Mientras Europa nos apunta con una pistola en la sien,
las Comunidades Autónomas remolonean en hacer los recortes que les tocan: la
mitad ha incumplido su objetivo de déficit para el primer trimestre y muchas de
ellas continúan pidiendo demorar los ajustes.
A eso se le llama solidaridad.
Mariano
Rajoy está tomando medidas —tarde, mal y a rastras, como él
mismo reconoce— que pagan aquellos colectivos sociales prisioneros del BOE:
funcionarios, personas dependientes, pensionistas… ¿Qué hacen mientras tanto
las CCAA?
Ninguna de ellas ha prescindido de los nutridos consejos
jurídicos, sociales, audiovisuales, culturales o académicos que las pueblan y
donde se acomodan los políticos excedentes. Tampoco han dado cerrojazo a los
tribunales de cuentas, defensores del pueblo y asesores de todos ellos.
De los centenares —o miles— de empresas públicas
autonómicas, provinciales, locales o comarcales, apenas si ha cerrado media
docena. Lo mismo cabe decir de las oficinas de las CCAA en el extranjero. ¿Y
las televisiones autonómicas? ¿Qué pasa con ellas?
Ni una sola ha desaparecido ni tienen visos de
desaparecer. A sus consejos de administración y a los demás organismos públicos
no electivos se aferran unos políticos desalojados ya de las cajas de ahorro y
que no podrían ganarse la vida en la empresa privada.
Por todo eso, hay que desconfiar de promesas —como la reducción de concejales— que sólo
serán efectivas dentro de tres años. Lo único cierto es que, mientras todos nos
apretamos el cinturón hasta la asfixia, las CCAA siguen practicando el
derroche, el déficit y el endeudamiento.
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