lunes, 28 de febrero de 2011

En defensa (?) de TV3

No defiendo la existencia de televisiones públicas, al menos en el sentido de las que tenemos en España, que son unos instrumentos de propaganda política en vez de prestadoras de un servicio que no aportan las empresas privadas.

Pero, ya que están ahí, ¿por qué se priva de la posibilidad de verlas a las personas interesadas en ellas? Por razones políticas, obviamente. Y no entro aquí en la legalidad del cierre de TV3 en la Comunidad ni en las razones técnicas que lo amparan, puesto que una y otras son perfectamente subsanables.

Ya he explicado en otras ocasiones que algunos estados federales, como Alemania, no tienen canales autonómicos, sino desconexiones de las televisiones públicas estatales, con el ahorro presupuestario que ello supone. En otros, como Estados Unidos, la PBS, única cadena pública existente, agrupa a organizaciones comunitarias, educativas o locales que permiten la emisión de programas no rentables de interés social que de otra forma no tendrían cabida en las ondas. Por eso, precisamente, su porcentaje de teleespectadores apenas llega al 2%.

La razón de ser de TV3 —así como de la decana de las televisiones autonómicas, la vasca ETB— fue la proyección de la lengua vernácula y ése es también el motivo por el que su emisión en la Comunidad altera al PP, inquieto por la sutil frontera lingüística entre el valenciano y el catalán que difusamente mantiene la Academia de la Lengua que preside Ascensió Figueras.

Ésa es una preocupación que viene de lejos, desde los mismos albores de Canal Nou. Para evitar la contaminación idiomática, ya en su primera etapa, dirigida por Amadeu Frabegat, se optaba porque gente de habla catalana entrevistada en nuestra cadena autonómica, como le ocurrió a Angel Casas, se expresasen en castellano en vez de en catalán.

Además, el que detrás de la emisión de TV3 en la Comunidad se encuentre Eliseu Climent, el animador cultural pancatalanista patrocinado por los sucesivos gobernantes del Principado, desde Jordi Pujol a Artur Mas, pasando por Maragall y Montilla, parece justificar los recelos del Consell.

Con todo, en defensa de TV3, por decirlo de alguna manera, quiero hacer algunas consideraciones.

Ese canal autonómico supuso en sus inicios, bajo la dirección de Alfons Quintá, una renovación respecto a la anquilosada televisión estatal, tanto en su libro de estilo redaccional como en la agilidad técnica y profesional de sus reporteros. En seguida, a partir de la llegada de su sucesor, Enric Canals, cayó en los mismos defectos que la hipertrofiada TVE.

Aun así, TV3 continúa aportando un aire fresco al viciado ambiente de las televisiones públicas. De ella surgió, por ejemplo, Andreu Buenafuente, el mejor conductor español de late night shows. En ella se emite diariamente el informativo de Josep Cuní, el más plural y objetivo de los de su estilo. Y en ella, también, Toni Soler presenta el programa de sátira política Polònia, en la estela del ingenioso Vaya semanita, que emite la vasca ETB. ¿Alguien es capaz de imaginar que Canal Nou proyectase algo semejante, ironizando en su caso sobre la figura de Paco Camps, a imagen y semejanza de lo que ocurre en las otras televisiones con sus presidentes respectivos?

Éstas son las razones, menores, si se quiere, por las que me perturba la desaparición de TVE del espectro televisivo valenciano, más allá de las razones técnicas, legales y hasta políticas que puedan justificarla.

Para mí, pues, como amante de la calidad televisiva, es una auténtica pena.

sábado, 26 de febrero de 2011

"Zapatero is over"

Supongo que el Departamento de Estado yanqui continúa elaborando esos informes que luego filtra al ancho mundo Julian Assange por medio de Wikileaks. De ser así, la embajada estadounidense en Madrid habrá mandado ya un telegrama a Washington: “Zapatero is over”, o sea, está acabado.

Solo así se explica el cachondeo de Pérez Rubalcaba el pasado fin se semana, verbalizando un hipotético diálogo futuro con su líder en el que le reprocharía: “En todos estos mítines estuve yo; a ver tú qué tienes”.

A esa sutil postulación para sustituir al secretario general del PSOE se ha sumado en seguida Carmen Chacón, no fuera a perder comba: ya ha dejado claro que ve a España lista para tener una presidenta catalana.

También José Bono, poniéndose de perfil, como es su estilo, no ha abandonado la idea de un segundo intento para dirigir al partido.

Como esto siga así, a medida que las encuestas y la aceptación popular sigan dándole la espalda, más socialistas pueden aspirar al relevo del inquilino de La Moncloa, para regocijo de éste, sabedor de que irían derechos al batacazo electoral.

Pero no importa. La debilidad del líder del PSOE no procede sólo de su cansancio político y del revés en los sondeos. El día en que un oscuro Tomás Gómez le ganó el pulso, negándose a la imposición de Trinidad Jiménez como cabeza electoral por Madrid, se evidenció que cualquiera podía batir a Rodríguez Zapatero.

