No sé la millonada que habrá costado el proceso de todos estos años contra Alfredo Sáenz para que al final lo indulte el Gobierno. Tampoco sé la millonada que nos va a costar a los contribuyentes el juicio de Francisco Camps para acabar, todo lo más, con una multa de 41.250 euros.
Mientras tanto, en los juzgados se demoran durante años cientos de miles de expedientes. Además, los incipientes sistemas informáticos de los distintos tribunales son diferentes e incompatibles entre sí, los procedimientos judiciales resultan lentos y farragosos y apenas se acude a la mediación y al arbitraje para agilizar los procesos.
Una ruina, vamos. Pensemos que el coste medio de un proceso es de 1.300 euros, entre atestado policial, trámites judiciales, acusación de la fiscalía, secretario del juzgado, abogado defensor, juez, ejecución de sentencia, posible trámite de embargo… Todo ello, muchas veces, por una simple pelea de vecinos o por una presunta difamación.
Si multiplicamos el coste unitario por los casi 10 millones de asuntos que llegan cada año a los juzgados, nos hacemos una idea de la magnitud del problema.
Para mayor inri, esa cantidad de trabajo recae en 4.500 jueces y magistrados. La imposible cifra de 200 casos anuales por barba explica la sima en la que ha caído la administración de la justicia.
No es de extrañar que los decanos de la judicatura pidiesen hace un mes la simplificación y agilización de los procesos, la limitación del recurso de casación y hasta el establecimiento de tasas disuasorias.Si no, la justicia en España seguirá siendo una entelequia y los juzgados continuarán llenos de asuntos que no llegarán a ninguna parte.
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