Hace once días dejó de emitir Tele Cullera, después de 16 años de emisión. Lo sorprendente, para mí, no es su cierre, sino la dilatada vida de una televisión municipal con nueve trabajadores y un coste anual de 450.000 euros en una población de sólo 23.000 habitantes. Para mayor inri, seguía emitiendo en el sistema analógico, con lo que reducía aún más su menguada audiencia.
El caso de Cullera no es la excepción, sino la regla, de la gestión dilapidadora y megalómana realizada en muchos municipios de nuestra Comunidad.
Una a una han ido cerrando esas costosas e inútiles emisoras públicas, con la sorprendente protesta en muchos casos de la oposición, más preocupada por las televisiones municipales que por el incumplimiento de otros servicios mucho más necesarios.
La situación de estas miniteles no es comparable, por supuesto, a la de la dispendiosa televisión autonómica, pero también son un síntoma de cómo nuestros administradores públicos han venido disparando impunemente estos años con pólvora de rey.
En contraste, recuerdo muchas veces mi visita en 1989 a la emisora del periódico norteamericano USA Today, perteneciente al grupo Gannet, propietario de 92 periódicos regionales más. Pues bien: en un grupo tan importante la producción televisiva para todo el país la realizaban sólo 16 personas. Para que se vea.
Aquí, insisto, hemos venido gastando en fantasías televisivas y otros absurdos un dinero que no teníamos. También lo han hecho muchos ayuntamientos en faraónicas instalaciones deportivas, pabellones municipales y otras construcciones apenas utilizadas a lo largo del año. Mientras tanto, han dejado de atender prestaciones de verdad imprescindibles para sus ciudadanos.
Se entiende así la propuesta de Romain Muzzati, coordinador de UPyD, de fusionar el 71% de los municipios de la Comunidad.
La idea no es del todo novedosa y responde a lo que ya se ha venido realizando en Grecia y otros países comunitarios para ahorrar costes y paliar la dichosa crisis económica.
Resulta que en la Comunidad existen 542 municipios, de los cuales 384 tienen menos de 5.000 habitantes. Y, lo que es más dramático, en 218 de ellos no viven ni mil vecinos. O sea, que el 40% de nuestros municipios apenas si es habitado por el 1,8% de la población.
¿Pueden ser atendidas las necesidades de los ciudadanos con una demografía tan escasa? ¿Es justificable la existencia de una amplia infraestructura administrativa para tan pocos usuarios?
Es obvio que no. Por eso, Muzzati propone fusiones municipales que permitan “evitar duplicidades, abaratar costes, renegociar a la baja contratos con proveedores y compartir inmuebles”.
Sin embargo, algo tan evidente y que, insisto, ya se ha realizado en otros países no cuenta aquí con la disposición favorable de los partidos. Y es que la estructura municipal supone una fuente de poder político y de medro personal. Los ayuntamientos emplean, además, a asesores variados, a políticos excedentes de otros puestos y a amiguetes que no precisan realizar oposiciones para el cargo.
Hablamos, pues, de mucho dinero en juego que va a los bolsillos de la clase política. Pero, ¿es lógico que, con tanto funcionario municipal eficiente maltratado, ayuntamientos como el de Onteniente, pongo por caso, tengan 21 concejales cobrando del municipio?
Ahí, precisamente, en esa frondosidad de cargos totalmente prescindibles, radica la dificultad de reducir el excesivo número de nuestros ayuntamientos.
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