sábado, 31 de marzo de 2012

Regreso al futuro

“Si la energía que gasta mi partido en destruir a sus líderes sucesivos la dedicase al servicio de los valencianos, otro gallo nos cantaría”, me dice un veterano militante del PSPV-PSOE.

En ésas sigue el partido. Si en 2008 era Jorge Alarte quien se imponía a Ximo Puig, ahora es el de Morella el que acaba con el mandato de su correligionario de Alaquàs. Y entonces como ahora el eslogan más repetido de los triunfadores es el de “unidad”. Como insiste cínicamente mi amigo, de vuelta ya de todo, “cuando tanto se apela a la unidad quiere decir que el partido está más desunido que nunca”.

Aun así, el nuevo secretario general del PSPV-PSOE y sus aliados de ahora, Leire Pajín y Francesc Romeu —no se olvide que antes lo fueron de su rival y mañana vaya a saberse de quién— se las prometen muy felices ante la aparente erosión del PP.

Ese desgaste, de momento, es una ensoñación que obnubila a los militantes del PSOE, desde Pérez Rubalcaba al último miembro de las juventudes socialistas, enfervorizados por los resultados de las últimas elecciones en Andalucía y Asturias.

En su fiebre postelectoral no parecen haberse percatado de que de una elección a otra han perdido 20.000 votantes en Asturias y 650.000 en Andalucía. Y si llegan a gobernar ambas comunidades será gracias a Izquierda Unida yal coste de poner en práctica un programa mucho más de izquierdas que el suyo.

Eso no parece importar un rábano a Ximo Puig, a quien ya su abuelo exhortaba a ser “de izquierdas, siempre de izquierdas”, sin prever que ese escoramiento a babor haría huir a las clases medias que llevaron en su día a Joan Lerma al poder.

El triunfo de Ximo Puig recuerda, pues, al filme de Robert Zemeckis Regreso al futuro, con el intento imposible de cambiar el reciente pasado. Lo malo es que el futuro del PSPV-PSOE queda en manos de Compromís y de Esquerra Unida y no de su propio electorado, cada vez más menguante.

sábado, 24 de marzo de 2012

¿Es Alarte el culpable de todo?

La mejor exculpación de Jorge Alarte ante los dirigentes nacionales del PSOE es que, no sólo él, sino todos los barones regionales del partido están sufriendo una gran contestación interna. Hasta Óscar López, secretario de organización y niño mimado de Pérez Rubalcaba, ve cómo le crecen los enanos en su feudo de Castilla y León.

Con ese argumento, el secretario general del PSPV-PSOE ha buscado —y obtenido— el apoyo de Madrid para repetir en el cargo. Claro que en estas horas bajas del socialismo español —las elecciones andaluzas de hoy medirán la magnitud de su descrédito— de poco sirve el respaldo orgánico de Ferraz que, para evitarse nuevos problemas, lo hace además con la boca pequeña.

¿Bastará ese pequeño empujoncito para mantener a Alarte a la cabeza del socialismo valenciano ante su virtual empate con el candidato Ximo Puig?

A cinco días del Congreso del PSPV-PSOE nadie lo sabe, dado el habitual cabildeo en los congresos del partido y la existencia de otros dos aspirantes —Francesc Romeu y Manolo Mata— que multiplican las posibilidades de pactos y alianzas.

De los reproches de sus críticos al actual secretario general del PSPV, el más obvio es que ha dedicado la mayor parte de su tiempo a mantenerse en el cargo, en vez de hacer una contundente política de oposición frente a Paco Camps y Alberto Fabra.

Seguramente es verdad, pero ¿no se han dedicado a ello también los anteriores secretarios generales, incluyendo a Joan Ignasi Pla? ¿No son responsables de ello, precisamente, quienes ponen palos en las ruedas todos los días al actual secretario general?

Lo cierto es que esa política en clave defensiva es la que ha lastrado su eficacia opositora a los Gobiernos del PP y, sobre todo, impedido la modernización ideológica del partido con la que Jorge Alarte se presentó en el congreso que ganó hace cuatro años.

Pero lo peor es que, ante ese estado de cosas, la alternativa de Ximo Puig no parece un paso hacia adelante sino que supondría el regreso a los viejos tics que vienen condicionando al PSPV y le han impedido adaptarse a una realidad social cambiante. Porque, ¿qué planteamientos ofrece más allá de formulaciones ideológicas abstractas y, eso sí, la de fomentar el uso social del valenciano?

Anter esa falta de argumentos renovadores, José María Ángel, Elena Martín y otros miembros del núcleo duro de Alarte aducen que si el informe de gestión de la actual dirección es criticable, de él son corresponsables las otras corrientes internas del partido que no han permitido una mayor eficacia opositora frente al PP.

En éstas sigue sumido, pues, el PSPV-PSOE: en discutir si, como en la fábula, se trata de galgos o podencos, mientras el Consell continúa tan ricamente haciendo de su capa un sayo. Claro que, para confortarse en la aflicción, los socialistas manejan ignotas —y probablemente apócrifas— encuestas que darían a la oposición la victoria en las próximas elecciones autonómicas.

Esa hipótesis no se basa en méritos propios, sino en el posible descenso de votos del PP y la subida de EU y Compromís, aliados obligados del PSPV-PSOE. “Pero no nos engañemos —me dice un amigo socialista—, nosotros sólo podremos alcanzar el Gobierno si mi partido se decanta hacia el centro político y no se escora más a la izquierda. Y eso, quiéranlo o no, sólo lo puede conseguir hoy por hoy Jorge Alarte”.

viernes, 23 de marzo de 2012

Moverse por el mundo

A falta de trabajo en casa, los titulados españoles comienzan a largarse al extranjero en busca de empleo. Oportunidades, haylas: las aerolíneas chinas, por ejemplo, ofrecen hasta 11.000 euros al mes a nuestros tripulantes en paro.

Pero la adaptación de los españoles a trabajar en el extranjero es más difícil que la de los ciudadanos de otros países.

En primer lugar, por nuestro acendrado provincianismo. Queremos estudiar y trabajar al lado de casa. Tan es así, que la propuesta laboral de aceptar empleos a 30 kilómetros del domicilio le costó una huelga general a José María Aznar.

Cualquier joven norteamericano, en cambio, estudia a miles de kilómetros de su familia y los veranos trabaja en la otra punta del país para pagarse los estudios. Tal es la movilidad geográfica de los estadounidenses, que la aparición del diario nacional USA Today lo fue porque un tercio de los ciudadanos se mueve constantemente de un Estado a otro.

¡Y no digamos nada de los asiáticos, que ocupan toda la costa oeste de América del Norte y parte de la del Sur!

Un problema añadido es el idiomático, porque seguimos sin aprender otras lenguas, a diferencia de holandeses, alemanes o suecos, que hablan fluidamente el inglés. Pero es que, además, tampoco sabemos hablar en público en ningún idioma. La mayor parte de nuestros estudiantes acaba la carrera sin haberlo hecho nunca. En cambio, cualquier finlandés, norteamericano o inglés ya ha tenido que hacer debates públicos antes de acabar la escuela.

O sea, que nuestro camino hacia el cosmopolitismo está lleno de obstáculos. Por eso, o cambiamos nuestros hábitos y nuestra mentalidad o seguiremos teniéndolo más crudo que otros.

lunes, 19 de marzo de 2012

¿Hacemos sacrificios?

Hay gente que lo está pasando rematadamente mal y aguanta la crisis como puede. Otros, en cambio, presumen de hacer sacrificios que sólo evidencian su propia necedad.

