La deuda de la Generalitat

Vender edificios públicos para obtener dinero, como pretende la Generalitat, no es algo políticamente reprochable. Más duro es subir impuestos y lo ha hecho el Gobierno de Rodríguez Zapatero sin pestañear. Además, hay una larga tradición de la Administración central al respecto y que alcanzó su cenit con la venta de cuarteles cuando Federico Trillo era ministro de Defensa. La otra posibilidad que propone Jorge Alarte, de reducir a la mitad los entes públicos, resulta necesaria, sí, pero insuficiente, porque no existen empresas autonómicas que encuentren a alguien dispuesto a cargar con ellas.

Lo malo, pues, no es la idea, sino el momento de llevarla a cabo, en pleno desplome inmobiliario. Dado que todavía siguen ahí, sin haberse podido colocar, los terrenos de Mestalla con los que se comprometió Juan Bautista Soler, poco dinero se va a sacar de los solares e inmuebles de la Generalitat. La operación debería haberse realizado hace tres años, en vísperas de la crisis inmobiliaria, cuando Emilio Botín vendió espléndidamente su ciudad financiera de Boadilla del Monte para instalarse en oficinas de alquiler.

Ahora no habrá otra que continuar endeudándose para poder pagar así los gastos corrientes y también para devolver las deudas anteriores ya vencidas.

Si vender patrimonio es insuficiente, pedir crédito resulta más caro. Las agencias de rating cada día nos califican un peldaño por debajo del anterior y sólo Cataluña tiene peor consideración financiera que nosotros. Si no es con el aval del Estado, no hay manera de acceder al crédito exterior, ya que nuestra deuda alcanza el 16% del PIB y es la segunda más alta de todas las comunidades autónomas.

No es que el déficit público de las autonomías —previsión de un 2,4% del PIB en 2010 frente al 9,3% de España— sea escandaloso, pero sí “falto de transparencia” y “difícilmente controlable”, como dice el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez. Para que el déficit español baje al 6% en 2011, como exige la UE, el de las autonomías debería descender al 1,3%. ¿Es esto posible con el creciente ritmo de endeudamiento?

Lo cierto es que para obtener el dinero que necesita la depauperada Cataluña de Montilla ha acudido a colocar bonos patrióticos entre los ciudadanos al 4,75%, lo que rompe el techo del mercado, y pagando a los intermediarios financieros otro 3%, con lo que el invento le sale más caro que cualquier otra emisión.

En esa estela va el Consell de Paco Camps, según anunció el vicepresidente Gerardo Camps. Ya ha apelado a las cuatro cajas de la Comunidad —Bancaixa, CAM, Ontinyent y Ruralcaja— para que asuman una deuda de mil millones que, con los 1.400 ya colocados este año, aún están dentro del margen de 4.500 que le autorizó el Gobierno.

Lo que sucede es que con ese dinero se taparán algunos agujeros —como hacen las familias en su economía doméstica—, se pagarán créditos ya vencidos y poco más. Y es que nuestra Administración, por la crisis, por la injusta financiación que recibe del Gobierno respecto a nuestra población y por el reintegro de lo ingresado a cuenta en 2008 continúa siendo un moroso empedernido, con retrasos de hasta 15 meses en algunos pagos.

Se acabó, pues, el vivir por encima de nuestras posibilidades, con grandes fastos e incontrolados dispendios. Eso sucede aquí y también en la Francia de Sarkozy. “No queremos vivir peor que nuestros padres”, ponía la pancarta de una joven manifestante en París. Pues lo siento por ella y por nuestros hijos ya que, por culpa de nuestros pasados derroches ese triste panorama resulta inevitable.