Los políticos nunca
van al paro.
¿Para qué creen que se
han creado, si no, esos puestos de asesores nombrados a dedo, de consejeros en
empresas públicas, de miembros de organismos tan prescindibles como el Consell
Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu y muchos otros?
Para lo que sirven,
en realidad, es para reacomodar a aquellos políticos que, castigados por las
urnas —o por sus propios compañeros de partido—, se ven obligados a dejar el
cargo a sus rivales.
Lo malo es que con la
crisis a muchos de ellos se les ha acabado ya el momio de cobrar de las cajas
de ahorro —aunque la mayoría de consejeros nombrados por los partidos reconozca
que ni sabía leer un balance— y de bastantes empresas públicas que ellos mismos
han conducido a la quiebra.
Al haber, pues, menos
sitios donde recolocarse, la pelea por los puestos disponibles es ahora mucho mayor
que antes.
Por eso tiene más
mérito, si cabe, la actitud de Jorge
Alarte, que ha dicho a sus conmilitones que cuando acabe esta legislatura
buscará ganarse las alubias por su cuenta y riesgo.
Al parecer, se le había
ofrecido un puesto de senador —cargándose para ello a José María Ángel— o ir de eurodiputado en las listas de las próximas
elecciones. Semejante oferta refleja muy bien el nulo respeto que tienen los
partidos por ambas cámaras legislativas, convertidas por ellos en agencias de
colocación en lugar de ser foros genuinos de representación popular.
En vez de aceptar tan
jugosa prejubilación, Alarte se ha liado la manta a la cabeza y está dispuesto
a abrir un bufete de abogado y aprender a fajarse en el mundo real, al margen
de la confortable y dorada burbuja protectora de la política.
Eso es justo todo lo
contrario de lo que hace la mayoría de los políticos que, como la precoz y
efímera ministra Bibiana Aído, se suelen
instalar en el partido de turno desde los 16 ó 17 años para seguir medrando en
él indefinidamente.
Aquí tenemos también el
caso de su homóloga Leire Pajín, quien,
si ha dejado momentáneamente la política, sólo ha sido para labrarse un
currículum en instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, con la
que había conectado en su anterior cargo público.
Dadas las ventajas y la
seguridad laboral ofrecidas por la política, se entiende la proliferación de profesionales
de la cosa pública en nuestro país, aunque yo, a diferencia de otras personas,
no cuestiono lo que éstos cobran: lo que sí pongo en cuestión, simplemente, es
que muchos de ellos cobren, vistos los desmanes que con su torpeza son capaces
de cometer.
Por cierto: circula
profusamente por Internet un power point
que dice que en España hay 445.568 políticos. Se trata de una enorme
exageración. Los cargos públicos retribuidos son menos de 100.000. Aunque hubiese
bastantes otros que cobraran de forma encubierta, la cifra quedaría muy lejos
de la que se propaga por ahí. Claro que, siendo el número que fuere,
probablemente la mayoría de ellos son perfectamente prescindibles.
Volviendo al caso de Jorge Alarte, su actitud contrasta con la de su predecesor en el PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, refugiado, como Paco Camps, en el Consell Jurídic Consultiu, y con la de la mayoría de políticos de uno y otro signo.
El día en que los
políticos de este país se atrevan a pasar de la actividad pública a la privada
y viceversa demostrarán ser personas capaces y conocedoras del mundo real.
Justo, justo, lo contrario que ahora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario