La actividad más importante de muchos políticos es aparecer en las listas de su partido como candidato a concejal o a diputado nacional o autonómico. Luego, lo que haga en su cargo resulta bastante irrelevante, ya que sus decisiones y el sentido su voto le vienen impuestos por el partido político en el que milita.
Es aquello que Felipe González, una vez que dejó la presidencia del Gobierno, calificó como mero acto de “apretar un botón” en las votaciones y que reconoció que a él, que había tenido tanto poder, no le resultaba “nada estimulante”.
Por eso lo dejó. Pero, claro, no todos los políticos tienen la capacidad de ganarse la vida por su cuenta que posee González y por eso se conforman con asentir al partido y dejar su conciencia y su criterio personal colgados fuera del hemiciclo respectivo.
Lo más curioso de lo que ya se sabe o se intuye de las listas para las elecciones del 22 de mayo es la mayor presencia en ellas en esta ocasión de personas imputadas, acusadas o implicadas en corrupciones o corruptelas diversas. En esto, mírese por dónde, sí que se produce la ansiada transversalidad, puesto que tiene lugar de norte a sur de la Península y en todo tipo de partidos.
Por esta clase de actuaciones es por lo que los políticos han perdido casi todo su crédito, convirtiéndose en el tercer problema del país para los ciudadanos —y con clarísima tendencia al alza—, según el barómetro del CIS publicado este miércoles. Y es que el personal de a pie no es tonto, ni aquí ni en ninguna parte. Estuve en Portugal un mes antes de la petición de rescate económico a la UE por José Sócrates y ya entonces la gente estaba que trinaba: y eso que su paro del 11,2% es la mitad que el de España. Así que mucho ojo, porque aquí cualquier día los ciudadanos pueden acabar hasta el gorro.
La última prueba de que la clase política se ha convertido en un mal extendido la tenemos en la marimorena producida tras negarse los más que bien remunerados europarlamentarios a hacer recortes presupuestarios, entre ellos viajar en clase turista. El follón ha sido tan gordo que han tenido que envainársela, aunque Aleix Vidal-Quadras argumente que “es lógico que personas que pasan tantas horas en el aire viajen con comodidad”. ¡Toma ya!
Lo cierto es que las listas electorales —de donde también han salido los parlamentarios europeos, por cierto— son una muestra de apaños partidistas donde no se coloca a los mejores gestores sino a gente obsecuente y muchas veces mediocre. Y cuando alguien pretende ir por libre, como el aspirante socialista a la alcaldía de Sagunto, Manolo Carbó, es defenestrado sin contemplaciones por su jefe de filas, Jorge Alarte.
No es de extrañar entonces que, por conveniencia de sus partidos, las listas electorales estén plagadas de imputados por asuntos diversos y en todos los ámbitos: desde Paco Camps en el PP hasta Ángel Luna en el PSP-PSOE; desde Vicente Rambla en el listado autonómico hasta Jorge Bellver en el municipal. El Partido Popular, además, parece utilizar las candidaturas autonómicas para aforar, o sea, proteger, a los implicados en los casos Gürtel o Brugal —llámense éstos Ricardo Costa, Sonia Castedo o David Serra—, más que para elegir a nuestros mejores representantes.
El argumento de que eso es legal y que se hace en todas partes, más que una justificación aceptable supone la consumación de una práctica perversa que envilece a la democracia y acabará por perjudicar a los mismos listos que pretenden beneficiarse de ella.
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