A la pregunta de qué hacer con Canal Nou, la respuesta es simple y demoledora: nada. Nada de nada.
Ahora, el presidente del ente, Emilio Fernández, puesto ahí por el PP, habla de “privatizar todas las cadenas autonómicas”, eso sí, “menos los servicios informativos”. ¿Es que acaso éstos son mejores que los de Antena 3 o Telecinco, por poner por caso?
Lo que sucede es que la decisión de privatizar los canales públicos, de llegar a imponerse, se hace con retraso. Hace un par de años, un amigo, propietario de un periódico provincial, me decía: “Cuando salió la convocatoria de la TDT me presenté para tener una emisora de televisión, porque parecía lo más lógico, y cogí un cabreo de órdago cuando la Administración denegó mi solicitud. No sabes, en cambio, lo contento que estoy ahora, porque podía haber perdido hasta la camisa e incluso poner en peligro mi periódico”.
Ésa es la cuestión: el crecimiento desordenado y desorbitado del sector audiovisual coincidiendo con una crisis económica —y por ende publicitaria— ha convertido en deficitarias a todas las cadenas. En Estados Unidos, por ejemplo, con un mercado de 308 millones de individuos, sólo existen cuatro canales generalistas a escala nacional; seis, si incluimos la CNN y la televisión pública —PBS, con una mínima audiencia, inferior al 2%—. En España, en cambio, para 45 millones de habitantes hay al menos nueve canales generales y otra treintena más en el mando de los televisores.
Dado este panorama, ¿quién sería el guapo interesado en comprar Canal Nou? ¿Qué vale una cadena con cuantiosas pérdidas y 1.100 millones de deuda acumulada? ¿Quién sufragaría los 128 euros anuales, vía impuestos, que nos cuesta a cada ciudadano de la Comunidad, seamos o no espectadores de Canal Nou?
Por eso, el PSOE siempre se ha opuesto a la privatización de la TV pública, al contrario que el partido de Mariano Rajoy, el cual acaba de presentar una propuesta parlamentaria que abriría esa posibilidad legal que ya anticipó para Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal y, sobre todo, Esperanza Aguirre en el caso de Tele Madrid.
Aquí, en cambio, todo es silencio, salvo una escueta declaración de la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, hace dos meses, de que los argumentos a favor de una televisión pública “siguen plenamente vigentes”.
La única persona de la Comunidad que en su día se atrevió a hablar de “externalizar” hasta los informativos de Canal Nou fue el visionario Eduardo Zaplana. Claro que, como suelen hacer todos los políticos, el suyo fue un brindis al sol, ya que ni siquiera había cobertura legal para semejante hipótesis, como en seguida le recordaron los tribunales de justicia.
En fin, dado que no se puede ni se quiere hacer nada, los dos próximos años van a ser dramáticos para el sector audiovisual, público y privado, con fusiones y desapariciones de emisoras y de cadenas.
¿Qué pasará con Canal Nou? Me temo que, injustamente, acabarán pagando el pato los magníficos profesionales de la cadena. Con una plantilla fija de, al menos, 1.700 personas en todo el ente público, un durísimo ERE parece inevitable. O sea, que como siempre, pagarán justos por pecadores.
Ahora, el presidente del ente, Emilio Fernández, puesto ahí por el PP, habla de “privatizar todas las cadenas autonómicas”, eso sí, “menos los servicios informativos”. ¿Es que acaso éstos son mejores que los de Antena 3 o Telecinco, por poner por caso?
Lo que sucede es que la decisión de privatizar los canales públicos, de llegar a imponerse, se hace con retraso. Hace un par de años, un amigo, propietario de un periódico provincial, me decía: “Cuando salió la convocatoria de la TDT me presenté para tener una emisora de televisión, porque parecía lo más lógico, y cogí un cabreo de órdago cuando la Administración denegó mi solicitud. No sabes, en cambio, lo contento que estoy ahora, porque podía haber perdido hasta la camisa e incluso poner en peligro mi periódico”.
Ésa es la cuestión: el crecimiento desordenado y desorbitado del sector audiovisual coincidiendo con una crisis económica —y por ende publicitaria— ha convertido en deficitarias a todas las cadenas. En Estados Unidos, por ejemplo, con un mercado de 308 millones de individuos, sólo existen cuatro canales generalistas a escala nacional; seis, si incluimos la CNN y la televisión pública —PBS, con una mínima audiencia, inferior al 2%—. En España, en cambio, para 45 millones de habitantes hay al menos nueve canales generales y otra treintena más en el mando de los televisores.
Dado este panorama, ¿quién sería el guapo interesado en comprar Canal Nou? ¿Qué vale una cadena con cuantiosas pérdidas y 1.100 millones de deuda acumulada? ¿Quién sufragaría los 128 euros anuales, vía impuestos, que nos cuesta a cada ciudadano de la Comunidad, seamos o no espectadores de Canal Nou?
Por eso, el PSOE siempre se ha opuesto a la privatización de la TV pública, al contrario que el partido de Mariano Rajoy, el cual acaba de presentar una propuesta parlamentaria que abriría esa posibilidad legal que ya anticipó para Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal y, sobre todo, Esperanza Aguirre en el caso de Tele Madrid.
Aquí, en cambio, todo es silencio, salvo una escueta declaración de la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, hace dos meses, de que los argumentos a favor de una televisión pública “siguen plenamente vigentes”.
La única persona de la Comunidad que en su día se atrevió a hablar de “externalizar” hasta los informativos de Canal Nou fue el visionario Eduardo Zaplana. Claro que, como suelen hacer todos los políticos, el suyo fue un brindis al sol, ya que ni siquiera había cobertura legal para semejante hipótesis, como en seguida le recordaron los tribunales de justicia.
En fin, dado que no se puede ni se quiere hacer nada, los dos próximos años van a ser dramáticos para el sector audiovisual, público y privado, con fusiones y desapariciones de emisoras y de cadenas.
¿Qué pasará con Canal Nou? Me temo que, injustamente, acabarán pagando el pato los magníficos profesionales de la cadena. Con una plantilla fija de, al menos, 1.700 personas en todo el ente público, un durísimo ERE parece inevitable. O sea, que como siempre, pagarán justos por pecadores.
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