¿Tiene una política internacional propia la Comunidad Valenciana? ¿Es legítimo que la tenga?
A tenor de la cantidad de viajes al extranjero de Francisco Camps durante su mandato —32, o sea, uno cada tres meses— podría parecer que sí, aunque el hombre se empeña siempre en decir que él viaja en representación de la Comunidad y también de España.
No obstante, nuestro presidente le ha cogido tanto gusto a esos desplazamientos que sus adversarios arguyen que más que actos de gobierno son la válvula de escape de sus problemas internos, como el caso Gürtel.
Esta crítica, como tantas otras, es injusta. En primer lugar, porque la frecuencia de viajes al exterior ya se producía antes del asunto de los trajes de Forever Young. Luego, porque el pionero en viajar como si de un jefe de Estado se tratara fue el gallego Manuel Fraga, especializado sobre todo en visitar al dictador Fidel Castro. Finalmente, la palma en esa actividad que suele colisionar con la del Gobierno español se la lleva el ex lehendakari Juan José Ibarretxe.
Estos ejemplos, por sí solos, demuestran lo complicado que resulta cohonestar la política exterior del Estado de las autonomías.
Hay que decir en honor de Paco Camps, por otra parte, que carece de la vanidad de otros próceres de la política o la economía que se autofinancian premios de instituciones extranjeras. Lo dicho vale igual para la medalla del Congreso norteamericano a José María Aznar que la de la Hispanic Society a José Luis Olivas o las del Spanish Institute a banqueros como Emilio Ybarra o a la esposa de Emilio Botín, Paloma O’Shea.
En el estricto plano institucional, las Comunidades Autónomas gastan 500 millones anuales en sedes en el extranjero. La nuestra, sólo superada por Cataluña, dispone en el mundo de 27 despachos del IVEX —para comercio exterior—, con un presupuesto de casi 14 millones. Nuestra representación en Bruselas, capital de la UE por donde pululan 34.000 funcionarios y hay 268 oficinas regionales europeas, ha llegado a tener contratadas —allí y en España— hasta 60 personas, generando un gasto anual de 739.000 euros.
Poco es eso en comparación con las entidades vascas desplegadas por varios continentes, folklóricas algunas de ellas, políticas las más, y todas excluyentes del concepto de lo español.
En cualquier caso, ni se justifican culturalmente —ya existe para ello el Instituto Cervantes, que en teoría las engloba a todas— ni se entienden desde el punto de vista comercial, pues el ICEX ya trata con dificultad de vender por el mundo la marca España, país al que todavía muchísimos clientes de Zara, Mango o BBVA ignoran que pertenecen dichas empresas.
Por esa complicada comprensión de la marca, hay que alabar a la empresa Lladró, que con su afamado museo de Nueva York ha conseguido ser la mejor embajadora de la Comunidad —y casi única— allende nuestras fronteras.
Así, pues, ante esta compleja situación, existen en mayor o menor grado tantas políticas exteriores como Comunidades Autónomas, las cuales en vez de potenciar la España plural en ocasiones la perjudican. A nivel lingüístico, ya ha tomado nota de ello la UE, que ha reducido el papel del castellano como lengua de trabajo —¿no lo ha hecho también el propio Senado español?—, y a nivel financiero, la elevada deuda de Cataluña acabará por afectar negativamente a la nuestra: por culpa de ella, los 4.500 millones que pretende refinanciar Gerardo Camps nos van a costar, ya lo verán, un ojo de la cara.
A tenor de la cantidad de viajes al extranjero de Francisco Camps durante su mandato —32, o sea, uno cada tres meses— podría parecer que sí, aunque el hombre se empeña siempre en decir que él viaja en representación de la Comunidad y también de España.
No obstante, nuestro presidente le ha cogido tanto gusto a esos desplazamientos que sus adversarios arguyen que más que actos de gobierno son la válvula de escape de sus problemas internos, como el caso Gürtel.
Esta crítica, como tantas otras, es injusta. En primer lugar, porque la frecuencia de viajes al exterior ya se producía antes del asunto de los trajes de Forever Young. Luego, porque el pionero en viajar como si de un jefe de Estado se tratara fue el gallego Manuel Fraga, especializado sobre todo en visitar al dictador Fidel Castro. Finalmente, la palma en esa actividad que suele colisionar con la del Gobierno español se la lleva el ex lehendakari Juan José Ibarretxe.
Estos ejemplos, por sí solos, demuestran lo complicado que resulta cohonestar la política exterior del Estado de las autonomías.
Hay que decir en honor de Paco Camps, por otra parte, que carece de la vanidad de otros próceres de la política o la economía que se autofinancian premios de instituciones extranjeras. Lo dicho vale igual para la medalla del Congreso norteamericano a José María Aznar que la de la Hispanic Society a José Luis Olivas o las del Spanish Institute a banqueros como Emilio Ybarra o a la esposa de Emilio Botín, Paloma O’Shea.
En el estricto plano institucional, las Comunidades Autónomas gastan 500 millones anuales en sedes en el extranjero. La nuestra, sólo superada por Cataluña, dispone en el mundo de 27 despachos del IVEX —para comercio exterior—, con un presupuesto de casi 14 millones. Nuestra representación en Bruselas, capital de la UE por donde pululan 34.000 funcionarios y hay 268 oficinas regionales europeas, ha llegado a tener contratadas —allí y en España— hasta 60 personas, generando un gasto anual de 739.000 euros.
Poco es eso en comparación con las entidades vascas desplegadas por varios continentes, folklóricas algunas de ellas, políticas las más, y todas excluyentes del concepto de lo español.
En cualquier caso, ni se justifican culturalmente —ya existe para ello el Instituto Cervantes, que en teoría las engloba a todas— ni se entienden desde el punto de vista comercial, pues el ICEX ya trata con dificultad de vender por el mundo la marca España, país al que todavía muchísimos clientes de Zara, Mango o BBVA ignoran que pertenecen dichas empresas.
Por esa complicada comprensión de la marca, hay que alabar a la empresa Lladró, que con su afamado museo de Nueva York ha conseguido ser la mejor embajadora de la Comunidad —y casi única— allende nuestras fronteras.
Así, pues, ante esta compleja situación, existen en mayor o menor grado tantas políticas exteriores como Comunidades Autónomas, las cuales en vez de potenciar la España plural en ocasiones la perjudican. A nivel lingüístico, ya ha tomado nota de ello la UE, que ha reducido el papel del castellano como lengua de trabajo —¿no lo ha hecho también el propio Senado español?—, y a nivel financiero, la elevada deuda de Cataluña acabará por afectar negativamente a la nuestra: por culpa de ella, los 4.500 millones que pretende refinanciar Gerardo Camps nos van a costar, ya lo verán, un ojo de la cara.
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