¿Es de fiar UPyD?

El descrédito del PP por culpa de sus medidas contra la crisis económica y la falta de pulso del PSOE elevan las expectativas electorales de los partidos minoritarios.

Una encuesta de Sigma Dos en este mismo periódico el domingo pasado otorga al partido de Rosa Díez el 7,8% de intención de voto. Extrapolando esos resultados a la Comunidad, UPyD podría obtener hasta 6 diputados en Les Corts.

Semejante perspectiva alimenta los intereses ocultos de unos y de otros y aviva las guerras internas en una formación que en sus cinco años de vida ha vivido la estrepitosa salida de uno de sus fundadores, Mikel Buesa, y la marcha de Ana Falomir, referente del partido en la Comunidad.

Si eso ha sucedido en época de vacas flacas, podríamos decir, ahora que se avecina la bonanza electoral las cosas podrían ir a peor.

Lo cierto es que en cinco regiones UPyD está regida por gestoras nombradas por Madrid, ante los líos de las respectivas coordinadoras territoriales, y que en las Comunidades llamadas históricas no consigue implantarse: en Cataluña, porque su espacio ya está ocupado por Ciutadans, de Albert Rivera, y en Euskadi porque la labor de su único diputado autonómico, Gorka Maneiro, es perfectamente mejorable.

Lo último con lo que se han cebado algunos medios de comunicación es con que el diputado asturiano Ignacio Prendes tiene a su disposición 6 asesores nombrados a dedo. “¿Es ésta una actitud diferente a la de los partidos tradicionales, como viene pregonando Rosa Díez?”, se pregunta, dolida, una militante del partido.

La Comunidad tampoco está exenta de líos, con la confrontación a cara de perro de las sucesivas elecciones primarias. La última, en la que Eduardo Gómez ganó a Pablo Serrador en Valencia ha dejado heridas aún por cicatrizar.

A causa de estos enredos, los dirigentes del PP no temen que UPyD pueda causarles un gran daño electoral. “Además —me dice un alto cargo popular—, no tiene suficientes militantes para organizar la estructura electoral en los 542 municipios de la Comunidad”.

En efecto, pero todo eso es perfectamente subsanable y, por si acaso, otros miembros del PP se aproximan al partido de Rosa Díez, como esos 40 militantes de Alicante que ya han llamado a la puerta del concejal Fernando Llopis.

¿Accederá, sin embargo, UPyD, a lo que pudiera ser el desembarco masivo de gente de otros partidos? La filosofía de la formación se opone al transfuguismo de políticos de profesión, y hasta ahora sólo los ha admitido a cuentagotas, como es el caso del ex alcalde socialista de Alcobendas, José Caballero.

Aún falta mucho para las próximas elecciones autonómicas, pero en seguida empezaremos a ver ataques crecientes a UPyD desde la derecha, temerosa de que el nuevo partido de centro les deje sin mayoría electoral, y desde la izquierda, que pretende evitar a toda costa que los recién llegados se conviertan en gozne de una futura coalición de gobierno.

Todo esto, por cierto, sin haber mentado al fenómeno en alza de Toni Cantó, quien está realizando una brillantísima tarea parlamentaria en Madrid. Sin él al frente de la candidatura autonómica, reconocen sus rivales dentro del partido —que ya empieza a tenerlos—, las expectativas de UPyD en la Comunidad son bastantes limitadas. Con él, en cambio, las posibilidades electorales del partido se multiplican.

Así que al tanto con lo que avecina.

Comparecencias y bla, bla, bla

Las comparecencias sobre Bankia son tan inútiles como un frigorífico en un iglú. En vez de buscar respuestas concretas de Elena Salgado, Rato, Fernández Ordóñez y demás implicados en su hundimiento, las sesiones del Congreso sólo aspiran al lucimiento de los diputados participantes. Así de triste.

Eso puede apreciarse en esas larguísimas preguntas de hasta diez minutos de duración, que en vez de plantear cuestión alguna parecen aburridas tesis doctorales. Ante ellas, claro, los comparecientes se escabullen con otros monólogos aun más prolijos.

Todo lo contrario de lo que ocurre en los comités del Senado estadounidense: en ellos, las preguntas son tan precisas y directas que prácticamente exigen monosílabos como respuesta. ¡Y ay de quien no conteste con concisión!

Algo parecido sucede en Parlamento británico, donde recientemente se acorraló a Rupert Murdoch, a su hijo James y a Rebekah Brooks sobre las escuchas ilegales del News of the World. De haberse celebrado esas sesiones en España, los susodichos aún seguirían tan ricamente como antes de su comparecencia parlamentaria.

Alguien dijo que lo mejor para enterrar un asunto en nuestro país es crear un comité: a causa de la inutilidad de sus debates y de la inanidad de sus conclusiones.

Las comisiones del Congreso de Diputados resultan incluso más inocuas: el bla, bla, bla parlamentario sólo refleja prejuicios partidistas, carencia de ideas y dificultad para expresarlas. Por eso, aquellos diputados que apenas si tienen oportunidades de manifestarse, aprovechan esos quince minutos de protagonismo sobre los que ironizaba Andy Warhol.      

"Especie de casa de putas"

Buena la ha armado Mario Fernández, presidente de Kutxa Bank, al tildar de “especie de casa de putas” al enorme complejo Eurovegas, por el que compiten Barcelona y Madrid.

         Los defensores del proyecto se escandalizan arguyendo que se trata de un gran centro de ocio y congresos que creará 2.500 puestos de trabajo. Como si ambos hechos no fuesen compatibles. También la producción de armas o el cultivo de tabaco y otras drogas ocupan a un montón de personal, aunque hay gente que aun así no está de acuerdo con esas actividades.

Lo cierto es que el negocio del magnate Sheldon Adelson se basa en el juego y se asienta en la ciudad de Las Vegas, creada por el gánster Bugsy Siegel hace poco más de 70 años al fundar el Flamingo.

La famosa población de Nevada posee docenas de hoteles en los que antes de llegar a la recepción se pasa por mesas de juego en las que pueden pararse hasta los niños que se hospedan allí. Las Vegas, no lo olvidemos, es de las escasas localidades en las que están legalizados el juego y la prostitución y, gracias a ello, conforma con Nueva York y Miami el triángulo del crimen en Estados Unidos. ¿O acaso no nos hemos preguntado por qué son precisamente esas tres ciudades los escenarios de la famosa serie televisiva CSI?

Cuando mi visita a Las Vegas, hace ya 24 años, la describí como “una Disneylandia para adultos con estética de Lladró”. También dije, menos piadosamente, que “ignoro si el Infierno existe, pero de haberlo seguro que se parece a esta ciudad”.

Así que, por mucho empleo que cree el proyecto del señor Adelson, coincido con Mario Fernández en lo de la casa de putas.    

El (buen) ejemplo de Jorge Alarte

Los políticos nunca van al paro.

¿Para qué creen que se han creado, si no, esos puestos de asesores nombrados a dedo, de consejeros en empresas públicas, de miembros de organismos tan prescindibles como el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu y muchos otros?

Para lo que sirven, en realidad, es para reacomodar a aquellos políticos que, castigados por las urnas —o por sus propios compañeros de partido—, se ven obligados a dejar el cargo a sus rivales.

Lo malo es que con la crisis a muchos de ellos se les ha acabado ya el momio de cobrar de las cajas de ahorro —aunque la mayoría de consejeros nombrados por los partidos reconozca que ni sabía leer un balance— y de bastantes empresas públicas que ellos mismos han conducido a la quiebra.

Al haber, pues, menos sitios donde recolocarse, la pelea por los puestos disponibles es ahora mucho mayor que antes.

Por eso tiene más mérito, si cabe, la actitud de Jorge Alarte, que ha dicho a sus conmilitones que cuando acabe esta legislatura buscará ganarse las alubias por su cuenta y riesgo.

