Impagos, pagos, impagos...

Los presupuestos que se discuten estos días en Les Corts Valencianes son cualquier cosa menos reales.

En primer lugar, porque ni siquiera se sabe cuál va a ser la aportación del Estado, clave para que puedan cuadrar o no los números. Por eso, algunas Comunidades Autónomas, como Aragón o Extremadura, ni siquiera han redactado sus respectivos presupuestos. El presidente de esta última, José Antonio Monago, ha sido rotundo al respecto: “Necesitamos saber con certeza los ingresos para presentar las cuentas de 2012”.

Así, pues, las previsiones para el próximo ejercicio solo son, de momento, un esforzado ejercicio de voluntarismo.

¿Cómo se garantiza, entonces, el que se atiendan los compromisos que figuran en las distintas partidas presupuestarias? Pues no puede hacerse, como evidencian los sucesivos impagos de la administración autonómica a sus proveedores, a quienes Alberto Fabra, a diferencia de su impertérrito antecesor, Paco Camps, acaba de pedir disculpas por los reiterados retrasos.

Aunque, en un esfuerzo de puesta al día, el Consell lograse reducir su morosidad, las malas perspectivas económicas auguran que los impagos volverán a producirse: la UE acaba de pronosticar que la economía española caerá un 0,1% durante el último trimestre del año y que se mantendrá estancada en los primeros meses de 2012. Para más inri, España incumplirá su compromiso de reducir el déficit público al 6% a fin de año.

La primera medida tomada por el conseller Enrique Verdeguer para salir del apuro ha sido la emisión de 1.800 millones de bonos patrióticos, eso sí, a mayor interés que el tramo anterior de deuda autonómica, ya que la vecina comunidad de Murcia ha encarecido su precio hasta un 5,5%.

Todo esto, ya se sabe, es pan para hoy y hambre para mañana, pues lo primero en que se van a utilizar los nuevos ingresos es en pagar la deuda anterior, que vence de aquí a fin de año. Por eso, el Consell confía en que la previsible llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa le beneficie mediante una mayor financiación autonómica, por un lado, y, la autorización de nuevos endeudamientos, por otro.

Hay quien considera que esta política no es más que una huida hacia adelante y que solo consigue aumentar el grosor de la bola de nieve.

Semejantes decisiones, además, contradicen la filosofía de la vicepresidente Elena Salgado al limitar al 3,1% el interés de los depósitos bancarios. ¿Cómo se compadece esa cifra con el coste de la deuda de la Generalitat, de un 5 ó un 5,25%, más otro 3% que se llevan los intermediarios financieros?

Con tales números no es de extrañar la previsión de la UE de que la deuda pública española pasará —debido a “desviaciones de los gobiernos regionales y del sistema de Seguridad Social”— del 69,6% del PIB este año al 78% en 2012.

Además, el voraz uso por parte de las administraciones públicas del escaso crédito existente va en detrimento de la necesaria financiación de las empresas con la que reactivar nuestra maltrecha economía.

Así que la perversa espiral de impagos, pagos, impagos… del Consell corre el riesgo de reproducirse. ¿Cómo cortar, pues, este nudo gordiano?, ¿de dónde lograr nuevos recursos?, ¿cómo reducir gastos cuando el 80% del presupuesto está comprometido en temas sociales?, ¿a quién colocar esas faraónicas inversiones públicas —Terra Mítica, Ciudad de la Luz, Canal Nou, Aeropuerto de Castellón, Ágora…— que tienen un horizonte ruinoso?

Son demasiadas preguntas y aún no hay ninguna respuesta.