Todos los presidentes autonómicos acaban de iniciar sus mandatos hablando de austeridad y anunciando recortes varios. Lo tienen más fácil aquéllos que, como el balear José Ramón Bauzá, sustituyen a gobernantes derrochones, como el socialista Francesc Antich al frente de su caótico pentapartito.
Francisco Camps, en cambio, se sucede a sí mismo, con lo que resulta menos explicable el porqué no ahorró antes los 1.150 millones que ahora nos promete. Pero es que, además, ¿resulta factible semejante economía con las medidas enunciadas en su discurso de investidura?
El propio presidente reconoció en el citado discurso que ocho de cada diez euros de la Generalitat se destinan a las intocables partidas de sanidad, educación y políticas sociales. Poco margen, pues, para ese plan de reducción de gastos que José Vicente González, presidente de los empresarios valencianos, pide que “permita liberar fondos para ayudar al sistema productivo”.
Más en concreto, el presidente de la CEV solicita “cribar la lista de fundaciones y empresas públicas”, más que frondosa en nuestra Comunidad.
No se trata de algo descabellado o irrealizable. Es lo que acaba de hacer la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, la antiCamps, como la denominan algunos en la sede nacional del Partido Popular.
La concepción política de la secretaria general del PP es antagónica de la del presidente valenciano no sólo en cuanto al gasto público, sino en su aceptación en las listas electorales de imputados por corrupción, en el tratamiento del caso Gürtel y en el mismo futuro del propio Paco Camps.
De ese antagonismo da fe el reciente e interesante libro de Antonio Martín Beaumont, La reina de la Torre de Marfil, donde desmenuza las interioridades de la cúpula del PP y la creciente frialdad de Mariano Rajoy con quien llegó a ser el barón más poderoso del partido, hoy caído en desgracia.
En la toma de posesión de su nuevo cargo, De Cospedal ha anunciado la supresión de organismos que parecían intocables, como el Defensor del pueblo o el Consejo Económico y Social, y la privatización de la televisión pública autonómica.
Si esto último se hiciera aquí con Canal Nou, como reconocía el inteligente empresario Manuel Palma en una tertulia televisiva, “se ahorrarían de golpe más de los 1.150 millones que pretende el presidente Camps”.
Bien es verdad que la opinión sobre las televisiones públicas dentro del PP no es unánime. Mientras Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón aluden esporádicamente a su privatización, al menos de boquilla, Javier Arenas, quien ya se ve como presidente de Andalucía dentro de unos meses, pretende mantener Canal Sur como herramienta de propaganda y adoctrinamiento, solo que cambiando, claro, su orientación política.
Camps, por supuesto, está más en la línea de Arenas que en la de la presidenta de Castilla-La Mancha. El nombramiento de Lola Johnson, última directora de Canal Nou, como portavoz del Consell confirma la existencia de un hilo conductor nada tenue entre la utilización de la televisión y la propaganda política.
En la Comunidad se proponen, pues, recortes mínimos frente a drásticas reducciones en otros pagos. Lo corrobora la preocupada reflexión de José Vicente González de que “no se puede seguir haciendo todos los grandes eventos”, la cual ha quedado ahogada este domingo, una vez más, por el incesante estrépito de los bólidos de la F-1.
Francisco Camps, en cambio, se sucede a sí mismo, con lo que resulta menos explicable el porqué no ahorró antes los 1.150 millones que ahora nos promete. Pero es que, además, ¿resulta factible semejante economía con las medidas enunciadas en su discurso de investidura?
El propio presidente reconoció en el citado discurso que ocho de cada diez euros de la Generalitat se destinan a las intocables partidas de sanidad, educación y políticas sociales. Poco margen, pues, para ese plan de reducción de gastos que José Vicente González, presidente de los empresarios valencianos, pide que “permita liberar fondos para ayudar al sistema productivo”.
Más en concreto, el presidente de la CEV solicita “cribar la lista de fundaciones y empresas públicas”, más que frondosa en nuestra Comunidad.
No se trata de algo descabellado o irrealizable. Es lo que acaba de hacer la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, la antiCamps, como la denominan algunos en la sede nacional del Partido Popular.
La concepción política de la secretaria general del PP es antagónica de la del presidente valenciano no sólo en cuanto al gasto público, sino en su aceptación en las listas electorales de imputados por corrupción, en el tratamiento del caso Gürtel y en el mismo futuro del propio Paco Camps.
De ese antagonismo da fe el reciente e interesante libro de Antonio Martín Beaumont, La reina de la Torre de Marfil, donde desmenuza las interioridades de la cúpula del PP y la creciente frialdad de Mariano Rajoy con quien llegó a ser el barón más poderoso del partido, hoy caído en desgracia.
En la toma de posesión de su nuevo cargo, De Cospedal ha anunciado la supresión de organismos que parecían intocables, como el Defensor del pueblo o el Consejo Económico y Social, y la privatización de la televisión pública autonómica.
Si esto último se hiciera aquí con Canal Nou, como reconocía el inteligente empresario Manuel Palma en una tertulia televisiva, “se ahorrarían de golpe más de los 1.150 millones que pretende el presidente Camps”.
Bien es verdad que la opinión sobre las televisiones públicas dentro del PP no es unánime. Mientras Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón aluden esporádicamente a su privatización, al menos de boquilla, Javier Arenas, quien ya se ve como presidente de Andalucía dentro de unos meses, pretende mantener Canal Sur como herramienta de propaganda y adoctrinamiento, solo que cambiando, claro, su orientación política.
Camps, por supuesto, está más en la línea de Arenas que en la de la presidenta de Castilla-La Mancha. El nombramiento de Lola Johnson, última directora de Canal Nou, como portavoz del Consell confirma la existencia de un hilo conductor nada tenue entre la utilización de la televisión y la propaganda política.
En la Comunidad se proponen, pues, recortes mínimos frente a drásticas reducciones en otros pagos. Lo corrobora la preocupada reflexión de José Vicente González de que “no se puede seguir haciendo todos los grandes eventos”, la cual ha quedado ahogada este domingo, una vez más, por el incesante estrépito de los bólidos de la F-1.
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