Probablemente sobren funcionarios, como dice la vicepresidente Elena Salgado. Pero más obvio que eso es la inutilidad de muchísimos altos cargos, nombrados a dedo, sin pasar prueba alguna y con el único mérito de ser amigos del gerifalte de turno.
Otra fuente de empleo fácil, sólo para políticos amortizados, sobrinos, cuñados y demás parientes de quienes mandan, son esos 5.000 entes públicos que durante los últimos años han florecido como hongos en el Estado, en las comunidades autónomas y en los municipios.
Y es que la voracidad de nuestros políticos parece no tener límites. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el número de parlamentarios ha pasado de 89 a 99 de una legislatura a otra sin que aumente por ello el número de sesiones, de debates y de leyes. Para mayor inri, esos mismos diputados regionales se dotaron de una generosa jubilación que ahora, tras el escándalo de su agravio comparativo con el resto de los mortales, tratan tardíamente de enmendar.
Si ser consejero de un ente público no requiere mayor cualificación, tampoco a los de la empresa privada se los controla suficientemente en cuanto al número de compañías en las que participan ni a las cuantiosas e injustificadas cantidades que perciben. La indemnización de 106 millones a Ángel Corcóstegui cuando dejó el Banco de Santander o los 52 de Ignacio Goirigolzarri por irse del BBVA son un doloroso sarcasmo para esos millones de parados que sobreviven como pueden.
Mientras Rodríguez Zapatero no meta mano a tanto despropósito, cualquier anuncio de contención del gasto público suena a hipócrita cinismo de un Gobierno desnortado.
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