De ahí su frustración. De eso y de su convencimiento de que la posible recuperación económica no llegará a tiempo para salvarle. Así que el que venga detrás que arree. O sea, “Zapatero is over”.

jueves, 24 de febrero de 2011

Los pactos de Serafín Castellano

Parece claro que el presunto diálogo entre Jorge Alarte y Paco Camps para combatir la crisis económica es poco más que un amago de cara a la galería. Los dos dirigentes políticos se tienen tan feroz inquina que ninguno de ellos es capaz de darle ni siquiera un modesto pocillo de agua al otro.

Sin embargo, mientras la confrontación permanece instalada en nuestra vida pública al más alto nivel, el conseller Serafín Castellano, el solo, viene dando un recital de concertación política con sus adversarios en un amplio abanico de asuntos, desde la ley de bomberos hasta la pilota valenciana, pasando por los chiringuitos costeros o la custodia compartida de los hijos en caso de divorcio.

Este último tema lo acordó la semana pasada en Las Corts con la diputada de Compromís Mónica Oltra y llevó al portavoz de este grupo, Enric Morera, a ironizar en privado: “Serafín es capaz de comernos el espacio político a los nacionalistas”. El aludido, al enterarse de la frase, enseguida matizó: “Yo no soy nacionalista; lo que soy es autonomista”.

Lo cierto es que el conseller de Governació cubre muy bien ese espectro ideológico que ha quedado huérfano después del hundimiento de Unió Valenciana y el desaforado extremismo de García Sentandreu.

Por eso, precisamente, Castellano ha sido el máximo impulsor de la reforma del Estatut d’Autonomia de 2006 para blindar así la financiación de la Comunidad en proporción al número real de sus habitantes. Mañana mismo presentará el proyecto en Las Corts, donde ya lo tiene pactado con los socialistas y “con toda seguridad lo aprobaremos el mes que viene, antes de que acabe la actual legislatura”.

El caso del Estatut es uno más de esta capacidad de diálogo y de compromiso de un político que ha servido con igual lealtad a los gobiernos autonómicos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. El último acuerdo con el ministerio de Rosa Aguilar ha consistido en desactivar el envenenado conflicto de los chiringuitos playeros, al conseguir la moratoria de un año en la instalación de las terrazas y avizorar una posible modificación de la Ley de Costas.

“Con dos o tres consellers más del tipo de Serafín Castellano —me dice un experto conocedor de los intríngulis del Consell— otro gallo le cantaría a la acción de gobierno, monopolizada en exceso por Paco Camps”. Según ese análisis, al presidente le han fallado consellers considerados en su día como luminarias de su gabinete. Ha sido el caso de González Pons y, en otra medida, del ex rector Justo Nieto, quien iba a ser el modernizador económico desde su conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia y se quedó en nada.

“Curiosamente —sigue el experto—, los que le han sacado las castañas del fuego al presidente han sido los consellers que puso en carteras consideradas de rango menor: Rafa Blasco y Serafín. El primero se ha convertido en el auténtico ideólogo del Gobierno y azote de sus oponentes, y el segundo en el conseguidor de los únicos acuerdos políticos logrados por el Consell”.

martes, 22 de febrero de 2011

El mal fario del PSPV-PSOE

Aunque suene a paradoja, el único éxito electoral importante del PSPV-PSOE el próximo 22 de mayo puede producirse en la alcaldía de Benidorm, gracias a su candidato tránsfuga, Agustín Navarro.

Para mayor inri, esa victoria contra natura —es decir, contra la tesis de moralización de la vida política que viene predicando reiteradamente Jorge Alarte— no lo sería por méritos propios, sino por la decisión del PP de presentar como cabeza de lista al ex munícipe Manuel Pérez Fenoll, quien goza de pocas simpatías hasta entre los empresarios.

Con ese empeño, tal parece que Francisco Camps antes preferiría ver a Benidorm en manos socialistas que en las de que su mayor bicha dentro del propio Partido Popular, es decir, la líder local Gema Amor.

Pero hablaba del PSPV-PSOE, que se las prometía muy felices por el presunto desgaste de sus rivales debido al caso Gürtel. Pues ya ven: ni por ésas. La encuesta publicada por EL MUNDO hace un mes evidenciaba que el PP puede doblar en votos a los socialistas en la Comunidad, con unos resultados mejores incluso que los de la imbatible Esperanza Aguirre en Madrid.

Si eso no es un estrepitoso descalabro, que venga Dios y lo vea. Y es que cada nuevo acontecimiento, en vez de beneficiarle, desacredita al PSPV-PSOE aun más que el anterior. Por ejemplo: las elecciones primarias para el candidato a la Generalitat han acabado en los juzgados, donde mañana comparece Antonio Asunción, demandante por un presunto atentado contra sus derechos al haberle anulado el partido 320 avales electorales. Al día siguiente habrá nueva confrontación de Asunción, esta vez con Carmen Martínez, por haberle acusado la dirigente socialista de pactar en secreto con el PP contra su propio partido.

Despropósito tras despropósito, el PSPV-PSOE ha logrado que no se sepa ni siquiera cuál es el proyecto del partido para el Cap i Casal, tras haber puesto inicialmente el candidato a la alcaldía, Joan Calabuig, patas arriba la política de su predecesora, Carmen Alborch, y haberse desdicho luego de casi todo lo que había afirmado en un principio.

