pecadores.

domingo, 25 de abril de 2010

De Baltasar Garzón a José Bono

Presumo la inocencia de Baltasar Garzón, como la de cualquier otro imputado no condenado por los tribunales.
Lo único que me perturba de los probables delitos de prevaricación es que siempre suele haber un Alfredo Pérez, El Bigotes, dispuesto a regalar un traje o un reloj para ver si él recibe en compensación alguna gabela. Por eso, también, sospecho de quien financia generosos cursos y conferencias como las de Garzón. Tampoco resultaron gratis los doctorados honoris causa recibidos hace años por el entonces banquero Mario Conde, quien paró de obtenerlos tras ingresar en la cárcel, aunque no dejase por ello de ser menos listo que el día anterior.

Y es que nos hemos acostumbrado a que los favores, el amiguismo o la connivencia sean el pan nuestro de cada día, trátese de una caja de ahorros que condona la deuda de un partido político afín, que renueva el préstamo impagado por un consejero como Díaz Ferrán, o que financia obras ruinosas impuestas por el presidente autonómico de turno.

No hace falta que ese tráfago de favores se materialice en el acto. El mero hecho de producirse viene a ser una especie de aviso o recordatorio: “Hoy por ti; mañana por mí”. Eso, aunque el recipiendario del favor sea más honesto que una virgen y nunca vaya a pagar con la misma moneda.

Es lo que ocurre con José Bono, cuya declaración de bienes es de una transparencia prístina. Ahora bien: que haya recibido 700.000 euros por unas memorias no escritas es algo que no les sucede, ni juntos, a Pérez Reverte, Juan Marsé y Antonio Gala.
Que semejante hecho pueda producirse sin que nadie se sonroje por ello da una correcta imagen de los parámetros morales en los que nos movemos.

domingo, 18 de abril de 2010

El absurdo lío de El Cabañal

Si hace cien años la apertura de la Gran Vía madrileña hubiese tenido para su creación la mitad de los problemas que El Cabañal valenciano, Madrid continuaría siendo la agobiante y envejecida ciudad de los austrias, en vez de la amplia villa cosmopolita de hoy día.

Pero la bulla callejera de una minoría, ampliada por el ruido mediático y por un Gobierno central en guerra política contra la alcaldesa Rita Barberá, ha conseguido la paralización judicial de las obras, mientras que el viejo barrio marinero se degrada aún más, si es que eso resulta posible.
Lo bueno del caso, en esta paradójica sociedad de sobreabundante desinformación, es que las autoridades valencianas no pretenden la demolición de una zona que ellas mismas declararon Bien de Interés Cultural, sino la prolongación a través de ella de una avenida que abra la ciudad al mar y regenere el deprimido barrio noucentista. Ésa, al parecer, es una aspiración compartida por la mayoría silenciosa de unos vecinos hastiados de la mugre y del abandono y del asentamiento en el territorio de okupas, camellos y otras especies urbanas de nuevo cuño. Al menos, un pliego con 11.000 firmas avala tal hipótesis.

Ésa es la otra cara de lo que ocurre en El Cabañal donde, curiosamente, el programa de derribos y mejoras propuesto por el Ayuntamiento consiguió la mayoría de votos en las pasadas elecciones municipales. Claro que todo esto resulta menos excitante que hablar de abusos y de expolios a expensas de los reales intereses de unos vecinos que poco a poco abandonan un barrio convertido en el Beirut Oeste donde los políticos dirimen sus particulares conflictos al margen de las urnas.

jueves, 15 de abril de 2010

Las vergüenzas de los Ayuntamientos

El Gobierno ha dispuesto que la Administración pague en 30 días y no como ahora, en el que se retrasa como el mayor de los morosos. Ya me dirán, ya, dentro de un tiempo, cuando al Tesoro Público no le queden en sus arcas más que telarañas y los empresarios autónomos sigan anticipando al Estado un IVA que aún no han cobrado. Y lo que te rodaré, morena.

Es que una cosa es lo que se legisla y otra muy distinta lo que sucede en una realidad llena de artificios contables. Por ejemplo, con esa inversión pública adicional de 17.000 millones prometida por José Blanco y que no se contabilizará en los presupuestos del Estado hasta 2013, para que así dé tiempo a la reducción en tres años de la galopante deuda pública prometida por Rodríguez Zapatero a la UE.

Gracias al anticipo por las empresas privadas del dinero a invertir, se enmascara el aumento del déficit. Es lo mismo que se hace con la existencia de esos 5.000 entes públicos hacia los que el Estado, comunidades autónomas y municipios centrifugan muchas de sus deudas para que así no figuren en las cuentas de dichas instituciones. Semejante práctica, pero a lo bestia, es lo que ha venido haciendo Grecia y que le ha llevado al borde de la suspensión de pagos. No quiero decir que aquí estemos a ese nivel, líbreme Dios. Pero, cuando las barbas de tu vecino veas pelar,… ya saben.

