El consejero del Banco de Santander Francisco Luzón deja la empresa tras quince años, con una liquidación de 56 millones de euros. Exagerando un poco, con esa suma podría atenderse gran parte del ERE que se le viene encima a Canal Nou.
Esa escandalosa cifra está en consonancia con lo cobrado por Ángel Corcóstegui al dejar ese mismo banco hace nueve años o por José Ignacio Goirigolzarri al prescindir de él el BBVA. Por cierto, el presidente de este último, Francisco González, reconocía por aquellas fechas que los sueldos de los directivos de la banca podían ser “éticamente discutibles”.
Claro que entonces aún no había asomado la patita la dichosa crisis económica. Pero da igual. Está visto que esas cosas no afectan a los altos directivos.
Es que todo el mundo admite con la boca pequeña que las cosas están mal y que “hay que hacer sacrificios”. Ya, pero que los hagan otros.
Por eso, el gran recurso de las administraciones públicas es el de recortar sueldos a los funcionarios —y, eventualmente a los pensionistas y a otros colectivos que dependen de ellas—, al estar sus nóminas prácticamente secuestradas.
Lo hacen todos los políticos: Mariano Rajoy igual que Rodríguez Zapatero; pero también el griego Papademos, el italiano Monti o el portugués Passos Coelho. Y aquí pasa lo mismo con Artur Mas en Cataluña o Alberto Fabra en la Comunidad Valenciana.
Los que no tiene su sueldo intervenido, en cambio, se resisten como panteras a perder poder adquisitivo, aunque ello vaya en perjuicio de los cinco millones de parados existentes y de los que aún vayan a venir. Es lo que sucede con los sindicatos de Cándido Méndez y Fernández Toxo, que aún exigen subidas de sueldo en los convenios colectivos mientras que sus colegas de otros países aceptan ya la reducción de salarios a cambio de crear empleo.
Es que, como dice el refrán, una cosa es predicar y otra dar trigo. Pasa lo mismo con algunas declaraciones altisonantes, como la de Cristóbal Montoro de castigar con prisión a los políticos que incurran en déficit presupuestario, confundiendo lo deseable con posible o sabiendo, simplemente, que esa ley jamás se llegará a aprobar. Como dice sardónicamente Patxi López, ¿es que quiere meter en la cárcel a la mitad de los presidentes autonómicos del PP?
Lo que sí resulta factible, a cortísimo plazo, es despojar a la Administración de directivos inútiles, asesores y paniaguados varios. Ya. ¿Pero quién se atreve a meterse con lobos que son de su misma camada?
Ese problema se acaba de poner de manifiesto, una vez más, en el último pleno de Les Corts Valencianes, cuando Enric Morera, portavoz de Compromís, pidió que se elaborase una “lista de enchufados” que detallase cuántos y quién son, a qué se dedican y cuál es su nivel de productividad.
Se trata de una tarea imposible, ya que el del enchufismo es un vicio general en el que han incurrido todos los partidos políticos a fin de colocar a su gente excedente de otros cargos. ¿Para qué, si no, se han creado organismos perfectamente prescindibles, desde el Consejo Jurídico Consultivo al de RTVV, pasando por el de Cultura Valenciana y los de las extintas cajas de ahorros y otras empresas públicas?
La triste conclusión es que mientras muchísimos ciudadanos anónimos pagan los platos rotos de una crisis que no crearon, los políticos, en general, y los altos directivos de muchas empresas, en particular, siguen viviendo igual o mejor que antes.
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