Seguro que ustedes, como yo, habrán intentado convencer a algún interlocutor de fuera de aquí que ésta no es la Comunidad más corrupta de España y que los valencianos no llevamos la corrupción en nuestros genes. Y seguro que ustedes, como yo, habrán fracasado en su empeño.
Por desgracia, eso es lo que se ha logrado tras la prolongada paciencia colectiva ante los sucesivos escándalos en nuestro entorno, desde el caso Gürtel hasta el pillaje de Emarsa, pasando por el caso Brugal y los dilatados procesos judiciales contra Carlos Fabra.
Más grave, en cambio, ha sido el saqueo sistemático de las Baleares por Jaume Matas y ya ven: la imagen de las islas ha sido regenerada por el nuevo Gobierno de José Ramón Bauzá al apartar de los cargos públicos a todos los relacionados con la anterior Administración.
Ventajas, pues, de reaccionar a tiempo y con contundencia.
Por eso, Alberto Fabra, en cuanto ha visto abrirse bajo sus pies el primer caso de corrupción tras ser presidente, ha obrado con la celeridad requerida: expulsión inmediata de sus puestos de José Maria Felip y Alexandre Català. Luego, que los tribunales decidan sobre el fondo penal del asunto.
Sin embargo, ya es demasiado tarde para quitarnos el infamante sambenito que nos han colgado de tierra de corrupción. Otra cosa bien distinta habría sido si Francisco Camps —al margen de su inocencia judicial—, nos hubiese ahorrado dos años de continuos titulares de prensa, si Enrique Crespo y Esteban Cuesta —responsables de la depuradora esquilmada— hubiesen dimitido de sus cargos de inmediato y si Sonia Castedo, José Joaquín Ripoll y la larga lista de implicados en el caso Brugal hubiesen dejado la actividad pública en manos de otras personas sin un pasado trufado de sospechas.
No ha sido así, claro, y nuestra Comunidad ha ido cimentando una fama inmerecida en la que toda arbitrariedad y toda conducta irregular parecen posibles.
El penúltimo suceso que nos ha llevado a la primera página de las noticias no ha sido ningún caso de corrupción, pero sí de escándalo, con la intervención policial frente al instituto Luis Vives el primer día de manifestación estudiantil.
Algo que cualquier otro habría llevado con la prudencia y el tino requeridos, la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, lo ha convertido en asunto noticioso de primera magnitud. Estando de viaje en Sudáfrica, no les cuento mi sobresalto cuando leí la noticia en el diario The Star, de Johannesburgo. ¡Hasta aquí llegan los líos de la Comunidad!, fue mi asombrada reacción.
Es que, por acción o por omisión, tenemos una clase política maleada cuya prescindencia resulta más que evidente.
Nadie está obligado a estar en política y si lo hace debe ser en función de los intereses de los ciudadanos. Por eso discrepo de mi admirado Rafael Blasco cuando intenta quitar hierro al desvío de fondos en la cooperación.
En la empresa privada, uno puede compatibilizar su puesto con estar incurso en un proceso penal o convivir con cualquier sospecha de conducta irregular. Pero en la vida pública no. En ésta se está por vocación de servicio o no se está. Y si existen dudas sobre ella, a otra cosa, mariposa.
Por eso, nuestra Comunidad solo podrá regenerar su maltrecha imagen colectiva cuando desaparezcan de la vida pública todos —insisto, todos— los implicados en procesos de corrupción y deje de ocupar nuestras instituciones una docena larga de personas con procesos judiciales pendientes.
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