El último acto de ese sainete —no por previsible menos sorprendente y donde se repite la lucha cainita habitual por las listas electorales—, ha sido la dimisión del brillante coordinador del programa municipal, González Triviño, por falta de respaldo de la Ejecutiva a su labor y por la precariedad con la que trabajaba, sin despacho ni acceso a las propuestas de los militantes.

¿Qué tiene que hacer, tras todo esto, el PSPV-PSOE para levantar cabeza?

Lo tiene tan complicado que el azote parlamentario de Camps, Ángel Luna, en vez de haber conseguido doblegar al Presidente, ha tenido que volver a pasar por los Juzgados hace solo dos días para declarar una vez más por aquel informe policial que reveló ante Las Corts estando bajo secreto de sumario.

La única y remotísima posibilidad de que los socialistas valencianos enmendasen un poco el tipo la tendría, aunque parezca mentira, Mariano Rajoy. Si el líder del PP designase a otro candidato en vez de Camps para la presidencia de la Generalitat, semejante decisión le supondría al PPV-PSOE un exiguo aunque efímero balón de oxígeno.

Pero ni por ésas. No sólo porque tal hipótesis no llegará a producirse, sino porque, aunque se diese, la victoria del Partido Popular en la Comunidad se vaticina igual de aplastante.

Ya me dirán, pues, si no es una desgracia sin paliativos la que asola y desuela hoy día al socialismo valenciano.

domingo, 20 de febrero de 2011

¿Qué hacer con la Universidad?

“Si fuese una fábrica de turbinas o una pasamanería yo la cerraba”, me dice respecto a la Universidad de Salamanca uno de los pocos amigos que a uno le quedan. ¿Por qué? “Porque ofrece un producto obsoleto y falto de calidad”.

No seré yo quien le lleve la contraria, Dios me libre, pero lo mismo podría decirse de las otras 68 universidades españolas, apoltronadas todas ellas en el cantonalismo, la endogamia y una captación de alumnos basada en facilitar la titulación y no en la exigencia académica.

Ésa es la conclusión que se desprende de la relación de los 200 mejores centros de estudios superiores del mundo, de los que uno solo es español: la Universidad de Barcelona. Claro que, como recogía el artículo del diario chileno El Mercurio, donde leí la noticia, “no hay ninguna universidad en lengua española, ya que el idioma oficial de la de Barcelona es el catalán”.

Ya ven que la cosa no es para tirar cohetes.

El listado de marras, además, no está hecho a humo de pajas, ya que en él se ponderan la reputación académica, la generación de empleo, las publicaciones del profesorado, la tasa de estudiantes por cada docente y la composición internacional del claustro.

Pues bien. Mientras nosotros ni siquiera aparecemos en él, las cien primeras universidades del mundo pertenecen a 22 países diferentes. ¿Qué tipo de titulados está ofreciendo, en cambio, España? ¿Con que nivel vamos a competir en una sociedad cada vez más exigente?

La situación específica de Salamanca, cuya Universidad ni siquiera figura entre las mejores de este país, se complica además por el envejecimiento del profesorado y por su constante disminución del número de alumnos. Y puesto que no somos capaces de exportar, digámoslo así, algo de tanta solera como nuestra histórica universidad, ¿qué otro inexistente producto podríamos vender?

Ninguno. Así que habrá que aprovechar alguna de las escasas ventajas comparativas de nuestra vieja USAL. La mayor de ellas, su cosmopolitismo, el ser de los pocos centros de España que aún recibe estudiantes del resto del país —dos tercios de su alumnado— y que mantiene una aureola de prestigio que, sin corresponderse con la realidad, puede usarse como poderosa herramienta de marketing.

Otras universidades españolas, como mi otrora prestigiosa alma mater de Deusto, sólo acogen ya a alumnos de su entorno. Por eso, nuestra uni se salvará si consigue atraer a estudiantes que prefieran la excelencia a la comodidad y la diversidad al provincianismo.

Pero, para lograrlo, claro, deberá ponerse las pilas.

viernes, 18 de febrero de 2011

De Camps a Berlusconi

En lo personal se hallan en las antípodas. Silvio Berlusconi es de una ostentosa y obscena voluptuosidad. Paco Camps, en cambio, muestra un conservadurismo austero, rayano en lo ascético.

A ambos personajes los une, en cambio, su absoluto apego al poder y la convicción de que las urnas los exculparán de cualquier imputación de tipo penal, confundiendo así la política con la justicia.

Siendo tan distintos, y hasta opuestos, entre el italiano y el valenciano habría otros paralelismos.

Uno, el más frívolo, es la existencia de terceros causantes de sus pesares. El de Berlusconi, enredado en asuntos de amor y sexo, ha sido la joven Ruby, presuntamente metida en sus orgías. Para Camps, liado solo con grandes eventos ciudadanos, lo fue El Bigotes, quien lo utilizó para hacerse rico.

Pero lo más significativo de ambos casos es la obsecuente actitud de los miembros de sus partidos, refractarios a cualquier crítica o imputación, ataque o descalificación, y que se apiñan en torno al líder, sabedores de que su futuro político va indefectiblemente unido al de él.

En eso, los países mediterráneos, con partidos de obediencia casi militar, no se parecen a los anglosajones, donde cualquier diputado puede votar contra su jefe y hasta obligarle a dimitir, como le ocurrió a Margaret Thatcher. En ellos se puede ir a la cárcel, como el alcalde de Washington Marion Barry, y volver como si nada a la política. En los otros, en cambio, una condena, aunque sea simbólica, arruina para siempre la reputación personal y la carrera pública.

De ahí, pues, el que Berlusconi, Camps y bastantes más se aferren a su cargo como a un clavo ardiendo.

miércoles, 16 de febrero de 2011

"El más respaldado de todo Occidente"

A una escala menor, claro, el golpe de mano del PP regional proclamando candidato a Francisco Camps, es igual que lo hecho por el PP local de Benidorm con Gema Amor antes de que lo desautorizara luego el mismo Camps, quien quitó a la postulada —pese a no estar incursa en proceso penal alguno— y puso en su lugar a Pérez Fenoll. ¿Hará algo parecido Mariano Rajoy con el presidente valenciano?

Parece más que improbable por varias razones. La menor de todas ellas, el que no existe un claro candidato alternativo. Otras, de más calado, van desde el escándalo que podría producirse con tal decisión hasta el clamoroso y repetido éxito demoscópico que ha demostrado Paco Camps.

Amparándose en ello, el presidente de la Generalitat se jactó ayer públicamente de ser “el más respaldado de la historia de los candidatos de todas las democracias occidentales”. Y menos mal que excluyó los líderes autocráticos, desde Ceacescu a Mubarak, quienes en su momento obtuvieron pírricas adhesiones superiores al ciento por cien.

Semejante frase, tan tremebunda como contundente, es disculpable por la emoción del momento, pero ha servido en cambio para acrecentar el número de desafectos hacia su persona entre los dirigentes nacionales del Partido Popular, encabezados como se sabe por María Dolores de Cospedal.

Sin embargo, es verdad que Camps muestra siempre una autoridad sin fisuras dentro del aparato del PP de la Comunidad. Por eso, los miembros del comité electoral regional convocados de urgencia anteayer votaron unánimemente lo que se les pidió: la proclamación de su presidente como candidato a la reelección.

Tal disposición a la unanimidad le sirvió a Camps para poder ratificar en su puesto a Ricardo Costa hace 17 meses y para que al día siguiente los mismos obsecuentes diputados, sin hacer ninguna pregunta al respecto, suspendiesen de militancia al mismo secretario general que acababan de ratificar la víspera. La exhibición de ese poder autonómico y su transformación en éxitos electorales es lo que hace intocable al presidente de la Generalitat.

Lo bueno de esa situación, como reconocía el vicepresidente Vicente Rambla, es que, encabezado por Camps, el PP valenciano podría superar de largo el 60 por ciento de votos. Pero malo es que los plazos procesales pueden llevar al banquillo al presidente justo en vísperas electorales o recién consiga la reelección. ¿Qué coste electoral y de imagen podría suponerle al Partido Popular allende la Comunidad? Tal posibilidad, en la calle Génova y en otros pagos, pone de los nervios a más de un dirigente del partido, máxime cuando Esperanza Aguirre ha conseguido hacer limpieza en Madrid de todos los salpicados por el caso Gürtel.

Eso es lo único que impide dar por totalmente cerrada la candidatura de Paco Camps, a pesar de ser “el más respaldado de Occidente”. Y no es que nadie en la cúpula del PP cuestione la honradez del presidente de la Generalitat, pero sí la oportunidad y la conveniencia de su reelección.


martes, 15 de febrero de 2011

Política "exterior" autonómica

¿Tiene una política internacional propia la Comunidad Valenciana? ¿Es legítimo que la tenga?

A tenor de la cantidad de viajes al extranjero de Francisco Camps durante su mandato —32, o sea, uno cada tres meses— podría parecer que sí, aunque el hombre se empeña siempre en decir que él viaja en representación de la Comunidad y también de España.

No obstante, nuestro presidente le ha cogido tanto gusto a esos desplazamientos que sus adversarios arguyen que más que actos de gobierno son la válvula de escape de sus problemas internos, como el caso Gürtel.

Esta crítica, como tantas otras, es injusta. En primer lugar, porque la frecuencia de viajes al exterior ya se producía antes del asunto de los trajes de Forever Young. Luego, porque el pionero en viajar como si de un jefe de Estado se tratara fue el gallego Manuel Fraga, especializado sobre todo en visitar al dictador Fidel Castro. Finalmente, la palma en esa actividad que suele colisionar con la del Gobierno español se la lleva el ex lehendakari Juan José Ibarretxe.

Estos ejemplos, por sí solos, demuestran lo complicado que resulta cohonestar la política exterior del Estado de las autonomías.

Hay que decir en honor de Paco Camps, por otra parte, que carece de la vanidad de otros próceres de la política o la economía que se autofinancian premios de instituciones extranjeras. Lo dicho vale igual para la medalla del Congreso norteamericano a José María Aznar que la de la Hispanic Society a José Luis Olivas o las del Spanish Institute a banqueros como Emilio Ybarra o a la esposa de Emilio Botín, Paloma O’Shea.

