Soy usuario de Telefónica y no quiero que parte de lo que
le pago vaya a Iñaki Urdangarín.
Como se trata de una empresa privada, tiene derecho a
renovarle su contrato de 2,7 millones de euros anuales, por supuesto. Pero yo
también tengo derecho a decirle que con mi dinero no; así que me doy de baja en
la compañía.
No se trata de un tema menor, sino de una cuestión de
principios. Mientras Telefónica y otras empresas realizan por cuatro duros ajustes
de plantilla que afectan a honrados padres de familia, derrochar ese dinero con
alguien sospechoso de un montón de delitos me parece algo inicuo.
Para ilustrarlo, les cuento una historia. Hace quince
años, se conoció accidentalmente la conversación telefónica entre dos
directivos de la empresa petrolera Texaco que se mofaban del personal de color
de la compañía. Ésta consideró el hecho una nimiedad y se negó a castigar a los
directivos en cuestión. La protesta inicial fue creciendo y las asociaciones
afroamericanas acabaron por boicotear el consumo de gasolina de Texaco en todos
los surtidores del país.
Pues bien: el pequeño incidente inicial a punto estuvo de
hacer quebrar la empresa. Finalmente, Texaco no sólo despidió a los causantes
del conflicto, sino que tuvo que cambiar su política de personal, subir
retroactivamente el salario de las minorías raciales y efectuar costosas
reformas laborales. La broma le costó miles de millones de dólares.
No digo que algo como eso pueda pasarle a Telefónica. Ni siquiera
que deba pasarle. Sólo creo que si todos los cabreados por el caso Urdangarín se dieran de baja de sus
servicios, otro gallo cantaría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario