Hasta hace dos días, como quien dice, la moda era segregar municipios. Concretamente, los barrios residenciales de algunas localidades exigían tener ayuntamiento propio, hartos de pagar más que el resto y no recibir, en cambio, las mismas prestaciones que sus vecinos.
Ahora es al revés: unos ayuntamientos buscan apoyarse en otros para así ahorrar costes y evitar la quiebra.
Movimiento significativo en esa dirección ha sido la reciente reunión del alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí (del PP), con su homólogo de Burjassot, Jordi Sebastià (de Compromís), munícipes, ambos, de los dos ayuntamientos más endeudados de la Comunidad (10 millones en conjunto), según el demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas que preside Vicente Queralt.
Como por algún sitio hay que empezar, éste podría ser la utilización conjunta de un mini ecoparque, así como del sistema de bicicletas municipales de alquiler.
En el mismo sentido se han manifestado los alcaldes de Alzira (Elena Bastidas), Carcaixent (Lola Botella) y Algemesí (Vicent García), con el punto de mira puesto en el ahorro compartido de luz y de basura.
Muy poca cosa parece, todavía, ante la magnitud del agujero económico de algunos ayuntamientos, que no podrán cumplir sus compromisos de pago de aquí a fin de año. Es más: 22 municipios de la Comunidad no han presentado ni siquiera la liquidación de sus presupuestos de 2010, por lo que la ministra Elena Salgado ya les ha dicho que hasta que no lo hagan les retendrá el dinero de los impuestos correspondientes al mes de octubre.
Todo un problemón, éste, ya que no se trata solo de pequeñas poblaciones, sino que el impago afecta a localidades como Cullera, Sueca o Xirivella.
O sea, que de una u otra manera hay que ahorrar, compartiendo servicios en vez de compitiendo por ver quién tiene el polideportivo más grande o gasta más en las fiestas patronales.
Sin embargo, nadie se atreve a ponerle de verdad el cascabel al gato, como sí ha tenido que hacer Grecia, obligada por ley a cerrar dos tercios de sus ayuntamientos. Aquí, la única promesa electoral de Mariano Rajoy es la de fusionar o disolver aquellos consistorios con menos de 1.000 habitantes (en nuestra Comunidad eso afectaría a 217 de los 542 existentes), y la de Pérez Rubalcaba, de sustituir las diputaciones provinciales por consejos de alcaldes.
¿Por qué tanta timidez a la hora de suprimir organismos, coordinar esfuerzos y conseguir el ahorro necesario? Pues porque todos esos entes, así como las mancomunidades, confederaciones hidrográficas, áreas metropolitanas y demás— son plataformas de poder que los partidos políticos no quieren perder sin más ni más.
Para comprobarlo, tenemos el caso de las diputaciones, de las que ahora el PSOE está dispuesto a prescindir porque ya no pastorea casi ninguna de ellas.
Justo lo contrario que el PP. Por eso, cuando Rafael Blasco, portavoz de este partido en Les Corts, abogó hace un año por suprimirlas, nadie quiso recoger el guante. Al revés: ahora, con Alfonso Rus a la cabeza, todo el partido se deshace en ponderar el magnífico papel que cumplen esas instituciones y las defiende con uñas y dientes.
Como se ve, las buenas intenciones de austeridad y de salir de la crisis chocan una vez más con intereses partidistas ajenos al interés general.
Estamos aún muy lejos de sucedido en Grecia, por supuesto, pero también allí vieron venir el lobo desde hace tiempo y no hicieron nada hasta que ya fue demasiado tarde.
Ahora es al revés: unos ayuntamientos buscan apoyarse en otros para así ahorrar costes y evitar la quiebra.
Movimiento significativo en esa dirección ha sido la reciente reunión del alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí (del PP), con su homólogo de Burjassot, Jordi Sebastià (de Compromís), munícipes, ambos, de los dos ayuntamientos más endeudados de la Comunidad (10 millones en conjunto), según el demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas que preside Vicente Queralt.
Como por algún sitio hay que empezar, éste podría ser la utilización conjunta de un mini ecoparque, así como del sistema de bicicletas municipales de alquiler.
En el mismo sentido se han manifestado los alcaldes de Alzira (Elena Bastidas), Carcaixent (Lola Botella) y Algemesí (Vicent García), con el punto de mira puesto en el ahorro compartido de luz y de basura.
Muy poca cosa parece, todavía, ante la magnitud del agujero económico de algunos ayuntamientos, que no podrán cumplir sus compromisos de pago de aquí a fin de año. Es más: 22 municipios de la Comunidad no han presentado ni siquiera la liquidación de sus presupuestos de 2010, por lo que la ministra Elena Salgado ya les ha dicho que hasta que no lo hagan les retendrá el dinero de los impuestos correspondientes al mes de octubre.
Todo un problemón, éste, ya que no se trata solo de pequeñas poblaciones, sino que el impago afecta a localidades como Cullera, Sueca o Xirivella.
O sea, que de una u otra manera hay que ahorrar, compartiendo servicios en vez de compitiendo por ver quién tiene el polideportivo más grande o gasta más en las fiestas patronales.
Sin embargo, nadie se atreve a ponerle de verdad el cascabel al gato, como sí ha tenido que hacer Grecia, obligada por ley a cerrar dos tercios de sus ayuntamientos. Aquí, la única promesa electoral de Mariano Rajoy es la de fusionar o disolver aquellos consistorios con menos de 1.000 habitantes (en nuestra Comunidad eso afectaría a 217 de los 542 existentes), y la de Pérez Rubalcaba, de sustituir las diputaciones provinciales por consejos de alcaldes.
¿Por qué tanta timidez a la hora de suprimir organismos, coordinar esfuerzos y conseguir el ahorro necesario? Pues porque todos esos entes, así como las mancomunidades, confederaciones hidrográficas, áreas metropolitanas y demás— son plataformas de poder que los partidos políticos no quieren perder sin más ni más.
Para comprobarlo, tenemos el caso de las diputaciones, de las que ahora el PSOE está dispuesto a prescindir porque ya no pastorea casi ninguna de ellas.
Justo lo contrario que el PP. Por eso, cuando Rafael Blasco, portavoz de este partido en Les Corts, abogó hace un año por suprimirlas, nadie quiso recoger el guante. Al revés: ahora, con Alfonso Rus a la cabeza, todo el partido se deshace en ponderar el magnífico papel que cumplen esas instituciones y las defiende con uñas y dientes.
Como se ve, las buenas intenciones de austeridad y de salir de la crisis chocan una vez más con intereses partidistas ajenos al interés general.
Estamos aún muy lejos de sucedido en Grecia, por supuesto, pero también allí vieron venir el lobo desde hace tiempo y no hicieron nada hasta que ya fue demasiado tarde.
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