Haber pretendido —y logrado— a estas alturas que Las Corts aprueben, con carácter de urgencia, una proposición “sobre los símbolos y la identidad de la Comunidad Valenciana” parece una vuelta al pasado cuando no un obvio intento de distracción sobre otros asuntos más perentorios.
Lo cierto es que esto fue lo que hizo el pasado miércoles, no exento de solemnidad y de contundencia, el vicesecretario del PP, David Serra. La oportunidad la ofreció, una vez más, la torpeza de algunos políticos del Principado con su recurrente y tediosa alusión a los Països Catalans. Su consecuencia inmediata: un guiño del Partido Popular a los sectores valencianistas como diciéndoles que aquí el único que los defiende es él y que, en cambio, el Bloc de Enric Morera sólo representa un izquierdismo antañón y folklórico.
Todo esto sucede en el momento en que Mariano Rajoy está abogando por el adelgazamiento de las tres Administraciones del Estado —por ejemplo, y debido a dispendiosos gastos previos, diez comunidades autónomas necesitan ahora imperiosamente 30.000 millones con los que hacer frente a sus acreedores—. En este grave contexto, el que la gente de Francisco Camps exhuma cuestiones identitarias no debe ser, precisamente, lo que haga más feliz al líder nacional del PP.
Otro caso del mismo tenor, y que minimiza con eficacia la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, es el de una posible modificación estatutaria mediante la famosa cláusula Camps. Con ese asunto se amaga en ocasiones aunque sus protagonistas saben bien que no va en serio. Sin embargo, algunos consellers, como Serafín Castellano, lo defienden a capa y espada: “Tenemos que blindar la financiación en proporción a nuestro número de habitantes”. ¿Pero no ha recurrido el PP ese tipo de disposiciones en otros estatutos precisamente por ser inconstitucionales? “Sí, pero aunque lo sean, si Cataluña y Andalucía tienen artículos similares, nosotros no podemos ser menos”. Pues qué bien.
En esa carrera hacia ninguna parte todo el mundo participa. Otro ejemplo: el de la expo de Shanghai recién clausurada. Bien está el que el Gobierno español se haya gastado una pasta y que el ninot de Isabel Coixet haya constituido un reclamo excelente de nuestro país, nuestra tecnología y nuestras empresas. Pero, ¿por qué han viajado hasta allí de gorra, a cuenta de nuestros impuestos, casi todos los presidentes autonómicos, centenares de cargos públicos, asesores, concejales, periodistas y paniaguados varios?
Se supone que muchos de ellos han ido a vender la imagen de su respectiva comunidad, coadyuvando así a un lío de símbolos que, en vez de reforzar la marca comercial de España, contribuyen al guirigay creado por embajadas autonómicas y entes exportadores regionales que acaban por contradecirse unos a otros.
Por eso, el discutir a estas alturas sobre señas identitarias parece más una pérdida de tiempo que un avance esclarecedor. Algo de eso le pasó a Jorge Alarte en el congreso en el que salió elegido y donde, a su pesar, su partido siguió ufanándose de ser del País Valencià. En vez de hacer de ello un casus belli, el secretario del PSPV-PSOE se limita desde entonces a mencionar el término de Comunidad Valenciana siempre que puede. Así, muerto el perro, se acabó la rabia.
Lo cierto es que esto fue lo que hizo el pasado miércoles, no exento de solemnidad y de contundencia, el vicesecretario del PP, David Serra. La oportunidad la ofreció, una vez más, la torpeza de algunos políticos del Principado con su recurrente y tediosa alusión a los Països Catalans. Su consecuencia inmediata: un guiño del Partido Popular a los sectores valencianistas como diciéndoles que aquí el único que los defiende es él y que, en cambio, el Bloc de Enric Morera sólo representa un izquierdismo antañón y folklórico.
Todo esto sucede en el momento en que Mariano Rajoy está abogando por el adelgazamiento de las tres Administraciones del Estado —por ejemplo, y debido a dispendiosos gastos previos, diez comunidades autónomas necesitan ahora imperiosamente 30.000 millones con los que hacer frente a sus acreedores—. En este grave contexto, el que la gente de Francisco Camps exhuma cuestiones identitarias no debe ser, precisamente, lo que haga más feliz al líder nacional del PP.
Otro caso del mismo tenor, y que minimiza con eficacia la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, es el de una posible modificación estatutaria mediante la famosa cláusula Camps. Con ese asunto se amaga en ocasiones aunque sus protagonistas saben bien que no va en serio. Sin embargo, algunos consellers, como Serafín Castellano, lo defienden a capa y espada: “Tenemos que blindar la financiación en proporción a nuestro número de habitantes”. ¿Pero no ha recurrido el PP ese tipo de disposiciones en otros estatutos precisamente por ser inconstitucionales? “Sí, pero aunque lo sean, si Cataluña y Andalucía tienen artículos similares, nosotros no podemos ser menos”. Pues qué bien.
En esa carrera hacia ninguna parte todo el mundo participa. Otro ejemplo: el de la expo de Shanghai recién clausurada. Bien está el que el Gobierno español se haya gastado una pasta y que el ninot de Isabel Coixet haya constituido un reclamo excelente de nuestro país, nuestra tecnología y nuestras empresas. Pero, ¿por qué han viajado hasta allí de gorra, a cuenta de nuestros impuestos, casi todos los presidentes autonómicos, centenares de cargos públicos, asesores, concejales, periodistas y paniaguados varios?
Se supone que muchos de ellos han ido a vender la imagen de su respectiva comunidad, coadyuvando así a un lío de símbolos que, en vez de reforzar la marca comercial de España, contribuyen al guirigay creado por embajadas autonómicas y entes exportadores regionales que acaban por contradecirse unos a otros.
Por eso, el discutir a estas alturas sobre señas identitarias parece más una pérdida de tiempo que un avance esclarecedor. Algo de eso le pasó a Jorge Alarte en el congreso en el que salió elegido y donde, a su pesar, su partido siguió ufanándose de ser del País Valencià. En vez de hacer de ello un casus belli, el secretario del PSPV-PSOE se limita desde entonces a mencionar el término de Comunidad Valenciana siempre que puede. Así, muerto el perro, se acabó la rabia.
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