En medio de ese marasmo económico se hallan también los Ayuntamientos españoles que, con una deuda por vecino de 740 euros, no constituyen precisamente una excepción a la norma.
Ahora, pues, en pleno declive financiero, se deplora la falta de previsión de antaño y la lasitud municipal con unos constructores enriquecidos a su costa. Ahora, con la disminución de obras ciudadanas y de prestaciones sociales y el retraso de pagos a acreedores, se descubrirán unas vergüenzas públicas que estaban ahí pero que, ocultas por la aparente bonanza del pasado, se mostrarán con toda su cruel evidencia.

domingo, 11 de abril de 2010

Una persona, dos votos

Hasta ahora, 1,3 millones de españoles tienen el doble de capacidad de voto que el resto de sus conciudadanos. Son aquellos residentes en el extranjero que, sin haber estado nunca en España muchos de ellos, pueden votar tanto a Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo, como a Rajoy o Rodríguez Zapatero en nuestro país.

Esa perversión de la democracia parece tener los días contados ya que PP y PSOE comienzan a darse cuenta del dislate: ¿por qué ha de depender quién sea alcalde de Vigo, pongo por caso, de aquéllos que jamás han estado en la localidad gallega ni piensan estarlo?

La sesuda reflexión de nuestros políticos les ha llegado sólo en vísperas de la naturalización de 300.000 nietos de españoles con derecho a nuestra nacionalidad, a resultas de la Ley de Memoria Histórica: son ya demasiados electores foráneos para que dependa de ellos la gobernación del país. Ya antes, en las elecciones generales de 2008, su voto hizo ganar en Barcelona un diputado a CiU, en detrimento del PP, y en Tenerife perder un senador a Coalición Canaria en beneficio del Partido Popular. Más delicado es el caso de Galicia, donde el 12% del censo vive en el extranjero y donde por poquísimos votos puede depender el signo del Gobierno autonómico.

Se comprende, por consiguiente, tanto viaje de los líderes regionales de los partidos en busca del voto emigrante. Por suerte, dentro de poco, se hará bueno, por fin, el viejo aforismo democrático de “una persona, un voto”, y los respectivos lehendakaris de las 17 comunidades autónomas tendrán un argumento menos para hacer sus habituales y onerosos viajes al exterior con el dinero de todos.

jueves, 8 de abril de 2010

Prolongar el paro

El paro continúa subiendo, pero aun así el Gobierno se muestra contento: “Los datos consolidan la tendencia de que estamos en el camino de la recuperación”, dice una impávida María Teresa Fernández de la Vega.

Evidentemente, con 4,2 millones de parados —la cifra más alta de Europa— cada día que pasa quedan menos empleos por destruir y, en consecuencia, el ritmo de desempleo será menor.
Congratularse con esta situación, mírese por donde se mire, es de una estólida irresponsabilidad porque hasta ahora destruir puestos de trabajo ha resultado una tarea sencilla, pero crearlos de nuevo, a juicio de todos los analistas, no sólo va a ser difícil sino que la recuperación económica en lontananza se realizará con menos gente con trabajo que antes de la crisis.
En vez de invertir esta dramática realidad, buscando estímulos para nuevos empleos, corrigiendo el mercado de trabajo, inventando otras formas de ocupación, favoreciendo el que las empresas renueven los contratos,… el Gobierno prefiere subsidiar el creciente paro, tarea evidentemente efímera, pues las arcas públicas se están vaciando a una velocidad de vértigo.

Pero es que la política económica oficial —por llamarla de alguna manera— es una política de subvenciones. Hubo una con carácter general, de 400 euros, que favoreció tanto a Emilio Botín como al último parado, y otra del cheque bebé, tanto para el hijo de un inmigrante como para el de Florentino Pérez.
Con algo menos de despropósito, se acordó más tarde otra ayuda de 420 euros mensuales a aquellos parados que se habían quedado sin prestaciones y otra de 210 a los jóvenes como Renta Básica de Emancipación. Pero, ¿qué es mejor, darles dinero por la cara u ofrecerles un trabajo en el que aprendan a ganárselo por ellos mismos?

Crear una sociedad subsidiada desde la base conlleva un cáncer social, económico y moral, como sucedió en aquel socialismo real de los países comunistas, en los que un pleno empleo aparente enmascaraba la brutal miseria colectiva. Menos subvenciones, pues, y más oportunidades de trabajo para una sociedad que, ella sí, está terriblemente alarmada por el paro.

domingo, 4 de abril de 2010

Lo que sobra en España

Probablemente sobren funcionarios, como dice la vicepresidente Elena Salgado. Pero más obvio que eso es la inutilidad de muchísimos altos cargos, nombrados a dedo, sin pasar prueba alguna y con el único mérito de ser amigos del gerifalte de turno.

Otra fuente de empleo fácil, sólo para políticos amortizados, sobrinos, cuñados y demás parientes de quienes mandan, son esos 5.000 entes públicos que durante los últimos años han florecido como hongos en el Estado, en las comunidades autónomas y en los municipios.
Y es que la voracidad de nuestros políticos parece no tener límites. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el número de parlamentarios ha pasado de 89 a 99 de una legislatura a otra sin que aumente por ello el número de sesiones, de debates y de leyes. Para mayor inri, esos mismos diputados regionales se dotaron de una generosa jubilación que ahora, tras el escándalo de su agravio comparativo con el resto de los mortales, tratan tardíamente de enmendar.

