Mariano Rajoy está ponderando, según propia confesión, el reducir de 350 a 300 el número de diputados de las Cortes Generales.
El suyo es un reconocimiento implícito de que en esta hora de obligada austeridad sobran políticos en ejercicio. Si eso es así, ¿qué decir de los 1.218 miembros que toman asiento en los 17 parlamentos autonómicos españoles? Eso, sin contar con los 48 concejales de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En la Comunidad Valenciana vamos contra corriente, pues la última modificación estatutaria no fue para aminorar la cantidad de diputados en el Palacio de Benicarló, sino para pasar su número de 89 a 99. Claro que no somos los únicos que remamos en esa dirección: así, la Asamblea de la comunidad que preside Esperanza Aguirre ha pasado de 120 a 129 integrantes tras las últimas elecciones.
El asunto no resultaría tan grave si ésos fuesen los únicos políticos en nómina. Pero hay que añadir a decenas de miles más, desde concejales hasta miembros de los distintos ejecutivos regionales, desde asesores de libre designación hasta cargos consultivos institucionales, desde consejeros de empresas públicas hasta representantes en organismos de variadísimo pelaje.
Pero es que, además de ser tantos, apenas si sabemos nada de los políticos a quienes pagamos con nuestros impuestos. Por no conocerlos, hasta ignoramos los nombres de aquéllos a quienes hemos elegido nosotros mismos. Si no, ¿cuántos diputados somos capaces de recordar de la lista que votamos en las lecciones del 22 de mayo pasado?
Dada esa invisibilidad de la mayoría de los representantes públicos, es de agradecer la publicación esta semana por parte de Esteban González Pons de su libro Camisa blanca. En él, el diputado nacional del PP, si no llega a realizar un streep-tease integral de su personalidad, sí que se exhibe en un ceñido tanga biográfico e intelectual para que sus posibles electores le juzguen, le critiquen o, al menos, sepan a qué atenerse.
¿Cuántos políticos, del signo que sea, se atreverían a mostrarse de esa guisa frente a los ciudadanos?
Esto, que en los países latinos parece una excentricidad cuando no un ejercicio de exhibicionismo, resulta algo habitual en los países anglosajones.
Cuando hace cuatro años se convirtió al catolicismo Tony Blair, leí en The Times un artículo de Matheu Parris titulado ¿Creen en Dios nuestros líderes? Deberíamos saberlo. El periodista argumentaba que, ante la cantidad de importantes decisiones morales que toman cada día, desde la manipulación genética hasta el envío de tropas al exterior, los ciudadanos tenemos derecho a conocer cada pliegue de su conciencia.
Claro que eso resulta trascendente en aquellos países de sistema electoral mayoritario, en que cada parlamentario es elegido por sí mismo y debe responder personalmente ante sus electores.
Aquí, con nuestra sistema de listas cerradas y bloqueadas, es irrelevante en qué cree cada diputado, pues éstos votan disciplinada y anónimamente lo que les manda el partido. Así que da lo mismo que elijamos a menganito o perenganito.
Esta irrelevancia se acentúa con las mayorías absolutas, como la del PP en Las Corts, que hace innecesaria la presencia de un evaporado Francisco Camps, para reproche del síndico de Compromís, Enric Morera, en cada sesión parlamentaria.
Pero, paradójicamente, el de Camps es un magnífico ejemplo de su prescindibilidad y de que, efectivamente, sobran bastantes más políticos de los que creemos.
El suyo es un reconocimiento implícito de que en esta hora de obligada austeridad sobran políticos en ejercicio. Si eso es así, ¿qué decir de los 1.218 miembros que toman asiento en los 17 parlamentos autonómicos españoles? Eso, sin contar con los 48 concejales de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En la Comunidad Valenciana vamos contra corriente, pues la última modificación estatutaria no fue para aminorar la cantidad de diputados en el Palacio de Benicarló, sino para pasar su número de 89 a 99. Claro que no somos los únicos que remamos en esa dirección: así, la Asamblea de la comunidad que preside Esperanza Aguirre ha pasado de 120 a 129 integrantes tras las últimas elecciones.
El asunto no resultaría tan grave si ésos fuesen los únicos políticos en nómina. Pero hay que añadir a decenas de miles más, desde concejales hasta miembros de los distintos ejecutivos regionales, desde asesores de libre designación hasta cargos consultivos institucionales, desde consejeros de empresas públicas hasta representantes en organismos de variadísimo pelaje.
Pero es que, además de ser tantos, apenas si sabemos nada de los políticos a quienes pagamos con nuestros impuestos. Por no conocerlos, hasta ignoramos los nombres de aquéllos a quienes hemos elegido nosotros mismos. Si no, ¿cuántos diputados somos capaces de recordar de la lista que votamos en las lecciones del 22 de mayo pasado?
Dada esa invisibilidad de la mayoría de los representantes públicos, es de agradecer la publicación esta semana por parte de Esteban González Pons de su libro Camisa blanca. En él, el diputado nacional del PP, si no llega a realizar un streep-tease integral de su personalidad, sí que se exhibe en un ceñido tanga biográfico e intelectual para que sus posibles electores le juzguen, le critiquen o, al menos, sepan a qué atenerse.
¿Cuántos políticos, del signo que sea, se atreverían a mostrarse de esa guisa frente a los ciudadanos?
Esto, que en los países latinos parece una excentricidad cuando no un ejercicio de exhibicionismo, resulta algo habitual en los países anglosajones.
Cuando hace cuatro años se convirtió al catolicismo Tony Blair, leí en The Times un artículo de Matheu Parris titulado ¿Creen en Dios nuestros líderes? Deberíamos saberlo. El periodista argumentaba que, ante la cantidad de importantes decisiones morales que toman cada día, desde la manipulación genética hasta el envío de tropas al exterior, los ciudadanos tenemos derecho a conocer cada pliegue de su conciencia.
Claro que eso resulta trascendente en aquellos países de sistema electoral mayoritario, en que cada parlamentario es elegido por sí mismo y debe responder personalmente ante sus electores.
Aquí, con nuestra sistema de listas cerradas y bloqueadas, es irrelevante en qué cree cada diputado, pues éstos votan disciplinada y anónimamente lo que les manda el partido. Así que da lo mismo que elijamos a menganito o perenganito.
Esta irrelevancia se acentúa con las mayorías absolutas, como la del PP en Las Corts, que hace innecesaria la presencia de un evaporado Francisco Camps, para reproche del síndico de Compromís, Enric Morera, en cada sesión parlamentaria.
Pero, paradójicamente, el de Camps es un magnífico ejemplo de su prescindibilidad y de que, efectivamente, sobran bastantes más políticos de los que creemos.
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