Un aeropuerto en cada esquina

A todos nos gustaría, claro, tener autopistas a tiro de piedra de nuestro domicilio, una estación del AVE a poder ser a la vuelta de la esquina y un aeropuerto a cinco minutos de casa.


Si, además de todo ello, nos tocase la loto, ya sería la repera.


Pero las cosas no suelen ser así. Ni pueden ser así. Si no lo fueron en la alocada e irrecuperable época de vacas gordas que acabamos de vivir, menos lo serán en ese futuro más que imperfecto que nos aguarda.


Digo todo esto a raíz del recurrente rifirrafe político en Las Cortes de Castilla y León sobre las inversiones en los cuatro aeropuertos de esa Comunidad y la sempiterna postergación de Matacán respecto a los otros centros regionales. ¿Pero qué nos habíamos creído? Si no se cumplieron en su día los proyectos del Plan Oeste para Salamanca, si las infraestructuras aeroportuarias previstas se pospusieron o se llevaron a otra parte, ¿a qué viene quejarse ahora de ello?


En España hemos vivido, en general, como ricos si haber llegado a serlo. Ahora, no sólo no lo somos sino que además tenemos que pagar las deudas contraídas. Por eso, mal que nos pese, no podemos ser ese país que tenga más autopistas, más aeropuertos y más líneas de AVE que nadie, todo al mismo tiempo.


Pero, erre que erre, en una suicida política de campanario, cada pueblo pretende ganarle la partida a su vecino. Resulta que 39 de los 48 aeropuertos españoles —han leído bien: prácticamente tantos como provincias— han tenido pérdidas el año pasado, con un déficit global de 300 millones. Pues ya ven: siendo deficitario el de Valencia, Castellón pronto va a tener otro en el que la Generalitat ha enterrado 200 millones que aún debe, mientras retrasa pagos a proveedores, se endeuda más que nadie y saca a la venta las sedes de las propias consejerías.


Un dislate, sí, como el de Ciudad Real, cuyo fantasmagórico aeropuerto con capacidad para 2,5 millones de pasajeros y pistas para que pueda aterrizar el gigantesco Airbus A380, sólo tiene tres vuelos semanales de Ryanair, subvencionada por la Junta de Castilla-La Mancha. Y eso, después de llevar a la quiebra a la caja de ahorros regional con un agujero de 500 millones.