Al parecer, se le había ofrecido un puesto de senador —cargándose para ello a José María Ángel— o ir de eurodiputado en las listas de las próximas elecciones. Semejante oferta refleja muy bien el nulo respeto que tienen los partidos por ambas cámaras legislativas, convertidas por ellos en agencias de colocación en lugar de ser foros genuinos de representación popular.

En vez de aceptar tan jugosa prejubilación, Alarte se ha liado la manta a la cabeza y está dispuesto a abrir un bufete de abogado y aprender a fajarse en el mundo real, al margen de la confortable y dorada burbuja protectora de la política.

Eso es justo todo lo contrario de lo que hace la mayoría de los políticos que, como la precoz y efímera ministra Bibiana Aído, se suelen instalar en el partido de turno desde los 16 ó 17 años para seguir medrando en él indefinidamente.

Aquí tenemos también el caso de su homóloga Leire Pajín, quien, si ha dejado momentáneamente la política, sólo ha sido para labrarse un currículum en instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, con la que había conectado en su anterior cargo público.

Dadas las ventajas y la seguridad laboral ofrecidas por la política, se entiende la proliferación de profesionales de la cosa pública en nuestro país, aunque yo, a diferencia de otras personas, no cuestiono lo que éstos cobran: lo que sí pongo en cuestión, simplemente, es que muchos de ellos cobren, vistos los desmanes que con su torpeza son capaces de cometer.

Por cierto: circula profusamente por Internet un power point que dice que en España hay 445.568 políticos. Se trata de una enorme exageración. Los cargos públicos retribuidos son menos de 100.000. Aunque hubiese bastantes otros que cobraran de forma encubierta, la cifra quedaría muy lejos de la que se propaga por ahí. Claro que, siendo el número que fuere, probablemente la mayoría de ellos son perfectamente prescindibles.

         Volviendo al caso de Jorge Alarte, su actitud contrasta con la de su predecesor en el PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, refugiado, como Paco Camps, en el Consell Jurídic Consultiu, y con la de la mayoría de políticos de uno y otro signo.

El día en que los políticos de este país se atrevan a pasar de la actividad pública a la privada y viceversa demostrarán ser personas capaces y conocedoras del mundo real. Justo, justo, lo contrario que ahora.    

Me voy de Telefónica

Soy usuario de Telefónica y no quiero que parte de lo que le pago vaya a Iñaki Urdangarín.

Como se trata de una empresa privada, tiene derecho a renovarle su contrato de 2,7 millones de euros anuales, por supuesto. Pero yo también tengo derecho a decirle que con mi dinero no; así que me doy de baja en la compañía.

No se trata de un tema menor, sino de una cuestión de principios. Mientras Telefónica y otras empresas realizan por cuatro duros ajustes de plantilla que afectan a honrados padres de familia, derrochar ese dinero con alguien sospechoso de un montón de delitos me parece algo inicuo.

Para ilustrarlo, les cuento una historia. Hace quince años, se conoció accidentalmente la conversación telefónica entre dos directivos de la empresa petrolera Texaco que se mofaban del personal de color de la compañía. Ésta consideró el hecho una nimiedad y se negó a castigar a los directivos en cuestión. La protesta inicial fue creciendo y las asociaciones afroamericanas acabaron por boicotear el consumo de gasolina de Texaco en todos los surtidores del país.

Pues bien: el pequeño incidente inicial a punto estuvo de hacer quebrar la empresa. Finalmente, Texaco no sólo despidió a los causantes del conflicto, sino que tuvo que cambiar su política de personal, subir retroactivamente el salario de las minorías raciales y efectuar costosas reformas laborales. La broma le costó miles de millones de dólares.

No digo que algo como eso pueda pasarle a Telefónica. Ni siquiera que deba pasarle. Sólo creo que si todos los cabreados por el caso Urdangarín se dieran de baja de sus servicios, otro gallo cantaría.

