Entiendo la preocupación de mi admirado Manuel Palma, presidente del sector de la automoción, por la estrepitosa caída de un 50% en la matriculación de vehículos en octubre. Pero a mí esa situación no me conturba demasiado porque creo que la industria del automóvil representa la vituperada vieja economía que el propio Rodríguez Zapatero prevé sustituir por otra más sostenible y eficiente, aunque el hombre, por desgracia, no sepa explicarnos en qué consistirá.
En cualquier caso, los coches son contaminantes, consumen un combustible escaso y de importación —el petróleo— en vez de energías renovables, fomentan el individualismo frente a un transporte público más solidario, suponen una sangría constante y costosa de vidas humanas y obligan a inversiones viarias siempre insuficientes. De ahí, entre otras cosas, deduzco que proviene el clamoroso éxito del servicio de bicis montado en Valencia por Rita Barberá.
Éste es sólo un ejemplo, menor si se quiere, de que las cosas tienen que cambiar muy mucho. Hace quince años, con Eduardo Zaplana —pero también antes, en cierto modo, con Joan Lerma—, se pensó que la valenciana iba a ser una sociedad de servicios, con un elefantiásico sector de la construcción y grandes eventos a gogó.
El invento no fue mal del todo mientras no se desinfló, pero la crisis económica vino a ratificar que el futuro va por otro camino. Es el que han seguido los países BRIC —Brasil, Rusia, India y China—, con un crecimiento del PIB al 10% anual. Su común denominador: la innovación industrial y el desarrollo de las nuevas tecnologías.
En España, en general, y en la Comunidad Valenciana, en particular, los políticos han menospreciado la inversión a largo plazo en I+D+i frente a otras preocupaciones electorales más perentorias. Sólo Euskadi se ha dedicado a invertir en tecnología e innovación, sacando así varios cuerpos de ventaja en eficiencia y competitividad al resto de España. Curiosamente, ése es un mérito oculto del Gobierno de Juan José Ibarretxe, quien en público se dedicaba mientras tanto a perorar sobre su famoso plan soberanista. Resultado: que el País Vasco a fecha de hoy tiene sólo un 10% de paro frente al 23,4% de nuestra Comunidad.
Ahora —y más vale tarde que nunca— nuestros agentes sociales han llegado a un acuerdo en impulsar la alicaída industria valenciana —que ha perdido nueve puntos del PIB regional en sólo una década—, primando a la investigación, a los nuevos sectores y al trabajo más eficiente. Para solemnizar ese nuevo rumbo, Rafael Ferrando, de Cierval, y los sindicalistas Conrado Hernández y Francisco Molina rubricaron junto al vicepresidente Vicente Rambla la Estrategia de Política Industrial a la que la Generalitat destinará 1.100 millones hasta 2015 bajo la atenta vigilancia del presidente Francisco Camps.
Poco tiene que ver la tradicional rutina de nuestro envejecido tejido empresarial con los nuevos proyectos en telemedicina, nanotecnologías, biomateriales, domótica, personalización de productos… Ése es el camino que nos han señalado los países emergentes y a ellos no les ha ido nada mal. Si los dineros que ponga la Administración fomentan a su vez la inversión empresarial, la investigación y las exportaciones se habrán cumplido con creces sus objetivos.
Pero —y siempre hay un pero— el riesgo radica en que los presupuestos públicos se queden sin fondos para dotar a un plan tan urgente como tardío o en que, como teme Paco Molina, el ICO y las demás entidades de crédito continúen sin financiar debidamente a las pequeñas empresas. De ser así, tan buenas intenciones podrían quedar, una vez más, en agua de borrajas.
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