He llegado a la conclusión de que no hay corrupción política y que todo son calumnias de los adversarios e infundios de la prensa para vender más ejemplares.
Es lo que se desprende de las declaraciones de todos los partidos respecto a sus propios cargos públicos imputados. El último caso me pilló en Barcelona cuando Daniel Osácar, ex tesorero del partido de Artur Mas, hubo de declarar ante el juez, arropado por sus dirigentes. Éstos le calificaron de “hombre honrado” y “patriota que ha prestado importantes servicios a Cataluña”. ¿Incluyen entre ellos el haber cobrado comisiones de Ferrovial para financiar a su partido por medio de Félix Millet y del Palau de la Música?
Esa misma cantinela de los míos son honestos y los corruptos son los otros la repiten todas las formaciones políticas. ¿Cómo se explica, entonces, que los tribunales estén abarrotados de querellas contra los políticos, en perjuicio de los pleitos de los ciudadanos de a pie? ¿Cómo se entiende, asimismo, que en las listas para el 22-M haya más de cien candidatos implicados en causas judiciales?
La sombra de corrupción planea sobre todos los partidos. De ella no se salva ni Dios, como en los conocidos versos de Blas de Otero. El mismo día en que IU presumía de firmar su Compromiso Ético, el aspirante comunista a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo, era imputado por el caso Mercasevilla, el mismo cuya trama ha acabado por salpicar indirectamente a Manuel Chaves. Y que no se diga que se trata de una excepción, ya que la malagueña alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, está siendo investigada por contratar irregularmente a 17 cargos de IU y a 57 familiares de éstos.
Tampoco queda un palmo de geografía española exento de esta lacra: desde las tragaperras vascas en su día a Jaume Matas y María Antònia Munar en Baleares, desde Juan Hormaechea cuando era presidente de Cantabria al caso Pretoria en Cataluña, en todas partes cuecen las habas de la corrupción.
Si no se han sustanciado muchos más casos se debe a falta de medios o de diligencia policial o judicial. Así se tuvieron que archivar en su época asuntos como de los de Rosendo Naseiro por haberse obtenido pruebas por medios ilegales o del ex presidente balear Gabriel Cañellas por haber prescrito, amén de muchos otros que no se han llegado a conocer.
Pero, insisto, todo esto se debe solamente a confabulaciones contra “patriotas”, como en el caso aludido del partido de Pujol. Aquí, en esta tierra, donde tenemos hasta once candidatos implicados en mayor o menor grado en asuntos varios de corruptelas y prevaricación, nos hallamos ante una campaña contra La Comunidad Valenciana. Tal cual. También en época de Franco cuando había críticas a su régimen se achacaban éstas a turbias maniobras de los enemigos de España.
De todas formas, para ser solo un invento todo lo de la corrupción, aquí estamos batiendo un récord en cantidad y calidad de incursos en el tema. Tener a la vez, aunque sea por distintos casos y en diverso grado, a un presidente autonómico, Francisco Camps, un vicepresidente, Vicente Rambla, una presidenta de Las Corts, Milagrosa Martínez, presidentes de diputación, como Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, y alcaldes y ex alcaldes varios es un récord difícil de igualar.
Por eso, y dado que como decimos la corrupción solo es una fabulación sin base real alguna, mucha debe ser la manía que le tienen a nuestra Comunidad quienes con pérfida habilidad urden estas campañas de desprestigio. Menos mal que pronto llegarán las elecciones para poner las cosas en su sitio y deslegitimar a los jueces, a las pruebas, a los testigos y a quien sea preciso. ¡Faltaría más!
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