La lentitud de la justicia, recuerda un aforismo jurídico, hace que aquélla no sea justa; entre otras razones, porque expone a los acusados a figurar como culpables ante la opinión pública mientras no se dicte sentencia. Y a ver luego quién les quita ese sambenito.
No sé si tomando en cuenta esas consideraciones, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que preside Pilar de la Oliva resuelve hoy si se sigue demorando la instrucción del caso Gürtel contra Francisco Camps o si el juez José Flors puede decidir de una vez que se abra juicio oral en las próximas semanas.
Con tanto intríngulis jurídico, se comprende que la gente del común andemos perdidos, en este asunto y en muchos otros, sobre quién está acusado de qué, por quién y cómo.
Mientras tanto, ajenos a estas prosaicas cuestiones, esos abogados que perciben sustanciosas minutas alargan los procesos sin tener en cuenta que cuanto más duren más infaman a quienes los padecen. Ya me dirán, si no, en qué beneficia al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el llevar ¡8 años! implicado en diversas causas aún por resolver. ¿Quién creerá en su inocencia si un día los tribunales le exoneran de cualquier delito?
Y es que el viejo principio de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario ha sido sustituido hoy día por el de resultar culpable de entrada. Para mayor inri, quienes criminalizan o no a los acusados no son los jueces sino la opinión pública.
De ahí que los políticos se dediquen sistemáticamente a estigmatizar a sus enemigos antes de que lo hagan los juzgados, incluso sin llegar a incoarse proceso alguno. ¿Quién no ha hecho ya su juicio previo, por ejemplo, ante los sumarios de Garzón, Palma Arena, el bar Faisán, el caso Brugal o el piso de Ángel Luna?
Por eso, también, el uso y el abuso mediático que hacen unos y otros de presuntos delitos por aquello de que cuando el río suena, agua lleva, que dice un antiguo e insidioso refrán en el que los políticos de este país parecen creer a pies juntillas.
Lo más paradójico y lamentable de todo es que con tanta dilación procesal en el asunto de los famosos trajes de Orange Market el PP puede ganar de calle las próximas elecciones y encontrarse acto seguido con el procesamiento del presidente de todos los valencianos.
Antes, incluso, de que tal eventualidad pudiera suceder, debo decir que resulta absurdamente injusta la imagen de la Comunidad Valenciana como emporio de corrupción. Baleares, Andalucía, Madrid o Cataluña tienen muchísimos más imputados en tramas de especulación, sobornos y prevaricación. Pero ya ven: de tanto repetir el pérfido eslogan empiezan a creérselo hasta aquéllos que lo han inventado.
Pero que nadie se llame a engaño porque todos perdemos en esta grotesca zarabanda: los electores, porque tanto escándalo ha anestesiado nuestras conciencias; y los políticos, porque instalados en una aparente impunidad no prevén que cuando pase el efecto de la anestesia los ciudadanos acabaremos por pedirles cuentas.
No sé si tomando en cuenta esas consideraciones, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que preside Pilar de la Oliva resuelve hoy si se sigue demorando la instrucción del caso Gürtel contra Francisco Camps o si el juez José Flors puede decidir de una vez que se abra juicio oral en las próximas semanas.
Con tanto intríngulis jurídico, se comprende que la gente del común andemos perdidos, en este asunto y en muchos otros, sobre quién está acusado de qué, por quién y cómo.
Mientras tanto, ajenos a estas prosaicas cuestiones, esos abogados que perciben sustanciosas minutas alargan los procesos sin tener en cuenta que cuanto más duren más infaman a quienes los padecen. Ya me dirán, si no, en qué beneficia al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el llevar ¡8 años! implicado en diversas causas aún por resolver. ¿Quién creerá en su inocencia si un día los tribunales le exoneran de cualquier delito?
Y es que el viejo principio de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario ha sido sustituido hoy día por el de resultar culpable de entrada. Para mayor inri, quienes criminalizan o no a los acusados no son los jueces sino la opinión pública.
De ahí que los políticos se dediquen sistemáticamente a estigmatizar a sus enemigos antes de que lo hagan los juzgados, incluso sin llegar a incoarse proceso alguno. ¿Quién no ha hecho ya su juicio previo, por ejemplo, ante los sumarios de Garzón, Palma Arena, el bar Faisán, el caso Brugal o el piso de Ángel Luna?
Por eso, también, el uso y el abuso mediático que hacen unos y otros de presuntos delitos por aquello de que cuando el río suena, agua lleva, que dice un antiguo e insidioso refrán en el que los políticos de este país parecen creer a pies juntillas.
Lo más paradójico y lamentable de todo es que con tanta dilación procesal en el asunto de los famosos trajes de Orange Market el PP puede ganar de calle las próximas elecciones y encontrarse acto seguido con el procesamiento del presidente de todos los valencianos.
Antes, incluso, de que tal eventualidad pudiera suceder, debo decir que resulta absurdamente injusta la imagen de la Comunidad Valenciana como emporio de corrupción. Baleares, Andalucía, Madrid o Cataluña tienen muchísimos más imputados en tramas de especulación, sobornos y prevaricación. Pero ya ven: de tanto repetir el pérfido eslogan empiezan a creérselo hasta aquéllos que lo han inventado.
Pero que nadie se llame a engaño porque todos perdemos en esta grotesca zarabanda: los electores, porque tanto escándalo ha anestesiado nuestras conciencias; y los políticos, porque instalados en una aparente impunidad no prevén que cuando pase el efecto de la anestesia los ciudadanos acabaremos por pedirles cuentas.
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