En el estricto plano institucional, las Comunidades Autónomas gastan 500 millones anuales en sedes en el extranjero. La nuestra, sólo superada por Cataluña, dispone en el mundo de 27 despachos del IVEX —para comercio exterior—, con un presupuesto de casi 14 millones. Nuestra representación en Bruselas, capital de la UE por donde pululan 34.000 funcionarios y hay 268 oficinas regionales europeas, ha llegado a tener contratadas —allí y en España— hasta 60 personas, generando un gasto anual de 739.000 euros.

Poco es eso en comparación con las entidades vascas desplegadas por varios continentes, folklóricas algunas de ellas, políticas las más, y todas excluyentes del concepto de lo español.

En cualquier caso, ni se justifican culturalmente —ya existe para ello el Instituto Cervantes, que en teoría las engloba a todas— ni se entienden desde el punto de vista comercial, pues el ICEX ya trata con dificultad de vender por el mundo la marca España, país al que todavía muchísimos clientes de Zara, Mango o BBVA ignoran que pertenecen dichas empresas.

Por esa complicada comprensión de la marca, hay que alabar a la empresa Lladró, que con su afamado museo de Nueva York ha conseguido ser la mejor embajadora de la Comunidad —y casi única— allende nuestras fronteras.

Así, pues, ante esta compleja situación, existen en mayor o menor grado tantas políticas exteriores como Comunidades Autónomas, las cuales en vez de potenciar la España plural en ocasiones la perjudican. A nivel lingüístico, ya ha tomado nota de ello la UE, que ha reducido el papel del castellano como lengua de trabajo —¿no lo ha hecho también el propio Senado español?—, y a nivel financiero, la elevada deuda de Cataluña acabará por afectar negativamente a la nuestra: por culpa de ella, los 4.500 millones que pretende refinanciar Gerardo Camps nos van a costar, ya lo verán, un ojo de la cara.

domingo, 13 de febrero de 2011

Gracias a ETA

Si yo fuese un tipo inmoral como Rufino Echevarría, Diez Usabiaga y otros de su calaña, estaría eternamente agradecido a ETA y besaría allá por donde pisan los terroristas.

Estos siniestros personajes permanecen visiblemente detrás de esos otros que, como Iñaki Zabaleta, ofrecen la nueva cara —democrática y pacífica, dicen— de la izquierda radical abertzale.

Gracias a ETA, la sedicente izquierda a la que representan tiene una presencia desproporcionada e impone un temor totalitario que no habría logrado por la simple fuerza de los votos. Lo mismo, vamos, que Adolf Hitler, quien llegó al poder gracias a las urnas, pero habiendo zurrando la badana a sus adversarios mediante sus fuerzas de choque.

ETA también ha allanado el camino para que las sucesivas versiones de Batasuna —su instrumento electoral— pudieran acceder a ayuntamientos y cajas de ahorro, parlamentos y diputaciones y se beneficiaran de ellos con total impunidad.

ETA ha practicado no sólo el asesinato, la mutilación, la extorsión y el sometimiento moral de dos generaciones, sino que también ha conseguido la limpieza étnica —otra analogía con el nazismo— al haber forzado a exiliarse a más de 200.000 vascos.

¿Cómo no van a estarle, pues, agradecidos sus beneficiarios?

Por eso, aunque Sortu rechace ahora la violencia futura, dado que ya no la precisa para recoger sus frutos, sigue sin condenar el terrorismo pasado, del que es legítimo heredero.

Así, pues, mientras la izquierda abertzale siga agradecida a ETA y no exija ya su rendición incondicional —sin mediadores ajenos que equiparen víctimas y verdugos—, no puedo creer en sus buenas y nuevas intenciones.

jueves, 10 de febrero de 2011

Presunción de culpabilidad

La lentitud de la justicia, recuerda un aforismo jurídico, hace que aquélla no sea justa; entre otras razones, porque expone a los acusados a figurar como culpables ante la opinión pública mientras no se dicte sentencia. Y a ver luego quién les quita ese sambenito.

No sé si tomando en cuenta esas consideraciones, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que preside Pilar de la Oliva resuelve hoy si se sigue demorando la instrucción del caso Gürtel contra Francisco Camps o si el juez José Flors puede decidir de una vez que se abra juicio oral en las próximas semanas.

Con tanto intríngulis jurídico, se comprende que la gente del común andemos perdidos, en este asunto y en muchos otros, sobre quién está acusado de qué, por quién y cómo.

Mientras tanto, ajenos a estas prosaicas cuestiones, esos abogados que perciben sustanciosas minutas alargan los procesos sin tener en cuenta que cuanto más duren más infaman a quienes los padecen. Ya me dirán, si no, en qué beneficia al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el llevar ¡8 años! implicado en diversas causas aún por resolver. ¿Quién creerá en su inocencia si un día los tribunales le exoneran de cualquier delito?

Y es que el viejo principio de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario ha sido sustituido hoy día por el de resultar culpable de entrada. Para mayor inri, quienes criminalizan o no a los acusados no son los jueces sino la opinión pública.

De ahí que los políticos se dediquen sistemáticamente a estigmatizar a sus enemigos antes de que lo hagan los juzgados, incluso sin llegar a incoarse proceso alguno. ¿Quién no ha hecho ya su juicio previo, por ejemplo, ante los sumarios de Garzón, Palma Arena, el bar Faisán, el caso Brugal o el piso de Ángel Luna?

