Muchas de las extintas cajas de ahorros han sido saqueadas por sus gestores con la misma determinación que ponía en sus atracos el difunto bandolero Luis Candelas.
¿Cómo se justifica, entonces, la aparente impunidad de quienes han malversado los ahorros de millones de impositores y llevado esas entidades financieras a la ruina?
La explicación más plausible radica en la utilización partidista de las cajas, donde han metido baza muchos políticos que, por impericia, ambición o intereses espurios, han producido en ellas un descalabro económico colosal.
Hay responsables directos de todo esto, claro. El presidente de la primera caja fallida, la de Castilla-La Mancha, era Juan Pedro Hernández Moltó, quien fuera portavoz del partido socialista en el Congreso de Diputados. Otro de los gestores más desastrosos ha sido, en Catalunya Caixa, Narcís Serra, aquel ex vicepresidente de Felipe González que hubo de salir del Gobierno por la puerta de atrás a cuenta del escándalo de las escuchas ilegales del CIS.
No resulta difícil adivinar, en estos casos y en otros parecidos, la connivencia con intereses políticos, dispuestos siempre a echar un capote a los implicados.
Pero tampoco es una cuestión de simple ideología, no vayamos a creerlo, pues en el desvalijamiento de las cajas han participado todo tipo de personajes. El responsable de la quiebra de Caja Sur, por ejemplo ha sido en cabildo catedralicio de Córdoba. Tanto era el poder de su penúltimo presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, que la sola mención de El Cura, como se le conocía popularmente, hacía temblar a la correosa alcaldesa de entonces, Rosa Aguilar, como pude comprobar en persona.
Responsable indirecto de todo este desastre económico, aunque tan culpable como el que más, ha sido el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, por negar hasta el último minuto la evidencia de la sangría patrimonial de las cajas que él conocía por los informes de sus inspectores.
Pero hay más responsables, como el presidente gallego, Núñez Feijóo, tan empeñado en tener una caja regional a su servicio que forzó la unión de la desahuciada Caixa Galicia con Caixa Nova, provocando la quiebra del monstruo económico resultante.
No tan lastimosa, pero igual de paradójica, ha sido la forzada unión de Caja España y Caja Duero, a mayor gloria del gobierno popular de Castilla y León. La entidad resultante ha sido tan ruinosa que ha caído finalmente en manos de la malagueña Unicaja, presidida por el socialista Braulio Medel, para mayor inri.
¿Se imaginan qué habría pasado aquí de haberse consumado la fusión de la CAM y Bancaixa, como pretendían tanto Eduardo Zaplana como Paco Camps?
Por fortuna no llegó a realizarse, aunque tanto uno como otro son corresponsables históricos del debilitamiento económico de ambas entidades por forzarlas a hacer inversiones contra natura y permitir el expolio continuado de algunos de sus directivos. Bancaixa tuvo la suerte de que apareciese en su camino Rodrigo Rato con su proyecto bancario y que la rescatase del hondo pozo de la insolvencia.
¿Será posible que, pese a todo este entramado de intereses políticos y financieros, se haga justicia con quienes han malversado miles de millones y perjudicado irreversiblemente a nuestro país?
No parece muy probable. De momento, salvo poner en la picota de la opinión pública a personajes como María Dolores Amorós, nada se ha hecho al respecto para escándalo de la ciudadanía.
¿Cómo se justifica, entonces, la aparente impunidad de quienes han malversado los ahorros de millones de impositores y llevado esas entidades financieras a la ruina?
La explicación más plausible radica en la utilización partidista de las cajas, donde han metido baza muchos políticos que, por impericia, ambición o intereses espurios, han producido en ellas un descalabro económico colosal.
Hay responsables directos de todo esto, claro. El presidente de la primera caja fallida, la de Castilla-La Mancha, era Juan Pedro Hernández Moltó, quien fuera portavoz del partido socialista en el Congreso de Diputados. Otro de los gestores más desastrosos ha sido, en Catalunya Caixa, Narcís Serra, aquel ex vicepresidente de Felipe González que hubo de salir del Gobierno por la puerta de atrás a cuenta del escándalo de las escuchas ilegales del CIS.
No resulta difícil adivinar, en estos casos y en otros parecidos, la connivencia con intereses políticos, dispuestos siempre a echar un capote a los implicados.
Pero tampoco es una cuestión de simple ideología, no vayamos a creerlo, pues en el desvalijamiento de las cajas han participado todo tipo de personajes. El responsable de la quiebra de Caja Sur, por ejemplo ha sido en cabildo catedralicio de Córdoba. Tanto era el poder de su penúltimo presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, que la sola mención de El Cura, como se le conocía popularmente, hacía temblar a la correosa alcaldesa de entonces, Rosa Aguilar, como pude comprobar en persona.
Responsable indirecto de todo este desastre económico, aunque tan culpable como el que más, ha sido el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, por negar hasta el último minuto la evidencia de la sangría patrimonial de las cajas que él conocía por los informes de sus inspectores.
Pero hay más responsables, como el presidente gallego, Núñez Feijóo, tan empeñado en tener una caja regional a su servicio que forzó la unión de la desahuciada Caixa Galicia con Caixa Nova, provocando la quiebra del monstruo económico resultante.
No tan lastimosa, pero igual de paradójica, ha sido la forzada unión de Caja España y Caja Duero, a mayor gloria del gobierno popular de Castilla y León. La entidad resultante ha sido tan ruinosa que ha caído finalmente en manos de la malagueña Unicaja, presidida por el socialista Braulio Medel, para mayor inri.
¿Se imaginan qué habría pasado aquí de haberse consumado la fusión de la CAM y Bancaixa, como pretendían tanto Eduardo Zaplana como Paco Camps?
Por fortuna no llegó a realizarse, aunque tanto uno como otro son corresponsables históricos del debilitamiento económico de ambas entidades por forzarlas a hacer inversiones contra natura y permitir el expolio continuado de algunos de sus directivos. Bancaixa tuvo la suerte de que apareciese en su camino Rodrigo Rato con su proyecto bancario y que la rescatase del hondo pozo de la insolvencia.
¿Será posible que, pese a todo este entramado de intereses políticos y financieros, se haga justicia con quienes han malversado miles de millones y perjudicado irreversiblemente a nuestro país?
No parece muy probable. De momento, salvo poner en la picota de la opinión pública a personajes como María Dolores Amorós, nada se ha hecho al respecto para escándalo de la ciudadanía.
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