Un empresario de Valladolid me cuenta que “todo está parado en la administración autonómica, no hay más que miedo a emprender cualquier proyecto”.
Si eso pasa en una de la comunidades menos problemáticas, como Castilla y León, ¿qué no ocurrirá en aquellas otras que han descubierto montones de facturas impagadas bajo las alfombras, como Extremadura o Castilla-La Mancha?
Tan graves son las cifras de las administraciones públicas, que el murciano Ramón Luis Valcárcel y la manchega María Dolores de Cospedal rechazan recibir del Estado las competencias de Justicia mientras que Esperanza Aguirre quiere devolver las que fueron trasferidas a Madrid porque —dice— “hemos multiplicado por cinco el presupuesto de Justicia durante estos años sin que se haya producido más eficacia en la gestión”.
Ésa es la terrible constante en España durante estos años de crisis: la ineficacia de la gestión pública. ¿Quién puede, pues, tener confianza en una administración ineficiente? Y no solo eso: ¿cómo evitar la parálisis institucional si nada más citar Rodríguez Zapatero la palabra confianza los mercados ya se ponen a temblar?
La sensación generalizada es que vivimos en una situación provisional, en espera de unas inminentes elecciones generales.
El candidato socialista, Pérez Rubalcaba, parece tanto o más interesado que Mariano Rajoy en el adelanto electoral, según filtraciones de su partido. La razón es bien simple: el turismo ha crecido este año por la inestabilidad de los países del otro lado del Mediterráneo y, por consiguiente, las cifras del PIB y del empleo mejorarán en otoño; pero como no ha habido cambios estructurales significativos, volverán a deteriorarse a comienzos de 2012.
La obvia parálisis institucional y política corre el riesgo de producir efectos aun más devastadores en nuestra Comunidad, con una voluminosa deuda pública de 17.600 millones y donde, según un empresario, “no queda un duro ni para pagar las nóminas”. Dado este estado de cosas, el nuevo presidente, Alberto Fabra, no puede esperar ni un segundo a hacer cambios profundos en el equipo heredado de Francisco Camps.
Un político del propio PP pone un ejemplo: “¿Qué se puede esperar de consellers como José Manuel Vela, que fue número dos de Gerardo Camps y, como tal, corresponsable de su nefasta política económica?”
Por fortuna, en su primera comparecencia pública, Fabra ha mostrado una sensibilidad política de la que carecía su predecesor, al hablar de transparencia informativa, del valor de la crítica, de disposición al diálogo y reconocer, frente a la irreal e idílica visión de Camps, que “las empresas están sufriendo mucho y la Administración no debe ser un problema” para ellas.
Para lograr todo esto, el nuevo presidente debe dar, pues, un giro copernicano a la situación actual y sacar a la Comunidad del prolongado estado de estupor producido por el caso Gürtel.
Para empezar, en palabras del sector más crítico del PP, “debe acabar con los gremlins que tomaron el Palau, aislando de la realidad a su inquilino, y sustituir a unos consellers nombrados por Camps solo para que halagaran sus oídos”.
¿No resultaría eso aún más paralizante que la situación actual? “No, ya que en la estructura del partido existen pesos pesados de probado dinamismo, como Rafael Blasco y Alfonso Rus”, e incluso consellers como Enrique Verdeguer que reconocen que “todo es revisable teniendo en cuenta su eficacia”.
“Con esos mimbres y con los nuevos nombres que aporte el presidente, los problemas tienen solución. Pero cada día que pase sin tomar drásticas medidas estaremos más cerca del abismo”.
Si eso pasa en una de la comunidades menos problemáticas, como Castilla y León, ¿qué no ocurrirá en aquellas otras que han descubierto montones de facturas impagadas bajo las alfombras, como Extremadura o Castilla-La Mancha?
Tan graves son las cifras de las administraciones públicas, que el murciano Ramón Luis Valcárcel y la manchega María Dolores de Cospedal rechazan recibir del Estado las competencias de Justicia mientras que Esperanza Aguirre quiere devolver las que fueron trasferidas a Madrid porque —dice— “hemos multiplicado por cinco el presupuesto de Justicia durante estos años sin que se haya producido más eficacia en la gestión”.
Ésa es la terrible constante en España durante estos años de crisis: la ineficacia de la gestión pública. ¿Quién puede, pues, tener confianza en una administración ineficiente? Y no solo eso: ¿cómo evitar la parálisis institucional si nada más citar Rodríguez Zapatero la palabra confianza los mercados ya se ponen a temblar?
La sensación generalizada es que vivimos en una situación provisional, en espera de unas inminentes elecciones generales.
El candidato socialista, Pérez Rubalcaba, parece tanto o más interesado que Mariano Rajoy en el adelanto electoral, según filtraciones de su partido. La razón es bien simple: el turismo ha crecido este año por la inestabilidad de los países del otro lado del Mediterráneo y, por consiguiente, las cifras del PIB y del empleo mejorarán en otoño; pero como no ha habido cambios estructurales significativos, volverán a deteriorarse a comienzos de 2012.
La obvia parálisis institucional y política corre el riesgo de producir efectos aun más devastadores en nuestra Comunidad, con una voluminosa deuda pública de 17.600 millones y donde, según un empresario, “no queda un duro ni para pagar las nóminas”. Dado este estado de cosas, el nuevo presidente, Alberto Fabra, no puede esperar ni un segundo a hacer cambios profundos en el equipo heredado de Francisco Camps.
Un político del propio PP pone un ejemplo: “¿Qué se puede esperar de consellers como José Manuel Vela, que fue número dos de Gerardo Camps y, como tal, corresponsable de su nefasta política económica?”
Por fortuna, en su primera comparecencia pública, Fabra ha mostrado una sensibilidad política de la que carecía su predecesor, al hablar de transparencia informativa, del valor de la crítica, de disposición al diálogo y reconocer, frente a la irreal e idílica visión de Camps, que “las empresas están sufriendo mucho y la Administración no debe ser un problema” para ellas.
Para lograr todo esto, el nuevo presidente debe dar, pues, un giro copernicano a la situación actual y sacar a la Comunidad del prolongado estado de estupor producido por el caso Gürtel.
Para empezar, en palabras del sector más crítico del PP, “debe acabar con los gremlins que tomaron el Palau, aislando de la realidad a su inquilino, y sustituir a unos consellers nombrados por Camps solo para que halagaran sus oídos”.
¿No resultaría eso aún más paralizante que la situación actual? “No, ya que en la estructura del partido existen pesos pesados de probado dinamismo, como Rafael Blasco y Alfonso Rus”, e incluso consellers como Enrique Verdeguer que reconocen que “todo es revisable teniendo en cuenta su eficacia”.
“Con esos mimbres y con los nuevos nombres que aporte el presidente, los problemas tienen solución. Pero cada día que pase sin tomar drásticas medidas estaremos más cerca del abismo”.
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