Por eso, también, el uso y el abuso mediático que hacen unos y otros de presuntos delitos por aquello de que cuando el río suena, agua lleva, que dice un antiguo e insidioso refrán en el que los políticos de este país parecen creer a pies juntillas.

Lo más paradójico y lamentable de todo es que con tanta dilación procesal en el asunto de los famosos trajes de Orange Market el PP puede ganar de calle las próximas elecciones y encontrarse acto seguido con el procesamiento del presidente de todos los valencianos.

Antes, incluso, de que tal eventualidad pudiera suceder, debo decir que resulta absurdamente injusta la imagen de la Comunidad Valenciana como emporio de corrupción. Baleares, Andalucía, Madrid o Cataluña tienen muchísimos más imputados en tramas de especulación, sobornos y prevaricación. Pero ya ven: de tanto repetir el pérfido eslogan empiezan a creérselo hasta aquéllos que lo han inventado.

Pero que nadie se llame a engaño porque todos perdemos en esta grotesca zarabanda: los electores, porque tanto escándalo ha anestesiado nuestras conciencias; y los políticos, porque instalados en una aparente impunidad no prevén que cuando pase el efecto de la anestesia los ciudadanos acabaremos por pedirles cuentas.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Adelgazar la Generalitat

Sin llegar a la contundencia verbal de José María Aznar, muchos economistas, contertulios televisivos y políticos —incluido Mariano Rajoy— defienden el ajuste del estado de las autonomías a unas dimensiones más operativas: o sea, que se adelgace.

Pues va a ser que no.

El propio Francisco Camps le ratificó este jueves a Aznar su convencimiento de que las cosas están bien como están y que para qué cambiarlas.

Ya antes, en un tema tan concreto como la privatización de la televisión valenciana, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, había rebatido a la secretaria general del PP y anticipado que de eso nada de nada.

Entre nosotros las cosas van más bien en sentido contrario: el de reformar el Estatut para conseguir más cotas de autogobierno. En concreto, se trata de blindar la financiación de la Comunidad en proporción al número real de habitantes, tema en el que viene trabajando desde hace tiempo el conseller Serafín Castellano.

En este asunto, a diferencia de ocasiones anteriores, el PSPV-PSOE va de mero comparsa, sin entusiasmo alguno. No en vano, su secretario general, Jorge Alarte, está siendo ninguneado desde su nombramiento por Paco Camps, quien ha aceptado abrir con él un diálogo sobre la crisis que pospone reiteradamente.

Así, pues, mientras la crisis económica sigue sin remediarse, crece la desconfianza de propios y extraños sobre la creciente deuda de las comunidades autónomas, esos “17 miniestados”, como ironiza José María Aznar. Lo cierto es que, según el propio Gobierno de la nación, entre todos ellos tienen 215 embajadas fuera de España, más otras 56 oficinas representativas.

Nuestra Comunidad —la segunda en número de sedes, sólo superada por Cataluña— posee 27 oficinas del IVEX, que colisiona y compite con el ICEX español, con el consiguiente lío de identificación de marca. ¿Se vende España o se vende otra cosa? ¿Nos dedicamos a potenciar la Comunidad pero con qué imagen? Para confusión de los expertos en marketing, mientras Alemania asocia su nombre a ingeniería, Italia a diseño y Francia a glamour y lujo, no se sabe muy bien qué es lo que representamos nosotros ni quién nos representa.

Y no digamos nada el día en que la UE abra embajadas en los 130 países en que pretende hacerlo Catherine Ashton. ¿A qué representación diplomática acudiremos? ¿A la autonómica, a la nacional o a la europea?

Dentro de la propia España, nuestra Comunidad alcanza la cifra de 137 sociedades públicas, consorcios y fundaciones que duplican muchas de ellas las funciones del Estado, según un magnífico trabajo realizado en EL MUNDO por Mariano Gasparet. En toda España, el sector público suma 2.181 de estas entidades, lo que supone cuatro veces el volumen de la administración central.

Hace ya diez meses, Rosa Díez abrió el melón de tanto dislate y despilfarro autonómico, evaluando el coste de servicios duplicados o ineficientes en 24.000 millones, o sea, un 2,4% del PIB nacional.

La mayoría de los políticos, sin embargo, ni se inmuta ante esta evidencia. Hay importantes excepciones, eso sí, como la de Rita Barberá. La inteligente alcaldesa de Valencia sabe que el Parque de Cabecera tardará al menos una década en concluirse, así que no habrá dinero para el de Ferrari ni para la postulación como sede olímpica.

Ya, pero frente a este acto de realismo, ¿habrá alguien en la Comunidad que limite el número de 11.304 teléfonos móviles y 782 coches oficiales? Sólo los próximos meses nos darán la respuesta a una pregunta tan sencilla como ésa.

martes, 8 de febrero de 2011

Cuando el paro sea del 7%

Estamos tan acostumbrados ya a altísimas tasas de paro que la falta de trabajo solo parece preocuparles a quienes lo padecen.

Por eso, un Gobierno impávido se congratula aquellos meses en que no se destruye empleo, como si con un 20% de parados aún quedasen muchos puestos de trabajo por destruir.