En un periódico de amplia difusión leo insólitos testimonios de presuntos afectados por los recortes, como el de quien ya no viaja al extranjero y se limita tan ricamente a conocer España. Otro cuenta que ya no se hará un chalet con jardín, y un tercero, que ha cambiado su contrato de ADSL por uno más barato, como si eso no fuese lo normal con crisis o sin ella.

La prueba de que no nos sacrificamos lo suficiente es que durante el último año el uso del transporte público en España sólo ha aumentado el 2%, y eso que partíamos de cotas inferiores a las del resto de Europa. Pero, ¿por qué hemos de considerar un sacrificio utilizar el metro, compartir el automóvil para ir al trabajo, cambiar de compañía eléctrica o vivir en un piso de alquiler cuando eso es lo habitual en países más ricos que el nuestro?

Nuestra capacidad de renuncia no parece, por consiguiente, demasiado elevada. Probablemente, se debe a que consideramos derechos irrenunciables algunas conductas no sólo prescindibles sino ajenas a los hábitos de los ciudadanos de otros países: uso individual del coche privado, derroche de la energía doméstica, puentes festivos cada dos por tres, excesivo absentismo laboral,…

Por eso mismo, los ciudadanos que de verdad sufren dramáticamente la crisis económica en sus carnes no arman el bochinche que debieran. En cambio, otros, por el simple hecho de comportarse ya como cualquier sueco o cualquier holandés, son los que paradójicamente ponen el grito en el cielo.

domingo, 18 de marzo de 2012

Mónica Oltra y Les Corts o viceversa

Ella es mi heroína, mi ídolo”, me dice arrobada una veinteañera refiriéndose a Mónica Oltra.

Lo curioso es que mi interlocutora no conoce a ningún otro miembro de Les Corts ni le importa. La diputada de Compromís, sin embargo, ha conseguido ella sola un espacio mediático personal con sus desplantes, sus camisetas, sus querellas,… utilizando el Parlamento autonómico como caja de resonancia de una actitud justiciera propia de la protagonista de un cómic progresista. Su última acción llamativa: la insólita acusación a Rita Barberá de “furtar els diners dels valencians i les valencianes”.

Con esa insistente actitud, Mónica Oltra desmiente lo que me vaticinaba un dirigente del PP hace pocas semanas: “Con la desaparición política de Paco Camps, su auténtica bestia negra, esa chica se ha quedado sin argumentos para seguir acaparando la atención pública”.

Pues no. De todos los diputados, Oltra es quien mejor sabe manejar sus movimientos de cara a la repercusión mediática. Por ejemplo: utilizadora siempre del valenciano en sus intervenciones parlamentarias, usa luego sin el menor rubor el castellano para las tomas audiovisuales en los pasillos de Les Corts.

Es que es allí, en los pasillos del Palacio de Benicarló, donde realmente se hacen las declaraciones que salen luego en los telediarios. Y quien mejor maneja los pasillos es quien mejor se labra su futuro político.

Por eso, mi joven amiga del principio, al igual que la mayoría de los valencianos, no conoce a casi ningún parlamentario, aunque lo hayan votado en la lista de algún partido. Por eso, también, la vida de nuestros diputados autonómicos es cualquier cosa menos excitante. Asisten a plenos y comisiones con una asiduidad laboral menor que la de otros trabajadores, votan disciplinadamente y sanseacabó.

Durante algún tiempo, los diputados del PP vieron sacudido su sopor por la energía de su portavoz, Rafael Blasco, que les impuso tareas y una especie de evaluación continua. Estando ahora el portavoz en horas bajas, los parlamentarios populares han vuelto a su relajado papel de miembros del grupo mayoritario.

Tan escasa dedicación en tiempo tiene, paradójicamente, unos resultados legislativos prolíficos. Hace dos años, por ejemplo, nuestras Corts presumían de ser el Parlamento autonómico que más leyes llevaba aprobadas ese año, aunque muchas de ellas, en temas de urbanismo, familia, fiscalidad o empleo, luego no se cumplan o sean contradichas por leyes sucesivas.

