martes, 23 de noviembre de 2010

Falta de transparencia

La Administración de la Comunidad Valenciana es la segunda menos transparente de España, sólo superada por la cántabra de Miguel Ángel Revilla, el de las anchoas, para entendernos.

Esto lo acaba de decir la ONG Transparencia Internacional. Claro que uno puede creer en sus informes o mostrarse tan escéptico como Santo Tomás respecto a la resurrección de Cristo. Pero ahí están. En el caso español, los dirige alguien tan poco sospechoso como el profesor Jesús Lizcano, catedrático de la UAM, y los avala una persona del prestigio de Antonio Garrigues.

En ese incómodo ranking, la Comunidad queda empatada con las Baleares, cuya Administración ha sufrido el devastador paso por ella de gentes como Jaume Matas y María Antonia Munar, con la evaporación de decenas de millones y la inculpación penal de la mitad de la clase política de las islas. Eso no quiere decir nada en sí mismo, aunque nos hubiese venido mejor habernos emparejado con Andalucía y Galicia, las más transparentes del listado.

El informe de Transparencia, además, no se refiere para nada a la corrupción. Ese índice lo establece sólo a nivel internacional, donde nuestro país queda en un discreto 30º lugar, muy lejos de Somalia, Myanmar y Afganistán, los más corruptos, pero también más alejado que en ocasiones anteriores de la cabeza, donde se hallan Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur.

De lo que sí habla el informe es de desinformación, algo por otra parte obvio en la Comunidad Valenciana desde que el pasado 26 de julio el Tribunal Constitucional falló que las Corts que preside Milagrosa Martínez habían vulnerado “los derechos fundamentales de los diputados” al no haber admitido 30 iniciativas con preguntas al Consell de las parlamentarias Mónica Oltra, Mireia Mollá y sus compañeros de Compromís.

Ésa es una práctica, por otra parte, que les parece lógica a muchos políticos. No hace mucho que el vicepresidente Gerardo Camps, al ser preguntado por los sobrecostes de la obra de Santiago Calatrava en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se negó a responder alegando que se trataba “asuntos confidenciales” y de “exclusivo uso interno”.

No nos extrañe luego que la buena imagen que tenía la Comunidad Valenciana fuera de ella haya descendido como el agua en la bajamar. Lo recordaba no hace mucho el director de El Mundo en Valencia, Rafael Navarro, y puede refrendarlo cualquiera de los empresarios que viaje con frecuencia a Madrid.

Pero el descrédito que producen ciertas actuaciones políticas —aunque ello no nos sirva de consuelo— no es exclusivo de la Comunidad Valenciana. Los gestores mejor valorados suelen ser, curiosamente, quienes resultan más críticos con su propio partido, como el peneuvista Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, la ciudad más transparente del ranking municipal en el que Castellón, con Alberto Fabra, queda en el puesto 44, Alicante, con Sonia Castedo, en el 78, y Valencia, con Rita Barberá, en el 100, sobre 110 clasificados.

Lo que suele suceder, y no me refiero a nadie en concreto, es que nuestros políticos olvidan que están a nuestro servicio y no al revés. Lo recordaba el catalán Albert Rivera en el último programa de TV Tinc una pregunta per vosté: “Ustedes son mis jefes, que me pagan el sueldo con sus impuestos —decía, refiriéndose a los ciudadanos—, y los políticos somos sus empleados”.

Por olvidar con frecuencia esta sencilla máxima, acaba por producirse una malsana opacidad que es el caldo de cultivo donde crecen y se multiplican los Correa, El Bigotes y otros especimenes de la corrupción.

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