Nunca volveremos a ser ricos

No somos los más ricos del mundo, pero como si lo fuéramos. Un ciudadano de Luxemburgo o de Estados Unidos vive siempre agobiado por los plazos y las hipotecas, no dispone de un mes anual de vacaciones y salir de juerga por las noches le cuesta un pastón.

Aquí, en cambio, no nos hemos privado de nada y, cuando no nos alcanzaba el efectivo, obteníamos préstamos para ir de turismo a las Seychelles o para hacernos un lifting. El resto nos lo costea la Seguridad Social, que hasta dispensa medicamentos sin necesidad de visita médica. Si esto no es vivir como un rajá, que venga Dios y lo vea.

Por tener, hasta nos sobran viviendas, una vez comprada la segunda y hasta la tercera residencia, a diferencia de otros lares, donde la gente se contenta con vivir de alquiler y los jóvenes comparten alojamiento en lugar de aspirar a piso propio.

Con tanto bienestar acumulado y tanta juerga a las espaldas, resulta que el país debe dos veces y media lo que produce al año, justo cuando un 20% por ciento del personal ha perdido su trabajo, vencen las hipotecas y los bancos ya no prestan ni un euro para financiar el derroche disfrutado.
Para empezar a crear empleo, nuestra economía debe crecer un 2,7% al año, lo que tardará en suceder por la poca competitividad, la baja productividad y el crecimiento de la deuda. Puede pasar una década hasta que se absorba todo el paro y volvamos adonde estábamos.

Pero en ese arduo camino ya nada volverá a será igual: ni las relaciones laborales, ni los hábitos de consumo. El efecto de la crisis no se refleja, pues, en un simple cuadro estadístico, sino que supone la quiebra de todo un estilo de vida.

¿A quién ha convencido ZP?

Tras la tregua del Financial Times y de la agencia Moody’s, Rodríguez Zapatero saca pecho y hasta promete ayudar a Grecia. Por dinero que no quede, dice el recordman del paro en Europa, quien en vez de crear empleo acuerda prolongar el subsidio a los parados.

A mí, en cambio, como a Paul Krugman, el Nobel de Economía afín a ZP, me parece que vamos hacia una larga deflación con un insostenible desempleo del 20%. Lo demás es pura fe del carbonero.

Se puede creer, porque sí, que reduciremos el déficit público de unos presupuestos más falsos que Caín, con el 80% del gasto ya asignado a irrenunciables temas sociales. También, que disminuirá el paro cuando por el contrario crecen los salarios, el Gobierno se arruga ante la edad de jubilación, no reforma el mercado laboral para que se pueda repartir mejor el trabajo ni incentiva a los empleadores en vez de sufragar el desempleo.

Eso es lo opuesto a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se ha digerido la burbuja inmobiliaria al depreciarse el ladrillo un 50%, manteniéndose así el nivel de compraventa y el movimiento de dinero y saneándose de paso los activos financieros. Aquí, las Cajas mantienen unos balances sobrevalorados, se resisten a fusiones intercomunitarias, están entrampadas hasta el cuello con las instituciones en vez de con los particulares y aspiran al dinero público para mantener el statu quo de sus directivos.

Enumerar la cantidad de tareas pendientes no cabe en esta cuartilla. A lo mejor, sí que lograremos reducir el déficit y la deuda, pero crecer económicamente, crear empleo y recuperar el bienestar perdido es otro cantar bien distinto y mucho más lejano.

Víctimas del terrorismo

Ojalá llegue un día en que no haya más congresos de víctimas del terrorismo porque éste sea algo tan remoto y tan exótico como las especies biológicas del pleistoceno.

Pero me temo que no va a ser así. En las últimas décadas, el terrorismo se ha hecho un mal endémico en el ancho mundo: desde España hasta Colombia, desde Rusia hasta Afganistán. Se ha convertido, además, en un fenómeno aleatorio e impredecible, al que nadie es ajeno y del que nadie puede sustraerse, por muchas medidas de seguridad que se adopten. Finalmente, la tecnología puesta al servicio del terror lo ha hecho más masivo y más mortífero: donde hace un siglo sólo se producían aislados magnicidios, hoy se causan cientos de víctimas inocentes y anónimas, muertas simplemente porque se hallaban ahí.

El otro aspecto del terror actual es su carácter de espectáculo que llega a nuestros hogares a través del televisor, banalizando así el sufrimiento humano hasta hacerlo algo equiparable a cualquier ficción dramatizada por los medios de comunicación de masas.