Menos mal que Mariano Rajoy ha reconocido en público, por primera vez durante nuestra democracia, que lo importante no es legislar profusamente, sino hacer sólo las leyes precisas y, sobre todo, lograr que se cumplan: ¿se acuerdan de la ley que obligaba a la Administración a pagar en 55 días cuando lo sigue haciendo con más de 200 días de retraso?

La función real de los parlamentarios no es, pues, tanto legislar como utilizar Les Corts como instrumento partidista o como trampolín personal para un futuro en consejos de administración, órganos consultivos, tribunales varios y otras encomiendas.

Para eso, la verdad, no hacía falta que hace cinco años se pasase de 89 a 99 diputados, ni que los ciudadanos sigamos votando unas listas cuyos componentes prácticamente desconocemos. Mientras todo eso suceda, lo importante en les Corts seguirán siendo los desplantes, las camisetas, las querellas… y todo aquello que tenga repercusión mediática.

domingo, 11 de marzo de 2012

El bienestar que podemos pagar

Una especie de mantra repite insistentemente que “hay que defender el estado de bienestar”, como si al formular la frase se conjurase el peligro.
Al parecer, el sedicente estado de bienestar debe ser un derecho humano inalienable, como el de la vida o la libertad y no una conquista social que hace sólo 70 años no existía. Por eso, los corifeos del eslogan se oponen como panteras a que haya “recortes sociales”. Muchos de ellos ignoran que el suyo es un acto tan voluntarista y tan inútil como oponerse a la ley de la gravedad.
Y es que, como dice Santiago Niño —el único economista español que previó la actual crisis económica—, “esta vida que hemos disfrutado, queriendo tener siempre más y más, se ha acabado”.
La argumentación es muy simple: si hemos tenido más de lo que podíamos pagar, ahora nos toca tener menos y, encima, ahorrar para costear los gastos atrasados.
Todo lo demás son pamplinas: pérdida de tiempo de los políticos hasta las próximas elecciones, justificaciones de unos sindicatos que no quieren perder el momio del que disfrutan y explicaciones de economistas neokeynesianos que jamás entendieron a Keynes.
El artificio de vivir cada vez mejor a costa de un Estado voraz y elefantiásico se ha venido abajo porque los beneficios asistenciales de que gozábamos se diseñaron cuando la esperanza de vida era de 60 años y la medicina costaba la décima parte que hoy en día.
Por eso, ahora no se trata de preservar algo inasumible sino ver qué podemos mantener y cómo podemos financiarlo. O sea, que tenemos que elegir entre conservar lo más posible a base de sacrificios o cerrar los ojos a la realidad y darnos el batacazo.