Si ser consejero de un ente público no requiere mayor cualificación, tampoco a los de la empresa privada se los controla suficientemente en cuanto al número de compañías en las que participan ni a las cuantiosas e injustificadas cantidades que perciben. La indemnización de 106 millones a Ángel Corcóstegui cuando dejó el Banco de Santander o los 52 de Ignacio Goirigolzarri por irse del BBVA son un doloroso sarcasmo para esos millones de parados que sobreviven como pueden.

Mientras Rodríguez Zapatero no meta mano a tanto despropósito, cualquier anuncio de contención del gasto público suena a hipócrita cinismo de un Gobierno desnortado.

sábado, 3 de abril de 2010

¿Ahorro sanitario?

Un representante de la industria farmacéutica dice que las medidas de la Administración para ahorrar 1.500 millones en gastos sanitarios conllevará la pérdida de 500 puestos de trabajo. Este tipo de argumentos a mí me dejan frío. Mejor dicho: me conturba el que se antepongan intereses de grupo al beneficio de la sociedad en su conjunto. Es como si los plantadores de tabaco se quejasen por las normas preventivas del tabaquismo o los fabricantes de armas por la prohibición de su venta libre a los particulares.

Lo importante, en el tema de la salud, es luchar contra el derroche sanitario que estimula además la corruptela, al recetar el médico determinados fármacos, o el descontrol de muchas recetas que hasta se revenden en el mercado negro. Tal cual.

En cualquier caso, qué quieren que les diga, las decisiones tomadas para el ahorro de nuestro sistema de salud me parecen pacatas y hasta ridículas. Lo resolutivo sería acabar con esos botiquines caseros en los que almacenamos todo tipo de medicamentos, muchos de ellos caducados. Sólo con reducirlos a la mitad se economizaría mucho más que esos magros 1.500 millones. Y, de paso, evitaríamos muchos problemas producidos por la automedicación, con el nuevo coste sanitario que generan.

Y es que nos hemos creído que la asistencia pública de este país es un maná ilimitado, en el que cualquier dolor justifica que se haga un TAC o una resonancia magnética, cualquier indisposición justifica que se use una ambulancia y cualquier petición de medicamentos merece que se rellene una receta. De seguir así, dentro de poco no llegará el 100% de nuestro PIB para atender el gasto sanitario. Eso, sin contar con los miles de extranjeros —muchos de ellos con el riñón forrado— que vienen a nuestro país exclusivamente para operarse y ser atendidos como príncipes con costosos tratamientos.

Por todo eso, pienso que nuestros políticos son unos cobardes, al plantear los recortes. Si se estableciese algún tipo de pago, siquiera simbólico, por cada acto médico, veríamos qué pronto desaparecerían las largas colas en las consultas y los verdaderos enfermos podrían ser atendidos muchísimo mejor.

jueves, 1 de abril de 2010

Acceder a Internet

Pronto vamos acceder gratis a Internet en las plazas Mayor y Anaya y más tarde, también, desde la Puerta Zamora y el parque de La Alamedilla. No se trata de una noticia menor, pues Internet es esa gran ventana al mundo global por la que circulan la comunicación, la información y el conocimiento. Si desapareciese de golpe, por un suponer, casi volveríamos a la edad de piedra tecnológica y cultural, tal ha sido su impacto social durante las dos últimas décadas.

Salamanca, por fortuna, es hoy uno de los lugares con más utilización y más devoción por la red de redes informática, con espacios wifi gratuitos para los clientes de muchos hoteles y cafeterías, como Novelty o Ito´s, por ejemplo. En otras poblaciones, en cambio, aún cuesta un ojo de la cara conectarse al mundo exterior a través de las redes digitales.
Es un paso importante, pues, el que se acaba de dar, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Ahora que tanto se habla del I+D+i, de inversiones en desarrollo tecnológico y de la necesidad de puestos de trabajo con alto valor añadido para salir de la crisis económica, transitar por el camino cibernético resulta inevitable e irreversible.
Por desgracia, aquí solemos dedicarnos más a prometer que a dar trigo, como le sucede con frecuencia al presidente Rodríguez Zapatero. Así, aquella propuesta suya de que todos los escolares españoles tendrían su ordenador personal permanece en las brumas del olvido, mientras que países muchísimo más modestos que el nuestro han conseguido ya que cada alumno de primaria disponga gratis de su propio PC. Es el caso de Uruguay, nación que representa en Salamanca Suso Rodríguez, y que se ha plantado en el futuro con una medida que imitan ya los países vecinos del cono sur latinoamericano.
Ya ven que algo tan mínimo en apariencia como el acceso gratuito a Internet es parte de un proceso revolucionario. Si a alguien le queda alguna duda, que se lo pregunte a la pléyade de jubilados que en muchos lugares de España se vuelcan como locos en una red de redes que palia su soledad y demuestra a la vez que las nuevas tecnologías están al alcance de cualquiera.