El presidente gallego, Núñez Feijóo, tan responsable como el que más en el desastre de las
cajas de ahorro, es el único que ha pedido que los directivos de éstas
devuelvan sus indemnizaciones millonarias.
Pero no sólo ellos. Todos los ejecutivos y consejeros que
se han llevado una pasta gansa mientras concedían créditos incobrables a sus
amigos y de paso arruinaban a los ciudadanos deberían hacer lo mismo. Con
efecto retroactivo. Hablamos de miles de millones.
Otro tanto cabe decir de los políticos corruptos, desde Jaume Matas al ex alcalde comunista Juan Sánchez, hayan sido imputados o estén
aún por imputar, pertenezcan a un partido u otro. Y seguimos hablando de muchísimos
millones.
Dinero mal habido, que se decía antaño, es también el de
todos los golfos que han esquilmado las arcas públicas al socaire de su nombre,
su cargo o sus amistades, desde Iñaki
Urdangarín hasta Esteban Cuesta,
gerente de la empresa depuradora de las aguas de Valencia.
Ya ven que nos referimos a un montón de gente. A la lista
habría que añadir todos los asesores y demás cargos de confianza nombrados por
los políticos y que ni saben hacer la o con un canuto ni mucho menos eran aptos
para desempeñar los trabajos por los que cobraban.
Aquí tampoco acaba la lista de defraudadores. Aún hoy
permanecen emboscados cientos y cientos de directivos de empresas públicas,
consejeros consultivos, miembros de tribunales de cuentas, académicos oficiales
de diversas autonomías,… que se llevan un pastón mientras gente de bien está en
el paro.
Si todos ellos devolviesen lo indecentemente percibido en
estos años se recuperarían decenas de miles de millones. Y merced a ellos,
muchos de los recortes sociales anunciados ni siquiera serían precisos.
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