De todas las instituciones inútiles que tenemos —empresas públicas, consejos consultivos, defensores del pueblo, tribunales de cuentas,…— quizá la más prescindible, y por fortuna también la más inocua, sea el Senado.
Su papel de Cámara de segunda lectura sin competencias específicas lo único que le permite es demorar la aprobación de algunas leyes. Ya ven qué tarea más excusable y hasta innecesaria. Por eso, circula últimamente por Internet un correo proponiendo el voto en blanco en las elecciones al Senado del 20-N.
Los defensores de la institución —entre ellos, varios senadores que conozco— arguyen que, a diferencia de la elección de diputados, donde sólo hay listas cerradas y que, como las lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas, para el Senado se elige a personas concretas con nombre y apellido.
A mí, como a muchos ciudadanos, me da absolutamente igual, pues me consta que bastantes candidatos a senador acceden al apetecible cargo para sestear, tras haber perdido sus anteriores puestos públicos.
¿Queremos ejemplos? Los hay para dar y regalar.
Al Senado llegaron en su día el ex presidente valenciano Joan Lerma y el de Castilla y León Juan José Lucas, al igual que lo van a hacer ahora sus homólogos Francesc Antich, Álvarez Areces y Marcelino Iglesias.
Existen muchos más casos y más hirientes todavía de prejubilados con sueldo público, pero tampoco es cosa de señalarlos a todos con el dedo.
Lo único que cabe, a dos semanas de las elecciones, es preguntarse: ¿para qué tanta pamema cuando en el fondo solo se trata de mantener el salario de unos señores a costa de los contribuyentes?
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