La solución probable que está pergeñando en secreto el Consell valenciano para acabar con la hemorragia económica de Canal Nou sería un ERE que pondría en la calle a 800 trabajadores y hacerse cargo la Generalitat de la cuantiosa deuda del ente, para que así éste pueda partir de cero.
Lo siento, pero eso no sería una solución, sino una vuelta a empezar, porque el problema no es de números, sino de un modelo que en pocos años volvería a llevarle a la ciénaga donde chapotea ahora.
Y es que si las televisiones autonómicas pudieron tener algún sentido cuando su creación, en el lejano 1983, en que solo había dos canales de TVE, han perdido su razón de ser en 2011, cuando en España existen 25 televisiones públicas y un montón de cadenas privadas, locales, temáticas, de pago, por cable y por satélite, y se pueden ver hasta 200 canales en cualquier televisor.
Ahora bien: ni por ésas se atreven a ponerles coto las respetivas administraciones autonómicas. En Cataluña, Artur Mas prefiere no pagar a las residencias de ancianos a dejar de hacerlo a la inmersión lingüística, a sus embajadas en el exterior y, por supuesto, a TV-3.
Semejante actitud no es cuestión de ideología. También María Dolores de Cospedal —quien compagina, ¡oh milagro!, su cargo en el PP de Madrid con la presidencia de Castilla-La Mancha en Toledo— antepone nuevos dispendios en la televisión autonómica, con el nombramiento del costoso equipo del periodista Nacho Villa, a pagar a las farmacias de la región. Inaudito y casi delictivo.
¿No están las Comunidades autónomas —y la valenciana tanto como la que más— sin un duro? ¿Y aun así prefieren reducir las prestaciones a la sanidad o a la dependencia, por ejemplo, antes que una televisión prescindible que solo sirve para propaganda de sus gobernantes?
Lo malo es que, llegados a este punto, ya no es posible su venta, dada la situación de un sector audiovisual con graves pérdidas generalizadas. Tampoco parece de aplicación la externalización que propuso en su día Eduardo Zaplana, ya que no impediría la reducción del personal ni el incremento de los costes.
Esa situación singular de empresa privada con contrato-programa con la Administración solo se produce en Castilla y León, donde el Gobierno de Juan Vicente Herrera promovió la fusión de las dos televisiones privadas de ámbito autonómico, ahorrándose así una pasta y un montón de líos.
Pero eso ya no es posible en las televisiones públicas ahora existentes y tampoco parece probable su abrupto cierre, dado el gravísimo problema social que acarrearía.
Ante todo ello, José Miguel Contreras, presidente de la Unión de televisiones privadas —tan perjudicadas como las que más ante la crisis actual—, ha propuesto que las autonómicas se unan en un único canal, con desconexiones regionales horarias tan amplias como ellas quieran.
Eso, claro, ya está en inventado en otros países federales, como Alemania, donde la televisión pública ZDF otorga tres horas diarias de desconexión a los länders para que emitan información de su comunidades respectivas.
Mírese por donde, en semejante situación podría potenciarse la lengua valencia mejor que hoy día, en que su presencia escasea en Canal Nou: de recibirse toda la programación futura de la cadena en castellano, la producción propia podría hacerse íntegramente en valenciano y nadie podría quejarse por ello.
A lo mejor así podría hacerse de la necesidad virtud y sacar provecho de lo que es una limitación.
Lo siento, pero eso no sería una solución, sino una vuelta a empezar, porque el problema no es de números, sino de un modelo que en pocos años volvería a llevarle a la ciénaga donde chapotea ahora.
Y es que si las televisiones autonómicas pudieron tener algún sentido cuando su creación, en el lejano 1983, en que solo había dos canales de TVE, han perdido su razón de ser en 2011, cuando en España existen 25 televisiones públicas y un montón de cadenas privadas, locales, temáticas, de pago, por cable y por satélite, y se pueden ver hasta 200 canales en cualquier televisor.
Ahora bien: ni por ésas se atreven a ponerles coto las respetivas administraciones autonómicas. En Cataluña, Artur Mas prefiere no pagar a las residencias de ancianos a dejar de hacerlo a la inmersión lingüística, a sus embajadas en el exterior y, por supuesto, a TV-3.
Semejante actitud no es cuestión de ideología. También María Dolores de Cospedal —quien compagina, ¡oh milagro!, su cargo en el PP de Madrid con la presidencia de Castilla-La Mancha en Toledo— antepone nuevos dispendios en la televisión autonómica, con el nombramiento del costoso equipo del periodista Nacho Villa, a pagar a las farmacias de la región. Inaudito y casi delictivo.
¿No están las Comunidades autónomas —y la valenciana tanto como la que más— sin un duro? ¿Y aun así prefieren reducir las prestaciones a la sanidad o a la dependencia, por ejemplo, antes que una televisión prescindible que solo sirve para propaganda de sus gobernantes?
Lo malo es que, llegados a este punto, ya no es posible su venta, dada la situación de un sector audiovisual con graves pérdidas generalizadas. Tampoco parece de aplicación la externalización que propuso en su día Eduardo Zaplana, ya que no impediría la reducción del personal ni el incremento de los costes.
Esa situación singular de empresa privada con contrato-programa con la Administración solo se produce en Castilla y León, donde el Gobierno de Juan Vicente Herrera promovió la fusión de las dos televisiones privadas de ámbito autonómico, ahorrándose así una pasta y un montón de líos.
Pero eso ya no es posible en las televisiones públicas ahora existentes y tampoco parece probable su abrupto cierre, dado el gravísimo problema social que acarrearía.
Ante todo ello, José Miguel Contreras, presidente de la Unión de televisiones privadas —tan perjudicadas como las que más ante la crisis actual—, ha propuesto que las autonómicas se unan en un único canal, con desconexiones regionales horarias tan amplias como ellas quieran.
Eso, claro, ya está en inventado en otros países federales, como Alemania, donde la televisión pública ZDF otorga tres horas diarias de desconexión a los länders para que emitan información de su comunidades respectivas.
Mírese por donde, en semejante situación podría potenciarse la lengua valencia mejor que hoy día, en que su presencia escasea en Canal Nou: de recibirse toda la programación futura de la cadena en castellano, la producción propia podría hacerse íntegramente en valenciano y nadie podría quejarse por ello.
A lo mejor así podría hacerse de la necesidad virtud y sacar provecho de lo que es una limitación.
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