Hiperpolitización

Mariano Rajoy acaba de ordenar a las Comunidades Autónomas del PP que recorten gastos y se aprieten el cinturón. ¿Es eso creíble?

Dada la manifiesta inutilidad de muchos entes y empresas públicas, su desaparición resultaría posible y hasta deseable, pero la función de dichos organismos nunca ha consistido en mejorar la gestión administrativa, sino en colocar a paniaguados del partido de turno, por un lado, y en disimular los elevados déficits de las consellerías respectivas, por otro. Por eso, los nuevos presidentes autonómicos lo tienen crudo.

¿O es que alguien se imagina que José Ramón Bauzá va a eliminar los enchufados por Francesc Antich en Baleares? ¿O que De Cospedal va a hacer lo propio con los de Barreda en Castilla-La Mancha? Simplemente, dejarán en un pasillo a aquéllos que hayan consolidado derechos y colocarán en su puesto a otros de su confianza política. Tal cual.

Incluso en Comunidades donde no se ha producido cambio de partido, como la nuestra, el número de funcionarios ha aumentado en 65.000 durante la última década. Pero es que un cambio en la cúspide del poder político, con la sustitución de Eduardo Zaplana por Francisco Camps, también ha provocado que los afines al segundo se superpongan a los del primero, incrementando así el gasto público.

Vivimos, pues, en un país donde la función pública se ha politizado hasta en los ujieres de los Juzgados. Eso no sólo sucede en los altos órganos del Estado —donde resulta evidente en las votaciones del Supremo, el TC, el Tribunal de Cuentas, etc., según cuál sea el color político de sus miembros—, sino hasta en los trabajadores de Canal Nou. Así se explica una plantilla de 1.100 empleados para una tarea que podrían realizar perfectamente 400.

En esto, todos los partidos son culpables. En España, desde la Restauración pactada por Cánovas y Sagasta en 1876, a cada cambio de Gobierno se muda de arriba abajo toda la Administración. En Gran Bretaña, en cambio, los civil servats permanecen hasta nivel de subsecretario sea cual fuere el Gobierno de turno. En Francia, los enarcas mantienen el aparato del Estado, y en Estados Unidos Barack Obama hasta heredó a Robert Gates, ministro de su enconado rival George Bush.

Aquí tal cosa resultaría imposible. Aquí sucede todo lo contrario: se crean instituciones solo para colocar a políticos cesantes, como la de nuestro Consell Jurídic Consultiu, el cual aspira a ser presidido, según confesión propia, por el socialista Joan Ignasi Pla.

Con tales precedentes, ¿quién es el guapo que en la Comunidad elimina los varios cientos de asesores prescindibles en consellerías, diputaciones y municipios? Más fácil será reducir los 782 vehículos oficiales existentes o controlar los más de 11.000 teléfonos móviles de la Administración. Pero, ¿las delegaciones del Consell, las oficinas del IVEX, los enchufados en el centenar y pico de empresas y fundaciones públicas…? Muy difícil.

A fecha de hoy, los diputados y senadores valencianos aún viajan todas las semanas en primera clase a Madrid, mientras que el británico David Cameron, en cambio, viene como turista en líneas low cost. Y si no fuese por UPyD, el partido de Rosa Díez, ni siquiera se habría cuestionado semejante dispendio.

Volveremos a hablar, por consiguiente, de cómo reducir el gigantesco déficit de nuestra Comunidad, la cual ya ha gastado durante el último trimestre la mitad de lo que le corresponde a todo este año. Pero mientras no se reforme la ley que regula la hiperpolitizada función pública, dicha pretensión parece más una quimera que una plausible realidad.