La mayoría de ciudadanos de todo el mundo cree que la corrupción es consustancial a la actividad política, según revelan las encuestas.
Europa, claro, no es como Bangladesh, Nigeria o Haití, países a la cabeza en sobornos y otros delitos de este tipo. Pero tampoco resulta inmune a ellos. La Italia de Andreotti vivió el clamoroso caso de la logia P-2 y el Banco Ambrosiano. En la Francia de Mitterrand, las trapisondas de su amigo Pierre Bérégovoy le llevaron al suicidio y el mangoneo en la empresa Elf le costó la cárcel al ex ministro de Exteriores Roland Dumas. Más recientemente hemos conocido la venta de títulos de lord durante el mandato británico de Tony Blair y el escándalo de docenas de diputados que decoraban sus adosados a cuenta de las dietas parlamentarias.
En España, tras las falsas facturas de Filesa con las que se financiaba el PSOE en 1989, vinieron las comisiones que cobraba Rosendo Naseiro, tesorero del PP, el desvío de fondos del caso Pallarols por el partido de Durán i Lleida, las concesiones de máquinas tragaperras del PNV, etcétera, etcétera.
Como todos los partidos estaban igual de involucrados y no había instrumentos jurídicos ni medios policiales para arreglar las cosas, la mayoría de ésas y otras historias han quedado en agua de borrajas. Hasta ahora.
Además, todo hay que decirlo, nuestra cultura y nuestros hábitos siempre se han mostrado permisivos con las pequeñas corruptelas. ¿Quién no ha pedido la recomendación para un hijo en un examen? ¿O el enchufe laboral para un cuñado? ¿O recibido interesados obsequios de Navidad?
Pero eso es pecata minuta. En cambio, los pelotazos inmobiliarios de las dos últimas décadas han llevado a algunos bolsillos cientos de millones obtenidos ilegalmente: aquel denominado “3 por ciento” que ya en 1991 ingenuamente quiso erradicar el entonces ministro Josep Borrell, el mismo porcentaje que catorce años después reprochó Pasqual Maragall a Artur Mas que se llevaba su partido y que ahora ha conducido al saqueo sistemático del Palau de la Música por parte de Félix Millet.
Aquellos polvos trajeron estos lodos. Lo que hasta hace poco eran considerados por la opinión pública fraudes “tolerables” han dejado de serlo. ¿Dónde está la raya de lo permisible? ¿Dónde acaba la pillería aceptable y comienza el delito punible?
No se trata de nada objetivo, ya que depende de la ideología, los prejuicios y la percepción de cada persona. Por eso, al margen de lo que decidan en su momento los tribunales, las imputaciones a Fabra, Camps, Ripoll,… para algunos son irrefutables pruebas de su culpabilidad, mientras que para otros resultan turbias maniobras de sus enemigos políticos. Pero, ¿cómo puede ser, se preguntan gentes sensatas de fuera de la Comunidad, que con toda la que está cayendo las encuestan sigan dando al PP la mayoría absoluta electoral?
Pues muy sencillo: por el hartazgo de los valencianos de la que consideran nefasta política de Rodríguez Zapatero respecto a sus intereses. Mientras esa impresión predomine sobre cualquiera otra, ni Jorge Alarte ni quien le sustituyera tiene políticamente nada que hacer. Sólo si se impone la sensación de que la corrupción es real y de que ha traspasado la “línea roja” será posible un cambio político. De lo contrario, todo lo que suceda en este terreno no solamente carecerá de repercusión política negativa sino que puede tener un efecto boomerang de reforzar a sus protagonistas.
Europa, claro, no es como Bangladesh, Nigeria o Haití, países a la cabeza en sobornos y otros delitos de este tipo. Pero tampoco resulta inmune a ellos. La Italia de Andreotti vivió el clamoroso caso de la logia P-2 y el Banco Ambrosiano. En la Francia de Mitterrand, las trapisondas de su amigo Pierre Bérégovoy le llevaron al suicidio y el mangoneo en la empresa Elf le costó la cárcel al ex ministro de Exteriores Roland Dumas. Más recientemente hemos conocido la venta de títulos de lord durante el mandato británico de Tony Blair y el escándalo de docenas de diputados que decoraban sus adosados a cuenta de las dietas parlamentarias.
En España, tras las falsas facturas de Filesa con las que se financiaba el PSOE en 1989, vinieron las comisiones que cobraba Rosendo Naseiro, tesorero del PP, el desvío de fondos del caso Pallarols por el partido de Durán i Lleida, las concesiones de máquinas tragaperras del PNV, etcétera, etcétera.
Como todos los partidos estaban igual de involucrados y no había instrumentos jurídicos ni medios policiales para arreglar las cosas, la mayoría de ésas y otras historias han quedado en agua de borrajas. Hasta ahora.
Además, todo hay que decirlo, nuestra cultura y nuestros hábitos siempre se han mostrado permisivos con las pequeñas corruptelas. ¿Quién no ha pedido la recomendación para un hijo en un examen? ¿O el enchufe laboral para un cuñado? ¿O recibido interesados obsequios de Navidad?
Pero eso es pecata minuta. En cambio, los pelotazos inmobiliarios de las dos últimas décadas han llevado a algunos bolsillos cientos de millones obtenidos ilegalmente: aquel denominado “3 por ciento” que ya en 1991 ingenuamente quiso erradicar el entonces ministro Josep Borrell, el mismo porcentaje que catorce años después reprochó Pasqual Maragall a Artur Mas que se llevaba su partido y que ahora ha conducido al saqueo sistemático del Palau de la Música por parte de Félix Millet.
Aquellos polvos trajeron estos lodos. Lo que hasta hace poco eran considerados por la opinión pública fraudes “tolerables” han dejado de serlo. ¿Dónde está la raya de lo permisible? ¿Dónde acaba la pillería aceptable y comienza el delito punible?
No se trata de nada objetivo, ya que depende de la ideología, los prejuicios y la percepción de cada persona. Por eso, al margen de lo que decidan en su momento los tribunales, las imputaciones a Fabra, Camps, Ripoll,… para algunos son irrefutables pruebas de su culpabilidad, mientras que para otros resultan turbias maniobras de sus enemigos políticos. Pero, ¿cómo puede ser, se preguntan gentes sensatas de fuera de la Comunidad, que con toda la que está cayendo las encuestan sigan dando al PP la mayoría absoluta electoral?
Pues muy sencillo: por el hartazgo de los valencianos de la que consideran nefasta política de Rodríguez Zapatero respecto a sus intereses. Mientras esa impresión predomine sobre cualquiera otra, ni Jorge Alarte ni quien le sustituyera tiene políticamente nada que hacer. Sólo si se impone la sensación de que la corrupción es real y de que ha traspasado la “línea roja” será posible un cambio político. De lo contrario, todo lo que suceda en este terreno no solamente carecerá de repercusión política negativa sino que puede tener un efecto boomerang de reforzar a sus protagonistas.
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