Un amigo, con malévola mordacidad, me dice que “Francisco Camps debería estar en la plantilla de Canal Nou, pues aparece en pantalla más que cualquier presentador de la tele autonómica”.
Ignoro si eso es cierto, pues no dispongo de ningún minutaje que lo corrobore. Menos aún puedo establecer comparación alguna con TV-3, Euskal Telebista o TVG, pero supongo que tanto Montilla como Patxi López o Núñez Feijóo también disfrutan de un buen rato de exposición mediática. Y eso, claro, con el dinero de los contribuyentes, porque todas las televisiones públicas de este país son generosamente deficitarias.
La única autonomía importante que no tiene un canal público en sentido estricto es Castilla y León. Allí, su presidente acordó con los dos mayores empresarios regionales de la comunicación, Méndez Pozo y José Luis Ulíbarri —ninguno de ellos unos angelitos, a tenor de sus respectivas biografías— que uniesen sus emisoras privadas en un único canal autonómico, con un contrato programa con la Junta. La televisión resultante no deja, por eso, de resultar oficiosa, pero al menos les sale más barata a los ciudadanos y ofrece una mayor imparcialidad frente al poder político.
La verdad es que no se entiende la proliferación de canales públicos en este país, como no sea para la exaltación del partido gobernante de turno. La ley que los implantó en 1983 exigía de ellos “respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico” de cada Comunidad, todo lo cual se viene conculcando de forma sistemática. Si, además, las televisiones autonómicas nacieron para proteger las lenguas vernáculas, ¿a qué viene que existan también en Canarias, Extremadura o Murcia? Y, en el caso de Canal Nou, ¿cómo se compadece la defensa del valenciano con debates políticos realizados por periodistas venidos ex profeso desde Madrid a gastos pagados?
Lo cierto es que no sólo nuestra TV autonómica, sino todas, cuestan al erario un pastón anual superior a la congelación de las pensiones, por ejemplo. ¿Pero a alguien se le ocurre su posible privatización? Ni de coña. Los recurrentes amagos en ese sentido de Esperanza Aguirre o Ruiz-Gallardón no son más que cortinas de humo. Lo mismo sucedió en su día cuando Eduardo Zaplana prometió adjudicar a terceros los servicios informativos: todo quedó en agua de borrajas.
He estado recientemente en Frankfurt con otros compañeros de la Fundación Coso, visitando la televisión pública ZDF. Y ya ven: en el país de Europa con el mayor sector público audiovisual, no existe ni por asomo algo tan deficitario como nuestros canales autonómicos; tres horas de desconexión diaria valen para que los ciudadanos de cada länder se sientan informados de sobra sobre lo que pasa en su región. Y eso que Alemania es un Estado federal que muchos de nuestros nacionalistas proponen como panacea.
Aquí, en Canal Nou, no es sólo que el caso Gürtel haya tenido menos tratamiento informativo que algunas jornadas gastronómicas, o que se hayan cortado emisiones en directo por la aparición de pancartas hostiles al Consell. Lo peor es que su deuda alcanza ya los 1.100 millones, que a cada valenciano las televisiones públicas nos cuestan 220 euros al año, que RTVV tarda en pagar a sus proveedores más de 15 meses y que las pérdidas del último ejercicio fueron de 278 millones.
¡Qué lástima, para acabar por hoy, que teniendo tan magníficos profesionales —de lo mejorcito que hay en la Comunidad—, por tantas cuestiones ajenas a ellos estén tan desaprovechados! De eso, y de otras cosas, habrá que seguir hablando más adelante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario