Sin llegar a la contundencia verbal de José María Aznar, muchos economistas, contertulios televisivos y políticos —incluido Mariano Rajoy— defienden el ajuste del estado de las autonomías a unas dimensiones más operativas: o sea, que se adelgace.
Pues va a ser que no.
El propio Francisco Camps le ratificó este jueves a Aznar su convencimiento de que las cosas están bien como están y que para qué cambiarlas.
Ya antes, en un tema tan concreto como la privatización de la televisión valenciana, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, había rebatido a la secretaria general del PP y anticipado que de eso nada de nada.
Entre nosotros las cosas van más bien en sentido contrario: el de reformar el Estatut para conseguir más cotas de autogobierno. En concreto, se trata de blindar la financiación de la Comunidad en proporción al número real de habitantes, tema en el que viene trabajando desde hace tiempo el conseller Serafín Castellano.
En este asunto, a diferencia de ocasiones anteriores, el PSPV-PSOE va de mero comparsa, sin entusiasmo alguno. No en vano, su secretario general, Jorge Alarte, está siendo ninguneado desde su nombramiento por Paco Camps, quien ha aceptado abrir con él un diálogo sobre la crisis que pospone reiteradamente.
Así, pues, mientras la crisis económica sigue sin remediarse, crece la desconfianza de propios y extraños sobre la creciente deuda de las comunidades autónomas, esos “17 miniestados”, como ironiza José María Aznar. Lo cierto es que, según el propio Gobierno de la nación, entre todos ellos tienen 215 embajadas fuera de España, más otras 56 oficinas representativas.
Nuestra Comunidad —la segunda en número de sedes, sólo superada por Cataluña— posee 27 oficinas del IVEX, que colisiona y compite con el ICEX español, con el consiguiente lío de identificación de marca. ¿Se vende España o se vende otra cosa? ¿Nos dedicamos a potenciar la Comunidad pero con qué imagen? Para confusión de los expertos en marketing, mientras Alemania asocia su nombre a ingeniería, Italia a diseño y Francia a glamour y lujo, no se sabe muy bien qué es lo que representamos nosotros ni quién nos representa.
Y no digamos nada el día en que la UE abra embajadas en los 130 países en que pretende hacerlo Catherine Ashton. ¿A qué representación diplomática acudiremos? ¿A la autonómica, a la nacional o a la europea?
Dentro de la propia España, nuestra Comunidad alcanza la cifra de 137 sociedades públicas, consorcios y fundaciones que duplican muchas de ellas las funciones del Estado, según un magnífico trabajo realizado en EL MUNDO por Mariano Gasparet. En toda España, el sector público suma 2.181 de estas entidades, lo que supone cuatro veces el volumen de la administración central.
Hace ya diez meses, Rosa Díez abrió el melón de tanto dislate y despilfarro autonómico, evaluando el coste de servicios duplicados o ineficientes en 24.000 millones, o sea, un 2,4% del PIB nacional.
La mayoría de los políticos, sin embargo, ni se inmuta ante esta evidencia. Hay importantes excepciones, eso sí, como la de Rita Barberá. La inteligente alcaldesa de Valencia sabe que el Parque de Cabecera tardará al menos una década en concluirse, así que no habrá dinero para el de Ferrari ni para la postulación como sede olímpica.
Ya, pero frente a este acto de realismo, ¿habrá alguien en la Comunidad que limite el número de 11.304 teléfonos móviles y 782 coches oficiales? Sólo los próximos meses nos darán la respuesta a una pregunta tan sencilla como ésa.
Pues va a ser que no.
El propio Francisco Camps le ratificó este jueves a Aznar su convencimiento de que las cosas están bien como están y que para qué cambiarlas.
Ya antes, en un tema tan concreto como la privatización de la televisión valenciana, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, había rebatido a la secretaria general del PP y anticipado que de eso nada de nada.
Entre nosotros las cosas van más bien en sentido contrario: el de reformar el Estatut para conseguir más cotas de autogobierno. En concreto, se trata de blindar la financiación de la Comunidad en proporción al número real de habitantes, tema en el que viene trabajando desde hace tiempo el conseller Serafín Castellano.
En este asunto, a diferencia de ocasiones anteriores, el PSPV-PSOE va de mero comparsa, sin entusiasmo alguno. No en vano, su secretario general, Jorge Alarte, está siendo ninguneado desde su nombramiento por Paco Camps, quien ha aceptado abrir con él un diálogo sobre la crisis que pospone reiteradamente.
Así, pues, mientras la crisis económica sigue sin remediarse, crece la desconfianza de propios y extraños sobre la creciente deuda de las comunidades autónomas, esos “17 miniestados”, como ironiza José María Aznar. Lo cierto es que, según el propio Gobierno de la nación, entre todos ellos tienen 215 embajadas fuera de España, más otras 56 oficinas representativas.
Nuestra Comunidad —la segunda en número de sedes, sólo superada por Cataluña— posee 27 oficinas del IVEX, que colisiona y compite con el ICEX español, con el consiguiente lío de identificación de marca. ¿Se vende España o se vende otra cosa? ¿Nos dedicamos a potenciar la Comunidad pero con qué imagen? Para confusión de los expertos en marketing, mientras Alemania asocia su nombre a ingeniería, Italia a diseño y Francia a glamour y lujo, no se sabe muy bien qué es lo que representamos nosotros ni quién nos representa.
Y no digamos nada el día en que la UE abra embajadas en los 130 países en que pretende hacerlo Catherine Ashton. ¿A qué representación diplomática acudiremos? ¿A la autonómica, a la nacional o a la europea?
Dentro de la propia España, nuestra Comunidad alcanza la cifra de 137 sociedades públicas, consorcios y fundaciones que duplican muchas de ellas las funciones del Estado, según un magnífico trabajo realizado en EL MUNDO por Mariano Gasparet. En toda España, el sector público suma 2.181 de estas entidades, lo que supone cuatro veces el volumen de la administración central.
Hace ya diez meses, Rosa Díez abrió el melón de tanto dislate y despilfarro autonómico, evaluando el coste de servicios duplicados o ineficientes en 24.000 millones, o sea, un 2,4% del PIB nacional.
La mayoría de los políticos, sin embargo, ni se inmuta ante esta evidencia. Hay importantes excepciones, eso sí, como la de Rita Barberá. La inteligente alcaldesa de Valencia sabe que el Parque de Cabecera tardará al menos una década en concluirse, así que no habrá dinero para el de Ferrari ni para la postulación como sede olímpica.
Ya, pero frente a este acto de realismo, ¿habrá alguien en la Comunidad que limite el número de 11.304 teléfonos móviles y 782 coches oficiales? Sólo los próximos meses nos darán la respuesta a una pregunta tan sencilla como ésa.
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