Si los corruptos devolviesen el dinero...

Hace 22 años, un hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se aprovechaba del parentesco para lograr sus buenas comisiones. A mayor escala, es lo que ha hecho ahora el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín.

Es que no hay nada nuevo bajo el sol, salvo el tamaño de las fechorías, que ha crecido al ritmo de la economía española.

Quizás estemos hablando solo del modesto chocolate del loro, probablemente, pero se trata de una suma y sigue. Si no, ¿cuántos miles y miles de tarjetas VISA oro han sido usadas estos años por senadores, diputados, concejales, gerentes de empresas públicas, consejeros… para pantagruélicas comilonas, regalos fastuosos, exóticos viajes sin motivo y hasta el pago de servicios en prostíbulos?

Claro que hay casos y casos. El mismo año en que se descubrió el asunto de Juan Guerra fue el del caso Filesa, la empresa con la que se financiaba el PSOE al margen de la ley mediante el soborno en contratas públicas. Pero eso también fue una minucia al lado de las comisiones ilegales que cobraron los intermediarios en las gigantescas infraestructuras del AVE.

Desde entonces a acá, sólo hemos conocido la punta del iceberg de la corrupción, con episódicas noticias sobre deudas de todos los partidos políticos condonadas por las entidades de crédito, encubiertas ayudas públicas a amigos del poder político de turno, falsas peonadas del PER, uso ilegítimo de subvenciones oficiales, etcétera, etcétera.

No se trata de un problema ideológico, sino de actitud, pues la corrupción ha afectado a administraciones de todos los colores políticos. En Baleares, por ejemplo, el entonces líder del PP, Jaume Matas, y la regionalista María Antonia Munar compitieron en ver quién se lo llevaba más crudo.

En algunos casos, a los amaños contractuales, a los sobrecostes y al simple latrocinio hay que añadir la megalomanía de nuestros representantes para derrochar a manos llenas unos dineros que no eran suyos sino de quienes les votamos.

¿De cuánto dinero malversado durante estos años estamos hablando? Un amigo economista aventura que “por lo bajo, se trataría de más de 15.000 millones de euros”.

¿Y qué pasaría si, por un milagro, los corruptos devolviesen de golpe todo lo robado?: “Pues que el Estado no necesitaría entonces recortar gastos sociales imprescindibles para enjuagar su déficit”.

Ya ven pues, la brutal magnitud de lo que estamos hablando.