sábado, 10 de marzo de 2012

De dónde demonios ahorrar


Con este mismo título. publiqué aquí hace dos años otro artículo, cuando el agujero de nuestras finanzas era mucho menor que ahora. Lo releo y veo que de entonces a acá no se ha hecho prácticamente nada para cuadrar nuestras cuentas.
Y eso que es posible hacerlo. ¡Vaya si es posible!
Para ello, hay que reconocer, en primer lugar, la magnitud del problema, algo que tampoco se hace. Alberto Fabra anunciaba el jueves que serán precisos ajustes adicionales “entre 400 y 500 millones de euros” cuando, según todos los cálculos, el esfuerzo ahorrador de la Generalitat habrá de ser mucho mayor.
En cualquier caso, ¿de dónde obtener esos ingresos “adicionales”? Si hay voluntad política de conseguirlos, no resulta tan difícil. Este periódico realizaba el pasado domingo un ejercicio de imaginación que le permitiría al Estado ahorrar 140.000 millones sin necesidad de recortar los presupuestos de Educación ni Sanidad.
¿Y nuestra Comunidad? Esta misma semana, el ministro García-Margallo ponía como ejemplos de ineficiencia económica dos casos “de mi tierra”, decía él: el del “aeropuerto sin aviones”, refiriéndose obviamente al de Castellón, y a los 60 funcionarios que llegó a tener la oficina valenciana en la UE.
Éstos y otros ejemplos no son el chocolate del loro. Pensemos en la floración de empresas públicas que ahora se trata de atajar, en los asesores prescindibles de la Administración que nos cuestan 25 millones anuales, en las oficinas del IVEX por todo el mundo en competencia con las del Gobierno de España, en el déficit anual de 200 millones de Canal Nou, en las subvenciones públicas que conllevan un amiguismo soterrado, en los coches oficiales, tarjetas de crédito y teléfonos de los políticos (240.000 euros al año sólo los móviles de los diputados autonómicos),…
¿Van haciendo el cálculo? Y todo esto, sin contar con la carestía de las duplicidades administrativas, los trámites engorrosos y el solapamiento de funciones.
O sea, que aún queda mucha tela por cortar.
Si quisiéramos llegar más lejos, se podría poner en cuestión la necesidad de 99 diputados autonómicos, la costosa existencia de la Diputaciones provinciales, la creación de organismo consultivos donde se recoloca a políticos en paro o el mantenimiento de 542 municipios, la mayoría de ellos obviamente inoperantes.
Porque otra de las singularidades de nuestro país, digámoslo ya, es la profesionalización con sueldo de infinidad de alcaldes y de concejales de pequeñas poblaciones. En contraste, la televisión acaba de reponer la magnífica película de Norman Jewison En el calor de la noche, en la que el alcalde de un pueblo norteamericano despachaba con el jefe de policía en el taller de coches donde trabajaba. Justo lo contrario que aquí.
Y es que aquí aún no nos hemos dado cuenta de que nada volverá ya a ser como antes. Como dice Santiago Niño, el único economista español que previó la crisis actual, “esta vida de la que hemos estado disfrutando, queriendo siempre tener más y más, se ha acabado”.
Otro de los pocos economistas de que me fío, más próximo a mi persona, remacha que ese sonsonete de “qué debemos hacer para mantener las prestaciones sociales” está mal planteado. “Lo correcto es precisamente lo contrario: ver cuántas prestaciones sociales podemos pagar con los ingresos que somos capaces de generar”. Y concluye: “Cuanto más tardemos en adaptarnos a esta nueva realidad, peor nos va a ir”.
Pues eso.

sábado, 3 de marzo de 2012

La Comunidad "corrupta"

