La dimisión de Strauss-Kahn de su puesto en el FMI tras la presunta violación de una muchacha es el síntoma de que algo muy importante está cambiando. Hasta ahora, los acusados de cualquier delito se aferraban a sus cargos como posesos.
Tampoco la corrupción política pasaba factura. El Parlamento francés de la época de Mitterrand dictó dos amnistías generales a la financiación ilícita de los partidos. Recientemente, en cambio, la ministra Alliot-Marie hubo de dimitir por haber recibido agasajos del sátrapa tunecino Ben Alí. Hasta al italiano Berlusconi sus variados y repetidos desmanes acaban de costarle un varapalo en las urnas.
En España todo esto aún no sucede: el ex jefe de personal de Canal Nou, Vicente Sanz, denunciado por acoso sexual, ha conseguido jubilarse como si nada. Tampoco el caso Gürtel ha conmocionado a los electores, aunque Camps y Esperanza Aguirre se hayan dejado unos cuantos votos en la gatera.
Cada día que pasa, sin embargo, los partidos políticos se desprenden un poco más de dirigentes pringados por acusaciones delictivas: el senador cacereño González Melitón, por ejemplo, dimite “para poder defenderse” del delito de abuso de menores, y el concejal linense Antonio Torres, del de fraude.
Se trata de un proceso incipiente, claro, pero constante. Si a iniciativa del movimiento de Indignados se logra que las listas electorales no puedan llevar personas imputadas, nos libraremos de un montón de gente dudosa que, si demuestra luego su inocencia, puede volver a la actividad política tan ricamente. Si no, a ganarse la vida como cualquier hijo de vecino.
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