martes, 12 de octubre de 2010

Un nuevo Estatuto, ¿para qué?

Para nada, podríamos decir, y con esto dar por acabado el artículo.


Todo arranca del pasado verano, en que el conseller Serafín Castellano habló de poner en funcionamiento la famosa cláusula Camps recogida en el viejo Estatut ¡de 2006! Sí, la misma que dice que “cualquier modificación que implique una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunidad Valenciana”.


La pretensión venía a cuento al decir Rodríguez Zapatero que él trataría de sortear la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. El conseller de Gobernació manifestó entonces que "todo lo declarado en ese fallo será constitucional para todos los españoles y por tanto también para la Comunitat”.


Ahora es el vicepresidente Gerardo Camps quien vuelve a la carga y precisa el contenido de la reforma estatutaria: garantizar que la inversión del Estado sea equivalente al peso demográfico de la Comunidad dentro de España. O sea: lo mismo que ha venido impugnando el Partido Popular con el argumento de que ese tipo de barreras atentan a la equidad y solidaridad entre españoles.


No creo que Camps haya planteado en serio este asunto —arguye el portavoz parlamentario del PSPV, Ángel Luna— porque, si no, Francisco Camps lo habría sacado el día anterior, en que tuvo lugar el debate sobre política general, donde se presentan estas cosas”. También lo entiende así algún miembro de la dirección nacional del PP, para quien “ese tema, que desconozco en absoluto, no ha trascendido más allá del límite de Valencia, ¡como para haberle llegado a Mariano Rajoy”!


El proyecto de un nuevo Estatut, si hubiese llegado a la calle Génova, probablemente habría incomodado a la dirección del partido, plácidamente dedicada a hacer de Don Tancredo, viendo cómo el presidente del Gobierno se despeña él sólo, para pánico del castellano-manchego José María Barreda y de otros barones del PSOE.


El único político valenciano en Madrid que se ha pronunciado ha sido el vicepresidente del Congreso Ignacio Gil Lázaro, del PP, pero sólo para escudarse en que no sabe “cuántas reformas estatutarias hay por delante”, con lo que se induce que no queda suficiente tiempo en esta legislatura para una nueva reforma valenciana cuando aún quedan otras en espera.


Y es que el proceso de reforma estatutario tiene un protocolo tan rígido que, por las prisas en querer ser los primeros, obligó a Francisco Camps y a Joan Ignasi Pla a meter la cláusula de marras en una disposición adicional. Pero, para que ahora pueda salir adelante otra modificación, sería preciso una mayoría cualificada en Las Corts con apoyo del PSPV, refrendada luego por el Congreso de Madrid y aprobada finalmente en un referéndum.


Imposible, al menos en esta legislatura. Además, dada la perentoriedad de otros problemas para la gente frente a lo abstracto y tedioso de un nuevo texto legal, ¿se imaginan el escaso interés que suscitaría la reforma? Si en Cataluña sólo votó a favor del Estatut un tercio de los ciudadanos, pese a la polvareda levantada, aquí la abstención podría ser mayúscula.


Con estos datos, ¿por qué plantea ahora el PP valenciano el tema estatutario? No quiero pensar, como Ángel Luna, que sea sólo “una maniobra de distracción de otros asuntos”, pero se le asemeja.


Además, en un momento en que, según el gobernador del Banco de España, “el mayor riesgo —para la contención del déficit— surge de las autonomías”, pedir más competencias autonómicas no parece lo que el país necesita ni tampoco lo que el PP de Madrid quiere.

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