Por todas esas razones conviene no olvidar el terrorismo ni trivializarlo. Por todo eso, debemos recordar a las víctimas y a su dolor como si fuese nuestro, ya que todos nosotros hemos sido atacados en aquéllos asesinados o mutilados en nombre de todos.

No debemos perder, pues, la sensibilidad ante el terrorismo ni la solidaria compasión con sus víctimas. No lo debe hacer ningún ciudadano de bien y menos aun aquél a quien hemos elegido para representarnos: me refiero al presidente del Gobierno, al señor Rodríguez Zapatero.

El congreso que se celebra estos días en Salamanca no es un acontecimiento menor ni frívolo, no se trata de una feria de maquinaria agrícola o de un campeonato de bandas de música que permitan delegar la presencia institucional en cualquier persona. La lucha contra el terrorismo, su repudio y el homenaje a sus víctimas es algo consustancial al sistema democrático. La democracia consiste precisamente en la ausencia de violencia en la confrontación ideológica y política. Por ello, la deserción hoy del presidente del Gobierno resulta algo absolutamente injustificable.

Eastwood, Mandela, Franco y Zapatero

Nada más acabarse el ominoso apartheid y llegar al poder, el presidente sudafricano Nelson Mandela integró a sus antiguos verdugos en el país multirracial que comenzó a construir. Lo dice en el filme Invictus, de Clint Eastwood: “No me interesa el pasado, sino el futuro”. Así, en vez de un revanchista baño de sangre sentó las bases para el despegue de un país que parecía imposible.

Ése es, en resumen, el argumento de la película de Eastwood. La anécdota: cómo consiguió que el equipo nacional de rugby, compuesto por blancos, fuese aceptado como propio por la otrora marginada y reprimida mayoría negra.

Semejante metáfora de la concordia sucedió sólo hace 15 años. Y nadie ha reclamado el castigo retrospectivo de los crímenes del apartheid.

Aquí, en cambio, acabo de leer un vitriólico artículo, en el periódico de más circulación de España, pidiendo el castigo de crímenes del franquismo, es decir, de hechos ocurridos hace 70 años.

Con todo, lo más grotesco del asunto no es el abrir heridas restañadas que, en cambio, otros países que anteponen la fraternidad al rencor han dado ya por olvidadas. No. Lo peor es que aquí también se dio —en falso, a lo que se ve— el paso propugnado por Mandela, el político más importante de finales del Siglo XX. Aquí hubo una amnistía política en 1977 en la que se excarceló a gente con crímenes horribles —asesinos de ETA, por ejemplo—, algunos de los cuales en seguida volvieron a delinquir.

Pero ése fue el precio del olvido, del perdón y de la reconciliación. Seguir a estas alturas exigiendo vindicaciones unilaterales, supone un desatino y la más atroz de las injusticias.

Los partidos odian a los políticos

Manuel Cobo y Ricardo Costa han sido suspendidos de militancia en el PP no por nada que hayan hecho, sino sólo por lo que han dicho. Cobo, por criticar las presuntas maniobras de Esperanza Aguirre contra Rodrigo Rato, quien ha conseguido la presidencia de Caja Madrid pese a todo. Costa por mantener que seguía siendo secretario regional del partido, lo mismo que acababa de afirmar un momento antes su jefe, Paco Camps, sin que a éste le haya pasado nada.

Podríamos decir que los políticos expedientados han sido víctimas de su libertad de expresión. Y es que a los partidos, a todos ellos, no les gusta que sus militantes vayan por libre. Lo anticipó en su día el socialista Alfonso Guerra: “El que se mueva no sale en la foto”. Por haberse movido por su cuenta los ediles de Ascó en el tema nuclear, tanto José Montilla como el convergente Artur Mas arremeten ahora contra los de su partido respectivo.

Precisamente para impedir que los representantes públicos tengan ideas propias y obren en consecuencia, los partidos inventaron en su día el pacto antitransfuguismo: no para proteger a los ciudadanos, no para combatir la corrupción urbanística o la que sea. Para esto bastaba con las leyes penales. Lo que pretenden es que obedezcan a la jerarquía con disciplina castrense.

En los países anglosajones, donde no existe la partitocracia, los políticos responden antes a sus electores que a la cúpula partidista. En España, en cambio, si los partidos políticos pudiesen sustituir a sus incordiantes cargos públicos por simples robots automatizados, serían completamente felices.