Nos hemos resignado, pues, a la fatalidad, ya que nuestra reforma laboral sirve para facilitar el despido en vez de incentivar el empleo. El paro se ha convertido en una alternativa de vida y los subsidios en una forma de ingresos, como si ambas situaciones fuesen normales y no una aberración.

¿Cuántos años serán precisos, en estas condiciones, para que el paro sea solo del 7%? ¿Diez años, veinte? ¿O tal eventualidad no es ni siquiera posible dado nuestro anquilosado sistema de relaciones laborales?

Si no conseguimos incorporar al mercado de trabajo a ese 40% de jóvenes en paro endémico, si no frenamos la sangría del fracaso escolar, si no aumentamos la productividad de unos trabajadores faltos de motivación, si no reorganizamos las empresas en vez de propiciar tontas regulaciones de empleo y jubilaciones anticipadas, vamos directamente a la catástrofe.

Lo más importante para salir de ese vórtice, para evitar una sociedad de castas con trabajo o sin él, con esperanza o con resignación, es repartir los sacrificios entre todos y no endosarlos a los más débiles: pensionistas y funcionarios.

Eso ya sucede en otros países donde no hay especies laborales protegidas y en los que un empleo y unos salarios equitativamente repartidos permiten atender a ese mínimo 7% de parados en vez de despilfarrar en un terrible 20% de desempleo.

domingo, 6 de febrero de 2011

El cascabel autonómico

Digan lo que digan Rajoy, Aznar y compañía, y piensen lo que piensen muchos españolitos de a pie, nadie le va a poner el cascabel al gato de las comunidades autónomas, ya que se trata de un felino arisco y montaraz, capaz de clavarle las uñas al más pintado.

Los primeros en oponerse a que se toque ni una sola coma de sus competencias son los llamados barones autonómicos, es decir, los mandamases regionales, sean del partido que fueren. Ya hemos visto la rápida respuesta en ese sentido del gallego Núñez Feijóo, quien no es precisamente de los más beligerantes en este asunto.

La culpa —o la razón, según se mire— del creciente sentimiento autonómico regional es doble. Por un lado, mientras el Estado central se dedica a crujirnos a impuestos, las comunidades autónomas, al modo de una madre Teresa de Calcuta, son las que se gastan tan ricamente ese dinero en nuestro presunto beneficio. Por otro, la creación de más y más normas diferentes de una comunidad a otra —desde licencias de caza a la ITV de los coches, desde los programas escolares hasta las prestaciones sanitarias— fomentan la conciencia social de que existen 17 realidades nacionales en lugar de una sola.

La verdad es que el invento autonómico del “café para todos” —como lo bautizó en su día Adolfo Suárez— intentó precisamente todo lo contrario: embridar el sentimiento nacionalista de las comunidades llamadas históricas, como la vasca y la catalana, equiparándolas a otras de creación artificial, como puede ser la de Castilla y León, por ejemplo.

Ahí se produjo la paradoja: en vez de rebajarles los humos a las primeras, si se me permite la metáfora, se dio alas a las segundas, llevando su nivel de particularismo hasta el extremo de trocear incluso la competencia sobre las cuencas fluviales. En su fervor de conversos, los nuevos nacionalistas explican ahora una geografía y una historia propia y distinta en cada región y para robustecer la pertenencia a una realidad diferenciada de la de su vecino cuentan con unas televisiones públicas ruinosas, usadas exclusivamente como herramientas de propaganda política.

Ya ven si resulta o no difícil enderezar las cosas.

Por si fuera poco, la crisis económica y la impotencia de Europa en darle una respuesta colectiva propician el sálvese cada uno como pueda: desde la fractura entre flamencos y valones en una Bélgica sin Gobierno, hasta los escarceos secesionistas de Escocia o la Liga Norte en Italia.

Lo dicho, pues: ¿quién es el guapo que se atreve a ponerle el escabel al autonomismo?

miércoles, 2 de febrero de 2011

Una década de austeridad

En pleno debate sobre si adelgazar o no las administraciones autonómicas, iniciado por Mariano Rajoy, nuestro vicepresidente Gerardo Camps debe decidir si endeuda o no a la Comunidad en los 500 millones más para los que tiene autorización. De momento, Artur Mas ya le ha dicho a Rodríguez Zapatero que Cataluña sí que necesita hacerlo —aunque haya agotado su límite de crédito— por culpa del pufo que le ha dejado su predecesor, José Montilla.

Todo esto sucede en la semana en que Angela Merkel llega a Madrid para revisar nuestras cuentas, en pleno revuelo por la oferta alemana de acoger a titulados españoles que no encuentren trabajo en nuestro país. Esta posibilidad no resulta novedosa, puesto que en los dos últimos años ya han emigrado a otros países 120.000 jóvenes españoles de 25 a 35 años, profesionales altamente cualificados todos ellos. Por si los problemas de nuestro mercado laboral no fueran pocos, nos dedicamos, pues, a recibir inmigrantes sin formación y a exportar titulados con talento.

Este triste escenario ya lo había previsto el profesor Santiago Niño en su lúcido libro El crash del 2010, señalando las carencias de una economía española dedicada a actividades de factor trabajo intensivo, las cuales generan poco valor añadido y nos hacen más dependientes del sector exterior y del crédito. En su demoledor diagnóstico, concluía que “el mundo ha estado demasiados años malbaratando recursos “ y que, en el caso español, “la consecuente depresión exterior puede alargarse hasta el 2020”.

