Tiene razón el Síndico de Cuentas de la Comunidad, Rafael Vicente Queralt, al puntualizar que su contundente informe sobre las finanzas de la Generalitat en 2009 “no recoge el concepto de quiebra técnica, ya que se trata de un concepto mercantil no aplicable a la Administración Pública”.
Por supuesto. El Estado y las administraciones periféricas nunca han debido cerrar su actividad por bancarrota, como sí han hecho muchas empresas privadas a lo largo de la historia. Desde Felipe II hasta ahora, España ha suspendido pagos al menos una decena de veces y ya ven, aquí sigue.
Cuando le vienen mal dadas, un Estado acude a la máquina de fabricar billetes, aun a costa de la inflación. Lo malo es que España, como Grecia, no tiene ya esa facultad, cedida en la zona euro al Banco Central Europeo, por lo que sólo le cabe apelar a la deuda hasta que, como en el caso griego, Europa dice basta. El otro sistema, al que ha echado mano Rodríguez Zapatero, es el de subir impuestos, cosa a la que se resisten nuestras comunidades autónomas, por la limitación legal que tienen y por la impopularidad política que supone, prefiriendo, como en nuestro caso, protestar inútilmente contra el Gobierno central, por una parte, y endeudarse de manera creciente, por otra.
A ese endeudamiento excesivo, y a endilgarlo cada vez más a futuros ejercicios contables —hasta la friolera de 32.000 millones—, es a lo que se refiere en su análisis la Sindicatura de Cuentas.
Los partidos de la oposición, que para eso existen, se han echado como panteras sobre la suculenta pieza, con más pasión que rigor, dicho sea de paso, forzando al vicepresidente económico, Gerardo Camps, a denunciar el “clima de alarmismo injustificado” que provocan, “faltando claramente a la verdad de las críticas”. Pero, ¿tiene razón nuestro vicepresidente?
De entrada, sorprende el tirón de orejas al Consell por parte de la Sindicatura. Los miembros de todas las instituciones públicas de control son designados proporcionalmente por los partidos políticos y, en consecuencia, sus resoluciones resultan favorables a quien está en el poder. En el caso de los distintos tribunales de cuentas, siempre me ha dejado perplejo que algo aparentemente tan objetivo como el análisis contable lo vean de una manera todos los miembros nombrados por el PP y justo de una manera opuesta todos los designados por el PSOE.
Claro que esa tendenciosidad no es patrimonio exclusivo de las entidades públicas. También la padecen los órganos de control privado financiados por aquéllos a quienes tienen que fiscalizar. Eso ocurrió, por ejemplo, con la desaparecida empresa auditora Arthur Andersen, que dio por buenas las cuentas de Enron poco antes de la quiebra fraudulenta de esa firma y que acabó con su presidente, Kenneth Lay, condenado a 45 años de cárcel.
Pues bien: si, pese a esa citada proclividad hacia el poder, la Sindicatura de Cuentas se muestra crítica con aspectos importantes del balance económico del Consell, la cosa no es para tomársela a broma. Por otra parte, acaban de hacerse públicos los datos de la evolución del PIB en 2009 y la economía valenciana bajó ese año el 4,4% por ciento frente al 3,7 del conjunto del país mientras que, además, mantenemos la deuda más alta de España en proporción al PIB.
Con esos datos, y pese a los recortes ya efectuados por el Consell, mucho tendremos todos que arrimar el hombro para que la economía valenciana crezca en 2011 el 1,2% que vaticina con injustificado entusiasmo el secretario autonómico José Manuel Vela.
Dios le oiga.
Por supuesto. El Estado y las administraciones periféricas nunca han debido cerrar su actividad por bancarrota, como sí han hecho muchas empresas privadas a lo largo de la historia. Desde Felipe II hasta ahora, España ha suspendido pagos al menos una decena de veces y ya ven, aquí sigue.
Cuando le vienen mal dadas, un Estado acude a la máquina de fabricar billetes, aun a costa de la inflación. Lo malo es que España, como Grecia, no tiene ya esa facultad, cedida en la zona euro al Banco Central Europeo, por lo que sólo le cabe apelar a la deuda hasta que, como en el caso griego, Europa dice basta. El otro sistema, al que ha echado mano Rodríguez Zapatero, es el de subir impuestos, cosa a la que se resisten nuestras comunidades autónomas, por la limitación legal que tienen y por la impopularidad política que supone, prefiriendo, como en nuestro caso, protestar inútilmente contra el Gobierno central, por una parte, y endeudarse de manera creciente, por otra.
A ese endeudamiento excesivo, y a endilgarlo cada vez más a futuros ejercicios contables —hasta la friolera de 32.000 millones—, es a lo que se refiere en su análisis la Sindicatura de Cuentas.
Los partidos de la oposición, que para eso existen, se han echado como panteras sobre la suculenta pieza, con más pasión que rigor, dicho sea de paso, forzando al vicepresidente económico, Gerardo Camps, a denunciar el “clima de alarmismo injustificado” que provocan, “faltando claramente a la verdad de las críticas”. Pero, ¿tiene razón nuestro vicepresidente?
De entrada, sorprende el tirón de orejas al Consell por parte de la Sindicatura. Los miembros de todas las instituciones públicas de control son designados proporcionalmente por los partidos políticos y, en consecuencia, sus resoluciones resultan favorables a quien está en el poder. En el caso de los distintos tribunales de cuentas, siempre me ha dejado perplejo que algo aparentemente tan objetivo como el análisis contable lo vean de una manera todos los miembros nombrados por el PP y justo de una manera opuesta todos los designados por el PSOE.
Claro que esa tendenciosidad no es patrimonio exclusivo de las entidades públicas. También la padecen los órganos de control privado financiados por aquéllos a quienes tienen que fiscalizar. Eso ocurrió, por ejemplo, con la desaparecida empresa auditora Arthur Andersen, que dio por buenas las cuentas de Enron poco antes de la quiebra fraudulenta de esa firma y que acabó con su presidente, Kenneth Lay, condenado a 45 años de cárcel.
Pues bien: si, pese a esa citada proclividad hacia el poder, la Sindicatura de Cuentas se muestra crítica con aspectos importantes del balance económico del Consell, la cosa no es para tomársela a broma. Por otra parte, acaban de hacerse públicos los datos de la evolución del PIB en 2009 y la economía valenciana bajó ese año el 4,4% por ciento frente al 3,7 del conjunto del país mientras que, además, mantenemos la deuda más alta de España en proporción al PIB.
Con esos datos, y pese a los recortes ya efectuados por el Consell, mucho tendremos todos que arrimar el hombro para que la economía valenciana crezca en 2011 el 1,2% que vaticina con injustificado entusiasmo el secretario autonómico José Manuel Vela.
Dios le oiga.
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