domingo, 15 de abril de 2012

Más universidades, peores alumnos

En España tenemos más universidades (79) que aeropuertos (49), que ya es decir. De momento, acaba de cerrarse el ruinoso aeropuerto de Ciudad Real —¿y qué pasa con el de Castellón?—, mientras que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, insinúa que habría que hacer lo propio con algunos centros universitarios.

La Comunidad Valenciana no va precisamente en esa dirección: a las 5 universidades públicas y a las dos católicas existentes hoy día se añadirá otra más de carácter confesional en el curso 2013-2014. A ellas habría que sumar la UNED y la VIU, con sus cursos a distancia, y otra docena más de centros privados de estudios superiores.

¿Tanta floración de instituciones docentes redunda en una formación mejor de nuestros estudiantes? Me temo que no. El ministro de Educación acaba de reconocer que aquí el abandono de las respectivas carreras es el doble que en el resto de Europa, que el paro entre los titulados superiores llega al 21% y que no hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo.

Se trata, pues, de un panorama desolador.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana no tenemos estadísticas específicas, aunque la realidad podría ser todavía peor, dadas las calificaciones de nuestras universidades en las convocatorias para los Campus de Excelencia. Pero, además, es que partimos de una situación dramática, en comparación con el resto de España.

Por lo que sabemos, en la Comunidad la tasa de fracaso escolar duplica a la de la Unión Europea, y en la Evaluación General de niños de 9 y 10 años estamos a la cola de España, sólo por delante de Ceuta y Melilla.

¿Y qué pasa con el informe internacional PISA, que evalúa los conocimientos de alumnos de 15 años de 62 países?

Pues sucede que nuestro país está en el pelotón de cola y descendiendo de un informe a otro. Pero es que, además, ni Extremadura ni la Comunidad Valenciana han querido someterse a dicho análisis. En tiempos de Font de Mora como conseller de Educación, se argüía para ello que se trataba de una evaluación imprecisa y hasta redundante con otras. Ahora, con María José Catalá al frente, el argumento es que el coste de 100.000 euros resulta excesivo.

En cualquier caso, son disculpas para evitar que quede en evidencia nuestro sistema escolar, lastrado tanto por la escasa implicación de las familias en el proceso educativo —poco más del 10% más politizado y combativo participa en las asociaciones de padres—, como por la excesiva agitación de unos sindicatos que suelen utilizar las aulas como foros de movilización política.

Con estos endebles mimbres de la educación secundaria resulta imposible hacer luego un buen cesto en la enseñanza superior. Por eso, la reforma educativa en la Comunidad debería ser de abajo a arriba y no sólo podando la formación universitaria de todas sus duplicidades y excesos.

En esto, el Consell de Alberto Fabra, como el de su inefable predecesor no tiene la coartada de los posibles errores del Gobierno central, ya que se trata de una competencia suya en exclusiva y de cuya dotación económica siempre han alardeado.

Pero, entre rifirrafes políticos, discusiones conceptuales, ocurrencias como la Educación para la Ciudadanía en inglés, desvíos presupuestarios y falta de formación del profesorado, estamos como estamos.

Podemos presumir, pues, de tener más universitarios que nadie, pero me temo que también debemos reconocer que tenemos el peor sistema educativo de todos.



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