Por si eso no bastase para deprimirnos, las cuentas de la Generalitat aun resultan más complicadas. Todo el mundo coincide en que el Consell planea despidos generalizados en las empresas públicas para después de las elecciones, evidentemente. Por otra parte, aunque Paula Sánchez de León rebata la tesis privatizadora de las televisiones públicas que preconiza la secretaria nacional del PP, María Dolores de Cospedal, la RTVV tiene que hacer frente a inminentes pagos que no puede atender y ya algunos proveedores se niegan a seguir dándole servicio.

Incluso la hasta hace poco aparentemente saneada Bancaixa acaba de anunciar en labios de José Luis Olivas que tendrá que ajustar aún más el personal y vender oficinas para hacer caja. Pero, ¿es posible que todos, administraciones, entidades financieras, particulares,... se pongan a liquidar activos simultáneamente sin que se resienta por ello el mercado?

Por supuesto que no. Así que tendremos que apretarnos el cinturón más que los demás. No en vano nuestra tasa de paro del 22,9% es superior a la media española, por lo que necesitaremos que el PIB crezca más del 2% anual para crear empleo. También estamos a la cola en el nivel de enseñanza primaria y secundaria y el coste financiero de nuestra deuda excede al gasto en personal de la Administración.

Estos son unos pocos ejemplos de la década de austeridad que nos espera. Y es que, aunque la clase política siga predicando otra cosa, aquellos felices tiempos de duros a cuatro pesetas han pasado definitivamente a la historia.

martes, 1 de febrero de 2011

El patrimonio de nuestros políticos


Cuando veo la declaración de bienes de muchos políticos me entran ganas de darles una limosna, de tan pobres como aparentan ser. Y es que, a tenor del patrimonio declarado por los ediles de la Comunidad, algunos de ellos tendrían que estar acogidos a la beneficencia.

De los pocos que han dado cuenta de su dinero, según se lee en EL MUNDO, sólo cuatro son millonarios, en sentido estricto: Carlos Fabra, Vicente Aleixandre y las alcaldesas de Carlet, María Ángeles Crespo, y de Carcaixent, María Dolores Botella.
De los demás, para qué contar. El alcalde ilicitano, Alejandro Soler, dice que debe más de lo que posee. Pobre. Otros que tal son sus colegas de Fontanars, Máximo Caturla, de Alfafar, Emilio Muñoz, y de Alaquàs, Elvira García. También me dan pena el de Castellón, Alberto Fabra, a quien después de descontar deudas sólo le quedan 20.741 euros, y las ediles Mercedes Caballero, que nada más tiene en caja 6.914 euros, y María José Pascual, que se queda en 1.000.

Viendo esos números, no hay miedo de que sólo se acaben dedicando a la vida pública “funcionarios y gente pobre”, como teme Durán i Lleida, porque resulta que ya los tenemos instalados en ella.

Como uno está curado de espanto, no se pregunta en qué han derrochado el dinero nuestros representantes, puesto que sabe que las cifras exhibidas responden en su mayoría a lógicos artificios contables. Resulta que en este país el ser rico está peor visto que tener seborrea, por lo que la gente aplica a sus bienes anacrónicas valoraciones catastrales, con hipotecas del doble y hasta del triple de su valor inmobiliario. Para disminuir aun más su importe, se utilizan luego los bienes gananciales, las sociedades patrimoniales y demás parafernalia financiera.
O sea, que con declaración de bienes o sin ella, los contribuyentes seguimos sin aclararnos de cómo están las cosas.
Lo importante, de verdad, no es la cuantía del patrimonio de nuestros munícipes y demás políticos, sino si éste ha sido obtenido lícitamente o no. Se trata de conocer la diferencia entre lo poseído “antes” y “después” de haber pasado por un cargo público y saber, en consecuencia, cómo se ha producido.

Lo otro —el presumir de ser más pobre que las ratas— resulta del todo punto irrelevante. ¿Es que acaso son menos corruptos los pobres que los ricos? Los anglosajones creen justamente todo lo contrario: ¿para qué va a robar un rico en un cargo público —suelen decirse— si puede conseguir más dinero en su actividad privada? Por eso, en general, los políticos norteamericanos son gentes con posibles, que se decía antes, y que no necesitan de su cargo para vivir.

Aquí, en cambio, si echamos mano del currículum profesional de muchos políticos —prometo hacerlo otro día— es para ponerse a temblar. Precisamente por eso, porque al margen de la política no sabrían qué hacer, es por lo que se aferran a su cargo aunque, al revés de lo que suele creerse, los sueldos de nuestros políticos no son para tirar cohetes. Casos distintos son los de Felipe González y José María Aznar, quienes, aun cobrando un riñón de la actividad privada, no renuncian pese a ello a sus retribuciones públicas ni a tiros.

Mi último motivo de preocupación —y no quiero señalar a nadie— radica en que si en algo tan nimio como el patrimonio se maquillan tanto las cifras, ¿qué no nos ocultarán los políticos en temas presupuestarios y financieros de mayor enjundia?

No quiero ni pensarlo.