Si usted y yo tuviésemos una tienda en la que entrase Iñaki Urdangarín queriéndose llevar un producto por la cara, seguramente se lo regalaríamos. ¿Quién osaría enemistarse con alguien de la Casa Real? ¿Y quién sabe, si además, eso no nos traería consecuencias algún día?
Por eso, entiendo bien a aquellos empresarios esquilmados por el Duque de Palma. A diferencia de los casos de soborno, en que tan responsable es el sobornador como el sobornado, aquí el único culpable sería el aristócrata llegado a tal por su casorio con la infanta Cristina.
También comprendo el lógico cabreo de alguno de los afectados por haberle estafado más dinero que a otros con más recursos que él: es el caso del presidente del club de fútbol Villarreal, Fernando Roig, frente a su homólogo del Valencia, Juan Bautista Soler.
Por lo demás, el truco de hacer facturas falsas por trabajos no realizados es casi tan viejo como andar a pie. Recuerden, si no, el asunto de Filesa y la financiación ilegal del PSOE en tiempos de Felipe González.
Lo que sucede ahora es que, con Internet, fusilar estudios hechos por otros está al alcance de cualquiera. Es una tentación a la que no han podido sustraerse ni personas tan relevantes como el ex ministro alemán K.T. Guttenberg, quien hubo de dimitir tras saberse que había copiado su tesis doctoral.
La madre del cordero del caso Urdangarín no está, por consiguiente, en aquellos individuos particulares sableados por el duque, sino en que administradores públicos, como Jaume Matas o Francisco Camps, le han regalado alegremente al saqueador un dinero que no les pertenecía a ellos sino al conjunto de los ciudadanos.
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