Las Comunidades Autónomas se quitan la careta

Mientras Europa nos apunta con una pistola en la sien, las Comunidades Autónomas remolonean en hacer los recortes que les tocan: la mitad ha incumplido su objetivo de déficit para el primer trimestre y muchas de ellas continúan pidiendo demorar los ajustes.

A eso se le llama solidaridad.

Mariano Rajoy está tomando medidas —tarde, mal y a rastras, como él mismo reconoce— que pagan aquellos colectivos sociales prisioneros del BOE: funcionarios, personas dependientes, pensionistas… ¿Qué hacen mientras tanto las CCAA?

Ninguna de ellas ha prescindido de los nutridos consejos jurídicos, sociales, audiovisuales, culturales o académicos que las pueblan y donde se acomodan los políticos excedentes. Tampoco han dado cerrojazo a los tribunales de cuentas, defensores del pueblo y asesores de todos ellos.

De los centenares —o miles— de empresas públicas autonómicas, provinciales, locales o comarcales, apenas si ha cerrado media docena. Lo mismo cabe decir de las oficinas de las CCAA en el extranjero. ¿Y las televisiones autonómicas? ¿Qué pasa con ellas?

Ni una sola ha desaparecido ni tienen visos de desaparecer. A sus consejos de administración y a los demás organismos públicos no electivos se aferran unos políticos desalojados ya de las cajas de ahorro y que no podrían ganarse la vida en la empresa privada.

Por todo eso, hay que desconfiar de promesas  —como la reducción de concejales— que sólo serán efectivas dentro de tres años. Lo único cierto es que, mientras todos nos apretamos el cinturón hasta la asfixia, las CCAA siguen practicando el derroche, el déficit y el endeudamiento.

Canal Nou como capricho

Si el inminente ERE sobre Canal Nou se hubiese efectuado hace cinco años, al comienzo de la crisis, a lo mejor habría servido para algo. Al menos, nos habríamos ahorrado los contribuyentes unos 200 millones de euros, entre sueldos e intereses de la deuda.

Hoy día, en cambio, cuando la metástasis de la crisis se ha extendido por toda la actividad económica, los recortes en RTVV, por dolorosos que resulten, sólo son una anécdota: tan ineficaces como pretender curar un cáncer de páncreas con aspirinas.

Y es que no se trata de saber el tamaño que debe tener la televisión autonómica, sino su conveniencia y sus competencias.

En eso, aunque parezca lo contrario, no difieren tanto los planteamientos del PP y de la oposición. El primero, aferrado a la subsistencia de un proyecto desmedido, plantea la reducción de su gigantesca estructura y la privatización de algunos contenidos, pero ni cambia el modelo televisivo ni cuestiona su vigencia.

A la oposición conjunta del PSPV-PSOE, Esquerra Unida y Compromís, tan crítica por cierto con el derroche del Consell en otros sectores, el monstruoso déficit de Canal Nou no le quita el sueño. Bajo el mantra de “mantener el servicio público” a toda costa, parece dispuesta a perpetuar los números rojos del invento, aunque a los contribuyentes no les quede ni para comer.

¿Pero cuál es ese importante “servicio público” que prestan las televisiones autonómicas en general y Canal Nou en particular?

No lo es, por supuesto, la emisión de concursos, películas, acontecimientos deportivos y programas de corazón con los que las televisiones públicas compiten con las privadas. Sí lo es, en cambio la programación de otros canales, como el PBS norteamericano, que emite contenidos de interés social, cultural o educativo de los que, obviamente, pasan los canales privados. Ésa es una televisión barata, claro, pero en consecuencia su audiencia sólo ronda el 2% del share televisivo.

Eso no interesa a nuestros políticos, ya que los canales autonómicos, en vez de prestar ese presunto servicio público, están al servicio personal del gobernante de turno, sea éste del color político que fuere. Sólo así se explica la pervivencia de televisiones autonómicas en lugares como Extremadura, Castilla-La Mancha o Murcia, pongamos por caso. Y, curiosamente, ni María Dolores de Cospedal ni José Antonio Monago ni Ramón Luis Valcárcel han propuesto cerrarlas antes de tener que quitar dinero a funcionarios y otros colectivos.

Las únicas televisiones autonómicas justificables, aquí y ahora, son aquéllas que se dedican a difundir y promover las lenguas oficiales distintas del castellano, tal como estableció en su día la ley que las creó. Eso resulta totalmente aplicable a Canal Nou, por supuesto, pero supone un modelo de televisión radicalmente distinto del actual, menos pretencioso y grandilocuente.

Todo lo que exceda de eso, incluida la programación en castellano —¿no existen para ello otras televisiones en España, tanto públicas como privadas?—, es mero capricho.

Claro que los ciudadanos —y hasta los políticos— tienen derecho a darse algún capricho de vez en cuando. Pero hay que saber su coste y su oportunidad. Así, aunque una familia pueda permitirse el lujo de un crucero por el Caribe a cambio de privarse de comer, si lo hace es de una irresponsabilidad suicida.

Lo mismo les ocurre a nuestros políticos, que prefieren dejarnos sin comer antes que sin tele.

Cuando gane la izquierda...

Ante la eventualidad de una futura derrota electoral del PP, la izquierda valenciana comienza a efectuar tímidos gestos unitarios. El último: la presentación de un proyecto común para RTVV a cargo de Ximo Puig, Marga Sanz y Enric Morera.

La conclusión cae por su propio peso, de puro obvia: sin un acuerdo del resto de los partidos parlamentarios no hay alternativa al PP. Éste, pese al desgaste que muestran las encuestas y al descrédito producido por su larga lista de implicados en escándalos —hasta once diputados, desde Sonia Castedo hasta Vicente Rambla y desde Milagrosa Martínez hasta Hernández Mateo— podría seguir siendo, con todo, el partido más votado en la Comunidad.

Así que el tripartito más que una hipótesis es la única realidad posible, como argumentan en su lúcido libro El margen izquierdo los profesores Ximo Azagra y Joan Romero. Claro que el análisis de los pensadores socialistas profundiza más en los pasados errores de la izquierda que en el modelo político y económico que debería seguir la posible coalición de gobierno en caso de victoria electoral.

Ése es el principal problema de la oposición al PP: la ausencia de un proyecto alternativo al ofrecido hasta ahora por el Consell. Lo fácil es criticar a la Generalitat por su pasada política del ladrillo, de inversiones faraónicas y de impulsar grandes eventos, pero mucho más difícil es presentar un programa que ilusione a una ciudadanía cada vez más escéptica.

Por otra parte: ¿cómo articular un proyecto común de los tres partidos —PSPV-PSOE, EU y Compromís— si en el mayor de ellos subsisten profundas divisiones? La última la han protagonizado Toni Gaspar y José Manuel Orengo con su pelea por la portavocía socialista en la Diputación de Valencia.

No se trata sólo de disputas personales —a las que, por otra parte, tan aficionado es ese partido—, sino ideológicas. Uno y otro, alineados respectivamente con Jorge Alarte y Ximo Puig, representan dos concepciones de la socialdemocracia. Abierta al cambio la primera y más anclada en un valencianismo próximo a Compromís la segunda.

Por esa diversidad y hasta esa contradicción, tienen razón quienes aventuran un deambular errático a un eventual Consell de izquierdas. Aun así, ¿cuál podría ser la orientación general de ese gobierno tripartito?

No parece difícil trazar sus principales líneas de actuación: desarrollo del Estatut, de la lengua valenciana y demás señas de identidad regional, por una parte, y aumento de la intervención pública en los servicios, la economía productiva y hasta los sectores menos rentables de la actividad económica, por otra.

En román paladino, todo eso significa una marcha atrás en la privatización de empresas públicas —incluido el ERE de RTVV—, menos recortes y más déficit público, mantenimiento de la política de subvenciones y otra serie de medidas contrarias a la austeridad propiciada por la Unión Europea.

¿Es eso posible y hasta deseable? Lo ignoro, pero sí sé que es preciso ir hablando de ello. El mal precedente del tripartito catalán de José Montilla no parece preocupar a la izquierda valenciana, ilusionada ahora con François Hollande —el segundo político más valorado por los españoles, detrás tan sólo de Barak Obama—. Claro que también parece olvidar que algunas de las políticas del presidente francés son las mismas que llevó a cabo Lionel Jospin en 1997 con el resultado desastroso que se recuerda.   

     

 

Bankia, Sarkozy y otros

Aquí, políticos, banqueros y grandes empresarios suelen salirse de rositas tras cometer cualquier felonía. Si excepcionalmente resultan condenados, se hace prescribir sus delitos, como en el caso de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, o se benefician de un indulto del Gobierno, como le sucedió a Alfredo Sáenz Abad.

En otros países, en cambio, puede acabar en la cárcel hasta el tato, por aquello de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.

Ahora está siendo investigado por presunta financiación ilegal de su partido el ex presidente francés, Nicolas Sarkozy. Justo lo contrario de lo que ocurre aquí, donde todos los partidos se han financiado irregularmente sin que ello les haya supuesto coste penal alguno.

El antecesor de Sarkozy, Jacques Chirac, ha tenido a su vez que sentarse en el banquillo por otro asunto igual de turbio. Y no digamos nada de aquella Administración corrupta de François Mitterrand, que le costó la cárcel, entre otros, a su ministro de Exteriores Roland Dumas.

No sé cuánto tiempo pasará antes de que en España veamos a un político, no ya en prisión, sino ante los tribunales. Otro tanto cabría decir de aquellos empresarios que han practicado impunemente sobornos, fraudes y otros delitos de mayor o menor cuantía. Mientras este tipo de personajes suele acabar entre rejas en los países anglosajones, aquí se jubilan con el riñón forrado y dando conferencias sobre la ética en el mundo de los negocios.

Aunque sólo fuera por eso, bienvenida sea la imputación de los directivos de Bankia. Claro que si se abre la veda a todos los financieros, políticos y demás incursos en posibles delitos, no habría en España suficientes tribunales donde juzgarlos.

Portugal y nosotros

Con la crisis, aumenta el número de portugueses partidarios de una federación con España. Al parecer, aún creen en el viejo adagio de que la unión hace la fuerza.

Aquí sucede todo lo contrario. Según las encuestas, lo que crece es el respaldo a los separatistas de Bildu en Euskadi y el auge del independentismo en Cataluña: hasta el 51%, según el Centre d’Estudis d’Opinió, llegando a afectar hasta a antiguos dirigentes del PP, como Montserrat Nebreda.

Anticipándose a este fenómeno, el profesor Gregorio Peces-Barba ironizó hace unos meses con que “mejor nos habría ido de habernos quedado con los portugueses y dejado a los catalanes”, refiriéndose a la política peninsular del conde-duque de Olivares en el siglo XVII.

¡Dios la que se armó! Pero, como dice otro lúcido y sardónico socialista, Javier Paniagua, rector de la UNED en Valencia, “Portugal es la autonomía peninsular que menos problemas le crea al Estado español”.

Entre la afección de unos y la creciente desafección de otros, valdría la pena el ir modificando criterios y opiniones sobre solidaridades y alianzas territoriales. Para ello, lanzo una idea a modo de provocación o que quizá no lo es tanto: propender a la federación entre Portugal y lo que quede de España.

Pero, como los portugueses están justamente escarmentados sobre las intenciones de España, además de hacer cooficiales el castellano y el portugués, deberíamos trasladar la capital federal a Lisboa, con lo que en eso también saldríamos ganando.

Sólo trato de realizar aquí un simple ejercicio de ironía. Pero la ironía, ya se sabe, encierra siempre grandes dosis de realismo.