Seguro que ustedes, como yo, habrán intentado convencer a algún interlocutor de fuera de aquí que ésta no es la Comunidad más corrupta de España y que los valencianos no llevamos la corrupción en nuestros genes. Y seguro que ustedes, como yo, habrán fracasado en su empeño.
Por desgracia, eso es lo que se ha logrado tras la prolongada paciencia colectiva ante los sucesivos escándalos en nuestro entorno, desde el caso Gürtel hasta el pillaje de Emarsa, pasando por el caso Brugal y los dilatados procesos judiciales contra Carlos Fabra.
Más grave, en cambio, ha sido el saqueo sistemático de las Baleares por Jaume Matas y ya ven: la imagen de las islas ha sido regenerada por el nuevo Gobierno de José Ramón Bauzá al apartar de los cargos públicos a todos los relacionados con la anterior Administración.
Ventajas, pues, de reaccionar a tiempo y con contundencia.
Por eso, Alberto Fabra, en cuanto ha visto abrirse bajo sus pies el primer caso de corrupción tras ser presidente, ha obrado con la celeridad requerida: expulsión inmediata de sus puestos de José Maria Felip y Alexandre Català. Luego, que los tribunales decidan sobre el fondo penal del asunto.
Sin embargo, ya es demasiado tarde para quitarnos el infamante sambenito que nos han colgado de tierra de corrupción. Otra cosa bien distinta habría sido si Francisco Camps —al margen de su inocencia judicial—, nos hubiese ahorrado dos años de continuos titulares de prensa, si Enrique Crespo y Esteban Cuesta —responsables de la depuradora esquilmada— hubiesen dimitido de sus cargos de inmediato y si Sonia Castedo, José Joaquín Ripoll y la larga lista de implicados en el caso Brugal hubiesen dejado la actividad pública en manos de otras personas sin un pasado trufado de sospechas.
No ha sido así, claro, y nuestra Comunidad ha ido cimentando una fama inmerecida en la que toda arbitrariedad y toda conducta irregular parecen posibles.
El penúltimo suceso que nos ha llevado a la primera página de las noticias no ha sido ningún caso de corrupción, pero sí de escándalo, con la intervención policial frente al instituto Luis Vives el primer día de manifestación estudiantil.
Algo que cualquier otro habría llevado con la prudencia y el tino requeridos, la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, lo ha convertido en asunto noticioso de primera magnitud. Estando de viaje en Sudáfrica, no les cuento mi sobresalto cuando leí la noticia en el diario The Star, de Johannesburgo. ¡Hasta aquí llegan los líos de la Comunidad!, fue mi asombrada reacción.
Es que, por acción o por omisión, tenemos una clase política maleada cuya prescindencia resulta más que evidente.
Nadie está obligado a estar en política y si lo hace debe ser en función de los intereses de los ciudadanos. Por eso discrepo de mi admirado Rafael Blasco cuando intenta quitar hierro al desvío de fondos en la cooperación.
En la empresa privada, uno puede compatibilizar su puesto con estar incurso en un proceso penal o convivir con cualquier sospecha de conducta irregular. Pero en la vida pública no. En ésta se está por vocación de servicio o no se está. Y si existen dudas sobre ella, a otra cosa, mariposa.
Por eso, nuestra Comunidad solo podrá regenerar su maltrecha imagen colectiva cuando desaparezcan de la vida pública todos —insisto, todos— los implicados en procesos de corrupción y deje de ocupar nuestras instituciones una docena larga de personas con procesos judiciales pendientes.


jueves, 1 de marzo de 2012

¿Somos mejores que los griegos?


La crisis griega comenzó, ¿recuerdan?, con la falsificación masiva de datos económicos por el Gobierno mientras los ciudadanos vivían como marajás, defraudaban al fisco, recibían fantasiosas subvenciones y practicaban un creciente absentismo laboral.
Desde entonces, la otra Europa, la de los contribuyentes austeros y honrados, lleva enterrados miles de millones en el sumidero griego sin ningún resultado. Eso sí: los beneficiarios de ellos protestan por no poder vivir al fraudulento ritmo de antes, se manifiestan en la calle, hacen huelgas generales y no se ponen a reparar el desastre causado entre todos.
Salvando las distancias —pocas—, es lo que se ha encontrado el Gobierno español, con un déficit público muy superior al anunciado y en el que han participado todos: Estado y Comunidades Autónomas, gobiernos del PSOE y del PP.

En este masivo despropósito, los ciudadanos hemos sido coherentes con nuestros gobernantes, con una evasión fiscal de 72.000 millones y una deuda de empresas y familias que no se la salta un galgo.
Claro. Es que hemos vivido una época en la que sólo ha habido derechos sin la contrapartida de obligación alguna: derechos a subvenciones inverosímiles, a financiar indefinidamente el fracaso escolar, a la medicina más costosa de Occidente, a instalaciones olímpicas en pueblos sin atletas…
Ahora, cuando hay que pagar aquello que disfrutábamos a crédito, nos ponemos como panteras y repetimos insistentemente el mantra del recorte de derechos. ¿Pero cuál es de verdad el límite de tales derechos? ¿A qué puede aspirar una sociedad si no genera los recursos necesarios para ello?
Ése, y no otro, es el verdadero debate que nadie parece dispuesto a afrontar.